En una “asamblea informativa” realizada en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) el nueve de septiembre de 2012, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denunció: “se violó el Artículo 41° de la Constitución que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas; el distintivo de esta contienda fue el uso del dinero a raudales para comprar millones de votos”.

AMLO formuló esta denuncia luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declarara Presidente Electo al priista Enrique Peña Nieto, quien gobernaría el país en el sexenio 2012-2018. En el mismo discurso afirmó que autoridades e instituciones electorales habían torcido la ley para llevar a la Presidencia al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“En esta ocasión, lo determinante fue el uso de dinero para traficar con la pobreza de la gente (…) y esto es lo que más les ayuda, el atraso político y la pobreza extrema que se padece en el país; debemos aceptar que todavía hay muchos mexicanos, de todas las clases sociales, susceptibles al engaño y a la manipulación”, reconoció AMLO.

Han pasado casi 11 años –entre ellos cuatro y medio del gobierno de AMLO– y la situación no ha cambiado: perdura la violación de la legislación electoral; y la actual administración federal ha estrangulado los presupuestos de salud, educación, cultura y ciencia para utilizar los programas sociales que, sin transparencia alguna, reparten dinero en efectivo, cuyo principal objetivo es la compra del voto ciudadano.

Desde su llegada a Palacio Nacional el 1° de diciembre de 2018, AMLO se ha dedicado a torcer las leyes y a acosar a las instituciones electorales con el claro propósito de imponer un sucesor en los comicios presidenciales de 2024.

El actual Presidente ganó la elección del 1° de julio de 2018 en un marco legal e institucional que hoy prevalece en México; pero entonces no denunció en el Zócalo ningún fraude como en 2012, ni exigió un recuento “voto por voto, casilla por casilla”, ni cerró las avenidas Madero, Juárez y Reforma, como cuando perdió la elección presidencial de 2006.

Desde 2019, cada 1° de julio, AMLO ha encabezado mítines anuales para recordar su triunfo de 2018 y alimentar un nuevo “culto al caudillo” en México entre los morenistas y los beneficiarios de programas sociales.

En el primero de estos eventos, celebrado el 1° de julio de 2019, AMLO invitó, entre otros personajes, al expresidente de Uruguay, José Mujica, conocido en Latinoamérica por su modo de vivir austero, pues siempre vivió en una casa modesta y se transportó en un viejo automóvil Volkswagen.

Hace algún tiempo, Mujica expresó un pensamiento que hoy es muy citado en Latinoamérica: “el poder no cambia a las personas, solo revela quienes son realmente”.

“Operación corcholata”

El cinco de julio de 2021, más de dos años antes de las precampañas de 2024, AMLO mencionó en sus conferencias de prensa matutinas a los posibles candidatos presidenciales de Morena, argumentando que en este partido no habría un candidato presidencial “tapado”, nombrado por el Presidente en turno, como en los gobiernos del PRI.

Sin embargo, como siempre le ocurre, pronto “destapó” no a uno, sino a tres aspirantes presidenciales de su partido a quienes, además, les aplicó la figura despectiva de “corcholatas”: la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo; el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón; y El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

En 2022, el Presidente los alentó a realizar una promoción electoral temprana e ilegal consistente en realizar giras de proselitismo los fines de semana, cuando se reunieron con militantes de Morena y con la población en general, sin importar que para ello tuvieran que abandonar sus labores públicas.

En 2023, los funcionarios dejaron sus cargos públicos y, violando la legislación electoral, AMLO emitió el nombramiento partidista de “coordinador de promoción de la 4T 2024-2030”, membrete con el que sus “corcholatas” realizan sin recato, desde el pasado 19 de junio, giras de promoción electoral que culminarán el 27 de agosto de 2023.

A esta lista de aspirantes se sumaron tres más: el senador morenista Ricardo Monreal, hoy con licencia; el exgobernador y exsenador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, quien milita en el Partido del Trabajo (PT) y cuenta con licencia como legislador.

Dirigentes de partidos de oposición y analistas políticos independientes han denunciado que se trata de una precampaña presidencial encubierta, además de que se realizan con demasiada anticipación a los tiempos electorales legales.

