Mientras en los estados del centro de México las lluvias intensas provocan inundaciones y desbordes de canales y ríos; en las regiones del norte del país las presas se encuentran a menos del 50 por ciento de su capacidad. El plan hídrico nacional del gobierno actual y proyectado a seis años no se ha reflejado en la captación del agua de lluvia ni en la rehabilitación de cuencas o presas. 

Ni presas ni tuberías crean agua; por lo que incrementarlas no garantiza el acceso de más líquido para cumplir con el derecho humano atribuido a ese bien natural, que es escaso por efectos de la histórica sequía; sobreexplotación de fuentes, insuficiente recarga de acuíferos y una desigual distribución para su consumo domiciliario y como materia prima industrial.

“Aunque los censos muestran que el acceso al agua potable en México corresponde al 96 por ciento, eso únicamente significa el acceso a una tubería física, no que la gente le abra la llave y salga agua… en realidad, el acceso diario baja al 66 por ciento”, reveló Ismael Aguilar, investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. 

Ismael Aguilar y Aldo Ramírez, especialista de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey y director del Centro de Agua para América Latina y el Caribe, reportaron que la insuficiencia del vital líquido ya afecta a la población en la mayoría de las ciudades más grandes del país.

El 28 de abril de 2025, ambos investigadores anunciaron algunas de sus aportaciones al estudio Medición de la Infraestructura hidráulica incluido en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el que exponen riesgosas deficiencias en las condiciones físicas de las actuales presas.

El Plan Hídrico Nacional 2024-2030, presentado por Claudia Sheinbaum el 21 de noviembre de 2024, busca resolver la crisis del acceso al agua en México mediante la construcción de siete nuevas presas; propone rehabilitar dos e instalar más acueductos y tuberías, con un costo estimado en 122 mil 600 millones de pesos (mdp) en seis años.

Describe 16 proyectos de obras hidráulicas en 16 de las 32 entidades federativas, entre ellas, del norte, donde el efecto de la persistente sequía provoca que la mayoría de las presas registren menos del 50 por ciento de su nivel de llenado, mientras algunas están en situación crítica y una vacía.

Datos recientes del Sistema Nacional de Información del Agua (SNA), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advierten que las 41 existentes en el norte registran un nivel de llenado promedio de 47 por ciento y en algunos casos están casi secas; el caso extremo se muestra en la presa Abelardo Rodríguez, de Hermosillo, Sonora, con cero por ciento de líquido. 

Otros proyectos se perfilan hacia la región sur, la parte de México donde están las principales reservas naturales de agua, como Guerrero, Oaxaca, Campeche, Tabasco y Veracruz, una región históricamente codiciada para la explotación comercial de su riqueza natural y donde la “Cuarta Transformación” (4T) desarrolla un magno complejo industrial en el Istmo de Tehuantepec. 

El Plan Hídrico prevé la construcción de la presa El Novillo, en Baja California Sur, y una planta potabilizadora e infraestructura relacionada; tres más en Sonora; El Tunal II en Durango, con ampliaciones a una potabilizadora y dos acueductos; la edificación de la presa Milpillas, en Zacatecas, con infraestructura auxiliar; y la presa Paso Ancho en Oaxaca, con rehabilitación de colectores en los ríos Salado y Atoyac.

También planea la recuperación de la presa La Amistad, en La Laguna, Coahuila; y en Coatzacoalcos, Veracruz, intervenciones en la presa La Cangrejera e instalación de la planta de bombeo número 3 cerca del río Coatzacoalcos.

El derecho humano al agua 

Más que un problema de presas, tubos y discursos, el tema del agua depende de las prioridades en su distribución si, en primer lugar, se coloca el derecho humano al vital líquido sobre su explotación mercantil, industrial y empresarial.

Desde Carlos Salinas, pionero del libre comercio mexicano, se priorizó en la instalación del sistema hidráulico para producir una mercancía y se impulsó la expedición de una Ley de Aguas Nacionales (LAN) en 1992. El gobierno expidió concesiones a privados para explotar el agua de propiedad nacional, de las cuales se han otorgado 360 mil a industrias y empresas, nacionales y extranjeras.

Y a pesar de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en su gobierno se terminaría el neoliberalismo del agua, y reconoció que el acceso al vital líquido es un derecho humano, las cosas siguen igual porque se desentendió de la eliminación de la LAN de 1992 y de la expedición de una nueva Ley General de Aguas Nacionales (LGAN) pendiente desde hace 13 años, necesaria para hacer realidad ese derecho fundamental. 

El proyecto mercantilista del agua parecía que iba a modificarse 20 años después cuando, el ocho de febrero de 2012, el Congreso de La Unión aprobó una adición al Artículo 4º de la Constitución en el que se establece el derecho humano al agua. 

