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Fiscalía, omisa en acciones para hallar a desaparecidos en Chiapas
En los últimos dos años han desaparecido cientos de personas en Chiapas, sobre todo en la frontera sur, donde la gente está indefensa, en la incertidumbre y dolor, sin que las autoridades, incluida la FGE, intenten evitarlo o atiendan a las víctimas.
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La disputa de “plazas” en Chiapas entre organizaciones criminales ha provocado la desaparición de decenas o cientos de personas en los últimos dos años. La mayor incidencia del problema se produce en la frontera sur, donde muchas se hallan en permanente estado de indefensión, incertidumbre y dolor sin que las autoridades, entre ellas la Fiscalía General del Estado (FGE), intenten evitarlo o atiendan a las víctimas.

Radú Pérez Ávila y Teresa Bautista Díaz viven esta terrible experiencia desde diciembre de 2021, cuando perdieron comunicación con sus hijos Radú y Daniel mientras éstos viajaban hacia La Mesilla, Guatemala, para comprar sandalias que revenderían en su lugar de origen, Pichucalco, como solían hacerlo.

 

 

Los jóvenes habían salido de este municipio el 19 de diciembre; y fue a partir de la madrugada del día siguiente, mientras transitaban por la comunidad Chamic, municipio de Frontera Comalapa (considerada “foco rojo” por la abundante presencia de grupos criminales), cuando su padre Radú Pérez Ávila perdió por completo el contacto con ellos.

En un par de ocasiones ha tenido el valor de recorrer esa región en busca de sus hijos porque la FGE, institución encargada de hacerlo, ha hecho caso omiso de la petición y se ha limitado a “prometerle” que lo hará.

Por ello, Radú afirma que las “autoridades son pura mentira, nos tienen abandonados” y doña Teresa, la madre, comenta que, hasta ahora, la única conjetura es que los desaparecidos fueron interceptados por un comando del crimen organizado para despojarlos del automóvil Tsuru (azul) en el que viajaban.

“Pero esta versión surgió luego de que dimos una rueda de prensa (en Tuxtla Gutiérrez); pero no sabemos qué tan cierto sea. Además, luego de que mis hijos desaparecieron, han desaparecido muchas personas; y la fiscalía solo dice que los busca; pero hasta ahí”.

Pérez Ávila reveló que, a raíz de la desaparición de sus hijos, él y su esposa ya no compararon mercancías en Guatemala; ahora lo hacen en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas. Pero “seguimos en la lucha con lo poquito que hay”, informó a este semanario. Asegura que su hijo Radú tiene 36 años, es enfermero de profesión y padre de tres hijos menores; y que Daniel tiene 30 años, es abogado y soltero, aunque siempre se han dedicado al comercio. “Hemos sido muy unidos; por eso el ya no tenerlos nos ha quebrado como familia. Estamos despedazados.

 

 

“Mis hijos eran tranquilos, trabajadores, humildes, no se drogaban ni tomaban; pero como somos pobres, este gobierno no nos escucha”, señaló, y agregó que existe la posibilidad de que alguno de los cárteles los haya reclutado, aunque lo más probable es que los hayan asesinado.

Este panorama, sin embargo, no lo hace perder la esperanza de encontrarlos e insistirá en su búsqueda, a pesar de la advertencia de que en Chamic, y en otras regiones del estado, existe el riesgo de que lo puedan matar o desaparecer.

 

Aumentan desapariciones

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha señalado que este problema se agudizó en 2007; y que a la fecha se han computado 112 mil desapariciones en la República.

Hasta el 15 de febrero de 2023, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas había reportado que más del 88 por ciento de las víctimas eran mexicanas (dos mil 671), 2.39 por ciento extranjeras y 9.10 por ciento de nacionalidad desconocida.

La misma institución reporta que, de 1964 al 15 de febrero de 2023, habían desaparecido 18 mil 838 niñas, niños y adolescentes; que de 2007 a la fecha hubo 15 mil 707; y que las entidades federativas con más víctimas de estas edades son Estado de México, Tamaulipas, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Sonora, Morelos, Puebla y Guerrero.

