Perú conmemorará el bicentenario de su independencia este año y renovará sus poderes Ejecutivo y Legislativo en un contexto de crisis socio-política que no garantiza consensos porque su clase política neoliberal intenta profundizar su dependencia hacia el capital foráneo ante la urgencia de cambios estructurales de millones de ciudadanos. Este país es de alto valor estratégico para el gobierno imperial de Estados Unidos (EE. UU.).

En las primeras dos décadas del Siglo XXI, con el neoliberalismo en Jauja, la prensa extranjera y la local vendió a Perú como el país más exitoso del libre mercado. Desmentían ese discurso, día con día, la persistente desigualdad, la pobreza y la inestabilidad político-social.

Si en agosto de 2020 Perú tenía ya el récord de la mayor mortalidad por la pandemia de Covid-19, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hoy acumula 1.4 millones de contagios y 49 mil 523 fallecidos, según las cifras oficiales que no incluyen miles de defunciones.

La crisis sanitaria se empalmó con la crisis de la bizarra gobernabilidad del país que tuvo un hito en noviembre, cuando su Parlamento, con intereses propios, cambió a tres presidentes en solo siete días. El repudio popular contra la destitución del presidente Martín Vizcarra y los relevos posteriores llevaron a Perú a la incertidumbre solo cinco meses antes de la elección de abril próximo.

Meses después de ese vuelco persiste el riesgo geopolítico del país andino, advierten centros de análisis mundiales como BlackRock, pues este año electoral aumentan las tensiones. En este ambiente, muchos ciudadanos miran hacia la izquierda en espera de una refundación, a partir de reformas constitucionales, como primer paso del gobierno electo.

Todo nuevo gobierno pasa por la aprobación de EE. UU., pues Perú es uno de los países más dependientes de la potencia y sus políticos cuidan al máximo sus relaciones con la Casa Blanca. Hace dos décadas, la cúpula dirigente se alineó con la estrategia de ataque político-económico de Washington contra los gobiernos progresistas de la región.

Y para contrarrestar la influencia china en la subregión, pactó más inversión privada estadounidense en energía e infraestructura, y a cambio recibió tanta “ayuda militar” que, en 2019, fue apenas inferior a la de Alemania, según el SIPRI.

A quién elegir

Hoy, 23 partidos políticos contienden para relevar al presidente Francisco Sagasti Hochhausler. Los sondeos dan mayor intención de voto al centrista Yonhy Lescano, de Acción Populista, seguido por el candidato de Victoria Nacional, de centro-derecha, George Forsyth; y el ultraconservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

Con menor intención de voto, aunque muy a la par, están las candidatas por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, quien mantiene influencia y poder, y la líder del movimiento de izquierda Nuevo Perú, Verónika Mendoza. Ante la cerrada contienda se prevé que el próximo Congreso del Perú estará atomizado.

La elección del presidente y los parlamentarios surge en medio de la fragilidad económica, con secuelas de la crisis política generada por la errática gestión de la pandemia del Covid-19 y el escándalo del vacunagate, así llamado en la inmunización preferente que se otorgó a los funcionarios y las élites.

En ese escenario, los ciudadanos deben optar entre facciones de una clase política y del poder económico, representados por dos grupos: el aparentemente más liberal y negociador, ligado al gran capital –que personifica el expresidente Kuczynski– y, del otro lado, los muy cuestionados derechistas de la dinastía Fujimori.

Entre los candidatos que se registraron en diciembre, figuran ingenieros, abogados, militares, exfuncionarios públicos, exlegisladores y novatos; algunos son investigados por corrupción y lavado de dinero. A 20 días de los comicios hay desinterés y mínima aceptación del electorado hacia los aspirantes.

Esta indiferencia, afirma la experta del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), Mariana Álvarez, se debe a que la actual crisis sobrevino de la “política de carteristas” que ha operado en Perú, donde la codicia condujo a cinco presidentes a prisión y uno al suicidio.

En la elección también participan seguidores del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), del fallecido Alan García, acusados de saquear al erario y difundir las mentiras sobre el crecimiento e inversión del país. La analista denuncia que hoy persisten subastas de puestos para el Congreso y donaciones no justificadas a partidos.

