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El derecho a la vida
Por las graves condiciones en que nos encontramos, AMLO debe parar su discurso de odio y la cacería contra aquéllos en contra de su gobierno; que cambie su política de seguridad y aplique todo el peso de la ley a los delincuentes.
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La Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos (CGEUM) afirma claramente en su Artículo 1º: “Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho a la vida, desde el primer instante de su existencia, como el primero y anterior a cualquier otro derecho; y su párrafo V advierte: “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Pues bien, para los gobernantes que hoy deben salvaguardar estos preceptos constitucionales, tal obligación es letra muerta y los criminales actúan enteramente a su antojo. La política de “abrazos, no balazos”, que en el extranjero es motivo de risas y burlas, en el país genera diariamente funestas desgracias para muchas familias mexicanas a causa de la extrema inseguridad pública y violencia física que prevalecen en varias entidades de la República. Las notas rojas en los medios de comunicación, así como los análisis especializados –entre ellos los que magistralmente escribe Héctor de Mauleón, columnista del diario El Universal– muestran los horrendos asesinatos que se cometen en territorio nacional.

Los grupos criminales están de plácemes porque asesinan despiadadamente a alguien en un restaurante, durante una fiesta o en una playa y en la calle, durante un velorio o en una iglesia; es decir, donde quieren y donde sea. Por ello, con el gobierno actual, los crímenes dolosos han rebasado a los cometidos en los dos periodos anteriores (2006-2012 y 2012-2018), cifras a las que debemos agregar los casi 700 mil muertos de la pandemia de Covid-19, los desaparecidos y las víctimas anónimas de las familias pobres, cuya precaria situación económica les impide acceder a la justicia; porque ésta solo es rápida y expedita para la “gente importante”, mientras que para las clases populares es lenta y tortuosa.

La justicia en México no es inoperante; y a esto se debe que, cada vez con mayor frecuencia, algunos de los familiares de las víctimas hagan justicia por mano propia o tengan que tomar las calles para hacerse escuchar; ya que los encargados de aplicar la ley no oyen, se excusan o siguen la lógica irracional del Presidente de la República, quien inculpa y se ceba con las víctimas como acaba de hacerlo con los migrantes muertos en el incendio de un campamento del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez; y como lo ha hecho con mujeres asesinadas, a las que culpa por salir en las noches; con periodistas por “boquiflojos”; con ambientalistas que defienden bosques y selvas; y con antorchistas que exigen obras públicas para las comunidades sociales marginadas del país.

Cuando algunas de las víctimas tienen cierta relevancia socioeconómica, se hace como que se investiga el crimen; pero cuando se trata de un ciudadano común o un luchador social, entonces se guarda un silencio sepulcral. Y como muestra, cito aquí el despiadado asesinato de dos destacados líderes antorchistas del estado de Guerrero y su hijito en edad preescolar: lo asfixiaron, mataron a sus padres a golpes y, posteriormente, lanzaron a los tres en un vehículo a un barranco para disimular que habían muerto a causa de un accidente; lo que, por supuesto, desmintió la necropsia. Hasta ahora, las autoridades no han proseguido la investigación ni mucho menos detenido a los culpables. ¿Por qué tal lentitud? ¿Será porque las víctimas formaban parte de una organización social que en reiteradas ocasiones ha pedido al gobierno morenista que corrija su política económica?

En las graves condiciones de deterioro por las que atraviesa el país, es hora de que el Presidente pare su discurso de odio y la cacería contra quienes disienten de su política económica; que cambie su política de seguridad pública y aplique todo el peso de la ley a los torvos delincuentes –tal como promovió durante su campaña electoral en 2018– si no quiere que su sexenio sea recordado por su amistad con el crimen organizado. A los mexicanos de a pie no nos queda otra cosa por hacer que agruparnos para defender nuestros derechos y exigir que la justicia llegue hasta los hogares más humildes. La lucha fraterna, solidaria y organizada es la única forma que los pobres tenemos para hallar la luz en esta oscuridad que nos abruma.


Escrito por Capitán Nemo

COLUMNISTA


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