El acceso a la justicia para víctimas migrantes y sus familiares no es garantizado por México, a pesar de los múltiples convenios internacionales y mecanismos legales existentes.

Las autoridades mexicanas y las representaciones diplomáticas de otros países en México sólo muestran interés por los casos mediáticos a la hora de hacerse cargo de los cuerpos de migrantes fallecidos en el país, señala Javier Martínez Hernández, Coordinador jurídico del área de protección al migrante de la Casa del Migrante de Saltillo.

A pesar de la existencia de múltiples protocolos para la búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el tratamiento de los cuerpos, convenios y los distintos instrumentos, como el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (MAE), es difícil echarles a nadar, por lo que la responsabilidad recae en la sociedad civil, apunta Martínez.

Fuente: AP Photo / Félix Márquez

Según los datos públicos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde diciembre de 2006 a agosto de 2022, se tiene el reporte de 15 personas migrantes con situación irregular Desaparecidas o No Localizadas, concentrándose la mayoría en los estados del norte del país, Chiapas y Veracruz, 13 de las cuales se encuentran entre 15 y 39 años de edad.

La mayoría son personas guatemaltecas y nicaragüenses, aunque también hay dos venezolanas, una salvadoreña y una hondureña. Se reporta un total de 9,442 personas desaparecidas y no localizadas, cuya nacionalidad se desconoce. Los estados con más reportes son Veracruz, Tamaulipas, Sonora, Jalisco y Guanajuato

El primer y último informe estadístico de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM), del 2016-2017 reportaba a esa fecha 110 averiguaciones previas, donde los principales delitos contra migrantes son privación ilegal de la libertad, secuestro, tráfico ilícito de personas y abuso de autoridad. Hay también dos homicidios calificados y un homicidio.

En cuanto a carpetas de investigación, la Unidad reporta 111 por privación ilegal de la libertad, tráfico ilícito de personas y secuestro, homicidio y desaparición forzada.

Las principales nacionalidades de las víctimas directas (acreditadas por la CEAV) son del Triángulo del Norte, en Centroamérica; patrón que se repite en las indagatorias sobre personas desaparecidas (211 en total). El MAE, también registra, en dicho informe, 43 denuncias hechas por familiares en las representaciones mexicanas en los países del Triángulo del Norte.

Javier Martínez señala que muchas veces el personal consular no está al tanto ni está capacitado sobre herramientas como el MAE, ni tampoco conocen los convenios entre países, lo que dificulta la atención a familiares de víctimas.

A esta situación, se suma el hecho de que, según Martínez, el MAE “se bloquea cuando llega a manos de los consulados, sobre todo en Centroamérica”, esto en referencia a cuando se activa el Mecanismo desde México.

A quienes deciden venir a México para indagar sobre sus familiares, dice, el gobierno mexicano no les da las facilidades, pues puede otorgar la Visa de Visitante por Razones Humanitarias, pero ponen constantes trabas y requisitos extraordinarios.

Los protocolos, enfatiza Martínez, no se aplican adecuadamente en la práctica, tanto por la actitud de funcionarios y funcionarias, como por cuestiones administrativas. Muchas veces se hacen convenios y crean protocolos, pero no significa que el resto de leyes o reglamentos se homologuen. Por ejemplo, menciona, en el caso de los 72 migrantes de San Fernando en Tamaulipas, asesinados en 2010, después de muchos años de litigio, se reconoció que familiares de las víctimas tenían derecho a una indemnización por parte de México, pero la Secretaría de Hacienda no ha liberado esos recursos, porque les pide RFC con homoclave para hacerlo, como si fuesen de origen mexicano.

Según Martínez, no todo es culpa del Estado Mexicano, pues muchas veces los consulados (sobre todo de El Salvador y Nicaragua), obstaculizan el proceso.

A pesar de que la Unidad que investiga los delitos contra migrantes responde a la Fiscalía General de la República (FGR), esta señaló, ante solicitudes de acceso a la información pública, que los casos de homicidio se persiguen en las fiscalías estatales, por lo que no contaba con esa información.

