La desaparición de prácticamente todos los apoyos que el Gobierno Federal daba a los productores agrícolas del país ha provocado que miles de campesinos de las siete regiones de Guerrero (Costa Grande, Costa Chica, Acapulco, Centro, Montaña, Norte y Tierra Caliente) inicien por tercer año consecutivo una lucha, que se prevé férrea, en demanda de los insumos que necesitan para preparar sus tierras, de cara al ciclo de cultivo 2021, que ya está en puerta.

Un alto porcentaje de la población de Guerrero se dedica a la producción de alimentos básicos de autoconsumo –entre ellos el maíz y el frijol–, por lo que resulta prioritario que los gobiernos Federal y estatal, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Héctor Astudillo Flores, respectivamente, atiendan de inmediato sus reclamos.

La lucha por los insumos agrícolas y fertilizantes se inició cuando los campesinos acudieron, en una marcha, a las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagdr), a cuyo titular Juan José Castro Justo solicitaron una audiencia con el gobernador Astudillo Flores para explicarle el carácter urgente de sus demandas. 

En esa manifestación participaron campesinos independientes y de varias organizaciones agrarias inconformes con la política de recortes presupuestales y abandono del Gobierno Federal que, desde 2020, los ha obligado a “recorrer la legua” y levantar la voz para solo obtener apoyos a cuentagotas en la entrega de insumos, como es el caso de los productores de maíz que no figuran en el Padrón de Fertilizante 2021.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) publicó la lista prevalidada de beneficiarios para este programa de Fertilizante 2021, que integra a 407 mil campesinos que recibirán tales insumos en las bodegas de Seguridad Alimentaria de México (Segalmex) con solo presentar su identificación oficial.

Este requisito, fácil para los inscritos, excluye, sin embargo, a miles de campesinos que cultivan para su autoconsumo y que hoy enfrentan una situación particularmente crítica debido a que la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19 ha agudizado sus problemas de sobrevivencia alimentaria, pues ni siquiera tienen garantizado el maíz que sus familias requieren.

Por ello, y por tercer año consecutivo, la lucha por la obtención de agroquímicos ante el Gobierno Federal se inicia en Guerrero, y se prevé que las acciones de protesta se incrementen en los próximos días.

El Gobierno Federal sigue calificando como corruptas, sin ningún fundamento, a las organizaciones que, por mucho tiempo, han trabajado con los campesinos, que se sienten despreciados por el Presidente. En los comicios de 2018, AMLO obtuvo siete mil votos en la zona rural de Guerrero y 300 mil en la urbana.

Los campesinos se unen en la lucha

El malestar de los agricultores es generalizado y claramente perceptible en las 60 organizaciones agrarias y civiles hoy agrupadas en la recién creada Fuerza Guerrerense, Campesina, Obrero y Popular (FGCOP), cuyo objetivo es denunciar, con mayor fuerza, su desesperación por la falta de apoyos para el ciclo agropecuario de este año.

Para ellos, cuyo nivel de subsistencia vital es muy bajo, los supuestos “grandes logros” políticos del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) –la detención de Emilio Lozoya y Genaro García Luna, la liberación del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos– no tienen la mínima repercusión en el agro de Guerrero, que requiere programas efectivos que impulsen la producción de bienes básicos.

En Guerrero, afirman los dirigentes de FGCOP, es urgente una estrategia común de los gobiernos Federal y estatal para enfrentar los altos niveles de marginación social y económica que padecen los habitantes de las regiones Centro, Costa Grande, Costa Chica y Montaña, donde la producción es de autoconsumo y la pobreza obliga a miles de personas a emigrar a otros estados de la República o a Estados Unidos.

La demanda más urgente de los campesinos es que los gobiernos estatal y Federal amplíen el presupuesto del campo que, en 2021, consta de solo 152 millones de pesos (mdp), con los que ningún proyecto agrícola o ganadero puede hacer nada y con los que se queda a deber todo a los productores, advierte José Juan Bautista Hernández, representante del Movimiento Antorchista (MAN) en Guerrero.

La crisis económica no solo ha afectado la producción y comercialización de granos básicos, sino también a los productores de jitomate de Chilpancingo, que optaron por regalar el producto y otros más lo vendieron a precios muy bajos en la carretera por falta de mercado. La caja de 25 kilos de este producto era de 400 pesos, pero cayó hasta en 100 pesos y perdieron gran parte de lo que habían invertido.

Ésta es la razón por la que los campesinos insisten en que necesitan gobiernos que verdaderamente se interesen en crear políticas públicas que apoyen la producción alimentaria, y que sus promesas solo queden en el discurso y, lo que es peor, que desaparezcan los programas o que agravien a la población con recortes presupuestales.

En Guerrero, como en todo el país, la pandemia sigue enfermando y enlutando a miles de hogares y, en este ambiente de incertidumbre, la mayoría de los productores guerrerenses deben prepararse ante el inicio del ciclo primera-verano y producir alimentos para sus familias, incluidos los pocos que cuentan con tierras de mayor extensión.

El mayor problema que la mayoría enfrenta ahora consiste en que no disponen de los recursos económicos suficientes para adquirir los insumos agropecuarios, que anteriormente otorgaba la Sader, ya que el gobierno de la 4T decidió eliminarlos casi en su totalidad. 

