El próximo 1º de diciembre, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumplirá cuatro años al frente de un gobierno que en vez de transformar para bien la situación de los mexicanos lo ha hecho para mal, en particular, de los más desfavorecidos por el sistema económico vigente.

Cada día que pasa es más claro que la prometida “Cuarta Transformación” (4T) no fue solo un eficiente lema de campaña para convencer a 30 millones de votantes en la elección de 2018, sino también la puesta en práctica del viejo consejo de “engañar con la verdad”.

En cuatro años, la pobreza se ha incrementado, ya que la entrega de dinero público en efectivo a través de tarjetas bancarias –la más exitosa de las prácticas del actual gobierno– es solo un alivio temporal cuyo objetivo de fondo es la conquista de votos para beneficiar a los candidatos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El gobierno morenista no solo ha fracasado en este rubro fundamental en un país con más de 90 millones de pobres, sino también en el manejo de la economía nacional, en el combate a la corrupción y la inseguridad pública y en su promesa de elevar a un nivel de primer mundo la eficiencia y la atención de los sistemas de salud y educación que heredó de sexenios pasados.

En respuesta a las críticas y denuncias generadas por el insoslayable fracaso de su gobierno, AMLO solo recurre al insulto, la descalificación y el ninguneo, como acaba de hacerlo contra los miles de ciudadanos que el pasado 13 de noviembre salieron a las calles a manifestar su desacuerdo con su proyecto de ley para demoler el Instituto Nacional Electoral (INE).

Recientemente, la periodista Elena Chávez, exesposa del antiguo vocero de AMLO César Yáñez, publicó el libro El Rey del Cash, que contiene información testimonial de primera mano sobre las prácticas de López Obrador para financiar sus campañas políticas con grandes cantidades de dinero en efectivo y evitar el rastreo legal de su origen y destino.

Frente a esa denuncia, se ha limitado a decir que “tiene otros datos”, actuando de la misma forma que en otros momentos en que se ha cuestionado la falta de transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos durante su gestión –como el faltante de 12 mil millones de pesos en la paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex)– y no ha dejado de lanzar sus ataques contra quienes considera sus enemigos, los “conservadores” y “neoliberales”.

Como se ve, evita la polémica en este tipo de asuntos –específicamente el de la corrupción– quizás porque teme que surjan más pisotones sobre los callos del viejo Rey del Cash y le destruyan su “honestidad valiente”.

Para acallar este tipo de revelaciones y dar respuesta a la imponente movilización ciudadana del domingo 13 de noviembre de 2022, en la que participaron más de 800 mil personas en varias ciudades del país y el extranjero, AMLO anunció la marcha del 27 de noviembre cuyo objetivo sería defender los “logros” de su administración.

Hasta el cierre de esta edición, la marcha por la “defensa de la 4T” se mantenía en pie.

El conteo de las mentiras presidenciales

En un análisis sobre el IV Informe de Gobierno de AMLO, rendido el 1º de septiembre de 2022, Luis Estrada Straffon, doctor en ciencia política y director general del taller de comunicación política SPIN, dice que el mandatario hizo “173 afirmaciones falsas, engañosas o que no puede probar; 120 afirmaciones no comprobables y 50 promesas”.

El también autor del libro El Imperio de los Otros Datos: tres años de falsedades y engaños desde Palacio, publicado en este año, afirma que al 31 de agosto de 2022, López Obrador había hecho durante su gobierno “86 mil 917 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar, 94 en promedio por conferencia (en su conocida mañanera)”.

En su artículo Después de AMLO, publicado el nueve de octubre de 2022, el doctor en ciencia política Luis Rubio, presidente del centro de análisis México Evalúa, resalta como signos del deterioro del país las cotidianas noticias sobre la extrema violencia, la persistente inseguridad pública y las acciones inconstitucionales del Presidente, entre otras.

“… En lugar de crecimiento, oportunidades, posibilidades y una perspectiva susceptible de transformar al país hacia un futuro promisorio, la realidad comienza a alcanzar al país y a su gobierno…”, escribió Rubio.

También habla de las peripecias que López Obrador ha realizado para destinar fondos presupuestales “hacia sus clientelas favoritas”, mientras se desatienden servicios públicos elementales y se crean “vulnerabilidades para emergencias al vaciar los fideicomisos respectivos”.

“Lo peor de todo es que el Presidente prosigue en el curso que se trazó desde el inicio y no parece dispuesto a virar ni un milímetro, independientemente de las circunstancias”, dice Rubio.

La pobreza no solo se perpetúa, sino que entre 2018 y 2020, en el actual gobierno, ha aumentado en 3.8 millones de personas –casi dos millones por año– para alcanzar a 55.7 millones de personas y evidenciar que seguirá incrementándose.

En un informe de 2021, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que en los dos primeros años del actual gobierno (2019 y 2020) el número de mexicanos en pobreza extrema aumentó de 8.7 millones a 10.8 millones.

