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El país que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejará en manos de la nueva administración tiene muy altos niveles de violencia e inseguridad pública; el mayor número de homicidios dolosos de la historia reciente; feminicidios sin freno; un sistema de salud sin medicamentos ni insumos; la infancia desatendida, un campo en crisis productiva; una economía más dependiente de Estados Unidos (EE. UU.); inflación que superó a toda prisa los aumentos al salario mínimo, elevó la deuda externa; y, sobre todo, mayor corrupción y opacidad en las operaciones financieras del Gobierno Federal.
Expertos coincidieron en que, en la pasada campaña presidencial, los tres candidatos no formularon propuestas viables ni mucho menos eficientes para resolver los grandes problemas de México; y que las negociaciones de libre comercio con otras naciones quedaron en buenos acuerdos comerciales, de crédito e inversión que favorecerán la creación de más riqueza, pero que ésta seguirá concentrada en pocas manos y no propiciará el desarrollo social requerido con urgencia por gran parte de la población mexicana.
En 2020, durante el confinamiento generado por el Covid-19, AMLO emitió su plan Nueva política económica, documento de 30 páginas en el que aseguró que se construía un nuevo modelo de país: “En México estamos construyendo, desde antes de la pandemia actual, y ahora con mayor intensidad, un nuevo modelo de país, con base en cinco principios fundamentales e indisolublemente relacionados entre sí: democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar”.
Pero hasta ahora, cinco años después, es evidente que su gobierno olvidó aquellos “principios”, porque ninguna de sus acciones ha erradicado la marginación, pobreza, desempleo e inseguridad pública que agobian a la mayoría de los 136 millones de mexicanos.
Especialistas en economía y seguridad social han afirmado que, a pesar del incremento gradual en el monto de los salarios mínimos durante el pasado lustro, su impacto no ha resultado positivo debido al aumento en los precios de las mercancías y servicios de mayor demanda nacional.
El llamado gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) se inició a finales de 2018 con la reducción salarial y el despido de miles de trabajadores del servicio público con el pretexto de que “ganaban mucho” y suprimió los comedores comunitarios, las guarderías infantiles, el programa Prospera y el Seguro Popular, aduciendo que en ellos se practicaba la corrupción.
Para AMLO, la corrupción es el problema de raíz de todos los males de México, pero los expertos en economía y política social señalan que esta explicación es errónea, pues el origen real de la desigualdad es la injusta distribución de la riqueza y que las medidas implementadas en el actual sexenio únicamente la profundizaron, provocando el agravamiento de otros problemas sociales.
Durante el sexenio que termina, se agudizaron las consecuencias del neoliberalismo, al que AMLO “erradicó” por decreto. En estos últimos años, la fortuna de los cinco multimillonarios más ricos de México superó al doble la de sus colegas de Latinoamérica, según el ranking de Bloomberg. Es decir, México es el país donde más aceleradamente se ha concentrado la riqueza en esta región, escribió en este semanario el doctor en economía Abel Pérez Zamorano.
Entrevistada por buzos, la doctora en economía y directora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CEMEES) Vania Sánchez Trujillo, advirtió que la administración federal morenista no aplicó ninguna reforma fiscal a las grandes fortunas, lo que significa que “el gobierno actual no fue diferente del de Enrique Peña Nieto”, agregó.
“Si revisamos con cuidado en qué consistió la política económica, notaremos que el gobierno movió, sobre todo –dado que no incrementó la bolsa de recursos de la que podía disponer– la mayor parte de los recursos a la política social de transferencias en efectivo a determinados sectores de la población, al sector de los adultos mayores y de los diversos sectores de la población joven con las distintas becas que creó, como la Benito Juárez o las dirigidas a los ninis. Esta política social se justificaba porque priorizaba a los pobres de México y también la distribución, pero no al crecimiento económico”, detalló la doctora Sánchez Trujillo.
Encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que, en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto (2018), los trabajadores recibían apenas el 26.5 por ciento del ingreso de su trabajo y que los empresarios se embolsaban 46 por ciento en forma de ganancia. Esta situación no cambió en el sexenio de AMLO, incluso, en una de sus conferencias matutinas de mayo de 2022 reconoció que en su gobierno “se ayuda también a los de arriba; yo les puedo decir que no hay un rico de México que en el tiempo que llevamos gobernando haya perdido dinero, y a las pruebas me remito, al contrario, les ha ido bien”, presumió.
Con respecto al alza del salario mínimo en este sexenio, pasó de 88 pesos en 2018 a 248 pesos este año –un aumento de 181 por ciento– tal monto permanece por debajo del costo de la canasta básica (dos mil 99 pesos en zonas urbanas y mil 762 pesos en zonas rurales), según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), lo que ha provocado que la política laboral no haya logrado mejorar la calidad de vida de los trabajadores, explicó la doctora Sánchez Trujillo.
