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Mariano Otero, el gran jalisciense, cuya prematura muerte a los 33 años no le impidió dejar un gran legado a la nación, ocupó el cargo de Diputado Constituyente por segunda vez en 1847, periodo en el que expresó un famoso voto particular, cuyo contenido resultó fundamental para construir lo que hoy en México representa el Juicio de Amparo. Mariano Otero y Manuel Crescencio Rejón son considerados precursores en la materia. Mariano Otero, en ese voto particular, expresó lo siguiente: “Proponer al Congreso que eleve a grande altura al Poder Judicial de la Federación, dándole el derecho de proteger a todos los habitantes de la República en el goce de los derechos que le aseguren la Constitución y las leyes constitucionales, contra todos los atentados del Ejecutivo o del Legislativo, ya de los Estados o de la Unión” . Además de otorgar luz a las primeras disposiciones del amparo para la protección de los ciudadanos mexicanos, este párrafo muestra el pensamiento y la ideología federalista y liberal de Otero.
Efectivamente, Mariano Otero pone el énfasis en los derechos constitucionales de los mexicanos y propone crear mecanismos para garantizar esos derechos y evitar que los poderes ejecutivo o legislativo sean federales o estatales y abusen de sus fuerzas contra los ciudadanos, cuyos derechos están escritos en la Constitución, aunque no necesariamente garantizados. Para ello, el ciudadano debe contar con el juicio de amparo, un arma de defensa importante, pero es necesario que el poder judicial tenga la suficiente autonomía, fuerza y sensatez para resguardar los principios y derechos constitucionales defendidos mediante este juicio. “La Constitución, para que sea respetable y duradera, es decir, para que tenga existencia sólida, necesita no contener sino muy pocos principios, todos fundamentales, y si es posible ninguno disputable”, Mariano Otero.
Pues bien, en la “Cuarta Transformación” (4T) se ponen a prueba la Constitución y el equilibrio de poderes, ya mostrándose varios indicios de su quebrantamiento. Primero, el ejemplo de la imposición de Rosario Piedra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); enseguida vino la sospechosa renuncia del entonces ministro Eduardo Medina Mora, después de que se le congelaran sus cuentas por instrucciones de la UIF; más tarde vino la actitud sumisa de los diputados morenistas en el Congreso para aprobar leyes que, ellos mismos los saben, afectan a los desamparados, pero que no les quedabamás que aprobar, pues cuando en una reunión tibiamente reclamaron al jefe del Ejecutivo, éste se levantó molesto y los abandonó; el “me canso ganso” del aeropuerto de Santa Lucía; y ahora el absurdo de “la rifa del avión presidencial” donde el premio no será el avión; entre otras tantas ocurrencias que tienen al país en franco retroceso económico por factores internos derivados de las malas políticas de la 4T; lo que sigue en la mira de este gobierno es el Instituto Nacional Electoral (INE): ya están dirigidas las baterías hacia el cambio de cuatro consejeros para nombrar a personas cercanas al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena); y los diputados de Morena presentarán una controversia constitucional contra el INE, ya que algunos de sus funcionarios (según dicen) ganan más que el presidente; en otras palabras, estamos ante el golpeteo y preparación para quitar al representante incómodo del INE por no ser morenista; golpe grave, en resumen, a las instituciones democráticas.
Esta misma política, pero en chiquito, se sigue en Puebla. Efectivamente, en dicho estado, el 24 de enero de este año se nombró como presidente del órgano electoral de esa entidad a Miguel Ángel García Onofre, simpatizante de Morena, quien sustituyó a la presidenta interina Marisol Martínez Gorvea. Lo curioso del caso es que, el 29 de enero (solo cinco días después del nombramiento del nuevo encargado del Instituto Electoral del Estado de Puebla, (IEE) declararon al Movimiento Antorchista Poblano (MAP) fuera del proceso de registro como partido político, después de haberlo acompañado en la realización de 23 asambleas distritales y de la llamada Asamblea Constitutiva. En solo cinco días, García Onofre echó por tierra el derecho de 40 mil poblanos como si nada hubiera pasado, como si las asambleas no se hubieran realizado; en otras palabras, el nuevo encargado del IEE pareciera que llegó, como quien dice, con la consigna de frenar el registro del MAP a como diera lugar como partido político local. Acto seguido, sin venir a cuento, derivado de un pronunciamiento en defensa del pueblo organizado de Puebla, mediante una movilización permitida en la Constitución y mediante la defensa legal por la arbitrariedad de la resolución, el gobernador Miguel Barbosa declaró: “...si Antorcha Campesina piensa que nos va a amenazar se equivoca, les digo que el diablo no existe, les digo que a ellos se les va a aparecer la ley, esa sí existe”. Señaló que “el diablo no existe”, pero en otro discurso advirtió: “yo gané, me la robaron; pero los castigó Dios”, refiriéndose a la muerte de la gobernadora, del senador y de sus acompañantes, sobre la cual, por cierto, hace falta aclarar, y no vemos resultados; en otras palabras, si la ley divina no hace su parte, la ley torcida de la tierra, de la dictadura morenista, será la que haga “justicia”. De ese tamaño las cosas en la 4T dictatorial de Puebla.
Me pronuncio a favor de Mariano Otero y de sus ideales; por tanto, a favor de que prevalezca la Constitución y su defensa. Por ello, considero de gran relevancia el actuar de los tribunales en la materia para que hagan justicia y reparen la arbitrariedad cometida contra los poblanos afiliados al MAP. Asimismo, convoco a mis compañeros antorchistas del Estado de México para que, en caso de que nuestros compañeros de Puebla lo requieran, emprendamos la defensa de la Constitución y de sus derechos; pues no basta tener la razón para hacerla valer, sino la fuerza social para que, de manera pacífica y legal como siempre lo hemos hecho, hagamos valer nuestros derechos constitucionales.
Camaradas poblanos, no se encuentran solos en esta lid y el brazo solidario de sus compañeros mexiquenses está tendido para defenderlos y evitar que, en México, vuelva a instaurarse otra dictadura perversa.
El análisis y las conclusiones de varios especialistas permiten caracterizar la primera mitad del sexenio de la 4T como un periodo de malos resultados y de incumplimiento de las grandes promesas.
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Escrito por Brasil Acosta Peña
Doctor en Economía por El Colegio de México, con estancia en investigación en la Universidad de Princeton. Fue catedrático en el CIDE.