La inflación es también un factor importante en el crecimiento de la pobreza y durante este año ha estado encima del ocho por ciento, pese a los dos supuestos “programas antiinflacionarios” gubernamentales aplicados este año.

El seis de junio, Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), advirtió que estos niveles inflacionarios causarán un incremento de 2.5 millones de mexicanos en pobreza en 2022.

Entre los años 2018 y 2020, el número de mexicanos sin acceso a los servicios de salud y a las medicinas se incrementó de 15 a 35.7 millones, es decir, fue superior al 138 por ciento.

El Coneval informó, el cinco de agosto de 2021, que el número de los mexicanos que carecían de acceso a una alimentación regular, nutritiva y de calidad había aumentado en poco más de un millón al pasar de 27.5 millones en 2018 a 28.6 millones en 2020.

Tras el desmantelamiento del Seguro Popular, que hasta 2019 brindaba atención médica a 55 millones de mexicanos sin acceso a servicios públicos, y después del fracaso del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) –creado en enero de 2020– el pasado 31 de agosto AMLO recargó parte de esa tarea al muy limitado IMSS-Bienestar y ha dejado sin servicios médicos a 35.7 millones de personas que carecen de afiliación al sistema de salud gubernamental.

En el Sector Salud persiste, además, la falta de medicamentos y, lo que es peor, en el primer cuatrimestre de 2022, el desabasto aumentó en un 25 por ciento en las dos principales instituciones médicas del gobierno, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Insabi, como lo evidencian datos aportados por el colectivo Cero Desabasto.

En 2021 se dejaron de surtir más de 24 millones de recetas en los servicios sanitarios oficiales, sobre todo a los derechohabientes del IMSS; en el primer trimestre de 2022, el IMSS negó más recetas que en todo 2019 y las de 2017 y 2018 juntas.

Un desastre el manejo de la economía

Para el año próximo, cuando se realizarán elecciones estatales en el Estado de México y Coahuila, cuyos resultados pueden ser claves para la presidencial de 2024, el proyecto de gasto público federal se incrementó inusitadamente en 1.2 billones de pesos, al pasar de 7.08 billones (2022) a 8.3 billones de pesos.

El proyecto de presupuesto de ingresos de 2023 contempla la posibilidad de contratar deuda interna por 1.2 billones de pesos en moneda nacional y 5 mil quinientos millones de dólares de deuda externa, la mayor desde 2014, dijeron especialistas.

Las prioridades del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2023) son las megaobras de López Obrador: la refinería Olmeca de Dos Bocas y el Tren Maya, así como la distribución de dinero en efectivo a través de tarjetas de débito, con un aumento sustancial a las pensiones para adultos mayores de 65 años.

El actual gobierno sigue quedando a deber en el crecimiento de la economía: antes de la pandemia de Covid-19, declarada en marzo de 2020, ya se había reportado una caída del 0.1 por ciento a finales de 2019; y con la pandemia, se desplomó 8.5 por ciento en 2020. En 2021 hubo un crecimiento de 4.8 por ciento con la reanudación de actividades económicas, pero no alcanzó para subsanar las caídas de 2019 y 2020.

En los resultados de la Encuesta Citibanamex de Expectativas, dada a conocer el cinco de octubre de 2022, los analistas especializados calcularon un crecimiento del dos por ciento al terminar 2022 y de 1.2 por ciento en 2023, estimaciones que están muy por debajo del cálculo gubernamental considerado “demasiado optimista” de tres por ciento.

La inflación se mantuvo por encima del ocho por ciento en 2022 y en alimentos osciló entre el 14 y el 15 por ciento, niveles no vistos desde hace 22 años, según analistas y organizaciones especializadas.

Jorge Cano, investigador del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, dijo a buzos que, por no haberse realizado una reforma fiscal al inicio de la actual administración, el gobierno de AMLO se concentró en mejorar la captación de impuestos de personas físicas –ciudadanos– y otros integrantes del padrón de contribuyentes, pero que estos recursos llegaron a su límite.

Se omitió una reforma fiscal “de gran calado” –apuntó– cuando tenía respaldo electoral como para emprenderla, lo que redujo las posibilidades de obtener más ingresos; por ejemplo, ampliando la base de contribuyentes con la formalización del empleo informal (más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad, sin contratos ni prestaciones) y acentuarla en el caso de los contribuyentes mayores o “personas morales”, como las grandes empresas.

A pesar del discurso de no endeudamiento y la austeridad, el gobierno ha optado por la deuda: “en 2022 ha recurrido a 900 mil millones de pesos y para 2023 tiene autorizada una por más de un billón de pesos que sería el mayor endeudamiento como porcentaje del PIB desde 2014”, dijo a buzos Jorge Cano de México Evalúa.

El investigador detalló que la actual administración se enfila hacia una mayor contratación de deuda porque mantiene vigente el esquema usado por las administraciones federales desde 2006, cuando “el gobierno empezó a gastar más de lo que obtenía de ingresos y el país ha tenido que recurrir constantemente al endeudamiento”.

