A pesar de la implementación del programa “Ya Párale a la Violencia” en Baja California Sur, los casos de feminicidio han aumentado hasta provocar una fuerte crítica contra las autoridades, debido a la ineficacia del programa y a la falta de resultados concretos en la protección de las mujeres. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha reportado que Baja California Sur (BCS) experimenta un alarmante aumento en los casos de violencia de género en lo que va de 2024. Entre enero y agosto de este año se han contabilizado siete presuntos crímenes de este tipo, por lo que la tasa de estos delitos en la entidad alcanza el segundo lugar nacional, con 1.67 incidentes por cada cien mil habitantes. Únicamente es superado por Morelos, que encabeza la lista con 3.79 casos, y ambos están muy por encima de la media nacional de 0.77. Este incremento es notable en comparación con los dos incidentes reportados en 2023, que ocurrieron en marzo y septiembre. 

Los hechos se distribuyen de la siguiente manera: un caso en enero, otro en abril, uno más en mayo, dos en julio y otros dos en agosto. Es importante señalar que durante febrero, marzo y junio no se reportó ningún suceso. De los siete casos registrados, la forma de ejecución varió considerablemente. Uno se efectuó con arma de fuego, tres con arma blanca, uno con otro elemento y dos más fueron catalogados como “no especificados”. 

Este incremento es significativo si se compara con los dos casos reportados durante 2023; la cifra se triplicó en menos de ocho meses. Los municipios de La Paz y Los Cabos figuran entre los 100 municipios con mayor número de crímenes por razones de género y ocupan los puestos 34 y 35, respectivamente. 

El inicio de 2024 en BCS estuvo marcado por un caso impactante, el primero del año, ocurrido en la colonia El Zacatal, en San José del Cabo. María Guadalupe Carrillo Zamudio, de 27 años, fue hallada sin vida en su domicilio, aparentemente víctima de asfixia mecánica a manos de su pareja, Arturo “N”. Según el informe forense, María presentaba huellas evidentes de violencia, lo que sugiere que fue golpeada antes de ser estrangulada. El 1° de enero, Arturo llamó a Cindy, hermana de la víctima, con el argumento de que María estaba “inconsciente y rígida”. Cindy acudió inmediatamente al domicilio y, al encontrar signos de pelea, entre muebles tirados y desorden del lugar, llamó a emergencias. Según se informó, la pareja había tenido episodios previos de violencia; pero nunca se presentaron denuncias formales hasta el trágico desenlace. Arturo fue detenido el cinco de enero y vinculado a proceso. 

El seis de abril se reportó un probable “suicidio” de una mujer dentro de un vehículo en la colonia Vista Hermosa, en San José del Cabo; cuando los agentes de investigación acudieron al lugar, se confirmó la presencia del cuerpo con aparentes signos de violencia. Al ser trasladado al servicio médico forense, la necropsia reveló que la causa de la muerte había sido asfixia por estrangulamiento. Las primeras investigaciones identificaron a Alexis “N” como el presunto responsable, con lo que el segundo caso de violencia de género del año en BCS quedó marcado. 

El 31 de mayo de 2024 se registró otro incidente, el tercero del año. En la colonia Invasión López Obrador, en Cabo San Lucas, Nallely “N” fue abatida a balazos por su expareja, Domiciano “N”. Según el titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de BCS (PGJE BCS), Daniel de la Rosa Anaya, el agresor llegó al domicilio de Nallely donde, tras una discusión, abrió fuego en su contra, provocándole múltiples lesiones que resultaron fatales. Durante el ataque, una segunda víctima también fue alcanzada por las balas, sufriendo una herida en la pierna izquierda. Las autoridades lograron localizar al agresor en la comunidad de El Pescadero, donde se encuentra bajo custodia. Posteriormente, Domiciano “N” fue vinculado a proceso. 

El 21 de julio se registró otro caso en el estado. Reyna Margarita, una joven de 30 años y madre de familia, fue localizada sin vida en las inmediaciones del ejido Plutarco Elías Calles (El Pescadero), en el kilómetro 87 del tramo carretero Cabo San Lucas -Todos Santos. Las investigaciones dieron un giro cuando el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, advirtió que se trataba de un caso de violencia de género. “Se localizó y se tiene la orden de aprehensión contra el autor, que parecía que había atropellado a una mujer en las inmediaciones de Elías Calles, cerca de El Pescadero”, precisó el mandatario estatal. 

