El agua que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quitó en 2019 a las presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero para dársela a Estados Unidos (EE. UU.), hará falta a los cultivos de la región centro-sur de Chihuahua y su escasez provocará una tragedia social en los agricultores y muchos otros empleados y empresarios.

El fantasma de esa desgracia ya sobrevuela en ominosos círculos y, como bandada de zopilotes, está cumpliendo la previsión que los campesinos hicieron a AMLO en el sentido de que el pago a la deuda del Tratado Binacional de Aguas y Límites (TBAL) les impediría cubrir sus necesidades de agua cuando inicie el ciclo agrícola de este año, que comienza en marzo y termina en septiembre.

En esta temporada, solamente podrán sembrar el 25 por ciento de la superficie que normalmente se programa cada año, de acuerdo con el riego autorizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aunque la dependencia no haya querido hacer oficial este hecho, porque el Gobierno Federal exige a los agricultores que le devuelvan el control que mantienen sobre las instalaciones de La Boquilla.

Sin embargo, la Conagua ya hizo circular, entre el Comité Hidráulico, un documento en el que hace saber la cantidad de agua disponible y las hectáreas que podrán regarse, confirmando la catástrofe prevista. Por ello, los campesinos se niegan a devolver la presa que tomaron el ocho de septiembre de 2020, después de expulsar a la Guardia Nacional. Desde entonces, el gobierno ya no pudo sacar más agua y los productores del Sistema de Riego 5 se mantienen en plantón permanente.

“¿Por qué nosotros nos aferramos a cuidar esa agua? Porque la tenemos concesionada por parte del Gobierno Federal, por eso nos sentimos dueños de esa agua”, dijo la semana pasada uno de los agricultores durante una rueda de prensa realizada en su campamento de La Boquilla.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua (SNIA), organismo que pertenece a la Conagua, hasta el corte realizado el 12 de enero pasado, la presa El Granero, ubicada en el municipio de Aldama, almacena 128 millones de metros cúbicos (m³), equivalente al 44 por ciento de su capacidad total; Las Vírgenes, en Rosales, guarda 62 m³ (el 18 por ciento) y La Boquilla, en San Francisco de Conchos, tiene 890 m³ (el 31 por ciento).

El almacenamiento total de las tres presas corresponde a mil 80 m³, de los cuales deben guardar 503 m³ porque representa el volumen mínimo requerido para preservar, en buenas condiciones físicas, sus estructuras y no afectar el ecosistema. Es decir, solo pueden disponer de 577 millones de metros cúbicos para cubrir las necesidades los Distritos de Riego 5 y 90.

La reducción de agua en la región Centro-Sur de Chihuahua tendrá un impacto de 20 mil millones de pesos (mdp) tan solo por las cosechas que ya se perdieron, y a ese monto habrá que agregar sus efectos en el Producto Interno Bruto (PIB) del estado, es decir, las pérdidas en el comercio, el turismo y la producción agroindustrial en una región integrada por ocho municipios donde el 85 por ciento de la riqueza es generada por la producción agrícola.

Con este golpe de consecuencias múltiples se perderán miles de empleos y los precios al consumidor de los productos básicos se elevarán. El Distrito de Riego 5 comprende los municipios de San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Saucillo, Delicias, Rosales, Meoqui y Julimes, en tanto que el Distrito 90 riega las tierras en Ojinaga, el noveno municipio.

Entrevistado por buzos, el diputado federal Mario Mata Carrasco afirmó que el impacto será nacional “ya que aquí somos el primer lugar en producción de chile verde, en producción de alfalfa forrajera, chipotle, avena, cebolla y otros cultivos como nogal y hortalizas. O sea que sí se va a poner muy difícil la situación, no va a haber alimento para el ganado, y se va a venir una crisis social muy fuerte”.

Mata Carrasco incluso explicó que el daño económico derivado de la virtual pérdida del 75 por ciento de la producción agrícola en el Centro-Sur de Chihuahua también puede agravar la crisis de inseguridad que, empalmada con el confinamiento sanitario, contribuirá a aumentar el desempleo, el abasto de alimentos primarios y la falta de dinero en muchos hogares. “Con el agravante de que ya no va a tener la válvula de escape que había antes, que es la de irse a EE. UU. a trabajar”, agregó el legislador.