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”, advierte el párrafo sexto del Artículo 4º. 

Pero hasta la fecha no se ha sustituido la Ley de Aguas de 1992 con una nueva legislación reglamentaria para que se pueda aplicar realmente este derecho constitucional. 

Claudia Sheinbaum, titular del “segundo piso” de la 4T, intenta “embonar” la prioridad mercantil del agua, vigente en la ley de 1992, con el derecho humano al vital líquido señalado en la Constitución desde 2012. 

En ese sentido, al presentar su Plan Hídrico 2024-2030 el 21 de noviembre de 2025, Sheinbaum refirió que, en el derecho humano al agua, el gobierno revisará las 360 mil concesiones de explotación de agua a privados para ver si están bien; que ahora sí se supervisarán correctamente a los concesionarios y no habrá corrupción.

Anteriormente había planteado también que los grandes consumidores, autoabastecedores con instalaciones propias de explotación de agua, concesionarios empresariales e industriales se comprometieron “benevolentemente” a repartir el agua que no usen entre comunidades necesitadas. 

Sheinbaum anticipó la creación de una base datos de concesiones de agua a privados con el nombre de “Registro Nacional de Agua para el Bienestar”, destinada a un supuesto beneficio social. Mientras tanto, en lugar de impulsar la eliminación y sustitución de la ley de aguas de 1992, indicó que será reformada para prohibir la venta de concesiones no utilizadas.

Agua mal distribuida 

“El tema de las concesiones es delicado, porque ahí hay muchos intereses económicos que están cabildeando todo el tiempo” y ocultan las irregularidades, señaló, entrevistado por buzos, Jacobo Espinosa Hilario, gerente operativo de la Comisión de cuenca de los ríos Amecameca y La Compañía A.C., conformada por instancias académicas, civiles y comunitarias. 

Espinosa, especialista en ingeniería hidrológica, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expuso también que “el agua está mal distribuida, y eso es un problema; los grandes industriales, las grandes empresas, son las primeras que acaparan las concesiones, y tienen de sobra”.

Sobre las deficiencias de la LAN de 1992, destacó un vacío, en que “no reconoce a las comunidades y pueblos originarios que operan pozos y no tienen una concesión, pero los están operando desde antes que existiera la LAN; deberían tener un reconocimiento, que se les destinen recursos, que se les reconozcan los comités autónomos de agua y el servicio que están dando”, denunció. 

Espinosa también destacó que la distribución de agua se basa en colocar más presas, tubos y pozos; en las obras hidráulicas “y se está dejando de lado la restauración de cuencas”. El agua no va a alcanzar –alertó– “mientras no estemos regenerando el ciclo del agua; y esto tiene que ver con la restauración de cuencas hidrográficas (confluencias de aguas subterráneas y superficiales)”. 

Además, “con restauración de bosques; que se impida al cambio de uso de suelo de forestal a agrícola y de agrícola a urbano; conservar los bosques, las zonas agrícolas, para que ahí se infiltre el agua o escurra suavemente” para recargar los acuíferos.

Roberto Constantino Toto, coordinador de la Red de Investigación en Agua, de la UAM, reportó a buzos que generalmente se ha impulsado la cultura del uso responsable del agua entre la población, aunque influyen también en esto los grandes consumidores, industrias y empresas concesionarias. 

“Estamos acostumbrados a que traten de fomentar una cultura del cuidado del agua entre la población a través de los anuncios; pero también hay una responsabilidad de quienes emplean el agua para fines productivos y no solamente la industria manufacturera”. 

“El principal usuario del agua dulce en el país es la agricultura (la agroindustria corporativa)... necesitamos crear incentivos para que la agricultura de gran escala mercantil se modernice, se actualice, y nos garantice que el agua que desecha esté libre de agroquímicos o que éstos sean inocuos”, añadió. 

Obsoleta gestión del agua

Los gobiernos preservan un modelo de gestión obsoleto, expuso María González Valencia, coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec). 

“Quizá podemos tener más tubos, más presas, más acueductos, pero eso no significa más agua; hay una afectación a los ecosistemas, se dañan los ríos, se dañan las especies y se violan los derechos humanos”, destacó. 

En marzo de 2024, entrevistada por el diario NTR-Guadalajara, la activista jalisciense sostuvo que edificar presas también representa quitar agua a una región para llevarla a otra, un modelo de gestión obsoleto en que la escasez es utilizada por conveniencia de actores políticos y económicos.

González Valencia también ha pertenecido a otras agrupaciones civiles ambientalistas y de defensoría del agua, como el Movimiento de Afectados de las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), que conjunta a diversas organizaciones comunitarias del país en resistencia social ante obras hidráulicas perjudiciales.