El Procurador de Justicia del estado confirmó que las investigaciones indican que se trató de un asesinato por razones de género. “Se establece que realmente no fue un atropellamiento, sino que fue arrojada de un vehículo y golpeada. Se siguió el protocolo de investigación”, ratificó el funcionario. 

Leslie Desireé Agúndez, una joven empresaria de 30 años, se convirtió en otra víctima de violencia de género en BCS en 2024; ella murió a manos de su medio hermano, Andrés Armando “N”. Su cuerpo fue hallado el tres de agosto en la zona de Chametla, en el municipio de La Paz, semienterrado y envuelto en una manta. Posteriormente, Andrés “N” fue detenido, vinculado a proceso y se encuentra en prisión preventiva. 

Los últimos dos casos se suscitaron el 24 de agosto en doble homicidio perpetrado por un joven de 16 años, quien asesinó a su prima y abuela en el municipio de Mulegé. El joven fue entregado al DIF para proceder conforme lo establece la ley por ser menor de edad, confirmaron las autoridades estatales. 

Crece violencia contra las mujeres 

El aumento de la violencia contra las mujeres en BCS no se limita únicamente a los feminicidios: en los primeros ocho meses de 2024, el estado ha registrado cifras alarmantes en varios delitos, medidos por cada cien mil habitantes. Delitos como lesiones dolosas, violación y corrupción de menores presentan una tendencia preocupante. Se documentaron 564 mujeres afectadas por lesiones dolosas que posicionan a la entidad en el tercer lugar nacional, con una incidencia de 130 casos, superior a la media nacional de 68.7. Solamente Campeche y Guanajuato reportan cifras más elevadas. 

En cuanto a la corrupción de menores, se registraron 40 casos de víctimas femeninas, lo que coloca a BCS en el segundo lugar nacional, con una tasa de 9.22 incidentes sobre este grupo, considerablemente arriba de la media nacional de 2.02. Asimismo, el estado ha acumulado 182 casos de violación, situándose en el cuarto lugar nacional, con 20.54 incidentes, muy superior a la media nacional de 10.97. 

La violencia familiar también ha experimentado un notable incremento: Entre enero y agosto de 2024 se notificaron dos mil 213 casos, que sitúan a BCS en el cuarto lugar nacional, con una tasa de 249.8 casos, cifra que excede considerablemente la media nacional de 144. 4. 

Reconocen fracaso 

El gobernador Víctor Castro Cosío reconoció públicamente el fracaso de la campaña “Párale a la Violencia”, que buscaba terminar con los índices de violencia en la entidad; pues no la redujo ni mucho menos influyó entre los hogares del estado. “No ha sido tan importante ni trascendente, no ha logrado llegar al interior de los hogares”, mencionó el mandatario. 

En BCS, cada tercer día ocurre un caso de violación; y la violencia doméstica, mayormente contra mujeres, se ha incrementado; esto evidencia que las acciones preventivas no son suficientes para frenar esta tendencia. 

“Párale a la Violencia”, que formó parte de la Cruzada Estatal Contra las Violencias de Género, enfrentó una serie de problemas durante su implementación, principalmente debido a la falta de presupuesto y a la ausencia de seguimiento o evaluación de los resultados obtenidos. Aunque se proyectaba como una iniciativa fundamental para combatir la violencia de género en la entidad, hasta la fecha los resultados no reflejan el alcance esperado. 

La solicitud de transparencia número 0300741241240000018 permitió conocer que el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres integró las actividades y propuestas a la campaña creada para desarrollar cuatro ejes esenciales frente a la erradicación de las violencias contra las mujeres, para constatarse a seis meses: de enero a junio de 2023, que incluye seguridad y justicia, salud, información, formación y análisis y empoderamiento económico. 