Es una guerra desigual

“Es una guerra: la lucha por el agua estalla en la frontera de México”, cabeceó The New York Times en un reportaje publicado en octubre pasado, en el que reseñó cómo los agricultores de Chihuahua se defendieron de las maniobras del gobierno de AMLO para despojarlos del agua de tres presas para mandarla a EE. UU. y pagar una deuda pendiente dentro del TBAL.

¿Cómo justificó el Gobierno Federal la intervención masiva de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en el conflicto? ¿Cómo trató de vender como bueno y provechoso para el país el envío a EE. UU. de millones de metros cúbicos de agua que en Chihuahua se utilizan para producir verduras, granos, leche y materias primas para todo tipo de comida?

En sus “mañaneras”, el Presidente intentó desprestigiar y marcar a los campesinos de Chihuahua como sus oponentes, y aun como vulgares oportunistas y ladrones, como cuando declaró que “se utiliza el tema del agua en Chihuahua con fines político-electorales”, o como cuando afirmó que se dejaban arrastrar por los intereses de poderosos “huachicoleros del agua”.

Pero AMLO no se limitó a insultar, sino que, además, trató como gánsteres a funcionarios públicos y representantes populares. Al alcalde y al municipio de Delicias, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto, le congeló cuentas bancarias, así como a un diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y a una de las figuras más importantes de la resistencia: el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (AURCh), ingeniero Salvador Alcántar.

Una mujer que participó en la toma de La Boquilla, Jessica Silva, de 35 años, fue asesinada a balazos por elementos del Ejército Mexicano y su marido resultó gravemente herido la noche del ocho de septiembre. Cuatro campesinos permanecen encarcelados desde ese día, acusados de terrorismo por el Gobierno Federal.

Funcionarios federales, diputados locales y federales morenistas dieron la espalda al pueblo en su lucha por la defensa del agua y se sumaron a la guerra de lodo que desató AMLO contra el movimiento; ahora, muchos de ellos empiezan a pedir, sin la mínima vergüenza, el voto ciudadano para las elecciones de junio próximo.

El fondo del conflicto

El fondo del conflicto no es político, sino técnico, y tiene su origen en causas naturales. Las presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero contienen aguas del río Conchos y sus afluentes son vasos de almacenamiento nacional, no internacional. Esta distinción es esencial porque, a diferencia de las presas internacionales, como las del Río Bravo, La Falcón y La Amistad, que fueron diseñadas para desviar agua hacia EE. UU. y pagar las cuotas de México dentro del Tratado Binacional, las tres presas grandes de Chihuahua contienen aguas que la nación otorgó en concesión a los productores agrícolas, con la salvedad de El Granero, que además de surtir a los agricultores de la región fronteriza de Ojinaga, en el Distrito de Riego 90, es utilizada por el Gobierno Federal para enviar los volúmenes que cuando hay demasías, se entregan a EE. UU. en la confluencia de los ríos Conchos y Bravo.

Las asociaciones de usuarios del Distrito de Riego administran las concesiones particulares, que se amparan en títulos otorgados por el Estado mexicano para su usufructo en la producción de bienes agropecuarios. Anteriormente, estas presas no cerraban durante el año sus válvulas porque había hasta tres cultivos por temporada; pero las fuentes de agua se han agotado, el cambio climático ha extendido las sequías y los campesinos han tenido que ahorrar agua, es decir, almacenarla en las presas y hacer más eficiente el riego.

Por ello, primero empezaron por cerrarlas un mes, luego dos meses y hasta cinco meses en el año. La extracción se suspende el último día de septiembre y se reanuda hasta marzo del siguiente año, cuando se inician los riegos de la nueva temporada. Actualmente, en el Distrito de Riego 5 (del Centro-Sur de Chihuahua) se siembra solo un cultivo por ciclo. Los productores confían en que, además del agua que contienen las presas al momento de cerrarlas, se les pueda incrementar el volumen con las lluvias de la temporada que, en un año regular, tiene su mes más lluvioso en septiembre, algo en julio, en agosto y hasta parte en octubre.

Cuando el ciclo se cierra con las presas vacías, no existe la posibilidad de contar con suficiente agua para el siguiente año. Esto explica la enorme preocupación de los productores por proteger el almacenamiento de las presas. Con la toma de La Boquilla en septiembre pasado, no se trataba de proteger los riegos del ciclo agrícola de 2020, sino de asegurar los del inicio de 2021. Por eso, los campesinos del Sistema de Riego pidieron al Gobierno Federal que no enviara agua a EE. UU., porque preveían una sequía severa para este año; y cuando se movilizaron con marchas, mítines y plantones, y se enfrentaron a la Guardia Nacional, fue para evitar que sus presas estuvieran sin el agua mínima requerida para el presente año.