 

 

La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias aseguró que mil 831 desapariciones de infantes y adolescentes entre 2018 y 2022 ocurrieron en Chiapas, de los cuales 518 aún no han sido localizados.

Maribey Martínez López está cansada y desconfía de la FGE; ha presentado pruebas suficientes para que la dependencia realice la búsqueda de su hijo; pero no lo hace y los funcionarios siempre le ofrecen la misma respuesta: “estamos buscando a su hijo”.

El cinco de abril de 2022, Oswaldo Daniel Alfonso Martínez, recién egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde cursó la carrera de veterinaria y zootecnia, salió de su casa con dirección al centro de Comitán; nunca volvió a tener contacto con su madre.

Desde ese día, su progenitora lo ha buscado sin cesar, ha organizado marchas y mítines, repartido y pegado miles de volantes y carteles con su fotografía en postes y paredes de las calles de Tuxtla Gutiérrez para exigir su búsqueda a las autoridades, incluso en fosas clandestinas. Hasta ahora, únicamente ha logrado saber, luego de conseguir grabaciones de cámaras de videovigilancia, que Oswaldo fue levantado por gente armada que viajaba en una camioneta.

“Estoy llena de tristeza y muchas frustraciones; pero también de coraje ante la falta de acción de la autoridad”, lamentó a buzos; además, denunció que la policía especializada de la FGE, adscrita al distrito Frontera-Sierra, no agilizó las investigaciones pertinentes para localizar a su hijo.

 

 

Según ella, las únicas evidencias disponibles han sido obtenidas por ella, otros familiares y amigos durante sus recorridos en Comitán, los cuales le han provocado un enorme desgaste físico, emocional y económico. Afirmó que su hijo es una persona que “no se mete con nadie”, y lo definió como “un muchacho de casa”; y aseveró que no descansará hasta conocer su destino; y pronosticó que viajará a la Ciudad de México para exponer su caso a las autoridades federales. “No quiero que archiven el caso como lo hacen con otros”, dijo a buzos.

 

Despiadada forma de borrar crímenes

Gerardo González, investigador del Colegio de la Frontera Sur comenta que, desde 1994, cuando surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y propició la aparición de grupos paramilitares, también surgieron los cárteles de las drogas en Chiapas.

Desde entonces se produjeron las desapariciones violentas, incluso la despiadada práctica de desmembrar o deshacer con ácido a sus víctimas para no dejar huella; aunque, en esos años, el número de estos hechos era de menor escala, acaso debido a que eran producto de acciones político-militares.

 

 

González considera que las desapariciones se han elevado en los últimos años, sobre todo en regiones indígenas y en la frontera, donde el ingreso de las fuerzas armadas resulta complicado; y cita algunas de las causas de estas acciones criminales:

“Estos grupos delincuenciales desaparecen a la gente porque tiene una deuda con el narco, por un ajuste de cuentas que puede ser desde la novia mancillada o el ‘cuerno’; hasta por deudas de carácter económico; y hay otras de carácter político”.

El investigador calcula que el 90 por ciento de las víctimas de “levantones” son ejecutados por los delincuentes por causas directas e indirectas:

“Quiero decir que no cometieron un delito, sino que puede estar inmerso un familiar en ese delito, porque así son las amenazas. Por ejemplo, el caso de una familia amenazada, porque el hijo se fue de migrante y dejó deudas; pero las tenía que pagar; y primero golpearon a un sobrino, entonces fue como una forma de decirle: esto le pasará a otro familiar o a ti si no pagas”.

Victórico Gálvez, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, afirma que el ambiente social en Chiapas es hoy “grisáceo” debido al aumento de las desapariciones por la falta de acción del Estado en la investigación y la búsqueda de las personas desaparecidas.

“Vemos ese incremento con la entrada del actual gobierno; y de esas cifras da constancia el registro de personas desaparecidas”, añadió el activista, quien precisó que del 1° de diciembre de 2018 al 22 de marzo de 2023, hubo mil 272 personas en esa situación.

 

 

En Chiapas, los municipios con más “levantones” son Tuxtla, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de Las Casas y Frontera Comalapa, agrega el reporte.

