La tóxica combinación del vicioso poder de las corporaciones y la nula ética de las cúpulas políticas se traducen en corruptelas que laceran al interés del Estado y sus ciudadanos.

Ofrecer y aceptar sobornos multimillonarios, encubrir masacres de poblaciones inermes, recibir bienes y dinero por favores políticos, incitar y amafiarse para expoliar a la nación, reformar leyes a favor de unos o traficar con influencias, son corrupción. Y si bien esas prácticas no son exclusivas de América Latina (AL), el hartazgo social y la creciente independencia del sistema judicial ya llevó a la cárcel a expresidentes de la región. Los únicos antídotos contra la impunidad son la transparencia y rendición de cuentas; fortalecerlos es el gran reto para el continente.

Nuestra región no es la más corrupta del mundo. Aquí, por primera vez en la historia, se observa la acción sistemática e independiente del sistema judicial que ya logró procesar a varios exmandatarios. Son, pues, trascendentes los sucesos en AL, y dos ejemplos ilustran ese optimismo: el reciente arresto de los expresidentes de Colombia y Ecuador.

Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia (2002-2006 y 2006-2010), era hasta el cuatro de agosto el político más influyente de Colombia y gran aliado de Estados Unidos (EE. UU.). Ese día, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó su arresto y ello profundizó la enorme brecha ideológica en el país de las esmeraldas, del exquisito café, la guerrilla más antigua, las plantaciones de coca y el mayor número de desplazados internos del planeta.

La Corte acusa a Uribe por presuntos delitos de soborno y fraude procesal, si bien muchos añaden otros de lesa Humanidad. Para algunos logró la seguridad del país y para otros impuso el fascismo antiinsurgente que causó miles de muertos.

Su detención amenaza la frágil reconciliación nacional, tras el acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que concluyó la guerra interna más duradera del continente. Sin embargo, abre la esperanza de luchar contra la impunidad.

Para no juzgar al exsenador del partido Centro Democrático, de Uribe, revivió el cinco de agosto su plan de reforma judicial. Su colega Paloma Valencia, aseguró: “Colombia tiene ya demasiadas heridas y la detención de Uribe dificulta toda reconciliación”. No obstante, el 12 de agosto, y por primera vez en la historia del país, la CSJ registró a Uribe como el preso número un millón 87 mil 985.

Decidido a victimizarse, el hombre a quien sus adeptos llamaron El Gran Colombiano, culpó a sus adversarios por Twitter: “Hoy fui reseñado como preso. Sin pruebas, solo inferencias. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia”.

Uribe Vélez ingresó al servicio público como director de Aeronáutica Civil, luego fue alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, presidente y senador. Conservador de cepa, impulsó una dura ofensiva contra las FARC con su política de seguridad democrática.

El caso que lo llevó de ser denunciante a denunciado, y a su arresto, es por soborno y fraude procesal contra el senador Iván Cepeda, al que acusó de manipular a falsos testigos y beneficiar a paramilitares. En 2012, Cepeda lo contrademandó y la CSJ falló a su favor, pues en seis años no halló evidencias que respaldaran la denuncia de Uribe, quien sostiene que hay ánimo persecutorio.

A su vez, el Tribunal Superior de Medellín acusa a Uribe por las masacres de El Aro, La Granja (1996) y el asesinato del líder Jesús María Valle (1998), cuando Uribe gobernaba Antioquia. Otros tres asuntos nublan aún más su prontuario: las llamadas “chuzadas del DAS” (Departamento Administrativo de Seguridad), los falsos positivos e injurias a periodistas en 2009.

 En su presidencia, el hoy extinto DAS hizo intercepciones y vigilancia ilegales a defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales (ONG), líderes políticos y periodistas, a los que Uribe calificó como “terroristas”.

En 2017, la CSJ condenó al exdirector del DAS, Jorge Noguera, y pidió investigar al expresidente. A su vez, el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, sostuvo que esos actos fueron parte de la “política de seguridad democrática que impulsó la presidencia”.

