De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, este documento comenzará a ser requerido a partir del próximo 17 de marzo.
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En poco más de tres años de gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) nos ha tocado presenciar acciones que afectan seriamente a importantes sectores de la población; algunos ejemplos son el desmantelamiento del Seguro Popular, la desaparición de fideicomisos como los que beneficiaban a investigadores, científicos y mujeres víctimas de violencia; la supresión de fondos como el que auxiliaba a los damnificados por desastres naturales; los apoyos a productores agrícolas y las estancias infantiles. Hemos visto surgir “nuevas” instituciones o dependencias de gobierno mediante un simple cambio de nombre a otras que existían hace tiempo, fingiendo que éstas desaparecían y somos testigos de cómo no se vacila a la hora de afectar los intereses de los grupos más vulnerables.
Del atropello al sector infantil trata buzos esta semana en su Reporte Especial. El gobierno de la 4T decidió cancelar el programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC), que beneficiaba a millones de niños de Educación Básica. Desde 2019, los comedores escolares y las horas de reforzamiento académico, deportivo y artístico ya estaban en la mira de la 4T, que comenzó a disminuir el presupuesto destinado al programa; y estaban condenados a desaparecer al canalizarse esos recursos hacia otros programas, predilectos del Gobierno Federal.
Cada día se levantan más voces para condenar esta decisión y las declaraciones oficiales que la justifican, calificando el hecho como una de las más lamentables disposiciones de este gobierno, que ordenó cancelar un programa que había mostrado resultados, disminuyendo el rezago educativo y la desigualdad social. La decisión, dicen los críticos, es un atentado contra los derechos de los niños que hará pasar a la historia al gobierno actual por cometer actos irracionales y por su carácter lesivo de los intereses de la clase mayoritaria del país.
Organizaciones civiles, magisteriales, legisladores, partidos políticos, educadores, periodistas e intelectuales en general han condenado esta absurda medida y manifestado públicamente su inconformidad ante la cancelación de un programa que beneficiaba a una parte tan sensible de la población mexicana: la niñez.
Las madres de familia directamente afectadas también manifiestan su preocupación ante una medida tan injusta, pues las ETC les permitían trabajar mientras sus hijos eran atendidos y alimentados en un ambiente seguro y sostienen que el programa no merecía esta condena a muerte, no había mostrado fallas graves en perjuicio de los niños y sus familias, aunque sí necesitaba mayor apoyo y, sobre todo, financiamiento de las actividades educativas.
Son varios millones de escolares y sus familias los afectados con esta cancelación; pero sus protestas y el conocimiento directo del fenómeno tiene sin cuidado a los “expertos en educación” que sirven incondicionalmente al Ejecutivo federal y a su partido, más ocupados en perpetuarse en el poder.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, este documento comenzará a ser requerido a partir del próximo 17 de marzo.
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Escrito por Redacción