El día 21 de este mes se publicó el Informe Mundial Sobre las Crisis Alimentarias (edición 2020, que cierra a finales de 2019), por la FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otras instituciones de la Red Mundial Contra las Crisis Alimentarias. Se destaca ahí que en el mundo 135 millones de personas padecen “inseguridad alimentaria aguda” (hambre). Esta cifra podrá duplicarse a finales de año (PMA), y es la más alta reportada en los últimos cuatro años, es decir, la hambruna viene aumentando, antes del Covid-19. Añade: “Además, en 2019, 183 millones de personas fueron clasificadas [...] en la antesala del hambre aguda y en riesgo de caer en una situación de “crisis” o peor (...)” (sic). Sobre el reporte, el representante de la FAO para América Latina y el Caribe, Julio Berdegué, declaró a CNN: “(...) Para mitigar los efectos de la pandemia en la alimentación y la agricultura, la FAO insta a los países a satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas de sus poblaciones vulnerables, impulsar sus programas de protección social...” (cursivas de las citas, mías, APZ).

Sin mencionar explícitamente a México, el reporte refleja su realidad. A quienes ya estaban desempleados se agrega, como admite el gobierno (hasta el ocho de abril) la pérdida de 346 mil 878 empleos formales. Hay 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas y, según expertos, al menos la cuarta parte en alto riesgo de quiebra (muchas ya han cerrado). Seis de cada diez trabajadores están en la informalidad, y no pueden vender diariamente su mercancía para conseguir el sustento familiar. ¿De qué van a comer?

Otras instancias de la FAO expresan su preocupación. El economista jefe del Programa Mundial de Alimentos, Arif Husain, dijo que: “la Covid-19 es potencialmente catastrófica para millones de personas cuyas vidas ya penden de un hilo. Supone un golpe para millones de personas más que solo pueden comer si ganan un salario (...) Los confinamientos y la recesión económica mundial ya han diezmado sus ahorros. Solo se necesita un shock más, como la Covid-19, para llevarlos al límite. Debemos actuar colectivamente ahora para mitigar el impacto de esta catástrofe mundial” (La voz de América, 22 de abril). Y añade: “Los países con altos niveles de inseguridad alimentaria son generalmente más vulnerables y están menos preparados para un brote epidémico y probablemente verán tasas de mortalidad más altas (...) la desnutrición aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades (...) Las consecuencias económicas de esta enfermedad podrían terminar lastimando a más personas que la enfermedad misma (...) Es importante destacar que los países y las poblaciones más vulnerables deben recibir apoyo, no solo en la prestación de atención médica, sino también en la asistencia a través de redes de protección social que tengan la flexibilidad para responder a las crisis (Historias del Programa Mundial de Alimentos, 17 de marzo)”.

Thanawat Tiensin (presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial), Agnes Kalibata (enviada de la ONU para la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios) y Martin Cole (presidente del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición), afirman en una publicación: “Los gobiernos y líderes responsables deben promover y proteger el aprovisionamiento de alimentos confiables, seguros y asequibles, especialmente para los más vulnerables en el mundo (...) Entre los grupos más vulnerables están los pobres urbanos, los habitantes de zonas remotas, los inmigrantes, quienes tienen empleo informal (...) Como señaló recientemente la Alianza Mundial para una Mejor Nutrición, las personas desnutridas con sistemas inmunes comprometidos enfrentan un mayor riesgo y son más susceptibles a la difusión del virus” (Project Syndicate, 1º de abril). Precisamente esto último está ocurriendo en México: los noticieros reportan una tasa de letalidad de 9.3 por ciento, contra una media mundial de 6.9. No hay, pues, exageración. Al abordar el aspecto operativo, para enfrentar el problema, dicen los autores: “Los gobiernos deben practicar un diálogo transparente con las empresas, las agencias técnicas, el ámbito académico y la sociedad civil para ocuparse de los riesgos emergentes”.

Lamentablemente, aquí no hay diálogo, solo amenazas, incluso de cárcel, para quien se atreva a plantear iniciativas, como el Movimiento Antorchista, que propuso ante toda la nación instrumentar un programa alimentario de emergencia para quienes han quedado sin ingresos (dicho sea de paso, la propuesta se hizo antes de la publicación de la FAO, que solo viene a confirmar la justeza de aquélla). Contra toda lógica, desde la prepotencia del gobierno, la petición fue ignorada, abandonando a millones de personas que no tienen para comer, exhibiendo el carácter de clase de la campaña contra el Covid-19, y evidenciando la falsedad de que primero son los pobres. Incluso a los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, que con un crédito del BID intentan paliar los efectos de la pandemia sobre las Pymes, también los ataca el Presidente, acusándolos de corrupción... por no pedir permiso.

El rechazo de la 4T a la petición de Antorcha y a las razonables recomendaciones de organismos internacionales y especialistas, entraña una lección que debemos aprender: que no basta tener razón, que la sensatez y la justicia no guían a los poderosos, sino el simple abuso de la fuerza. Trae a la memoria también el principio clásico de que el acceso a la riqueza es resultado de la correlación de fuerzas entre clases sociales. Las que comprenden con mayor claridad sus intereses y se organizan mejor, adquieren más fuerza; de ahí mayor capacidad de reclamo, de negociación, de acceso a la riqueza y bienestar, así, en ese orden. Por eso AMLO ataca a la organización de los pobres. Su proceder representa, preocupantemente, la fuerza sin la razón, base de toda dictadura. Y si queremos beneficiar a los más desprotegidos, es indispensable respaldar propuestas y acciones en la lógica, la justicia y la ciencia; pero razón y justicia solas quedan en utopía: es preciso tener la fuerza suficiente para hacerlas triunfar, la fuerza de la sociedad civil consciente y organizada.

Como explican los especialistas, es absolutamente racional la propuesta del programa alimentario de emergencia para las personas que han quedado sin ingresos (o no los tenían), y esto no solo porque lo digan ellos, o lo pida Antorcha. Debe hacerse por razones humanitarias, por elemental sensibilidad ante el sufrimiento de millones de desamparados que en estos momentos no tienen para comer. Y también porque si no se distribuye alimento de inmediato, la necesidad podría desbordarse, y no es lo deseable. El hambre es fuente de desesperación, y muy mala consejera. No sabe de prudencia y buenas costumbres.