La propuesta plantea una transición gradual entre 2026 y 2030, además de establecer dos días obligatorios de descanso.
Nacional
Alerta en Puebla por embarazo adolescente y muerte materna
Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional en embarazo adolescente, en jóvenes de 15 a 19 años; también se posiciona en tercer sitio por el número de embarazos entre niñas de 10 a 14 años.
El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana de Puebla, dio a conocer que la entidad poblana Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional en embarazo adolescente, en mujeres de entre 15 a 19 años de edad; también se posiciona en tercer sitio por el número de embarazos entre niñas de 10 a 14 años y el sexto en mortalidad materna.
De acuerdo con el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) Observatorio Ciudadano, en Puebla se registraron un total de 3 mil 510 embarazos durante el primer semestre de 2023; de los cuales mil 552 se presentaron en menores de 17 años; mil 88 en adolescentes de 16; 596 casos en jóvenes de 15 años; 210 registros en mujeres de 14 años; 59 más en infantes de 13 años, 4 niñas de 12 y una más de 10 años.
También reportó que el 50 por ciento de los casos se suscitaron en los 10 municipios más poblados de la entidad: encabeza la capital poblana con 767 embarazos de menores; le siguen Tehuacán, San Martín Texmelucan y Atlixco con 324, 177 y 160, respectivamente, sólo por mencionar los primeros tres.
A estas cifras se suman los casos de violencia obstétrica, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2021, en Puebla, el 33.4 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años reportaron sufrir maltrato durante la atención de su parto o cesárea.
Por lo anterior, la IDHIE comentó que los indicadores son “resultado de la vulneración de múltiples derechos, entre ellos el de las mujeres a la salud y a una vida libre de violencia”; por lo que urgió al gobierno estatal la necesidad de garantizar “servicios de salud sexual y reproductiva adecuados y accesibles para todas las personas, además de reforzar las campañas de información sobre la reciente tipificación de la violencia obstétrica y sus respectivas rutas de denuncia”.
Finalmente, pidió “la implementación política públicas eficaces para disminuir los embarazos en niñas y adolescentes, así como la mortalidad materna. Todo esto complementado con una capacitación en perspectiva de género al personal del sistema de procuración e impartición de justicia que promueva el uso del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”.
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Escrito por Brenda Perú Hernández
Colaboradora