Este esquema –anotó– “se mantuvo con Calderón, después con Peña Nieto y se ha mantenido con López Obrador, y no parece que vaya a cambiar; no hay una estrategia concisa para no estar implementando el endeudamiento”.

Por el lado del gasto, explicó que se ha aplicado austeridad presupuestal en rubros básicos como Salud, Educación y Seguridad, “mientras el gobierno acaba haciendo incrementos presupuestales para Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE); la Secretaría de Turismo que lleva el Tren Maya; y en su momento a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el AIFA”.

Cano anotó en ese sentido que se ha mantenido la discrecionalidad del gasto, marco en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modifica el presupuesto aprobado por el Congreso, en tanto la inversión pública no se ha recuperado a los niveles que tuvo en 2014 y 2015.

También criticó que se haya destinado recursos públicos a los programas del “bienestar”, que tienen poco impacto en el desarrollo social. Los apoyos gubernamentales –abundó– se basan en aportaciones monetarias como las becas para jóvenes y pensiones para los adultos mayores que representan un alivio temporal, pero no impulsan mejorías vitales de las personas. “No tienen ese enfoque de desarrollo; es una estrategia para generar clientelas electorales”.

Priorizan programas electorales

El PEF 2023 pone especial acento en financiar los 16 programas sociales prioritarios del Gobierno Federal con más de 600 mil millones de pesos, sobre todo en aportaciones monetarias para estudiantes y no estudiantes sin empleo.

También tienen prioridad las pensiones de “bienestar” para adultos mayores, que tendrán el mayor incremento entre los 16 programas, con un 34 por ciento en comparación con lo destinado en 2022, y su presupuesto pasará de 238 mil millones en 2022 a 335 mil 500 millones de pesos.

Ante la Secretaria del Bienestar (SB), Ariadna Montiel Reyes, quien compareció el 25 de octubre de 2022 en el Senado, la panista Guadalupe Saldaña Cisneros afirmó sobre la política social de López Obrador: “se preguntarán por qué a pesar de que se invierte en el rubro de la política social la cantidad de personas en pobreza va en aumento; bueno, es sencillo sacar la conclusión: el objetivo de este Gobierno Federal ha sido aumentar las clientelas electorales en lugar de combatir la lacerante desigualdad y la pobreza”.

AMLO eligió el 1º de julio de 2022, aniversario de su triunfo electoral, para “inaugurar” la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, aunque ésta sigue en construcción e incluso recientemente quedó inundada por las intensas lluvias; en esa ocasión informó de sus “logros” en cuatro años.

El pasado el 30 de agosto de 2022 tuvo que reconocer que esa obra está costando mucho más cara de lo previsto, aunque dijo que su incremento oscila entre los dos y los cuatro mil millones de dólares, es decir, que ha pasado de los ocho mil millones de dólares originales a 10 mil o 12 mil millones de dólares.

Especialistas han calculado que en realidad el costo ha pasado de los ocho mil millones de dólares originales a por lo menos 20 mil millones de dólares hasta este año, cantidad que irá en aumento porque la construcción sigue.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), “inaugurado” el 21 de marzo de 2022 pero que sigue en su primera etapa y no “despega” con más vuelos, en 2023 dispondrá de 836 mil 200 millones de pesos, el doble del que se le aplicó este año, cuando fue de 419 mil 400 millones de pesos; para la ampliación del Tren Suburbano de Lechería al AIFA, en el Estado de México, se aplicarían mil 400 millones de pesos en 2023.

Se prevé un gasto de 143 mil millones de pesos para seguir la construcción del Tren Maya, 127 por ciento más de lo asignado en 2022, cuando fue de 62 mil 900 millones de pesos; el presupuesto para esta obra proviene del presupuesto destinado a la Secretaría de Turismo (Sectur).

Violencia creciente

En un análisis sobre el problema de seguridad pública, realizado a propósito del cuarto informe presidencial del 1º de septiembre de 2022, la organización civil Causa en Común (CC) dejó en claro que el gobierno de AMLO solo con mentiras puede presumir logros en esta materia: “es evidente la carencia no solo de políticas de seguridad, sociales y de prevención.

Es evidente que los mal llamados programas sociales solo se usan para fines clientelares y electorales. En cuanto a prevención, no existe ningún programa ni acción de gobierno”. Entre otros actos ilícitos se refirió a las “atrocidades” cometidas en el país entre enero de 2020 y agosto de 2022, periodo durante el cual se registraron 14 mil 742, que incluyeron mil 537 masacres, tres mil 201 casos de tortura, dos mil 89 descuartizamientos y se descubrieron dos mil 92 fosas clandestinas.

La agencia TResearch International informó en su reporte La Guerra en Números que al 31 de agosto de 2022 se habían registrado 132 mil 469, mientras al 15 de noviembre de 2022 ya eran 139 mil 109 homicidios dolosos en lo que va del sexenio actual, iniciado el 1º de diciembre de 2018. Estos números están por encima de los contabilizados en sexenios anteriores y muestran una tendencia al incremento.