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En su estrategia de seguridad pública, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “desplegó más efectivos militares que las dos administraciones presidenciales anteriores”, advirtió el “Informe 2020/21. La situación de los derechos humanos en el mundo” de Amnistía Internacional.
López Obrador aseguró en campaña que retiraría el Ejército de las calles una vez que llegara a la presidencia. Incluso fue muy crítico con los gobiernos anteriores por usar las fuerzas del ejército en labores de seguridad.
Amnistía Internacional precisó que en 2020 el mundo se vio sacudido por la COVID-19. La pandemia y algunas de las medidas adoptadas para abordarla tuvieron un efecto devastador en la vida de millones de personas, y también revelaron —y en ocasiones agravaron— patrones ya existentes de abusos contra los derechos humanos y de desigualdad.
Para el caso de México “en abril, el gobierno aplicó políticas de austeridad a través de un decreto que recortaba el gasto público salvo en programas que se consideraban prioritarios, como varios proyectos importantes de infraestructura. En septiembre, el Congreso de la Unión disolvió varios fideicomisos públicos, entre ellos los establecidos para apoyar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos, y para abordar el cambio climático”.
Además, notifica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguía sin analizar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que había sido impugnada en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante una acción de inconstitucionalidad.
El informe notifica que en mayo el presidente López Obrador emitió un decreto que permitía el despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024. El decreto carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales. El presidente también anunció que el control de los puertos y puntos de aduana pasaría a las fuerzas armadas.
Hundida en un hoyo económico, sin ingresos propios ni suficientes para su mantenimiento, PEMEX está muy lejos de la bonanza proyectada en 2019. Expertos advierten que la petrolera está técnicamente quebrada.
“Nosotros le pedimos al gobernador Cuitláhuac que voltee a ver a los campesinos indígenas de Soteapan; aquí hay mucha pobreza", dijo uno de los vecinos.
El programa ha mostrado ineficiencia y retraso en su cumplimiento, provocando incluso marchas, protestas y malestar en las comunidades guerrerenses.
Álvaro López Ríos, dirigente nacional de la UNTA, reconoció que esta organización se equivocó en la elección de 2018 al apoyar a Morena.
Y la sospecha puede ser cierta con eso de que en los últimos días al primer círculo de AMLO se le ha visto muy de la mano con los operadores del T-MEC
El colectivo “Alto a las injusticias en Veracruz” denunció que se han abierto las puertas a detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos.
Ya inició la discusión del PEF 2024. Según la propuesta de AMLO, ¿habrá más y mejores servicios de salud pública? No, si quieren curarse, deberán pagar medicamentos y medicina privada. Así de sencillo.
La Cepal en su primera estimación que dio a conocer en abril, la previsión era una baja de 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en México.
La ASF reportó que en el presupuesto destinado a programas sociales se detectaron irregularidades por 6,907 millones de pesos.
“Fueron censadas algunas familias y a otras no, a pesar de que se fueron al agua”, informó el Presidente del Comité Ciudadano Por Un Nuevo Tabasco sin Inundaciones, Marco Antonio Lázaro Cano.
La medida repercutirá en un número mayor de pequeños productores y campesinos morelenses.
A tres años del sismo del 19 de septiembre del 2017, miles de damnificados aún viven con familiares, vecinos, en campamentos callejeros o rentan viviendas porque las suyas siguen en proceso de reconstrucción debido al burocratismo.
En sólo cinco años, López Obrador ha solicitado préstamos crediticios a organismos internacionales por un monto de siete mil 168 millones de dólares; 712 millones más que su antecesor Enrique Peña Nieto.
Si bien recibían insumos a través de la Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), estos también fueron recortados, afectando a las investigaciones.
La “Cuarta Transformación” (4T) lleva dos años gobernando y estamos muy lejos de que se cumpla el compromiso de combatir a fondo la corrupción y abatir significativamente la pobreza.
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Escrito por Trinidad González .
Reportero. Estudió la maestría en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.