La ingobernabilidad no es exclusiva de Guerrero; el Gobierno Federal no atiende las carencias sociales, la violencia, la delincuencia organizada, los delitos comunes, etc. Junto a la incapacidad, la arrogancia del grupo que tiene en sus manos el gobierno provoca que se agraven dichos problemas. Es decir, la ingobernabilidad es un problema de México, pero Guerrero tiene algunos agravantes que vuelven más complicado el ejercicio del Estado de Derecho.

En Guerrero, la lucha por el poder político ha sido sangrienta, armada, para ser exactos. No es nueva, baste recodar las peleas entre los Álvarez y otros grupos para fundar el estado de Guerrero a mediados del Siglo XIX; y en la Revolución Mexicana, la disputa entre maderistas, carrancistas y zapatistas por la repartición de las tierras y el ejercicio de la libertad política, con el triunfo de la Revolución Mexicana, varios grupos que pelearon en los diferentes bandos y acumularon poder se convirtieron en los grupos políticos y económicos que dominaban las regiones de Guerrero, entre los que figura, por ejemplo: el clan Figueroa que dominó el estado durante gran parte del Siglo XX, desde Huitzuco, en la región norte.

Después del triunfo de la Revolución, las condiciones de pobreza de la mayoría y el ejercicio del poder en unos cuantos políticos provocaron que en la entidad brotaran movimientos sociales que buscaban cambiar la tétrica realidad en la entidad. Así nació el Comité Cívico Guerrerense, que después sería Asociación Cívica Guerrerense (ACG), su dirigente más conocido fue Genaro Vázquez. Una de sus demandas principales era participar en las elecciones estatales. Lo hicieron así, se organizaron y en 1962 pusieron como candidato a gobernador a José María Suárez Téllez; pero pocos días antes de la elección, el gobierno encarceló al candidato y a militantes de la ACG para imponer al nuevo gobernador. La represión se tornó sangrienta cuando, ante la manifestación pública y pacífica, el Ejército reprimió al movimiento cívico. Ante la exclusión de la ACG por medio de la violencia y la cárcel, el movimiento se radicalizó, tomando las armas al no encontrar cauce institucional, ni respeto a su derecho a organizarse. Caso parecido fue el de Lucio Cabañas. Al final, el gobierno optó por no oír las demandas de la sociedad, en cambio usó la represión, lo que terminaría en un periodo violento y sangriento que se conoce como la Guerra Sucia en México. El Siglo XX cerró con la matanza de Aguas Blancas en 1995, cuando 17 campesinos fueron asesinados y 14 resultaron heridos.

Este breve recuento ilustra la violenta disputa por el poder político. ¿Por qué y para qué querían el poder político los grupos que fueron objeto de represión y muerte? Al igual que ahora, la pobreza era espantosa; y querían el poder para mejorar las cosas, en su visión, a su modo, pero se toparon con un gobierno sordo y violento.

La pobreza es el otro agravante de la ingobernabilidad en Guerrero, porque es más profunda e indignante si se compara con otros estados de la República. La economía está estancada, de 2016 a 2020 creció 0.3 por ciento cada año; siete de cada 10 guerrerenses laboran en la informalidad; a seis de cada 10 trabajadores no les alcanza el ingreso para cubrir las necesidades básicas de alimentación. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 66 por ciento es pobre y 26 por ciento pobre en extremo; la pobreza extrema es no tener garantizada la comida, es decir, 885 mil personas pasan hambre: tres de cada 10 personas carecen de acceso a la salud; todavía mueren por enfermedades básicas como malestares estomacales, porque no hay clínicas, hospitales, medicamentos y médicos suficientes. Seis de cada 10 viviendas carecen de servicios básicos como electricidad, drenaje y agua potable.

El tercer agravante es que el gobierno actual y sus instituciones son ineficientes y no tienen voluntad política para resolver los problemas de los guerrerenses, esto contribuye –junto con lo arriba dicho– a que el estado se encuentre en franca ingobernabilidad. Aquí impera la pobreza y los gobernantes no escuchan las peticiones sociales, ni son capaces de aplicar políticas públicas que permitan superar los problemas de ingobernabilidad.

En ese escenario, el 12 de abril fueron asesinados dos líderes sociales y su hijo de seis años, Mercedes Martínez, Conrado Hernández y su hijo. Han pasado más de 50 días y la Fiscalía del Estado no es capaz de dar seguridad de que dará con los asesinos y tampoco el gobierno estatal ha mostrado la sensibilidad debida al problema. Ante un gobierno ineficiente y de oídos sordos, la única salida viable es la organización popular para exigir que se haga justicia, no solo a los líderes asesinados, sino para exigir que prevalezca para todos los guerrenses el Estado de Derecho, que no es otra cosa que la aplicación de la ley. Solo esto salvará a Guerrero de la ingobernabilidad en que se encuentra.