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Las campañas políticas en Veracruz para la elección de presidentes municipales emprendidas oficialmente el 29 de abril y que concluirán el 28 de mayo, suceden en un contexto de violencia. Varios candidatos de todos los partidos políticos han sido también las víctimas directas de la violencia que golpea a la entidad gobernada por Morena desde el sexenio anterior.
El año 2024 estuvo marcado por la violencia política, pues al menos 12 incidentes tuvieron lugar desde el 10 de noviembre, cuando empezó el proceso electoral en Veracruz que culminará el primero de junio. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE) se disputan 212 presidencias municipales, 212 sindicaturas y 630 regidurías.
A pesar de los hechos, incluidas las renuncias de candidatos de varios partidos por amenazas, el asesinato de otros más y la solicitud formalmente efectuada por 20 aspirantes para protección, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil rechazó que en la entidad existieran “focos rojos” por la violencia durante el proceso electoral.
Para generar un ambiente de seguridad y tranquilidad, el funcionario declaró que se coordinaban con el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y con el INE, que atienden cada oficio solicitado y, sobre todo, brindarán el “acompañamiento necesario” para quienes lo pidan.
“Hemos sostenido reuniones para estar atentos, la federación y desde luego el estado y los municipios para estar al pendiente de los protocolos que debamos realizar para darles las facilidades, la contención y la seguridad”, aseguró a medios locales.
Pero la situación en Veracruz superó la percepción de Ahued Bardahuil. En el primer día de campañas, otro asesinato político se perpetró: Germán Anuar Valencia Salgado, candidato de Morena-PVEM a la presidencia municipal de Coxquihui, fue asesinado a balazos en su domicilio y otras cinco personas, entre ellas un menor de edad, resultaron heridas.
El nueve de diciembre de 2024, el diputado federal Benito Aguas Atlahua, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –expresidente municipal de Zongolica– fue asesinado a balazos a bordo de su camioneta en la comunidad de Tepenacaxtla. En el ataque, perpetrado por dos individuos en motocicleta, también murió el empresario Agustín Linares. Este hecho, ocurrido antes del inicio formal de las campañas municipales, ensombreció el comienzo del proceso electoral local 2025 en el estado.
Unos días después, el 19 de diciembre de 2024, el extesorero municipal de Tlilapan, Evodio Romero Pérez, fue asesinado a tiros. La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por este crimen. Si bien ya no ocupaba un cargo al momento del ataque, su homicidio contribuyó al clima de inseguridad política en la región.
El pasado tres de enero se reportó la desaparición de Carlos Antonio Salinas Guerrero, coordinador municipal de Movimiento Ciudadano (MC) en Naranjos Amatlán, Salinas, quien se perfilaba como aspirante de MC a la presidencia municipal, fue visto por última vez la noche del tres de enero y no volvió a su hogar, por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha por persona desaparecida. MC exigió a las autoridades su localización con vida, y se advirtió que ningún veracruzano debería enfrentar este tipo de situaciones. Al cierre de abril, su paradero permanecía desconocido.
El ocho de enero, Manuel Andrei Gamboa Soto, director de Gobernación del Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, también en la zona centro de la entidad, fue asesinado a balazos cuando viajaba en un vehículo oficial sobre la Unidad Habitacional Potrerillo III, municipio de Ixtaczoquitlán. La Fiscalía estatal confirmó el inicio de una investigación y se difundió, como en cada hecho de este tipo, que “no habrá impunidad”.
Tan solo un mes después, el ocho de febrero, Carlos Ramsés Neri Rodríguez, secretario del ayuntamiento de Paso del Macho y aspirante de la alianza PVEM-Morena a la presidencia municipal, fue asesinado con su hermano Juan Daniel. Ambos fueron hallados sin vida en un camino rural de Paso del Macho, tras haber sido reportados como desaparecidos un día antes. Este doble homicidio sacudió a la región central del estado y generó protestas de familiares y reclamos de justicia entre la comunidad.