Así pues, se negó a dar mayor información que la publicada en el informe, pero reveló que el Caso de San Fernando, se suma al expediente del asesinato de 49 personas migrantes en Cadereyta (Nuevo León), en 2012. Este último evento fue atraído por la Unidad en 2016, e inicialmente se siguió por homicidio calificado, pero en la actualidad se están reclasificando los delitos.

La FGR declaro que la mayoría de estas víctimas eran de origen centroamericano, pero no dio más detalles sobre el destino final de los cuerpos o de comunicación con las familias. La Fiscalía dijo tener sólo dos averiguaciones previas por el homicidio de dos personas migrantes víctimas de homicidio doloso en 2021, una en Arriaga Chiapas (de origen cubano) y otra más en Mazapá de Madero, Chiapas (de origen guatemalteco), sin dar más detalles sobre la investigación o el destino final de los cuerpos.

El Instituto Nacional de Migración (INM) en un principio negó tener información sobre este tema. Pero después de un proceso de impugnación, refirió un comunicado sobre la recuperación, por parte del Grupo Beta, de los cuerpos de 19 personas migrantes que intentaron cruzar el Río Bravo en Coahuila; otro donde señalaba que en los primeros cinco meses habían recuperado un total de 37 cuerpos, sin dar más detalles en ninguno de los dos casos. En otro más, informan sobre la repatriación de tres cuerpos de personas migrantes a Honduras, después de que fallecieron al interior de un vagón de ferrocarril en Piedras Negras, Coahuila.

El INM también reveló que entre 2012 y 2021, el Grupo Beta registró 468 decesos de personas migrantes. De 313 de ellas no se tiene información sobre su nacionalidad; del resto, la mayoría son del Triángulo Norte, aunque a partir de 2019 se empezó a registrar mayor número de personas del Caribe. Los estados que registran el mayor número de defunciones son Chiapas, Coahuila, Tabasco y Tamaulipas, pero no se explican causas de fallecimiento ni destino final de los cuerpos.

La Dirección General de Control y Verificación Migratoria, del mismo Instituto, brindó información de casos de migrantes en situación irregular que fallecieron en el territorio nacional, dentro de alguna Estación Migratoria o Estación Provisional entre 2012 y 2021.

En total, se registraron 31 casos de este tipo. De 9, no se conoce el destino final de los cuerpos; 11 fueron repatriados o entregados a la representación consular correspondiente; y el resto se encuentran en fosas comunes, en el anfiteatro de la fiscalía correspondiente, en servicios periciales, se inhumaron en México o se entregaron a alguna asociación de su país.

El INM notificó de todos los casos al Ministerio Público, y en los años 2012 y 2014 no se cuenta con información alguna. Además, la mayoría de los cuerpos son pertenecientes a personas de Centroamérica y el Caribe.

Martínez resalta que el interés por parte de autoridades nacionales y consulares sólo se da en casos mediáticos, pues en la mayoría nadie quiere asumir los gastos de repatriación. Denuncia que en casos de accidentes simulan las diligencias, y envían los cuerpos a las fosas comunes, “porque en cuestión de fosas [encontradas por el Estado] es más complicado simular esas diligencias por los controles que hay”.

Para ejemplificar esta situación, Martínez recuerda un caso en 2019, en el cual un policía ministerial disparó a un migrante hondureño acompañado de su hija, lo que hizo que el caso fuera de gran impacto social. Ante este hecho, tanto autoridades mexicanas como hondureñas facilitaron el proceso de repatriación, y en cuestión de 3 o 4 días se había resuelto.

Acceder a información oficial, ordenada y pertinente sobre el tema, es muy complicado. A esto se suma que múltiples voces señalan que México vive una crisis forense, pues como dice Javier Martínez, hay falta de interés por parte de las autoridades, y en muchas ocasiones sólo buscan deshacerse de los cuerpos.

Producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, de Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.