Además, agregó: “hay una gran masa de trabajadores que se mantiene en el sector informal, que no cuenta con seguridad social como parte de sus derechos laborales y eso también afecta en que buena parte de la población no se vea beneficiada con este incremento al salario. Se estima que el 55 por ciento de los trabajadores de la población ocupada en México está en condiciones de informalidad, población que también creció en este sexenio en dos millones”.
Doña Gloria Clara Pérez, habitante del municipio de Macuspana, Tabasco, en la sierra indígena chol y tierra natal del Presidente, reveló a buzos que la situación económica ha empeorado desde que su paisano llegó a Palacio Nacional:
“Antes, con 100 pesos me alcanzaba para comprar mi despensa. Ahorita ha empeorado la situación porque con 100 pesos ya no sale nada. Un kilo de frijoles está en 45 o 50 pesos; el kilo de azúcar está en 38 o 39 pesos; prácticamente el dinero ya no nos alcanza. Está peor el asunto cada día”, añadió, y negó que reciba algún apoyo de los que tanto se jacta AMLO:
“Ni se diga de programas sociales; anteriormente había, ahora no hay nada de eso, vas a las oficinas a hacer gestiones para que te den un paquete de lámina, o de pollo; pero ahorita ya ni eso lo manejan en las dependencias del gobierno. Antes nos apoyaban con ese programa del bienestar, ahorita ya no. Para la educación de nuestros hijos, no hay nada de eso; está peor cada día. Antes yo trabajaba, ahorita ya no puedo porque tengo que cuidar a mis hijos por la falta de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo”.
Macuspana es gobernada por el morenista Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, quien se ausentó del cargo para contender por una diputación federal por el primer distrito. En 2021, este señor pintó un escenario de cuento de hadas en una reunión con el cabildo, al anunciar que realizaba gestiones ante los gobiernos Federal y estatal para ejecutar obras públicas y programas sociales que beneficiarían al pueblo de Macuspana.
“Me siento muy contento porque 2022 será un año de grandes proyectos y mucha derrama económica en beneficio de nuestros paisanos”, aclaraba el boletín oficial del ayuntamiento el cinco de diciembre de 2021. Pero hoy, doña Gloria sigue esperando, al igual que los macuspanenses pobres, las obras y los apoyos sociales.
“La situación económica en la que vivimos es cada día peor, porque el salario aquí es de entre 100 y 120 pesos. Ahorita la canasta básica, en vez de que disminuyan los precios, se van aumentando; con el salario que mi esposo recibe prácticamente no nos alcanza para nada; el kilo de frijol está a 45 pesos, el azúcar a 38 pesos. Todo está carísimo; no nos alcanza lo que recibimos; la economía cada día está más difícil, nuestro ingreso está raquítico. A la semana estamos ganando entre mil 200 y mil 500, de ahí tenemos que comprar el alimento básico para nuestros tres hijos, mi esposo y el mío, además de sus útiles escolares. No recibimos tampoco ningún apoyo de los programas de bienestar; mis hijos tampoco. Así que tenemos que buscarle la forma para que, de esos mil quinientos, alcance para los útiles escolares, la ropa, la alimentación, los pasajes, entre otras cosas”, lamentó.
Sobre la salud, contó que “cuando uno se enferma, no hay doctor de planta. Aquí nada más vienen los doctores dos veces a la semana; pero la mayoría del tiempo ni eso; y ni se diga de los medicamentos. Aquí, si vas a una consulta, los medicamentos los debes comprar y cuando a uno le da calentura, tos, gripa, no hay ni paracetamol, naproxeno… nada; lo tenemos que costear de nuestro bolsillo, salir a la ciudad para comprarlos”.
México es uno de los países que menos dinero destina a la salud, a pesar de que este gobierno se comprometió a invertir más en este rubro. En el sexenio de AMLO el gasto en salud solamente creció 0.4 por ciento, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), porcentaje muy por debajo del recomendado por los organismos internacionales y del aplicado por los gobiernos de otros países latinoamericanos como Brasil (3.95) o Costa Rica (5.5 por ciento).
Además en 2024, con la aplicación de la política de “austeridad republicana”, el gobierno de AMLO le recortó a la Secretaría de Salud (SS) 98 mil millones de pesos (46 por ciento), el mayor recorte del sexenio; en 2019, su primer año de gestión, se destinaron a Salud 741 mil millones de pesos (mdp); en 2020, fueron 788 mil mdp; en 2021, 810 mil mdp, en 2022 se incrementó a 837 mil mdp.
