Autoridades indagan una red de allegados al exgobernador de Tabasco que habría obtenido contratos públicos y propiedades millonarias en México y el extranjero.
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Como cada fin de sexenio, al aproximarse el momento en que se defina la sucesión presidencial, es decir, se elija un nuevo Presidente de la República, los dirigentes de los partidos y analistas políticos de todo tipo se ocupan más del tema electoral y de la situación previa al momento culminante, al enfrentamiento definitivo.
En esta etapa preelectoral destacan dos o tres aspectos muy peculiares de este fin de sexenio o, más precisamente, de todo el periodo presidencial. El primer aspecto es la práctica ilegal del partido oficial, de sus líderes y de sus precandidatos presidenciales que buscan a toda costa ocupar un cargo de primer orden si no les toca en suerte llegar a la Presidencia o siquiera competir por ella. Esta conducta, que sin recato alguno atropella la ley electoral, se deriva de la confianza, de la seguridad que tiene el partido Movimiento Regeneración Nacional del respaldo presidencial.
El segundo aspecto es la intervención, evidente para todos, del Presidente de la República en los asuntos electorales; sus ataques contra los organismos autónomos legalmente constituidos, sus opiniones –prácticamente actos de campaña electoral– cuando se refiere a la necesidad de dar continuidad a la supuesta “transformación” que su gobierno viene realizando. Pero dar continuidad a esta “transformación” es darla, piensan algunos; al mismo partido y al mismo gobernante.
Esta “continuidad” de un mismo hombre hasta llegar a extremos increíbles ya se ha vivido en México, lo registra la historia: el Maximato del general Plutarco Elías Calles, quien llegó a ser, como se dijo alguna vez, “el poder detrás del trono” por varios años, hasta la llegada del General Lázaro Cárdenas del Río a la Presidencia de la República. La posibilidad de una repetición de este nefasto fenómeno se basa en algunas semejanzas de aquel periodo con el actual: el uso y el abuso del poder, la incondicionalidad de los funcionarios del partido oficial y la obediencia ciega de los otros poderes.
Un tercer aspecto, no menos importante, preocupa a los analistas: la descarada violación a la legislación electoral que ha causado tanta controversia desde el principio de esta administración entre el gobierno de la “Cuarta Tranformación” y los partidos opositores, así como una constante andanada de improperios y descalificaciones contra todos aquellos que difieren y se atreven a señalar lo que creen es una conducta ilegal, incorrecta o defectuosa por parte del Gobierno Federal.
Los lineamientos electorales no son respetados por el gobierno y su partido; y cuando las autoridades en la materia protestan por esta violación y exigen el cumplimiento de la ley, se les descalifica y se propone su desaparición; se hace caso omiso de los tiempos fijados oficialmente para la actividad electoral; se designan candidatos con otro nombre (corcholatas, en vez de tapados); se inventan actividades como giras o visitas cuando evidentemente se trata de proselitismo; se crean cargos oficiales para “defender el interés social” cuando en realidad se trata de madrugar a los opositores; y se desarrolla una campaña electoral durante todo un sexenio, desde el poder, para asegurar la sucesión presidencial. Con todo esto se viola el principio de equidad en la contienda y se asegura la permanencia en el poder del partido gobernante. De todo esto se ocupa, esta semana, el Reporte Especial de buzos.
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Morena sería el gran beneficiado si la oposición se presenta dividida
La funcionaria intentó frenar la clausura de un negocio presuntamente familiar y afirmó tener influencias políticas.
Se le acusa de desvíos de recursos por más de 13 millones de pesos durante su administración.
José María Tapia Franco, exsenador del PRI, se unió a Morena y se postuló como candidato a la alcaldía de Querétaro por coalición.
El director de México Evalúa comparó el rumbo político del país con el colapso de la república romana y alertó sobre el riesgo de que el poder se concentre en un solo partido.
Los gobiernos estatales y el federal no alertaron ni evacuaron a tiempo; comunidades permanecen incomunicadas y 100 mil viviendas resultaron dañadas.
Al informe no asistieron figuras de alto nivel del partido oficialista ni gobernadores, excepto la mexiquense Delfina Gómez.
El 49.1 por ciento atribuyó a López Hernández tiene responsabilidad en presuntos vínculos con un grupo criminal.
Reportan gastos de más de 300 mil pesos en desayunos para funcionarios.
Los resultados de la encuesta también arrojaron que el 28 por ciento de los ciudadanos critica que Sheinbaum no tenga poder para tomar decisiones dentro de su partido.
La edil de Iztapalapa afirmó que no se les entregaría un seguro para cubrir las pérdidas. Mientras que en Ecatepec, la alcaldesa llamó provocadores a los vecinos.
Desde que llegó Morena al gobierno la deuda en México se duplicó, asegura la oposición.
Según los cálculos de los trabajadores, cada mes, se recaudan más de 10 millones de pesos.
La alcaldesa se encontraba en una alberca en el momento que se realizó el operativo.
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Escrito por Redacción