Sin embargo, para Victórico Gálvez, estos números no representan lo recurrente en las tres localidades fronterizas con Guatemala, en cuyas rutas hay “mucha movilidad de personas que vienen de Centroamérica o Sudamérica, y no portan documentos; entonces jamás se pondrá una denuncia o se abrirá un expediente en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, porque su situación migratoria es ilegal”.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de las personas extranjeras reportadas como desaparecidas en territorio mexicano, las estadounidenses representan el 0.5 por ciento (557 personas) y las de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice, Panamá) 1.21 por ciento, es decir, mil 348.

Gálvez advierte que las autoridades se muestran apáticas en la atención de estos casos y que la misma actitud se observa en la sociedad porque “no comparte la información, como ocurre con las fichas de búsqueda”.

 

 

Un comando se llevó a su hija

El ambiente de zozobra a causa de la inseguridad pública en Chiapas es cada vez mayor. El 17 de diciembre de 2022, Cassandra Arias Torres estaba a punto de presenciar la boda de su mamá en un salón de fiestas del municipio de Berriozábal cuando hombres armados entraron y se la llevaron a ella, a su novio, un tío y al tecladista.

Isabel Torres, su madre, está desesperada y la ha buscado por todos los medios, sin que a la fecha hayan obtenido ninguna respuesta positiva. Incluso asistió a una conferencia de prensa ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 20 de marzo en la VII Región Militar de Tuxtla Gutiérrez.

La mujer se siente agobiada no solo por la ausencia de su hija, de apenas 18 años, sino porque casi a diario debe soportar las amenazas de muerte que recibe de los secuestradores para obligarla a que desista de buscarla y de la demanda que interpuso en la FGE.

 

 

Según ella, su hija es una joven tranquila que no buscaba problemas; y aunque sufría adicción a las drogas, estaba en proceso de sanación. Además, buscaba superarse mediante el ejercicio de varias actividades, entre ellas atender a su hijo de tres años, un vivero y aprender a poner uñas postizas.

No entiende por qué los hombres que se la llevaron “en camionetas que tenían logos parecidos a los de la fiscalía”, al día siguiente del secuestro, dejaron en libertad a su hermano y al tecladista, a diferencia de ella y su yerno, de nombre Héctor.

A esta terrible incertidumbre se suma el temor de que los plagiarios cumplan sus amenazas de muerte contra ella, incluso contra sus padres, quienes ahora están en Berriozábal.

Sin embargo, afirma que buscará a Cassandra en otras regiones de Chiapas, ya que se ha unido a grupos de feministas y madres que buscan a hijas desaparecidas y víctimas de feminicidios.

La organización no gubernamental Causa en Común ha dado a conocer que, en 2022, Chiapas ocupó el primer lugar nacional en víctimas de feminicidios, masacres, desapariciones, infanticidios y asesinatos de funcionarios públicos, con mil 370 atrocidades; la entidad más cercana fue Veracruz, que sumó mil 198.

Mientras en Chiapas siguen ocurriendo desapariciones, como lo que les sucedió el pasado miércoles 22 de marzo a siete personas (autoridades ejidales) de la colonia Nueva Libertad, municipio de Frontera Comalapa, el abogado Victórico Gálvez advierte que la autoridad también continuará con su misma omisión o apatía.

 

 

“Llegas a la Fiscalía de Desaparición Forzada y la cometida contra Particulares, presentas tu denuncia por desaparición y de inmediato te advierten que la pondrán por persona no localizada, porque de seguro se emborrachó y va a aparecer. Así te dicen; solo sacan sus hipótesis, es común”, denuncia el abogado Gálvez.

Ante esta situación, apuntó el activista, solo queda presionar a las autoridades para exhibir este grave problema social y recurrir a la Organización de las Naciones Unidas, como lo hicieron los familiares de los 19 desaparecidos del municipio de Pantelhó en julio de 2021, para de ese modo apresurar al Estado para que se ocupe de sus “obligaciones, que no puede dejar de atender”.


Escrito por Christian González

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