“Construir más obras hidráulicas no resolverá la escasez de agua si se privilegia el suministro de agua a las industrias sobre las necesidades de la población y la producción de alimentos de consumo”, establece un informe elaborado por el centro de investigación Quinto Elemento Lab en abril pasado. 

El documento denuncia el constante incremento en la expedición de concesiones de explotación de agua: “Entre 2001 y 2022, el volumen concesionado pasó de los 44 mil a los 54 mil hm³, algo así como 6.8 veces el Lago de Chapala, el más grande de México”.

Las citadas concesiones demuestran que el agua se considera mercancía y materia prima para industrias y empresas, que la extraen de fuentes superficiales, especialmente de ríos, es contenida en represas para su explotación posterior o se obtiene mediante la perforación de pozos para el “autoconsumo” y colocación de tomas en ríos con instalaciones propias.

Entre las perforadoras de pozos están industrias como la química, azucarera y del papel; con redes propias, grupos como Bimbo o Femsa (CocaCola) y el poderoso consorcio estadounidense Procter and Gamble, integrada por múltiples empresas que elaboran lo mismo detergentes que champús y rastrillos. 

Las presas se vacían 

Mientras tanto, la histórica sequía que azota a México y la desordenada explotación de las fuentes naturales de agua, sin preocupación por la recarga de acuíferos, incrementan la crítica situación del país. 

“La reserva de agua en las presas mexicanas se está agotando: 113 de las 210 que concentran más del 90 por ciento del líquido almacenable en México registraron números por debajo del promedio que habían logrado retener durante las últimas tres décadas”, precisa el citado reporte.

Por medio de su unidad tecnológica Catálisis, los analistas de esta organización civil estudiaron los datos operativos de 210 principales presas de México reportadas por la Conagua entre 1991 y 2025 con base en el último día de octubre anual, cuando la mayoría debería tener un máximo almacenamiento.

Se mencionan también los resultados de un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que reporta que 126 de las 210 presas principales están imposibilitadas para aportar la cantidad de agua requerida. 

“El Instituto realizó una serie de proyecciones y el cálculo menos alentador indica que antes de 2040 no serán 126, sino 139 las presas incapaces de proveer el agua requerida”, señala Quinto Elemento Lab. 

A su vez, datos del estudio Situación Hídrica en México, de la organización internacional Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund), advierte que, en los últimos 75 años, se ha reducido severamente la disponibilidad de agua; de tal forma que, en 1950, existían 18 mil 35 metros cúbicos (m³) por habitante al año, mientras actualmente son de tres mil 692 m³ anuales, y tiende a disminuir. 

También reconoce que 275 acuíferos carecen de disponibilidad de líquido, y 140 contienen menos de tres millones de hm³, es decir, menos de tres millones de m³. En tanto, 108 cuencas que son confluencias de corrientes de agua en un solo río, lago o en el mar, no tienen agua disponible, mientras 54 más disponen de menos de tres hm³. 

Implacable sequía 

Además de la deficiente administración, sobreexplotación y falta de recarga de fuentes, la cantidad de agua disponible también disminuye por efecto de la histórica sequía que azota a México y al sur de Estados Unidos (EE. UU.).

Este fenómeno comenzó en realidad hace más de dos décadas y se ha agudizado, según el análisis Perspectivas mundiales de la sequía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), presentado en junio de 2025. 

El 1° de abril de 2024, especialistas de la UNAM reportaron que 2023 fue el año más seco para México desde 1940, “y el norte es la región donde está lloviendo cada vez menos” indicaron.

Planeación inadecuada 

En una conferencia sobre el tema, realizada en el Centro de Ciencias de la Complejidad en octubre de 2024, Norma Elizabeth Olvera, física y doctora en ciencias de la Tierra, mencionó que, con todo y lluvias torrenciales, persisten los efectos negativos de la sequía en México debido a una inadecuada planeación. 

Por ejemplo, no se considera almacenar el agua de lluvia; modificar patrones de consumo para promover un uso racional del líquido, además de que faltan políticas públicas eficientes: éstos son algunos de los ejemplos que expuso. 

México está transitando por “una crisis hídrica que implica escasez de agua, contaminación de la misma, impacto del cambio climático, desigualdad en la distribución del líquido e ineficiencia en el uso del agua”, alertó.

En este marco, la especialista subrayó que la insuficiencia de líquido para satisfacer las necesidades básicas de la población impacta en la salud pública, agricultura, ecosistemas, economía y en la estabilidad social.

En México predomina el reparto desigual del agua para consumo humano y como materia prima para producir. “Más de 80 por ciento del agua se va en uso agrícola y de la industria”, informó un estudio divulgado en la Gaceta de la UNAM hace siete años. A la fecha, el problema se ha agudizado y la mayoría de los mexicanos son los más afectados tanto por el exceso de lluvias como por la sequía.