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Las acusaciones contra la Guardia Nacional (GN) por presuntos asesinatos y violaciones a los derechos humanos que transcurren sin castigo no comenzaron con la liberación del gendarme que el miércoles 27 de abril mató a Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato. En realidad, es el sello de la corporación.
La GN ha acumulado en sus 36 meses de existencia un total de 11 expedientes por homicidio y 992 quejas por violaciones a derechos humanos, según los informes anuales de la corporación y los reportes del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos (SNAVIDH).
Entre las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de junio de 2019 a abril de 2022, sobresalen 200 que denuncian detención arbitraria; 117 reportan trato cruel, inhumano o degradante; 75, intimidación; 27 son por tortura, siete por desaparición forzada y 10 por homicidio.
Puertas adentro del organismo, la insubordinación se ha expandido con celeridad. De acuerdo a su informe de 2020, la GN aplicó ese año 600 sanciones disciplinarias por diversas infracciones entre las que pueden contarse alteraciones del orden y omisión de hechos en los reportes de servicio. Para 2021, los castigos por infracciones aumentaron más de 12 veces, pues fueron 7 mil 586 correctivos y sanciones disciplinarias.
La atmósfera de relajación no se circunscribe a la gendarmería ni a mandos de gradación media. El propio comandante en jefe de la GN, Luis Rodríguez Bucio, ha incurrido en serias violaciones a la ley, como poner al servicio de eventos de Morena los aviones de la corporación y acudir él mismo a los eventos proselitistas del partido oficialista.
En contraste, cuando se trata de enfrentar al crimen, la GN ha exhibido problemas de coordinación logística, falta de pericia e incluso sus miembros han sido videograbados mientras huyen de grupos criminales en Veracruz, Chihuahua y Michoacán.
El asesinato más reciente de la GN fue contra Ángel Yael Ignacio Rangel, de 19 años, estudiante de agronomía en el campus Copal de la Universidad de Guanajuato, que el miércoles pasado salía de un convivio en un jardín de fiestas, subió con sus amigos a una camioneta; posteriormente, elementos de la GN presuntamente marcaron el alto al vehículo, y el tirador disparó. Ahí perdió la vida.
Los manifestantes trataban de llegar en una marcha pacífica al Zócalo capitalino, pero fueron interceptados por policías de la Ciudad de México.
Especialistas de alto nivel afirman que los resultados arrojados por PISA en México no son sino producto de una política educativa que reduce el contenido de los programas suprimiendo temas fundamentales como ciencias naturales, matemáticas y lectoescritura.
En los últimos años, las prácticas abusivas de los cuerpos policiales han aumentado; el abuso no se limita al uso de la fuerza, también hay amenazas con impacto psicológico, según un estudio publicado en la Revista Mexicana de Sociología.
Mientras que en Europa se ha prohibido su uso debido al daño que provoca en los ecosistemas, en México, el gobierno de la 4T usa el pasto nocivo para adirnar los camellones y espacios de la Riviera Maya y del bajío.
“Ya no hay masacres”, ha insistido una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, la realidad es otra. Tan solo en 2021 se contabilizaron 5 mil 333 atrocidades.
Hay falta de voluntad política de los gobiernos federal, estatales y municipales, de encontrar a los desaparecidos; y revela, además, la extrema debilidad del sistema judicial mexicano.
El próximo año la construcción de la obra alcanzará un costo 3.3 veces los 156 mil mdp presupuestados en un principio, alcanzando los más de 500 mil mdp.
Con esta nueva reforma, los bolsillos de los mexicanos se verán aún más afectados, pues ahora deberá pagar más impuestos, de lo contrario, podría ir a prisión.
Los impuestos son una herramienta coercitiva e injusta porque los únicos obligados a pagarlos son quienes menos márgenes para negociar tienen.
El TEPJF debe sesionar en las próximas horas para resolver las impugnaciones de los partidos políticos en contra de la decisión del INE.
En 4 años de gobierno, seis millones de mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza, una inflación no vista desde hace 21 años, más de 100 mil víctimas de homicidio, entre muchas calamidades más.
Los responsables de las dependencias deberán explicar si informaron o no a tiempo al Ejecutivo Federal, sobre la peligrosidad del Huracán Otis, y por qué no se alertó a la población.
“Las pretensiones son muy buenas... pero no dan los números. Se trata sólo de una intensión política que va encaminada al discurso de transición y transformación por parte del presidente AMLO”, afirman especialistas.
Campos Murillo fue acusado en 2011 por el Departamento de Justicia de EE. UU. por tráfico de mujeres en la costa Este.
Altán Redes se sumará a Pemex en la explosiva herencia financiera de este gobierno a la próxima administración federal, porque ambas están en quiebra técnica y son un barril sin fondo alimentado con dinero público.
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Escrito por Redacción