El 70 o el 75 por ciento, da igual

Ahora que el Comité Hidráulico ya recibió la autorización de la Conagua para iniciar en marzo el riego del nuevo ciclo agrícola, el Ingeniero Salvador Alcántar Ortega, presidente de la AURECh, declaró a buzos: “Tenemos autorizada una concesión de 385 millones de metros cúbicos para la temporada, lo que representa un 30 por ciento del total de lo que se esperaba para cubrir las necesidades del riego de los cultivos en la región”.

¿En qué se va a manifestar ese impacto negativo con el recorte tan drástico del agua para el riego?

“Se va a sentir en todo –apunta Alcántar, quien también es agricultor– Tenga en cuenta que año con año aquí se da empleo a miles de jornaleros que vienen de la Sierra Tarahumara y de estados como Oaxaca, Morelos y hasta de Veracruz, que este año muchos de ellos van a hacer el viaje en balde desde sus lugares de origen”.

Es decir, el 70 o el 75 de las tierras no podrán producir este año; impactará al empleo de los jornaleros agrícolas nativos o de otros estados de la República, y a prácticamente a todas las áreas económicas de Chihuahua: el comercio (supermercados, tienditas de abarrotes, tiendas de ropa, etc.); los restaurantes y hoteles; las refaccionarias, los talleres que dan servicio y mantenimiento a la maquinaria agrícola e industrial; la venta de tractores, camiones, autos; a los fabricantes regionales de implementos agrícolas; los expendios de lubricantes, las gasolineras, las panaderías, las tortillerías, las fondas, los puestos ambulantes de comida y, en fin, todas las actividades primarias, secundarias y terciarias de la región.

Y todo por la irresponsabilidad del Presidente, que decidió poner por delante su relación de amistad con el gobierno de Donald Trump, a quien no quiso hacer enojar y quiso pagar a toda costa la deuda de agua que el país tenía dentro del Tratado Binacional de Aguas y Límites de 1944.

¿Qué medidas pueden tomarse para atenuar esta crisis?, se le preguntó al diputado Mario Mata. Ésta fue su respuesta:

“Si hubiera la voluntad política del Gobierno Federal, hay muchas medidas que podrían ser paliativas a este problema. Podrían venir aquí a Chihuahua a negociar con los agricultores, a establecer el diálogo. Una medida muy sencilla es ayudar económicamente a los pequeños productores, que son el 90 por ciento de los productores de la región y se les puede ayudar con dinero; una ayuda económica por este año. Igualmente se les podría ayudar con los pozos que tengan ahorita algún problema con las concesiones o de papelería, a fin de acelerar trámites. Pero Conagua está cerrada totalmente, no hay posibilidad de diálogo, incluso están cerradas sus oficinas y es un problema realizar cualquier trámite”.

“Pero lo principal es que haya voluntad política y que vengan aquí a la región, porque ni siquiera han hecho eso desde que iniciaron el conflicto”, enfatizó, obviamente para insistir en la cerrazón absoluta del gobierno de AMLO, cuya insensibilidad social pasa por alto que la ayuda económica a los agricultores y hacia la región resulta indispensable por razones de sobrevivencia, porque Chihuahua enfrenta hoy “la sequía más fuerte que tenemos desde hace 35 años.

“O sea que aquí –añade– se juntarán la sequía severa y la general, la falta de agua para riego en las presas y la crisis generada por la pandemia, que ya provocó que muchos negocios hayan quebrado y cerrado sus puertas, que envió a los trabajadores a la pérdida de empleos en el último año.

“Y todo por el mal manejo que han tenido de la pandemia”, acusó el también expresidente municipal de Delicias y actual diputado federal por el V Distrito de Chihuahua.

“Es un panorama negro, una verdadera situación de emergencia, que no está en el futuro, porque ya lo estamos viviendo. No había visto esto, algo igual, desde 1995, cuando fue por sequía, fue por la naturaleza, no por la mano del hombre. Pero ahora que fue por las malas decisiones políticas y administrativas del Gobierno Federal, pues es muy lamentable”.