Las sequías de los primeros meses del año y ahora los huracanes, cuyas lluvias han inundado a decenas de municipios en varias regiones de México, evidencian que el Gobierno Federal carece de un plan para atender desastres naturales y los graves problemas de sobrevivencia de miles de mexicanos.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenó la eliminación de 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) y el del Cambio Climático, además de otros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

A dos años de que la mayoría de los diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) avalara tal decisión, las víctimas de los desastres naturales deben esperar meses para ser censadas o, en el mejor de los casos, contempladas en la entrega de apoyos.

En el caso del Fonden era un programa que apoyaba a los damnificados de desastres naturales provocados por las alteraciones climatológicas; y desde su eliminación, las familias que se quedan sin viviendas, cultivos y dinero, solo pueden recurrir a los gobiernos estatal y municipales, cuyas autoridades no tienen los recursos financiaros suficientes para atenderlos.

AMLO cuestionó al Fonden precisamente en la fecha que ordenó su desaparición: “¿Por qué vamos a desaparecer el Fonden? Porque hay elementos suficientes para sostener que era una especie de caja chica, bueno, ni tan chica, para funcionarios que compraban de todo, aprovechando que había una emergencia, sin licitar”.

A la fecha no existen denuncias ni funcionarios en la cárcel implicados en los actos de corrupción que sirvieron al Presidente para justificar la eliminación del Fonden. Lo que sí abunda son miles de damnificados que se quedaron y permanecen sin la atención gubernamental por la pérdida de sus patrimonios.

En 2020, Irasema Alcántara-Ayala, investigadora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuantificó el impacto de las catástrofes en México; y reveló que entre 2000 y 2019 hubo tres mil 765 muertes, un millón 800 mil viviendas resultaron dañadas y las afectaciones físicas tuvieron un costo monetario de 40 mil millones de dólares (mdd).

En 2017, los terremotos dejaron cerca de 500 decesos, afectaron el patrimonio de casi 20 millones de personas, 190 mil hogares y 10 mil escuelas tuvieron daños físicos; las pérdidas fueron por 87 mil millones de pesos (mdp), según su recuento retomado por la agencia Efe.

Urge un plan de acción

Tras las fuertes lluvias que cayeron sobre Durango la semana pasada, decenas de familias resultaron afectadas por las inundaciones. Hubo pérdida de viviendas, negocios y cultivos, lo que repercutió en un mayor empobrecimiento de las familias del medio rural.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció el desfogue de los embalses que habían alcanzado su nivel límite, además que estaban aplicándose los protocolos de prevención en las presas Guadalupe Victoria, Francisco Villa y Santiago Bayacora.

Frente a esta situación crítica, los afectados han demandado a los tres niveles de gobierno un plan de acción para evitar que las lluvias torrenciales y el granizo deriven en más inundaciones de comunidades habitadas y campos agrícolas; ya que, a decir de la Secretaría de Protección Civil de Durango, la frecuencia e intensidad de estos fenómenos aumentarán debido al cambio climático.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las últimas semanas se han presentado con distintos niveles de intensidad de las lluvias sobre las 32 entidades federativas; las más fuertes han caído en la región noroeste. La mayoría de las lluvias sobre Durango, Coahuila y Nuevo León se produjeron por el monzón mexicano y la onda tropical número 25. Estos estados antes padecieron sequías, igualmente prolongadas.

Las precipitaciones han dejado grandes afectaciones en la región lagunera de Durango y Coahuila. En el municipio de Lerdo, en Durango, siete colonias quedaron inundadas; el nivel de agua promedio en las casas fue de cinco y 10 centímetros, pero en la comunidad rural de Los Ángeles osciló entre 20 y 40 centímetros. En Nazas se solicitó la presencia de un helicóptero para sobrevolar el río del mismo nombre para localizar el cuerpo de una persona que se encuentra desaparecida, después de que los buzos no pudieran hallarlo.