Sin embargo, Animal político reveló, el pasado cuatro de marzo, que los incrementos en esos presupuestos no se destinaron “a los hospitales sino que, a partir de 2019, el gobierno etiquetó recursos para salud que luego fueron transferidos a fideicomisos y regresaron a la Tesorería de la Federación (Tesofe); además, hubo subejercicios, es decir, no gastaron la totalidad del dinero que tenían presupuestado, y también se regresaron a la Tesofe”.
Con estas actitudes luce inalcanzable la promesa que hace poco reiteró AMLO en torno a que el sistema de salud de México estará “funcionando como el de Dinamarca”.
Con relación a la lucha contra la corrupción, la realidad ha chocado y golpeado contundentemente a AMLO mediante numerosos ilícitos que han quedado impunes, se han silenciado e inclusive premiado. El primer escándalo se desató cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyo presidente reveló que en el primer año de su ejercicio gubernamental, se registró la administración turbia de 650 millones de dólares.
La reacción de AMLO fue: “tengo otros datos”, que repite cada vez que voces críticas, organismos y medios de prensa independientes revelan hechos y cifras que contradicen el “buen control” de su gobierno.
A la anterior revelación se sumó, en 2022, la detección de un fraude de 16 mil mdp en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), empresa paraestatal dedicada a distribuir mercancías de consumo básico a través de Diconsa y Liconsa para la población de bajos recursos del país y a cuyo primer director general, AMLO protegió del escándalo enviándolo a otro puesto en la Secretaría de Gobernación (Segob).
A estas desviaciones se suman las múltiples inconsistencias e irregularidades en los programas sociales y otras ayudas que, se supone, beneficiarían a los mexicanos más vulnerables; pero que muchas de ellas son administradas por los llamados Servidores de la Nación, que condicionan su entrega a los beneficiarios para que voten por los candidatos de Morena.
Doña Gloria, ama de casa, esposa de un jornalero y madre de tres niños, denunció esta práctica oficial: “Hay mucha gente que necesita entrar a ese tipo de programas para que reciban apoyo, pero no lo reciben; no se le da a la gente que realmente lo necesita, así como nosotros. Pero, ¿qué podemos hacer si nos topamos con la pared (Servidores de la Nación) porque si no damos esa cooperación que nos están pidiendo, no recibimos nada”.
Los programas sociales no fueron inventados por AMLO, porque algunos existían desde hace al menos 20 o 30 años, como Prospera, Progresa, 70 y Más, etc. (incluso Solidaridad, promovido por el expresidente Carlos Salinas de Gortari para prevenir los efectos del neoliberalismo), el actual jefe del Ejecutivo Federal los presume como creación propia y la mayor expresión (¡única!) del supuesto gobierno de “izquierda”.
En un análisis del investigador Máximo Ernesto Jaramillo Molina sobre los programas sociales, se observa que el número de sus beneficiarios resulta menor que el de los programas sociales de gobiernos precedentes porque, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el 63 por ciento de los hogares más pobres recibió algún programa social; en el de Enrique Peña Nieto, el 68 por ciento; y en el actual, únicamente el 54 por ciento de las familias vulnerables recibe algún apoyo y las más perjudicadas son las rurales e indígenas.
Vania Sánchez señaló que, cuando AMLO insiste, basándose en datos del Coneval, que la pobreza se ha reducido, se apoya en una lectura engañosa de los mismos porque “si ponemos atención a las estadísticas, la población que padece, por ejemplo, tres carencias sociales que no puede satisfacer con sus ingreso monetario, sí que se incrementó en este periodo: pasó de 24 a 32 millones de pobres, lo cual es resultado de esta política social”.
AMLO se ha caracterizado por acusar sin pruebas a analistas de organismos nacionales, de la sociedad civil, así como a la ASF de la Cámara de Diputados (Poder Legislativo) y a organizaciones internacionales. El Índice de Percepción de la Corrupción calificó a México, durante cuatro años seguidos (a partir de 2020), con 31 puntos con respecto a 100 (cero ilícitos).
“Aunque se abren cientos de carpetas de investigación por posibles actos de corrupción, las sanciones no llegan. Tampoco se han recuperado los activos desviados o se ha conducido una apropiada reparación del daño para las víctimas. De hecho, el Estado mexicano no reconoce a los ciudadanos y contribuyentes del país como víctimas en las tramas de corrupción documentadas y expuestas ante la opinión pública”, demandó Transparencia Internacional, otro organismo dedicado al análisis de problemas sociales.
Por ello, alertó Transparencia, uno de los grandes retos para el próximo gobernante de México será acabar con la corrupción, sobre todo con la que se haya vinculada con los grupos del crimen organizado que avanzaron en el gobierno de AMLO y lograron su inserción en los gobiernos municipales y estatales.
