Al inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la dependencia encargada de administrar los bienes incautados a las bandas del crimen organizado recibió otro nombre, y su funcionamiento fue modificado para que los recursos confiscados favorecieran a los “más pobres”; pero a más de dos años, este objetivo está muy lejos de cumplirse.

En 2019, el Gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) lanzó una campaña mediática para organizar “subastas con sentido social”, cuyos beneficios serían utilizados en programas para el desarrollo urbano y socioeconómico de las comunidades marginadas del país.

Hasta ahora, sin embargo, este proyecto no ha servido para financiar este tipo de obras en las comunidades pobres de México; en septiembre de 2020, se destinaron dos mil millones de pesos (mdp) del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y fondear los premios de la “rifa” del avión presidencial que se realizó el 15 de septiembre de ese mismo año.

Para simular que cumplía con su objetivo original, la dependencia entregó, el tres de febrero de 2020, mil instrumentos musicales a 32 bandas de siete comunidades de alta marginación en el estado de Oaxaca, con un valor de 16 millones 200 mil pesos. Pero mediante este donativo, que beneficiaba a niños y jóvenes estudiantes de música, el Indep desvió recursos que debían aplicarse en obras y servicios públicos de la mayor urgencia en las comunidades más pobres.

Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura, aseguró que los instrumentos donados en Oaxaca fueron la respuesta a solicitudes que hicieron al Presidente en una de sus giras por esa entidad y que su entrega se hizo a bandas musicales que no estaban consideradas en programas ya definidos. Explicó que entre los 32 grupos beneficiados se hallaban las bandas locales Comunitaria de San Juan Lalana, Filarmónica de Mujeres de Tlahuitoltepec Viento Florido, Sinfónica Comunitaria de Tlaxiaco y Centro Cultural Comunitario de Teotitlán del Valle Abigail, donde carecen del reconocimiento que tiene el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (Cecam), cuyos programas son conocidos y apoyados por los gobiernos estatal y Federal.

Otra de las bandas locales beneficiadas fue la de la Escuela de Iniciación Musical de Santa Cecilia de Villa de Zaachila, Oaxaca. La maestra Modesta Hernández López, titular del comité directivo de la Asociación Civil Armonía, Juventud, Comunidad, de la cual depende el centro escolar, comentó a buzos que a pesar de que la entrega de instrumentos musicales responde al derecho a la cultura que tienen los jóvenes de la localidad, en ésta también existen rezagos en infraestructura y servicios, por lo que se requiere apoyo en esos renglones.

La maestra sostiene que la organización a su cargo atiende a niños y adolescentes de muy bajos recursos, quienes viven en áreas de alta marginación y donde la compra de un instrumento musical resulta imposible, porque las familias van al día en sus ingresos, situación que se agudizó con la pandemia.

“Ha sido un beneficio la entrega de los instrumentos; pero más que un beneficio, ha sido un derecho, porque todo niño, todo adolescente tiene derecho a la cultura, al arte; pero no siempre se les da la oportunidad”, afirmó la maestra Hernández.

Cuando se le preguntó cuáles eran las obras de servicio urbano básico que faltaban en esas comunidades, la maestra explicó: “En la zona no tenemos agua potable, es una colonia muy grande y la red no cubre ni siquiera el 20 por ciento. Es un lugar donde la urbanización no existe como tal. Esto ha sido por años, no es porque hoy, porque ayer o porque antier, ha sido por años, ésta es la situación de carecer sobre todo de los servicios básicos”.

La creación del Indep por AMLO

AMLO anunció, el 19 de mayo de 2019 en Balancán, Tabasco, la conversión del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en el Indep, que en adelante controlaría los bienes asociados con presuntos actos de corrupción con base en una nueva versión de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual se publicó el nueve de agosto de 2019, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En esa ocasión, AMLO explicó que los bienes se subastarían y que el dinero recaudado se destinaría directamente a las comunidades pobres, colocando “una plaquita” con el nombre del cártel delictivo o del delincuente al que se le decomisaron las propiedades vendidas en subasta.

El Presidente, incluso, comentó que sus asesores técnicos le habían recomendado llamar a la dependencia “Instituto de Extinción de Dominio”, porque los bienes privados declarados bajo extinción de dominio serían administrados por esa dependencia federal. Pero él optó por un nombre que, a su parecer, es mejor entendido por la gente. “¿Saben cómo le puse? Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado”, declaró ante la concurrencia.

El 16 de agosto de 2020, el Indep disponía ya de dos mil 800 millones de pesos y el entonces titular del Indep, Jaime Cárdenas, anunció, ese mismo día, la quinta subasta “con sentido social” en la que se rematarían 305 lotes por un monto total de 27.2 millones de pesos y que lo obtenido se destinaría a diversas obras públicas de servicio social en el país.

Entre ellas citó varias en el municipio de Temozón, Yucatán; la entrega de la condecoración Miguel Hidalgo a trabajadores de la salud por su labor en la pandemia, cuyo costo sería de 250 mdp; de los cuales 179 mdp se destinarían a la construcción de unidades médicas del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); otros 145 mdp para asfaltar un tramo de carretera Agua Prieta-Bavispe, Sonora; 50 mdp para el municipio Cuajuinicualpa, Guerrero; 23 mdp para el Fondo de Cultura Económica y 16 mdp para la ya arriba citada entrega de instrumentos musicales a niños y jóvenes pobres de Oaxaca.