En Múzquiz, Coahuila, además de altas inundaciones, sus habitantes deben sortear intensas corrientes de agua. El sistema estatal de emergencia de Coahuila recibió 43 reportes de acumulación de agua y el colapso de una parte del puente peatonal de Villa Fuente. La región carbonífera del estado norteño ha sido la más afectada por las lluvias, después de haber padecido una sequía muy larga. Protección Civil implementó el Plan de Contingencia ante el alto número de casas inundadas, carros varados y personas atrapadas en sus domicilios.

El río Sabinas se desbordó en el punto conocido como Los Sabinitos, tramo ubicado entre Nueva Rosita y Múzquiz, por lo que se extremaron las precauciones en la zona, donde precisamente se temen mayores daños. Cerca de cinco mil 300 viviendas resultaron afectadas en la Cuenca Carbonífera y 22 mil personas se hallan en calidad de damnificadas por las inundaciones. En Múzquiz se instalaron centros de acopio y se habilitaron albergues.

En Nuevo León se desbordó un arroyo en la comunidad de Las Anacahuitas, del municipio de General Terán, y otro llamado El Sabinito, de Cadereyta Jiménez; en esta última localidad, la Universidad Tecnológica suspendió sus clases.

Fue a mediados de agosto cuando empezaron las precipitaciones; en las últimas dos semanas aumentaron de intensidad, los cauces de agua se elevaron y familias enteras se encuentran en peligro de muerte a lo largo el río La Silla, en Guadalupe. Los estragos y pérdidas materiales en las viviendas son importantes, aunque hasta el momento no se hayan registrado víctimas mortales, lo que se considera como una “bendición”.

Sin embargo, cerca de 95 vehículos quedaron varados, hay calles inundadas y las principales avenidas se convirtieron en corrientes de río (como Paseo de los Leones, en el centro de Monterrey); algunos árboles se cayeron y los automóviles fueron arrastrados como si se tratara de lanchas. El número telefónico 911 atendió más de 700 llamadas solicitando auxilio.

Otros de los municipios que resultaron afectados son Santiago y San Nicolás de los Garza, donde se desbordó el arroyo de Topo Chico.

Mientras las intensas lluvias causan afectaciones a los ciudadanos, un gran volumen de agua es desperdiciado, ya que las autoridades federales y estatales carecen de medidas para captar el vital líquido. La última edición del reporte Estadísticas de agua en México, elaborado por la Conagua y la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) correspondiente a 2018, señala que el país pierde su potencial para captar el agua de lluvia, pues no dispone de infraestructura, como presas para almacenar el agua y posteriormente utilizarla durante sequías; “el valor del agua renovable –agua captada de lluvias– per cápita es preocupantemente bajo”, señala el informe.

Durango, entre los más afectados

Después de las intensas lluvias que dejaron los remanentes del huracán Kay, más tarde desviado hacia el Pacífico mexicano, las crecidas de los ríos y arroyos dejaron muchos hogares inundados. Los municipios afectados por las lluvias son 16, pero los de mayor consideración son Canatlán y Durango.

Aunque en los puestos de control, donde permanecen elementos de las direcciones municipales de Protección Civil y Seguridad Pública, y en los albergues habilitados hay brigadas de salud, se requieren recursos extraordinarios para proteger la seguridad y la vida de los damnificados, además de apoyos para resarcirlos de la pérdida de sus bienes patrimoniales.

En esta situación se hallan centenares de familias pobres de Durango, Coahuila, así como varios asentamientos de Monterrey, Nuevo León. Por ello es necesaria una declaratoria de emergencia para las zonas dañadas, además de recursos federales y, sobre todo, la recuperación de los fideicomisos eliminados, especialmente el Fonden.

Las lluvias provocadas por el huracán Kay afectaron a 16 municipios de Durango, donde el desborde de ríos, caída de puentes, inundaciones y comunidades incomunicadas obligó al Ejército y a la Guardia Nacional a aplicar el plan DN-III-E, ya que las precipitaciones han continuado en gran parte del estado.