Antes, el fertilizante era entregado a los campesinos a través de los gobiernos estatales y municipales, pero hoy es controlado por la Secretaría del Bienestar (SB) a través del grupo denominado Servidores de la Nación, que integró la lista de beneficiarios y dejó fuera a miles de campesinos pobres.

Para que la temporada de siembra sea exitosa, los campesinos y sus organizaciones tendrán que salir nuevamente a los caminos rurales y las calles de Chilpancingo para exigir a las autoridades agropecuarias lo mínimo indispensable para producir granos básicos, como ocurrió en 2019 y 2020.

Es decir, para medio componer la errónea política agropecuaria del Gobierno Federal, que ha nulificado las inversiones productivas en gran parte de los sectores, los campesinos debieron unirse en una demanda común para que los funcionarios públicos comprendan su situación y abandonen la cerrazón.

Están conscientes, además, de que el excesivo poder que AMLO ha acumulado daña a los productores agropecuarios del país, entre ellos los guerrerenses, y que está abusando de la mayoría parlamentaria que tiene en el Congreso de la Unión para usar, de manera arbitraria, los recursos de la nación sin percatarse de las necesidades de la población agraria.

En 2019, al inicio de la actual administración, el 30 por ciento de los campesinos se quedó sin agroquímicos por trabas que les impusieron para acceder al Programa Nacional de Fertilizante. El año pasado se apoyó a 440 mil productores, quienes sembraron en 518 mil hectáreas, de las cuales 502 mil fueron de maíz, 14 mil de frijol y mil 307 de arroz. Este año probablemente sean incluidos 20 mil más.

Además de los recortes presupuestales, los campesinos tienen otro problema: que los trabajadores de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), oficina dependiente de la Sagarpa, quienes tenían vasta experiencia en asuntos del campo y orientaban a los pequeños productores, fueron sustituidos, en esta tarea, por los Servidores de la Nación y son éstos, que desconocen el campo, quienes se hacen cargo de los trámites burocráticos para integrar el padrón de beneficiaron y condicionan la incorporación de acuerdo con las preferencias políticas partidistas.

Antes del arribo de AMLO a la Presidencia de la República, a los campesinos indígenas les bastaba presentar como su constancia de posesión de tierras, entre otros documentos tradicionales, para recibir el fertilizante; pero ahora los Servidores de la Nación exigen el título parcelario, y este requisito impide que muchos productores no accedan al programa.

Actualmente, las organizaciones agrarias orientan y apoyan a los campesinos para que reúnan los requisitos requeridos por el Gobierno Federal, y este año se han propuesto ingresar a 10 mil productores más al programa federal, pero se encuentran con el mismo obstáculo: la falta de títulos parcelarios. Esto se debe a que se hallan en áreas no regularizadas o a que son arrendatarios de tierras ajenas.

A este mismo problema se enfrentan los campesinos que no pueden cumplir con ese requisito y que requieren insecticidas, aparatos mecánicos y apoyos para comercialización; y es precisamente en las tierras más pobres de Guerrero, como las de la región de La Montaña, donde se producen 1.5 toneladas de maíz por hectárea, donde los campesinos no pueden cumplir con este requisito. 

Necesario invertir para producir

A decir de los especialistas, es prioritaria la implementación de una política pública eficiente que, vigilada por algún organismo gubernamental, ayude a agilizar la comercialización de productos como el maíz, jitomate, arroz, frijol, hortalizas, mango, coco, café, jamaica, etc., evitando que caigan los precios.

En el caso del maíz, los problemas surgen en la comercialización, porque la mayoría de los campesinos guerrerenses siembran para el autoconsumo, pese a que sus tierras pueden producir mayor rendimiento. Que el Gobierno Federal compre maíz a precio de garantía es un buen impulso; pero es muy limitado porque existen muchos obstáculos para que accedan a esa posibilidad.

Son necesarios programas sociales que ayuden a la inversión productiva, porque los campesinos no disponen de ahorros, ni acceso a  créditos bancarios. Si el gobierno quiere mayor producción, debe invertir más en el campo. También es indispensable que haya asistencia técnica para que los pequeños productores mejoren el rendimiento de sus cultivos y que las cosechas se comercialicen sin trabas y a buenos precios en el mercado local o nacional, para que los campesinos ganen y no pierdan con sus siembras.

En 2020, se sembraron 450 mil hectáreas de maíz, que sumaron un millón 250 mil toneladas; pero las tierras tienen capacidad para producir mucho más con el apoyo del Estado. “Es necesario ayudar a mejorar el rendimiento de la producción por hectárea de los diversos sistemas productivos, políticas públicas de acompañamiento y comercialización; si el sistema productivo, económico y político se lleva a cabo, es probable que los campesinos mejoren un poco”, explicó el representante del MAN.

Es cierto que continúa el programa de fertilizantes, pero anteriormente se apoyaba con mayor cantidad de insumos agrícolas a los campesinos que cultivan maíz, jitomate, coco, mango, cacahuate, hortalizas, calabaza, arroz y frijol. Es decir, se ayudaba a todos los sistemas por producto, y hoy solo se beneficia con abono a los agricultores de maíz.

Este año hubo una prevalidación de 407 mil productores, continúan las inscripciones y, según la Sader, la lista de beneficiarios llegará a 450 mil pequeños productores. Sin embargo, entre éstos prevalece la incertidumbre porque el gobierno “sigue haciéndose el remolón”; la temporada de siembras está encima y la pandemia de Covid-19 persevera en su ataque.