“Nada importan los más bellos principios cuando no son más que estériles consejos; y siempre que el poder todo se reúna en una mano sin equilibrio ni división, el poder absoluto estará constituido; y si la libertad y las garantías subsisten no es por las formas, sino por la voluntad siempre precaria de un hombre solo. Así, todos los bienes que México disfruta y la salvación de las libertades públicas las deberá al general presidente, y su gloria será tanto mayor cuanto más fáciles hayan sido los medios de faltar a su deber”. Mariano Otero, el gran prócer de nuestra patria, escribió estas líneas cuando México vivía una etapa constructiva, cuyo propósito profundo consistía en dejar atrás el absolutismo dictatorial de Antonio López de Santa Anna y sentar las bases sólidas de una República federalista en la que hubiera una clara división de poderes y las decisiones del país no quedaran en manos de un solo individuo. Además de esta enseñanza, Otero dejó al pueblo de México el gran legado del juicio de amparo, el cual es un arma jurídica para evitar que ningún poder público se aproveche de los ciudadanos.

Sin embargo, en estos días, el país corre el peligro de regresar a las viejas prácticas del poder unipersonal y la Nación no puede permitirlo. Aprovechándose de que la gente no puede salir a la calle a protestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quiere que los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprueben una iniciativa que quitaría a la Cámara de Diputados la atribución de redistribuir el Presupuesto Federal para que ésta quede manos del Poder Ejecutivo mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en casos de emergencia económica o de cualquier tipo. En función de este objetivo se ha convocado a los diputados a un periodo extraordinario de sesiones, a pesar de que el pueblo mexicano enfrenta el peor momento de la contingencia de salud pública generada por el Covid-19. Sería muy grave que el diputado Mario Delgado sea el artífice de ese ataque al pueblo de México, a la indispensable división de poderes y a los mexicanos más pobres, ya que si se aprueba tal modificación a las leyes, se acondicionaría la instalación de una dictadura en México ¡No a la dictadura en México!

Es decir, la nación se halla en un marco político donde nada ha de hacerse sin que antes lo digan el Presidente o su “dedito”. Además, el gobierno no se deja ayudar de ninguna manera; y si alguien toma la iniciativa, es calificado como “conservador”, “fifí” o “enemigo”. Hay dos ejemplos ilustrativos de esta actitud negativa proveniente del Gobierno Federal. El primero se dio cuando en virtud de la total falta de apoyo de éste a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), la iniciativa privada logró que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) les otorgara 30 mil créditos, cuyo origen es privado y no incrementan la deuda pública. Gustavo de Hoyos Walther, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) explicó, en su cuenta de Twitter, que “para enfrentar la crisis económica causada por el Covid-19, AMLO no ayuda ni se deja ayudar, pero sí miente. El programa de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-Invest-CMN) para 30 mil empresas no involucra (como dijo) recursos públicos. Acá estamos en ‘modo’ de apoyo. ¿Y él?”. La feroz respuesta de AMLO no se hizo esperar: “Ese aval no podemos otorgarlo, porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar, primero, a los más necesitados. Además, no me gusta mucho el ‘modito’ de que se pongan de acuerdo y (después) quieran imponernos sus planes. ¿Se hace un acuerdo y ahora que Hacienda lo avale? ¿Y qué? ¿Nosotros estamos aquí de floreros? Imagínense que el Presidente se entera de que ya hubo un arreglo, que ya nada más van a pedirle que Hacienda avale. ¿Así se lo imaginaron? O cuando dijeron que ‘el gobierno se adhiera a nuestro plan económico’. ¿¡Cómo!? Es mucha la prepotencia”^[1]. Ahí se nota la arrogancia del Presidente y su tendencia dictatorial. Él es el que decide, nadie más.

El segundo ejemplo se produjo cuando el Movimiento Antorchista Nacional (MAN) propuso, por todos los medios habidos y por haber –desplegados, redes sociales, televisión, radio, un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados y en varias diputaciones locales, etc.–, instrumentar un plan nacional de distribución de alimentos para evitar que decenas de millones de mexicanos sufran más hambre de la que ya padecían antes de la cuarentena. Sin embargo, en vez de acoger esta propuesta y evaluarla como acertada y oportuna, tanto por el hecho de esos mexicanos son pobres, carecen de todo tipo de servicios básicos, viven al día y hoy se han quedado sin trabajo; como del conocimiento público de que el MAN trabaja desde hace 46 años con la gente más humilde del país, la respuesta del gobierno AMLO fue una amenaza de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la SCHP, de que investigará a los líderes de Antorcha por supuestas denuncias de que, en las gasolineras de esta organización social se venden combustibles provenientes del huachicol, cuento que data, ¡qué casualidad!, de cuando AMLO asumió la Presidencia y que solo existe en la fábrica de su cabeza, porque no hay ningún elemento con el que Nieto pueda sustentarlo; pues todos los vecinos de esos expendios de gasolinas saben que éstos fueron concesionados con base en muchos años de trabajo y esfuerzos comunitarios.

En las respuestas que el Presidente ofreció a la Coparmex y al MAN ha habido, además de acusaciones carentes de sustento, una misma actitud: su desinterés por la situación económica de la gente humilde que no está incluida en sus programas asistencialistas y clientelares. A su evidente distanciamiento con los empresarios, Mipymes, trabajadores informales y las familias marginadas y pobres, se suma su agresividad contra toda agrupación o persona que intente “corregirle la plana”; agresividad que se manifiesta con el envío de amenazas a través de Santiago Nieto o del Sistema de Administración Tributaria (SAT), filtraciones a la prensa que le es adicta o campañas por vía de sus chairobots. En el supuesto de que el gobierno de AMLO se atreviera a detener a un líder de Antorcha –solo posible mediante una acusación falsa o fabricada por la UIF– cabe preguntarse si eso resolvería el hambre que, en estos momentos, padece el pueblo pobre de México, ¿con ello, los hospitales estarían mejor equipados? ¡Claro que no, porque de lo que se trata, como ya se ha dicho, es que no haya críticas ni contrapesos y que el Gobierno Federal use la “ley” para atacar a quienes supone que son sus enemigos!

En lugar de atacar a éstos, de dividir a la población del país y de sentar las bases de una dictadura unipersonal, AMLO y su gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) deberían hacer caso a los llamados sensatos como el que recientemente propuso el MAN y sobre el que, desde luego, no dejaremos de llamar la atención al más alto volumen de nuestro altavoz: la urgente implementación de un plan nacional para distribuir alimentos entre las personas más pobres del país, que no se limitan al número que dice la 4T, sino que son 48 millones, si nos referimos a las que viven en pobreza extrema y 91 millones si hablamos de todos los pobres con distintos niveles de miseria y todo tipo de carencias.

Como dice la canción que cantó el gran Guty Cárdenas : “aunque todos me aborrezcan, en este pueblo he de andar; y al que le duela la muela, que se la mande quitar”. Aunque la 4T lo quiera impedir, insistiremos: los más pobres de México necesitan hoy un plan nacional de distribución de alimentos y los médicos requieren el apoyo decidido del gobierno y la población para enfrentar con éxito la pandemia. Que no digan que no les dijimos.