Los municipios con más afectaciones, a decir de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), son Canatlán, Durango, El Oro, Gral. Simón Bolívar, Guanaceví, Lerdo, Mapimí, Nazas, Ocampo, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Bernardo, San Juan del Río y Tepehuanes. Sin embargo, los 39 municipios de la entidad se encuentran bajo el monitoreo permanente de las corporaciones encargadas de Protección Civil.

Entre los mayores desastres registrados en la entidad destacan el colapso de una vivienda de la localidad El Pozole en Canatlán, que dejó tres lesionados; el desbordamiento del río Mimbres, que inundó colonias y fraccionamientos; la evacuación de más de 300 familias de los poblados aledaños al río La Sauceda, cuyo nivel subió más de metro y medio, arrasando algunas viviendas; y el cierre de la carretera de Durango-Santiago Papasquiaro, justo a la entrada de este municipio.

En la capital del estado se registró la creciente del nivel del arroyo en el rancho La Joya, se inundó el poblado Morcillo y se mantiene en alerta la zona sur por la peligrosa crecida del río El Tunal, que en años anteriores ha generado varias contingencias; 23 familias de la colonia Banderas del Águila y 63 de Maravillas de Arriba permanecieron incomunicadas durante varios días, sobreviviendo con pocos alimentos antes de ser rescatadas, informó Gustavo Paredes, titular de Protección Civil Municipal de Durango.

En el municipio de El Oro, las comunidades Agostadero y Nogales se mantienen incomunicadas, además de que el agua se llevó la red de agua potable en la comunidad de Santa Cruz, Tepehuanes, dejando casas afectadas en la comunidad de Nogales y Mariano Matamoros. La corriente del arroyo Santa Rosa se llevó el vado y dejó incomunicadas a las comunidades de Santa Rosa, Guzmán y Hernández.

En Guanaceví colapsó el puente de la localidad de Los Álamos, dejando incomunicadas seis localidades: Los Álamos, El Potrero, El Carrizo, Los Ancones, Joya de Casas y San Esteban. En Mapimí se reportaron daños en el puente El Diamante, de la localidad de Ceballos; también en el puente Linda Vista, en la cabecera municipal, y en la comunidad de El Porvenir.

En el municipio de Rodeo colapsaron dos puentes, se reportaron tres escuelas con daños, dos transformadores quemados, pozos de agua ensolvados, daños en la iglesia, caída de tres bardas y caminos rurales dañados, así como algunos techos de viviendas caídos.

En San Lucas de Ocampo se desbordaron los arroyos Tecomblates y El Chorrillo, con 45 viviendas inundadas. Y por sexta ocasión consecutiva se desbordó el río Tepehuanes, que anegó las colonias de este municipio con niveles de agua de 30 a 80 centímetros, según el informe preliminar de Protección Civil estatal.

Hasta ahora los damnificados en Durango ascienden a nueve mil, según el coordinador estatal de Protección Civil en la entidad, Guillermo Pacheco Valenzuela, quien explicó que luego de las copiosas y prolongadas lluvias, comenzaron las labores de evacuación.

Los daños mayores se han registrado en los municipios Canatlán –donde prácticamente la mitad de la cabecera municipal quedó inundada– y Durango –donde se produjeron los daños más fuertes en las comunidades aledañas–. En Canatlán quedaron afectadas más de dos mil 100 viviendas, habitadas por siete mil 600 personas. En Durango, las comunidades más dañadas son Francisco Villa Viejo, El Arenal y San José del Molino, donde a los trabajos de evacuación han seguido los de valoración material.

En las comunidades evacuadas por el desbordamiento del río La Sauceda –5 de Mayo y 5 de Febrero– se han contabilizado mil 200 personas; para agravar el desastre, casi el 10 por ciento de las más de cinco mil escuelas públicas que existen en Durango resultaron con daños en su infraestructura provocados por las lluvias registradas durante las dos últimas semanas.