Sin embargo, días después se anunció que el Indep destinaría dos mil mdp a la rifa del avión presidencial del 15 de septiembre de 2020 y otros 30 mdp para renovar el sistema eléctrico del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México (CDMX), dos objetivos ajenos al proyecto original anunciado por el mismo Presidente de la República.

El director del Indep, Jaime Cárdenas, renunció el 22 de septiembre de 2020 y denunció que las cosas no se efectuaban como se había previsto, que en la institución todo se hacía en medio de un desorden financiero y administrativo, y que había detectado actos de corrupción sin que hasta la fecha se hubiera dado seguimiento a sus denuncias.

En otras palabras, la conversión del SAE en Indep solo había sido nominal y no “social”, como se anunció en 2019. El SAE fue creado al inicio del gobierno de Vicente Fox, el 19 de diciembre de 2002, cuando se expidió la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, publicada en el DOF en esa fecha, aunque la dependencia comenzó a funcionar, en realidad, el 17 de junio de 2003.

Originalmente, se estableció que los bienes decomisados a la delincuencia serían rematados bajo reglas bien definidas y que sus recursos se destinarían a programas de reparación de daños a las víctimas de la delincuencia; es decir, tenían un destino social distinto al que aseguraron tendría el Indep.

La corrupción asoma la oreja

Tras conocerse las denuncias del exdirector del Indep, Jaime Cárdenas, el 23 de septiembre, la bancada de senadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con el apoyo de sus aliados del Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM) y Encuentro Social (PES), rechazó la creación de una comisión especial para investigar y dar seguimiento a las denuncias del funcionario, como lo había propuesto el grupo parlamentario del PAN.

En esa sesión, el senador panista Julen Rementería argumentó que los hechos denunciados en el Indep eran graves y que era necesaria una investigación a fondo del asunto.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó en una conferencia virtual: “es inaceptable, es una broma y lo hemos dicho con total claridad, es pura simulación y se desenmascara esta idea de que en el Gobierno Federal no hay corrupción; hay claramente corrupción y está en el círculo más cercano del Presidente de la República y ya quedó esto muy evidenciado”.

Posteriormente, el seis de marzo de 2021, el diputado priista Héctor Yunes Landa demandó una auditoría al Indep para investigar las denuncias de corrupción que presentó su extitular e impulsó infructuosamente la aprobación de un punto de acuerdo para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General de la República (FGR) avanzaran en ese mismo objetivo; pero de nuevo, Morena y sus aliados rechazaron ambas propuestas.

“Hay que atender las denuncias contra el Indep porque, sin duda, como lo evidenció el exdirector Cárdenas Gracia, hay problemas de estructura, en el control de los recursos y conflicto de interés con otros funcionarios federales”, advirtió Yunes. Sobre el conflicto de interés, citó que en las denuncias de Cárdenas se menciona a Alejandro Esquer, secretario particular del presidente López Obrador como la persona que habría sustraído irregularmente piezas incautadas en poder del Indep.

“Se debe informar a la sociedad sobre los avances de las investigaciones, porque el Gobierno Federal prometió luchar contra la corrupción, impulsar canales de transparencia e implementar una política social que beneficie a los grupos más vulnerables; y lo que se tiene son denuncias administrativas interpuestas en el órgano interno de control y querellas penales en la Fiscalía General de la República, por la manipulación de bienes incautados”, añadió el senador.

En su carta de renuncia del 22 de septiembre de 2020, Cárdenas habló de la existencia de dos contratos con distintas empresas por un valor de más de mil mdp, cuyas condiciones favorecían más a las compañías que al Indep. Éstas fueron sus palabras: “Encontramos al inicio en nuestra función probables irregularidades administrativas, procedimientos de valuación que no garantizan el mayor beneficio para el Estado, mutilación de joyas, contratos favorables a empresas y no al Indep, y conductas de servidores públicos contrarias a las normas”.

El abogado especialista en derecho constitucional denunció, ante la FGR, la “mutilación” de piezas de joyería incautadas a delincuentes; y reveló que el Indep tenía deudas pendientes con la empresa que da seguridad a las instalaciones donde se encuentran las piezas decomisadas, con los sindicatos de trabajadores ferrocarrileros y electricistas, por laudos laborales (sentencias de Juntas de Conciliación y Arbitraje contra el Indep), por los que la dependencia debía pagar más de mil mdp, sin que en ese momento existiera dinero en la dependencia para cumplir con tal compromiso.

Uno de los hechos que más llamaron la atención sobre el uso de los recursos procedentes de la venta de bienes incautados en 2020, fue la aplicación de dos mil mdp para fondear los premios que se otorgarían tras el sorteo de la Lotería Nacional (Lotenal), realizado el 15 de septiembre para, supuestamente, rifar el avión presidencial, cuyo costo fue en realidad superior al sorteado, ya que la nave sigue sin venderse.

El siete de febrero de 2020, el titular del Indep, Ricardo Rodríguez Vargas, había anunciado que la dependencia aportaría dos mil de los cuatro mil mdp que la Lotenal sortearía el 15 de septiembre de ese año, y explicó que la operación se ejecutaría una vez aprobada la reforma que envió el Presidente al Congreso de la Unión para modificar la Ley del SAE.