Un presidente cuestionado en cortes estadounidenses por supuestos vínculos con delincuencia organizada y un pueblo en pobreza endémica que enfrenta fuerte militarización, alta corrupción y criminalidad son los componentes de una tormenta perfecta que pronostica arrasar toda marca de gobernabilidad en Honduras.

En este país centroamericano, catalogado como el más peligroso para los defensores ambientalistas, la pandemia del Covid-19 exhibió los problemas y riesgos para la democracia. La masiva emigración de hondureños hacia Estados Unidos (EE. UU.) impactó ya en México, donde esperan respuesta a sus solicitudes de asilo.

En los últimos 40 años, Honduras ha vivido sacudidas sociales derivadas de los reacomodos geopolíticos en el mundo, tras el fin de la Guerra Fría y el quebranto de los gobiernos progresistas en América Latina (AL). Desde el golpe de Estado de 2009, la crisis evolucionó hacia la ingobernabilidad en la administración de Juan Orlando Hernández.

Por esa precariedad democrática, el país centroamericano, que iguala en superficie a Durango, es incapaz de brindar seguridad, bienestar y gobernabilidad a sus 9.6 millones de habitantes, la mayoría jóvenes (53 por ciento). Menos ahora en la época de la pandemia del Covid-19, que afectó al propio mandatario.

La impunidad, que aumenta la pobreza y desigualdad, ha condenado a millones de hondureños a emigrar hacia EE. UU. anualmente para sobrevivir y enviar dinero a sus familias. Ese país, dominado desde inicios del Siglo XX por las compañías bananeras, se mantiene como el mayor exportador del fruto, así como el segundo productor regional de café.

El 48 por ciento de los hondureños vive bajo el umbral de la pobreza y el 22 por ciento en pobreza extrema. Cuando llegó el Covid-19, los gobiernos respondieron con autoritarismo: cerraron fronteras, impusieron toque de queda total y restringieron el movimiento de personas fuera de casa.

Hace semanas, la economía empezó a reabrir tras una cuarentena de tres meses, por la que se perdió medio millón de empleos. El freno a las cadenas de suministros cerró aún más las posibilidades de trabajo e ingresos al medio millón de hondureños que carece de educación básica.

Y es que, en el primer país exportador mundial de plátano, el 26.6 por ciento de su Población Económicamente Activa (PEA) es analfabeta y el campesinado depende de una agricultura que controla el sector exportador. Por ello, entre abril y julio de 2019 estallaron huelgas y protestas –violentamente reprimidas con saldo de varias muertes– tras las reformas a los sistemas de salud y educación, que por ello se derogaron.

Oligarquía y corrupción

La pobreza se agudiza por el alto índice de corrupción y la vulnerabilidad del país a desastres naturales y plagas. Por ello, Honduras es el Estado centroamericano que más personas expulsa hacia EE. UU. y más de 100 mil de sus habitantes sufren la epidemia de dengue. Estos problemas y la emigración forzada, poco o nada interesan a la oligarquía terrateniente y al empresariado local.

En Honduras, los conservadores se agrupan en la Federación de Agricultores y Ganaderos y en organizaciones empresariales, sindicales, militares e intelectuales. Constituyen el llamado Bloque Oligárquico o Gobierno Paralelo en la Sombra.

Diez familias toman las decisiones en Honduras. Controlan industrias, bancos, medios de comunicación, policías, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Asamblea Nacional y el gobierno, escribió, hace unos años, Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra Hondureña.

Antes de ser brutalmente asesinada en 2016 por atacantes no identificados en su propia casa, la ambientalista del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Berta Cáceres, retrató así a esa clase: “El Estado no existe, mas bien fortalece a los poderes fácticos”.

Casi todos los oligarcas hondureños financian a los principales partidos y los miembros de esas familias han sido ministros del gobierno en turno, otros poseen medios de comunicación, equipos de futbol, aseguradoras, compañías telefónicas, firmas constructoras, de comida rápida y se han postulado a la presidencia de la república, indica Emma Volonté en su análisis en Otra América.

Ellos articularon el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya para fortalecer el modelo neoliberal. Sin embargo, esa élite conservadora y sumisa a EE. UU. no previó el impacto económico que ocasionó –pues los autores materiales saquearon las arcas públicas– ni el aislamiento al gobierno de facto que impuso la comunidad internacional.

La oligarquía terrateniente tampoco previó que por esa “rapiña”, más del 65 por ciento de la población se sumió bajo la línea de pobreza. Desde entonces, Honduras vive en estado permanente de crisis política y social, que se agudizó en 2017 con la decisión del presidente Juan Orlando Hernández de mantenerse en el cargo.

Cuando éste consiguió un segundo mandato, de forma sospechosa “Washington volteó a mirar al otro lado”, escribió Silvio Carrillo en The New York Times (2017) en su artículo El tirano en Honduras que EE. UU. pretende no ver.

La razón está en que, para la superpotencia, la base militar que posee en Honduras es muy útil porque acoge a cientos de sus tropas. Esto pesó más que la lista de actos autoritarios que por años han cometido Hernández y su secretario de Estado, Arturo Corrales, para asegurar su permanencia, agregó Carrillo.