Es la “mercantilización” de las elecciones con la que los partidos han institucionalizado y rentabilizado los sobornos presentándolos como aportes de campaña. Por esta corrupción generalizada, las autoridades cobran a empresarios para recibir contratos de obras públicas en el mal llamado boom económico, explica Álvarez.

La falacia del crecimiento económico que benefició a la oligarquía peruana fue sustentada por líderes de opinión, periodistas, tecnócratas y políticos de todos niveles. “Todos fueron cómplices. Y cuando ya no era posible mantener la mentira, sobrevino el golpe interno desde el Parlamento”, acusa la oposición.

La prensa extranjera admite esa debacle partidista: “A más dinero, más encumbrada es tu candidatura”, citó The New York Times, aunque esta crítica no significa que los medios estadounidenses avalen un cambio hacia la izquierda, sino que optan por la desesperanza, como ilustra The Washington Post que, en su editorial (17 de marzo de 2021), afirmó que las elecciones en Perú solo se dirimen entre la “extrema derecha y un populismo vacío”.

En el actual proceso electoral, la prensa y los analistas intentan ocultar lo ocurrido en noviembre. De ahí que el analista Aram Aharonian establezca que “fue un golpe. Porque un grupo conspirador se apropió del gobierno y puso fin a 20 años de democracia, violando la Constitución y colocando al país de nuevo en un tránsito aciago gobernado por la codicia y la corrupción”.

Para este abogado y diplomático uruguayo, la salida a esa dinámica pasa por construir una gran plataforma político-social y ciudadana para alcanzar un gobierno de mayorías que trabaje en la reconstrucción del Estado desde una perspectiva de descentralización. Y ésa es la tarea de los movimientos progresistas.

Boom y fracaso

Entre 2000 y 2018, los centros de influencia política voceaban que la economía peruana creció, y había reducido la pobreza monetaria del 54 por ciento en 2004 al 20.2 por ciento en 2017; y que cada peruano recibía 100 dólares mensuales. Pero entre 2018 y 2019, unos 6.4 millones de personas (más del 20 por ciento de la población) vivían en situación de pobreza, según el Instituto de Estadística e Informática (IEI).

La privatización de empresas estatales (administración.usmp.edu.pe), combinada con el gran poder financiero y la competitividad de las corporaciones, creó una estructura oligopólica. Esto se tradujo en que cada vez menos unidades produjeran más bienes y servicios en rubros clave de la economía: financieras, mineras, energéticas, industrias, empresas de exportación y comunicaciones, refieren politólogos de la Universidad San Martín de Porres.

El creciente poder de las corporaciones desplazó a un segundo plano a los grandes capitalistas nacionales. De ahí que, hoy, las grandes trasnacionales ejerzan tal poder sin precedentes para el que el Estado diseña sus políticas en materia social, económica y comercial. “Hoy somos testigos de un control, más concentrado que nunca, sobre productos y procesos vitales”, explican los analistas universitarios.

Desde 2015 se denunció la falacia del crecimiento peruano. En la reunión del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Premio Nobel de Economía (2001), Joseph Eugene Stiglitz y en la plataforma alternativa Desmintiendo el Milagro avizoró el fracaso del modelo impuesto por Washington: “El neoliberalismo fracasó en países avanzados; la clase media de EE. UU. sufrió y no logra reponerse; la Eurozona, que lo siguió, está estancada y a los países en desarrollo les ha ido peor”.

Ya entonces Perú era el país con menor inversión en salud y educación de sus vecinos regionales; y Stiglitz propuso “reescribir las reglas del mercado” para generar más igualdad, por lo que el experto condenó la política errónea de depender del extractivismo y recibir a cambio una renta mínima.

Sin embargo, los gobiernos neoliberales del país sostuvieron el mito del crecimiento. Además de su falta de voluntad política para invertir en servicios básicos a la población, ocultaron que, por 15 años, el alza aparente en el precio de los minerales fue por la creciente demanda de China, que disminuyó en 2016 y se frenó en 2020 con la pandemia.

El mito del boom económico peruano solo profundizó la dependencia del extractivismo, y tras la caída de los precios altos de los minerales, quedó claro que los peruanos vivían una prosperidad falaz. Salir de ese modelo neoliberal pasa por una lucha de las fuerzas de campo que enfrente con intensidad la presión del imperialismo y sus corporaciones, propone el sociólogo Atilio Borón. Un primer paso en esa ofensiva se dará el 11 de abril.