Se sabía que Donald John Trump privilegiaría la eliminación progresiva de la inmigración; hoy confirmamos su xenofobia cuando se afana en expulsar a los llamados dreamers (soñadores), que residen y trabajan temporalmente con permisos (DACA) que les concedió Barack Obama. Son 800 mil jóvenes adultos, todos clave en el desarrollo de la superpotencia y cuyo futuro está en un limbo jurídico, pues la Corte Suprema (CS) decidirá si permanecen en Estados Unidos (EE.UU.) o los deporta. La mayoría son mexicanos que viven desde niños en ese país, donde tienen lazos y proyectos de vida. Su relación con México es muy débil y no desean vivir aquí, pues nada les ofrece; aun así, su protección del abuso imperial es responsabilidad del Ejecutivo federal.

Hoy se produce una paradoja: que EE.UU., el país más imperialista del mundo, es en esencia antiglobalizador por la decisión del presidente Trump. Y aunque por definición el capitalismo resulte inherentemente expansivo, el magnate se dispuso a “reconstruir el mercado” estadounidense para enfrentar la pérdida de empleos debida a la deslocalización de algunas de las grandes empresas de ese país hacia otras naciones.

En su lógica antiglobalización, Trump formuló dos prioridades: renegociar el acuerdo comercial trilateral EE. UU.-Canadá-México (TLCAN, hoy T-MEC) para proyectar su poder y controlar la inmigración latina, a la que sus bases sociales, los supremacistas blancos, ven como amenaza demográfico-racial.

En el trasfondo de esas acciones, está la presión del capital financiero sobre el magnate-presidente, de ahí su “torpe manejo político, excesivamente excéntrico y autoritario en el uso y ejercicio del poder”, señala el académico Dídimo Castillo. Y es que con su “reconstrucción del mercado estadounidense” para enfrentar la pérdida de empleos por la deslocalización de empresas hacia otros países, el mandatario sobreexplota el trabajo de los mexicanos en su país, afirma el analista Adrián Sotelo.

En esa geopolítica de la precariedad tienen responsabilidad los republicanos y los demócratas. Ambos partidos, confrontados por la petición de juicio político contra Trump, tienen en la migración un nuevo campo de batalla. En particular, sobre el destino de los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Mientras el Ejecutivo mantiene su estrategia expulsora, los demócratas asumen su defensa. Sin embargo, la Corte decidirá el futuro de esos miles de “soñadores” y, a la vez, el curso de la pugna entre republicanos y demócratas.

Los llamados jóvenes o kids DACA han pasado gran parte de su vida en la sombra, pues ingresaron a EE. UU. siendo niños sin documentos migratorios. Han sido discriminados y privados de las oportunidades que los anglosajones disfrutan. Se les llama “soñadores” porque la DACA que promulgó Barack Obama les otorgó permisos de trabajo y protección contra la deportación a cambio de severos requisitos, y porque sueñan en vivir con plenitud en la gran potencia.

Con la DACA Obama intentó corresponder al gran sustento que la comunidad latina dio a sus gobiernos; pero con los republicanos en Washington quedó al aire su agenda liberal, es decir, el fortalecimiento de sus derechos civiles, a la salud y la virtual “amnistía”.

Donald Trump, elegido por el descontento de la clase trabajadora blanca del medio este, prometió que transformaría la demografía para que EE. UU. tenga más blancos. Fue así que fortaleció el veto migratorio, y en 2017 decidió finalizar DACA, que entonces tenía unos 690 mil beneficiarios activos.

Al multimillonario neoyorquino le tiene sin cuidado que esos “soñadores” sean una comunidad integrada armoniosamente a la sociedad estadounidense; así como al sistema productivo y económico del país que los acogió en su infancia. En contraste, cuando la Corte Suprema inició las audiencias para debatir su futuro, la lideresa demócrata Nanci Pelosi les agradeció por hacer del país “más estadounidense con sus esperanzas, optimismo, valor y determinación”.

La actual fase crítica del programa DACA tuvo su inicio al comenzar 2019, en el marco del mayor cierre parcial del gobierno estadounidense de la historia. A cambio de que los demócratas aprobasen el presupuesto de cinco mil 700 millones de dólares para construir el muro fronterizo con México, Trump ofreció extender por tres años esa protección a los inmigrantes indocumentados. Aunque no hubo acuerdo tácito, los demócratas lo respaldaron en otras cuestiones.