El doctor Abel Pérez Zamorano calculó, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la tasa de homicidios diaria que, al final de esta administración se habrán cometido 206 mil asesinatos; y que, por tal motivo, será el sexenio más sangriento “desde que México ha estado en guerra. Eso es el saldo de la 4T, ahí están las promesas, suponiendo que fueran sinceras; y ésos son los resultados”, denunció.
El testimonio de doña Gloria es más que objetivo; retrata lo que se vive en varios estados del país, entre ellos Tabasco, donde anteriormente no se escuchaba que hubiera secuestros, balaceras, asesinatos en cada esquina y “ahorita –narró a buzos– puedo decir que ya vivimos como en Sinaloa o en Michoacán. Últimamente se ve más a esas personas que se agrupan (sicarios), que matan aquí en el municipio (Macuspana).
“Está muy difícil la situación. Últimamente han cancelado las clases de los niños porque amenazan con matar a los estudiantes y en las escuelas hace poco faltaron como dos semanas a clases por el toque de queda. (Los grupos delictivos) dijeron que entrarían a los salones por los niños. Nosotros tenemos mucho miedo porque el gobierno de Tabasco no está haciendo nada; no hay un apoyo de la autoridad hacia los ciudadanos, hacia nuestros hijos. Todos los días hay robo de motos, carros, secuestros de niños, sí es muy preocupante.
“Dice AMLO que no pasa nada; que todo lo tiene bajo control, pero eso es pura mentira. Y creo que él mismo se engaña, él sabe lo que está pasando en Tabasco, que dice que es su tierra natal; pero a él no le interesa para nada; porque si le interesara, realmente haría algo por la seguridad de su pueblo”, lamentó doña Gloria.
En su momento, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) planteó la necesidad de atender urgentemente el problema de la seguridad frente a los candidatos de las nueve gubernaturas, así como a los tres presidenciales; pero ni este problema ni el combate prioritario a la pobreza llamó la atención de ninguno de los tres; ninguno “presentó algún programa que esté fondeado, sustentado, que especifique cuáles son las necesidades populares y la inversión que debe hacerse para ello; que se demostrara con cifras que eso es perfectamente posible porque cuenta con fondos para llevarse a la práctica”. Por ello es previsible que “las cosas sigan igual” en el próximo sexenio, concluyó Sánchez Trujillo.
Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la “Megafarmacia del Bienestar”, como parte de su plan en contra del desabasto de medicamentos que sufre todo México.
Varios meses después de haberse firmado el contrato para la entrega de los fármacos, el regulador del país sudamericano continúa haciendo declaraciones contradictorias.
¡Al ladrón!, ¡Al ladrón!, para alejar de sí mismo las sospechas; recordarle que “el buen juez por su casa empieza”.
Contra toda lógica, desde la prepotencia del gobierno, la petición fue ignorada, abandonando a millones de personas que no tienen para comer.
Hizo un llamado a todos los liderazgos para actuar con altura de miras y en unidad de propósitos, a fin de enfrentar al verdadero adversario que es el gobierno autoritario de Morena.
Minimizar los efectos de los fenómenos naturales sobre la población mexicana es una práctica común de los gobernantes.
Lo que pueda venir contra nosotros, lo digo desde ahora con todo énfasis, será una mentira descarada, una arbitrariedad sangrienta y una represión pura.
Sinaloa se estima que recibirá un presupuesto con una variación inferior al 0.7 por ciento.
La desaparición del Seguro Popular no solo priva a los hospitales de los recursos necesarios para prestar atención de mínima calidad.
Los cálculos y las cuentas no le siguen saliendo al señor presidente, pero además no le van a salir porque la misma bolsa de dinero que se tenía en sexenios anteriores es similar a la que se quiere repartir para este nuevo año.
Para enfrentar los problemas que aquejan a la mayoría de los mexicanos, en particular la pobreza, se necesita incrementar los ingresos del gobierno; pero éstos no pueden provenir de la misma población pobre o clase media, sino de los ricos.
Un contingente de 11 médicos y enfermeras del Hospital 8 del IMSS en Córdoba, bloquearon la avenida 11 de esa ciudad. Una de sus consignas era: “Sí trabajamos, pero bajo protesta. Queremos insumos de protección”.
El dictamen se turnó al Senado de la República, que tiene hasta el 31 de octubre como fecha límite legal para su discusión y votación.
“Los nuevos programas de Andrés Manuel no están focalizados a la pobreza, mucho menos a la pobreza extrema...”.
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Escrito por Citlali A. Ramírez M.
Periodista