El caso de los falsos positivos dio la vuelta al mundo. Entre 2002 y 2008, militares cometieron asesinatos extrajudiciales a civiles, que indebidamente calificó como “muertos en combate”.

Según Human Rights Watch, en tres años hubo dos mil 500 civiles víctimas de esa política. El informe histórico Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia 2002-2010: obediencia ciega en campos de batalla ficticios, del Centro Nacional de Memoria (CNM), plantea 10 mil víctimas.

Uribe niega haber ordenado esos asesinatos; asegura que enfrentó y sancionó toda violación contra los derechos humanos. Reclama que los “voceros del terrorismo” saben que la Fiscalía General de la Nación (FGN) levantaba los cuerpos.

Ante nuevas denuncias en 2008 afirmó: “retiré a 27 altos militares”. Hoy purgan sentencia, por esas ejecuciones, más de 800 miembros de bajo rango del ejército, pero ninguno de los 16 generales activos y retirados fue investigado.

Siendo senador, Uribe llamó “violador de niños” al periodista Daniel Samper Ospina, quien en su columna hizo una sátira de la región del expresidente, en un tuit del 14 de julio de 2019; Samper protestó y advirtió medidas legales y se burló del nombre de la hija de una senadora del partido de Uribe.

 El expresidente lo acusó de atacarlo a él y a su familia por hacer “publicaciones pornográficas con menores”. Samper lo denunció por injuria y la CSJ falló a su favor; ordenó a Uribe eliminar esas calumnias de su cuenta y retractarse.

Aliado y héroe

El 14 de agosto, el vicepresidente estadounidense Mike Pence llamó “héroe” a Uribe y pidió en Twitter el fin de su arresto domiciliario. “Al estar el expresidente Álvaro Uribe bajo arresto domiciliario, nos unimos a todas las voces amantes de la libertad alrededor del mundo para llamar a los funcionarios colombianos a que dejen que este héroe, quien ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad, se defienda como hombre libre”.

En septiembre de 2009 quedó al descubierto la cercanísima relación Washington-Bogotá en la era de Uribe, cuando el colombiano declaró ante el pueblo estadounidense, en la víspera de la visita de George Walker Bush: le “ruego mantener la ayuda” para derrotar a la guerrilla y al narcotráfico con el Plan Colombia.

Y aunque entre 2001 y 2016, EE. UU. invirtió 10 mil millones de dólares (mdd) en ayuda militar a Colombia –el mayor presupuesto bélico de la potencia, tras el concedido a Israel– el delito no disminuyó. En cambio, en mayo de 2018 Nicholas Casey, en The New York Times, reveló que cables diplomáticos desclasificados en EE. UU. sugerían nexos de Uribe con narcotraficantes.

Al analizar los primeros tres años de la gestión de Uribe, el investigador Leonardo Carvajal sostuvo que “narcotizó” la política exterior y priorizó a EE. UU., mientras ocupaban el servicio exterior “políticos o empresarios afectos al gobierno, pero sin experticio alguno en materia internacional”.

Bucaram preso

El 12 de agosto fue detenido, en un allanamiento, el expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram (1996-1997), acusado de delincuencia organizada. Nueve días antes, el exmandatario y sus tres hijos (ahora prófugos) fueron detenidos y luego liberados en una investigación por comercio ilegal de insumos médicos (pruebas y mascarillas) en medio de la pandemia.

Bucaram fue depuesto por acusaciones de nepotismo y corrupción, así como por “incapacidad mental para gobernar” y se exilió 20 años en Panamá esperando que prescribieran los procesos en su contra.

Se le acusa de ordenar el asesinato del israelí Shy Dahan en su celda el ocho de agosto. Él y otro conciudadano transportaron 100 mil dólares con documentos falsos de identidad, como elementos de la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE. UU. La embajada israelí en Ecuador urge a la justicia a investigar el caso.