Militarización y anarquía

A tres años de su polémica reelección, el presidente Hernández enfrenta una fuerte crisis sociopolítica interna, agudizada por la militarización y la imparable exigencia de la oposición para que deje el poder.

Desde mediados de los 80, los militares controlan Honduras. Ellos han apoyado con entusiasmo los esfuerzos de EE. UU. para frenar todo movimiento revolucionario en la región. Pero son incapaces de contener la violencia de las bandas delictivas dedicadas a todo tipo de tráficos y extorsiones, los que sitúan a Honduras con la mayor tasa mundial de homicidios per cápita.

En el gobierno de Hernández, las fuerzas armadas han sido ampliamente favorecidas. Extendieron sus funciones, lograron recursos para adquirir equipos y su operación se amplió a tareas de seguridad pública, lo que ha significado modernización y más prebendas.

Esto explica por qué el ejército no quiere el cambio de régimen y se desvincula de todo análisis y críticas al gobierno, entre las cuales hay acusaciones de narcotráfico que relacionan al presidente. Para muchos analistas, esto se debe a que los militares se conciben como el brazo armado de la oligarquía y del actual mandatario.

Tal control fáctico del poder político se acentuó con la pandemia. El ejército y las policías aumentaron su poder ante el silencio de los partidos; su presupuesto para seguridad se incrementó en esta crisis a un nivel difícil de revertir, así como su creciente importancia para la pospandemia, explica la politóloga de Flacso-México, Leticia Calderón.

“Todo esto plantea un desafío para los partidos políticos ante la próxima etapa electoral y queda la pregunta de cómo se formará el Congreso”, advierte la analista.

Libre corrupción

Por primera vez en la historia del país, en septiembre de 2019, los hondureños escucharon a un juez condenar a la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, a 58 años de prisión por corrupción. Entonces creció su expectativa de vivir en una nación justa. Nunca antes alguien de ese nivel había sido sentenciado por la justicia en Honduras, país azotado por la corrupción y la impunidad.

La esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) fue culpada por “drenar” las arcas del Estado con 16 millones de lempiras (650 mil dólares) y apropiarse de otros 12 millones de lempiras (480 mil dólares) de los fondos de la Casa Presidencial destinados a obras sociales. El exmandatario denunció “linchamiento” contra su consorte.

La denominada “Caja Chica de la Dama” fue denunciada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), entidad anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), que llegó al país en enero de 2016, tras un acuerdo firmado con el gobierno del presidente Hernández.

En cuatro años, la Maccih abrió múltiples investigaciones, creó el Circuito Anticorrupción y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, así como tribunales especiales para ese delito. Por ello, logró revelar el modus operandi de las redes de corrupción que han cooptado al Estado hondureño. Sin embargo, el gobierno desmanteló la lucha anticrimen en Honduras.

El antecedente de la Maccih data de 2015, cuando el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social generó el movimiento de indignación ciudadana que exigió la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción (CIC).

La pesquisa de la Misión reveló nexos entre más de 100 funcionarios y empresarios y capos de la delincuencia, así como la fuga del erario a fundaciones y el sistema financiero mediante el uso fraudulento de los recursos y concesiones de instituciones estatales.

El último informe publicado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) consideró a Honduras como “uno de los más corruptos” en AL, donde se roban entre 40 y 50 millones de lempiras (más de dos millones de dólares anuales).

Pese a fungir como dique de contención contra la corrupción y la impunidad, en enero de este año, la Maccih salió de Honduras porque el presidente no renovó su petición de ayuda y porque, sin duda, el país está cooptado por bandas criminales y delincuentes de cuello blanco.

Organizaciones anticrimen locales denunciaron: “Mientras las redes de corrupción controlen los principales mecanismos de poder, no será posible esperar avances significativos contra la impunidad ni en reducir la pobreza y desigualdad, menos aun en la democracia”.

 “El cierre de los organismos encargados de evitar ese flagelo dejó un sentimiento de orfandad y desesperanza en la región”, escribió en enero pasado el director del Centro de Estudios para la Democracia, Gustavo Irías, en The New York Times.

La ambigüedad de EE. UU.

Con su habitual dualidad política, el presidente de EE. UU., Donald John Trump, envió dos mensajes contradictorios a Honduras. Uno en el que afirmó apoyar la “cruzada” anticorrupción en ese país, y otro con el que decretó el freno a la inmigración centroamericana a su país. A la par mantuvo la abierta tolerancia hacia el régimen de Hernández.

Esta ambigüedad resurgió cuando se creía que ambos gobiernos pasaban por su peor momento debido a las masivas caravanas de migrantes. En enero de 2019, el periodista Fernando Berríos, de La Tribuna, reveló que hubo una reunión entre el titular del Departamento de Estado, Mike Pompeo, con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

En ese cónclave se puso al descubierto la estrategia geopolítica de ejercicio del poder y control de EE. UU. en el hemisferio, donde Honduras desempeña el papel de aliado estratégico y Hernández el de amigo de confianza, acusó Berríos.

En marzo de 2017, el vicepresidente estadounidense Mike Pence respaldó al hondureño. En su cuenta de Twitter, tras reunirse con el centroamericano, Pence lo describió como “buen amigo y aliado clave para promover la seguridad, estabilidad y democracia en Centroamérica”.