El nueve de febrero, Vicente Domínguez Aparicio, empresario ferretero y aspirante de Morena a la presidencia municipal de Cotaxtla, fue secuestrado mientras participaba en la pinta de bardas proselitistas. Hombres armados lo interceptaron y se lo llevaron en un vehículo rumbo a Tierra Blanca. Cuatro días después, Domínguez fue localizado con vida, aunque con golpes en el cuerpo.
El 25 de febrero, Víctor Manuel Rodríguez Cobos, regidor priista del ayuntamiento de Poza Rica con aspiraciones a la presidencia municipal, fue privado de la libertad por un comando mientras viajaba en su vehículo. Un mes antes, Rodríguez había sobrevivido a un atentado a balazos. En el caso del secuestro, el regidor fue liberado días más tarde por sus captores sin que se detallaran las circunstancias de su rescate.
El 24 de marzo, Anell Acevedo Castellanos, precandidata del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de La Antigua, anunció su retiro de la contienda electoral tras recibir una amenaza anónima dirigida a ella y su familia. Acevedo relató que le llegó un mensaje intimidante pidiéndole “que se retire de la contienda” y le produjo temor por la seguridad de sus seres queridos. Con voz entrecortada, declaró en video que valoraba más la vida y tranquilidad de su familia y equipo, que su aspiración política, lamentando que “la política de ninguna manera debe ser bajo amenazas”. Acevedo abandonó así su precandidatura días antes de formalizar su registro ante el OPLE.
El 31 de marzo, Iván López Fernández, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Cosautlán, renunció a sus aspiraciones tras una serie de amenazas e intimidaciones. En días previos, personas desconocidas habían hostigado a su familia, vandalizaron un vehículo de sus padres y dejaron mensajes amenazantes en su domicilio familiar. López difundió un comunicado en sus redes sociales explicando que no estaba dispuesto a arriesgar la integridad de sus seres queridos por participar en la elección.
“Valoro mucho mi paz… no me permitiría poner en riesgo la tranquilidad de los míos”, lamentó al declinar su candidatura que había sido confirmada unos días antes.
El 1° de abril, Crispín Hernández Sánchez, candidato del PT a la presidencia municipal de Mixtla de Altamirano, sufrió un atentado armado contra su propiedad. De madrugada, sujetos desconocidos rafaguearon 20 veces la camioneta blanca del candidato y luego le prendieron fuego en la localidad de Xóchitl. No hubo personas lesionadas, pero en la escena se encontró una cartulina con un mensaje intimidatorio atribuido a la delincuencia organizada, en el que le ordenaban que desistiera de su postulación. Hernández denunció los hechos ante las autoridades y dirigentes del PT exigieron mayor seguridad para sus candidatos, condenando que se intente intimidar así a los participantes de la contienda.
El 13 de abril, Miguel Ángel Anaya Castillo, reportero y director del medio digital Pánuco Online, desapareció tras meses de denunciar hostigamiento ligado a su cobertura política local. Desde febrero, Anaya había alertado que individuos desconocidos acudieron a su domicilio con el engaño de traer “un mensaje de parte del presidente municipal” de la zona, y que lo vigilaron de forma intimidante. El 13 de abril se le perdió el rastro y días después la organización Artículo 19 exigió al gobierno estatal y a la Fiscalía una búsqueda urgente para hallarlo con vida. Al periodista ya le habían advertido que “tuviera cuidado” y que atentarían contra su familia si continuaba su labor informativa crítica.
El dirigente estatal de MC, Luis Carbonell de la Hoz, reveló que más de 10 de sus aspirantes a las presidencias municipales en Veracruz habían recibido amenazas de grupos criminales para que abandonaran la contienda. Carbonell indicó también que los mensajes intimidatorios provinieron de diversos grupos no identificados y se dirigieron a hombres y mujeres en el norte, sur y zona montañosa de Veracruz.
“Incluso, muchos de ellos me han dicho: no digas nada hasta que sea el proceso porque no nos vayan a matar; muchas mujeres amenazadas, es preocupante, a nadie le gusta decirlo, pero alguien tiene que alzar la voz”, denunció Carbonell de la Hoz.