Las precampañas y campañas anticipadas están prohibidas por la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que el inicio del proceso electoral 2024 es hasta septiembre de 2023, y establece que las precampañas partidistas solo deberán comenzar la tercera semana de noviembre de este año. La violación de estos preceptos puede ser sancionada con la negación del registro oficial a una candidatura.

El “Jefe Máximo” de Morena

Cada vez con menor recato, AMLO ha exhibido su deseo de prolongar su control sobre el poder público a través de alguna de las “corcholatas” que le sea incondicional, lo que se ve posible dada la actitud de obediencia ciega o de marionetas que exhiben seis de sus incondicionales que aspiran a sucederlo.

Esta comedia política, recuerda a los analistas políticos el periodo histórico conocido como el maximato, cuando el entonces denominado “jefe máximo de la Revolución”, el expresidente Plutarco Elías Calles, quien entre 1928 y 1934 impuso en la Presidencia de la República a tres de sus incondicionales hasta que el presidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) lo expulsó de México.

Esta oscura etapa se inició con el interinato de Emilio Portes Gil (1928-1930), después del asesinato, en 1928, de Álvaro Obregón, entonces presidente electo por segunda ocasión; siguió con Pascual Ortiz Rubio (1930-1932), quien ganó una elección muy cuestionada sobre el escritor José Vasconcelos; y culminó con Abelardo Rodríguez, quien fuera presidente sustituto (1932-1934) tras la renuncia de Ortiz Rubio, quien enfrentó un intento de asesinato.

Nueva versión del maximato

En 2022, ante las primeras giras de promoción electoral encubierta de los aspirantes a suceder a AMLO, durante una entrevista con buzos, el analista político y jurista José Luis Espinosa Piña, advirtió:

“Lo que estamos viendo es que se está construyendo, desde ahora se está visualizando, una especie de nuevo maximato. AMLO no se va a reelegir, pero eso no quiere decir que no vaya a intervenir en la sucesión presidencial y en la manipulación, control, supervisión y seguimiento de todo lo que haga su sucesor. Por lo tanto, necesita a quien sea más afín, más dócil a sus designios, más cercano, y menos independiente”.

Hoy ese pronóstico está a la vista y AMLO, echando mano de todos los recursos a su alcance, no ha dejado de impulsar su proyecto transexenal. El 11 de junio, el partido oficial expidió el “Acuerdo del Consejo Nacional de Morena para que de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente se logre profundizar y dar continuidad a la Cuarta Transformación de la vida pública de México”.

En ese acuerdo se establece el procedimiento para la elección de un “Coordinador o Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030”, el seis de septiembre próximo, en el que participarán seis expresos aspirantes presidenciales de Morena… es decir, se trata de otra maniobra, una mascarada, para burlar la ley y para imponer al próximo Presidente de México.

Consultado por buzos sobre esta nueva promoción electoral anticipada de los incondicionales de AMLO, Espinosa Piña comentó: “ya se perdió todo el pudor en el cuidado de la ley; ellos saben que están fuera del marco normativo; lo saben los dirigentes de Morena, PVEM y PT; lo sabe el Presidente; todos lo saben, y piensan que el pueblo es tonto.

El académico reveló, sin embargo, que este tipo de decisiones de AMLO provocarán una profunda división interna en Morena; “previendo esto es que AMLO convoca a las corcholatas y establece una serie de condiciones: premios de consolación (puestos públicos en el próximo sexenio o postulación de candidaturas).

“Pero esos premios de consolación son una solución forzada; no es una solución que garantice otra cosa que una mayor división al interior, ¿Por qué? Porque prácticamente hace que AMLO se convierta en indispensable; ya no estando en el poder va a ser un factor de decisión; es decir, la teoría del maximato se confirma, se consolida”.

Violación a la ley electoral

Sin mencionar expresamente las irregularidades electorales que representa la “operación corcholataˮ, al participar en la “Reunión de autoridades electorales de la primera circunscripción 2023”, la magistrada del TEPJF, Janine Otálora Malassi, aclaró, el 16 de junio de 2023, que no deben permitirse procedimientos electorales paralelos a los dispuestos en la Constitución.