En el documento se establece que la Secretaría de Finanzas y Administración debía crear un fondo financiero para la Cruzada Estatal Contra las Violencias de Género. Sin embargo, al consultar la información sobre los recursos financieros y posibles modificaciones estructurales o protocolarias, la respuesta fue: “‘Párale a la Violencia’ es una campaña, no un programa; por lo tanto, no derivaron de ella modificaciones estructurales, protocolarias ni presupuestales”. Es decir, destacaron que no se implementó un protocolo formal como tal, aunque se trabajó con otras instituciones acordes a los objetivos de la campaña. 

A decir del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, entre febrero y junio de 2023 se reportaron “logros”, entre ellos, que “Párale a la Violencia” había alcanzado a 118 mil 964 personas a través de 88 acciones durante este periodo; sin embargo, el documento no proporcionó información sobre un seguimiento ni datos concretos sobre su verdadero impacto en las vidas de las mujeres. No existen evidencias que indiquen si estas acciones han resultado en cambios significativos. 

Por otro lado, las acciones reportadas por la autoridad incluyeron la creación de una unidad especializada en la Policía Estatal Preventiva (PEP) para asistir a víctimas de violencia de género, la entrega de más de 22 mil volantes y pines para “concientizar” a la sociedad sobre el tema, la participación de la Policía Cibernética para combatir delitos como el sexting y el acoso en línea, la realización de conferencias de sensibilización y talleres de prevención en diversas comunidades así como el establecimiento de redes juveniles y comunitarias para promover la prevención de la violencia. 

Sin recursos ni acciones concretas  

El abogado Arturo Rubio Ruiz, representante de la Asociación Atención a Víctimas del Delito, calificó la Cruzada Estatal contra la Violencia de Género como una “campañita publicitaria” sin acciones concretas ni los recursos necesarios. 

Rubio Ruiz informó que, hasta febrero de 2023, existía un rezago de más de tres mil carpetas de investigación sin atención en casos de violencia de género en BCS. Además, subrayó la sobrecarga del sistema judicial, en el que aproximadamente 500 carpetas de investigación están asignadas a una sola psicóloga, situación que calificó de insostenible. 

Mientras las autoridades señalan que la difusión de “Párale a la Violencia” ha provocado mayor confianza para las víctimas al interponer una denuncia, Daniela Reyes, integrante del colectivo feminista Calafias aborto seguro, mencionó que su difusión no ha reflejado un cambio en la entidad, pues tan solo a principios de enero hubo un aumento en denuncias por violencia familiar con 324 casos más que en 2022 y 11 violaciones más en el mismo periodo.  

Para algunas activistas, miembros de colectivos feministas, esto demuestra que se trató de una campaña fallida, ya que las víctimas de violencia no perciben un cambio. “Una campaña muy discursiva, pero en los presupuestos, en los programas y sobre todo en la percepción de las víctimas de violencia vemos que no ha habido un cambio. En el discurso también está esta desestimación de la violencia. 

“Se desestimó el problema con estos comentarios, en los que hablan de que los feminicidas son monstruos o casos que se salen de las manos y no se puede prevenir. Con este mensaje, lo que nos está diciendo el gobierno del estado, es que tenemos que normalizarlo, que es algo que inevitablemente va a suceder, que tenemos que acostumbrarnos a que maten a nuestras hermanas”, lamentó la activista. 

Daniela Reyes sostuvo que, en cada dependencia de gobierno, se han efectuado cursos y talleres para el personal; sin embargo, siguen presentándose instituciones insensibles, poco empáticas, revictimizantes con los familiares y con las víctimas. Por lo que considera que ha sido una estrategia incongruente. 

Según las consideraciones de hecho y de derecho dentro del documento, se establece que el objetivo principal de la campaña consistió en concientizar a la sociedad sobre el aumento de la violencia contra las mujeres, promover la cero tolerancia hacia estas conductas y fomentar la denuncia de casos de violencia. Sin embargo, esto contrasta con lo que originalmente pretendía la Cruzada Estatal Contra las Violencias de Género, que buscaba no sólo sensibilizar, sino también implementar políticas y acciones concretas que incluyeran refugios, apoyo a las víctimas y una infraestructura más robusta para la atención de la violencia de género. 

Es decir, el documento sostiene que el enfoque de “Párale a la Violencia” se limitó, principalmente, a la concientización, sin un respaldo claro de recursos ni acciones sostenibles.