A la par, el líder del MC reconoció que sí existen “focos rojos” por inseguridad en las distintas regiones del estado de Veracruz, hay personajes de la política que han solicitado protección policial para realizar sus actividades en distintos municipios.
Por este motivo, la dirigencia de MC emitió un oficio al OPLE para garantizar que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brinde acompañamiento a los aspirantes de este partido político.
“Entonces, primero se genera una gran preocupación. Segundo, que estén intimidando a nuestros candidatos nos demuestra que somos la opción; pero también hago un llamado a la SSP para que cumpla con su responsabilidad y garantice la vida y la seguridad”, reconoció.
Por cuestiones de seguridad, el político veracruzano omitió los nombres de los aspirantes y los municipios donde se han reportado las amenazas contra sus precandidatos y agregó que los afectados se niegan a presentar las denuncias en la Fiscalía por presunta desconfianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia.
Ante el número de renuncias por temor, el OPLE Veracruz amplió el plazo de registro de candidaturas hasta el cuatro de abril (la fecha original era el 31 de marzo), ya que varios partidos no habían completado sus planillas a tiempo debido a las renuncias y dificultades por amenazas.
Para esa fecha límite, Elvia Merlín Castro, promotora de Morena y aspirante a la presidencia de Cosoleacaque, decidió retirarse de la contienda citando las “situaciones de inseguridad” prevalecientes. Merlín, cuya hermana y sobrina fueron asesinadas en 2021, informó que, en las últimas semanas, tanto ella como su equipo de trabajo fueron seguidos e intimidados en las calles, y por la tranquilidad de su familia optó por declinar su candidatura.
El martes 29 de abril iniciaron las campañas por las 212 presidencias municipales. A unas horas del comienzo, se suscitó la ejecución de un candidato de Morena y el PVEM a la presidencia municipal de Coxquihui, zona norte del estado. La FGE informó que en un inmueble ubicado en la localidad Arenal de este municipio, se registró un hecho en el que la víctima, identificada como Germán Anuar Valencia Salgado, perdió la vida debido a heridas por proyectil de arma de fuego y cinco personas más resultaron lesionadas: dos mujeres, un hombre, un adolescente y una menor de edad.
Sin embargo, a través de un comunicado sobre el hecho, destacó que la víctima presuntamente estaría vinculada a los homicidios registrados unos días antes, cuando fallecieron un hombre y una mujer en los municipios de Coxquihui y Espinal.
De visita en Xalapa y en Veracruz, donde llegó a abrir campaña con sus candidatos, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, condenó el hecho y sólo subrayó que tanto el gobierno del estado como la FGE ya lo investigaban.
Alcalde omitió señalar que quien gobernó la entidad durante el sexenio pasado fue su partido, en manos de Cuitláhuac García. Y ahora continúa gobernando con Rocío Nahle.
Por su parte, el dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, expuso que es un signo ominoso y una afrenta que, en el primer día de las campañas electorales, se busque, inclusive por los medios más arteros, amedrentar, generar miedo entre la población y arrebatar lo que por derecho pertenece a la sociedad: el poder de decidir y elegir libremente a sus autoridades.
Asimismo, destacó que este hecho se había señalado con anticipación y lamentó que la mandataria estatal haya descalificado a quienes le advirtieron sobre el incremento de la violencia en pleno proceso electoral.
“La declaración de la gobernadora de que los candidatos son chillones y que no hay inseguridad, a ver, ¿qué nos dice después de lo acontecido hoy? Es vergonzoso e indignante el clima de violencia que ha marcado los procesos electorales recientes en todo el país. Al lado de los veracruzanos y de las veracruzanas de bien, la dirigencia y la militancia priista exige que se detenga toda amenaza que ponga en riesgo la seguridad de nuestro estado”, espetó.
Hasta los primeros días de campaña, unos 22 candidatos han solicitado protección del gobierno estatal.
Los analistas políticos avizoran un panorama “terrible y oscuro” en el que los ciudadanos pagarán las consecuencias de este “intercambio de golpes”, por lo menos hasta abril, cuando Morena decida las candidaturas a presidentes municipales de Baja California.
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Escrito por Yamiri Rodríguez
Corresponsal Veracruz