La magistrada Otálora destacó que el reto de los juzgadores, en esa materia, radica precisamente en lograr que los participantes políticos respeten las reglas y se eviten irregularidades que ponen en riesgo “la obligada equidad” en las contiendas electorales constitucionales, tal como los actos anticipados de precampaña y campaña electoral.

“No podemos permitir que, en paralelo a un sistema constitucional y legal, camine un sistema ilegal o paralegal, inventado por las y los actores políticos que, finalmente se traduce, al final del día, en un fraude a la ley”, aseveró.

La juzgadora del TEPJF precisó que “la democracia requiere demócratas” que respeten las instituciones y acepten sus derrotas, y que el principio básico de un sistema electoral democrático es la igualdad de condiciones para todos los participantes en los procedimientos electorales.

“En democracia no pueden coexistir un grupo que se rige por sus propias leyes y el resto de la sociedad, que se rige por las leyes emanadas del poder soberano, que es el Poder Legislativo. Es nuestra obligación aplicar la ley vigente por igual a todas y todos los actores políticos”, enfatizó la magistrada.

El 16 de junio de 2023, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una “tutela preventiva” para imponer a Morena medidas obligatorias para salvaguardar lo dispuesto en la Constitución y en la ley electoral federal durante la anunciada contienda interna que se disfraza con el nombramiento de “coordinadores nacionales de comités de defensa de la 4T 2024-2030”.

La decisión del INE se produjo a raíz de la queja interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra el acuerdo emitido por Morena el 11 de junio de 2023, con el que comenzó una gira nacional de los seis manifiestos aspirantes presidenciales “amlistas” (Sheinbaum, López, Ebrard, Monreal, Velasco y Fernández Noroña).

La queja incluyó la denuncia de que el evento morenista realizado el 15 de junio de 2023 en el Monumento a la Revolución fue un acto de precampaña electoral anticipada y fuera del tiempo oficial para el proceso de selección del candidato de Morena a la Presidencia de la República.

El INE informó: “por cuanto a la tutela preventiva, la Comisión resolvió otorgarla porque, desde una perspectiva preliminar, las acciones que, en su caso, realicen el partido político y las personas denunciadas, podrían actualizar una violación al principio de equidad al Proceso Electoral Federal próximo a iniciar”.

Derivado de lo anterior –indica–, “la Comisión ordenó al partido, personas denunciadas, las personas que aspiren a ocupar cargos públicos por la vía democrática o, en el caso, que aspiren a la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT)”, ajustarse a las condiciones fijadas para evitar violaciones a las leyes electorales.

También advierte que los actos efectuados no tendrán el propósito de proponer temas relacionados con alguna aspiración de carácter electoral. “Deberá contener, de forma clara y visible, el proceso al que va dirigida, es decir, al proceso de selección de la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT)”.

El INE precisa, además, que Morena deberá “llevar un control de los recursos que utilice, tanto dicho partido como todas y cada una las personas que participen como aspirantes para la selección de la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT), para que, en su momento, cumpla con sus informes del gasto ordinario, conforme a sus obligaciones que tiene en materia de fiscalización”.

SCJN tiró el plan B

Como sucedió con el primer paquete semanas antes, el 22 de junio de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el segundo y último paquete de reformas a seis legislaciones relacionadas con las elecciones, que en conjunto integraban el llamado “plan B” de AMLO, ya que identifica siete violaciones graves cometidas por Morena y sus comparsas, PT y PVEM cuando fueron aprobadas en el Congreso de la Unión.

En la sesión de ese día, nueve de los 11 ministros de la SCJN votaron en favor de invalidar el segundo paquete de iniciativas de reforma electoral impulsado por AMLO. Únicamente hubo dos votos en contra, los de las ministras partidarias del Presidente: Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Entre las violaciones al procedimiento legal del Congreso se encontró que los legisladores de Morena distribuyeron tardíamente las iniciativas de reforma y evitaron que el resto de los legisladores pudieran analizarla previamente conforme indican las reglas. Además, se modificó a última hora, ya que la aparecida en la Gaceta Parlamentaria fue diferente.