Durante 2019 y 2020, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza Alejandro Gertz Manero, compró programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos.

Una investigación de El País, reveló que la FGR firmó al menos cuatro contratos por 5.6 millones de dólares con la compañía Neolinx de México, según la documentación presentada por el medio, esta firma ha fungido en el país como intermediaria de la italiana Hacking Team, señalada por haber sido una de las principales proveedoras en materia de ciberespionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El presidente López Obrador fue un fuerte criticó tras darse a conocer que Peña Nieto adquirió programas de espionaje. Aseguró en su campaña, que en su gobierno dichas prácticas no se llevarían a cabo.

Sin embargo, en esta administración el espionaje sigue. Las compras se hicieron bajo la partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional, por lo que los contratos no fueron transparentados por la Fiscalía.

Cabe destacar que Neolinx es una firma mexicana creada en 2009 y vinculada a la venta de equipos de espionaje. En 2015, se dio a conocer que había servido como intermediaria de la italiana Hacking Team en México después de que se filtraran cientos de correos electrónicos y documentos internos con detalles de sus operaciones, reportó El País.

La información dada a conocer reveló que el consorcio italiano había comercializado sus productos a 35 países, muchos de ellos señalados por violaciones a los derechos humanos. México había sido hasta entonces su principal cliente.

Al respecto, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), dijo en un comunicado que “la vigilancia masiva e indiscriminada es una medida desproporcionada y violatoria de los derechos humanos”.

En ningún caso, la vigilancia masiva puede ser considerada legítima por parte del Estado, ya que toda acción de este tipo debe ser focalizada, justificada por circunstancias específicas de un caso concreto.

“Bajo ninguna perspectiva, la adquisición y uso de la plataforma Echo es justificable por parte de la Fiscalía General de la República, en tanto incumple con los requisitos de necesidad y proporcionalidad; y así como ha quedado demostrado con anterioridad, tampoco es operada con previa autorización judicial, como exige la Constitución”.

R3D ha colaborado con otros medios en la investigación de espionaje en el país. En un investigación conjunta, junto a Reporte índigo documentaron que uno de los contratos corresponde al equipo de vigilancia Geomatrix, un sistema de geolocalización de equipos de telefonía móvil desarrollado por Rayzone, el cual ya había sido adquirido con anterioridad por la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control de la SIEDO en abril de 2018 ─también a través de la empresa Neolinx─ por un monto de 4.56 millones de dólares.

“De nueva cuenta queda en evidencia que la adquisición y uso de herramientas de vigilancia en México continúa fuera de control, a pesar de las promesas de la administración en turno por erradicar estas prácticas. Las omisiones del Estado mexicano no solo han mantenido en la impunidad los casos documentados de espionaje en contra de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos en el sexenio pasado, sino que toleran el incremento de capacidades de vigilancia sin mecanismos de control y rendición de cuentas”.