Desde entonces, miles de jóvenes marchan por el país en defensa de su estatus migratorio y expresan: “Queremos una oportunidad justa de vivir nuestras vidas como mejor nos parezca”.

Esfuerzo e influencia

En general, los beneficiarios de DACA son menores de 40 años provenientes de casi 158 nacionalidades: latinoamericanos, polacos, namibios, chinos, británicos y hasta canadienses. Dos estados albergan la mayoría de beneficiarios: California, con 201 mil personas y Texas con 116 mil, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Una investigación de la Universidad de California, de San Diego, realizada entre tres mil dreamers en 46 estados, reveló que para mantenerse en ese programa y evitar su deportación, se esfuerzan enormemente. Además, deben probar que ingresaron al país antes de los 16 años, no tener antecedentes penales y cursar secundaria o universidad mientras trabajan. No obstante, son empleados precarios, con horarios exhaustivos y poca probabilidad de ascenso.

Sin embargo, centros privados como el Instituto de Política Migratoria difunden que para el 69 por ciento de los beneficiarios del DACA obtienen trabajos mejor pagados en oficinas “como vendedores y asistentes administrativos”.

Esta investigación revela asimismo que 65 por ciento de quienes “aprovecharon la oportunidad” de registrarse en DACA fueron mexicanos, y que solo 15 por ciento de los coreanos pudieron hacerlo. Una de las razones fue el alto costo de la solicitud (495 dólares) y otra el temor a entregar información personal al gobierno con la que éste pudiera ubicarlos para deportarlos.

Detrás del veto de Trump a este sector hay un implícito temor a la creciente influencia político-económica de los latinos en EE.UU., donde ya suman 60 millones (casi una quinta parte de la población total). La comunidad está formada en su mayoría por mexicanos, puertorriqueños, salvadoreños y cubanos; y se da un caso paradójico: aunque la inmigración latina desciende, aumentó la población con derecho a voto.

En 2016, el voto popular latino ganó en estados donde Trump perdió, como Florida, una entidad clave para la elección de 2020. Para acotar su influencia política, se le imponen cada día más obstáculos, aunque en las elecciones legislativas de 2018 fue muy alta su participación, y se espera que contribuya a derrotar a Trump el próximo año.

Sin embargo, numerosos permisos temporales de DACA están por vencer. El vencimiento depende de la fecha en que cada persona solicitó ese beneficio, que varía entre enero de 2019 y junio de 2021.

Corte dividida

El rechazo a la expulsión de jóvenes DACA enfrentó al Ejecutivo con el poder Judicial de varios Estados, por lo que el debate llegó hasta la Corte Suprema (CS). La instancia jurídica pidió al gobierno de Donald Trump que explicara “qué factores consideró para decidir quitar ese programa y cómo evaluó las consecuencias”. Sin embargo, la Casa Blanca no expuso sus razones.

El 12 de noviembre, nueve magistrados escucharon los argumentos de las partes a lo largo de 80 minutos. La mayoría de los expositores subrayó que los dreamers son profesionales y aportan mucho a la economía: 88 por ciento habla inglés muy bien. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, mencionó que es “imperdonable” que el gobierno los use como “fichas políticas”.

A su vez el congresista Adriano Espaillat destacó que 97 por ciento de los inscritos trabaja y estudia,” contribuyen enormemente a la economía, son dueños de pequeños negocios, de viviendas, son enfermeros, trabajan en todos los sectores y merecen estar en EE.UU.”. En tanto que la jueza Sonia Sotomayor denunció que ve a la CS muy “urgida en adoptar la agenda del presidente”.

La magistrada Ruth Bader Ginsburg rechazó que el gobierno use análisis del DHS “infectado” con la idea de que el DACA sea ilegal. Su colega Sonia Sotomayor pidió considerar consecuencias del fin de DACA. “No es sobre la ley, sino la elección de destruir vidas”.

Sin embargo, John Roberts, el presidente, advirtió: “No está en debate la deportación, pues ya se descartó esa opción, sino sobre “permisos de trabajo y otros beneficios”.

Provocador, ese día Trump escribió en Twitter: “Muchos DACA ya no son tan jóvenes y están lejos de ser ‘angelitos’. Si la Corte remedia eso anulando el programa, habrá trato con los demócratas para que los beneficiarios se queden en el país”. A la vez, su abogado, Noel J. Francisco, sostuvo que el DACA es ilegal.