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El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) "Lex-magister" denunció que, al paralizar la actividad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se violentan los derechos de los ciudadanos al evitar el acceso de información y detener la protección de los datos personales.
Por este motivo, el presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández, instó a los integrantes del Senado de la República para que actúen de manera inmediata y nombren a los comisionados necesarios para cubrir las tres vacantes en el INAI.
“Estas nominaciones son esenciales para que el organismo funcione de manera adecuada y cumplan con su mandato de velar por la transparencia y protección de datos en México y con ello ratificar los derechos que tiene la ciudadanía en materia de gobernanza pública”, explicó.
El abogado litigante expuso que “este organismo ha sido crucial en la exposición de violaciones de derechos humanos y casos de corrupción gubernamental, así como en materia de fortalecer la labor periodística y de las personas defensoras de derechos humanos en el país”.
“La falta de nombramientos para esta instancia genera una parálisis en sus actividades, y deja pendientes miles de casos sin resolver, además, de obstaculizar el acceso a información pública que requieren los mexicanos en materia de derecho a la información y libertad de prensa.
“Además, se viola el derecho constitucional sobre el acceso a la información pública, tal como ha resuelto una juez federal en varias ocasiones; y de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que México ha ratificado”, resaltó.
Por si fuera poco, Fierro Hernández advirtió que la situación se agrava al decretarse como asuntos de seguridad nacional los proyectos de infraestructura del gobierno en turno, “esto permite negar el acceso a información sobre estos proyectos. A pesar de la invalidación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, resaltó.
Agregó que el INAI se ha identificado como “una autoridad independiente y especializada en la protección de datos personales y el acceso a la información. La eliminación de este organismo y la transferencia de sus funciones a entidades dependientes del gobierno pondría en riesgo la transparencia y rendición de cuentas en México”.
Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, recordó que el derecho a la información es una norma reconocida que incluye el derecho a acceder a información en manos de instituciones públicas e información sobre asuntos públicos. Este derecho es vital para la participación en asuntos públicos”.
“El gobierno mexicano debería garantizar el acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a información de interés público, estableciendo procedimientos para obtenerla y procesando las solicitudes de manera oportuna”, concluyó.
Desde junio, se han concretado alrededor de cuatro mil 500 proyectos relacionados con la recuperación de agua en las escuelas.
Los senadores de la oposición exigen que el Senado de la República no sea un cómplice silencioso en este caso.
Vecinos de la zona alertaron a las autoridades de los fétidos olores.
Desde el año 2019 y hasta finales de mayo de este 2024, la FGJEM ha recibido más de tres mil cuerpos sin vida o restos óseos no identificados.
Las licencias se podrán tramitar a partir de noviembre y tendrán un costo de mil 500 pesos.
Autoridades no reportaron daños materiales ni personas lesionadas.
Informes de la sociedad civil advierten que 30% de los homicidios dolosos en México es en contra de mujeres menores de 18 años; además, al mes unos 177 NNyA quedan en orfandad porque sus padres fueron asesinados.
El menor apareció a 12 kilómetros de su hogar.
De acuerdo con analistas de Banco Base, los mexicanos terminarán más pobres que en 2018.
La concesión, otorgada en marzo de 2018 por un periodo de 25 años, incluía ocho secciones del parque.
La obra de Aquiles Córdova incluye artículos, conferencias y ponencias respecto a la política de Andrés Manuel López Obrador durante los años 2000 al 2018.
Perfiles, propuestas y trayectoria de quienes buscan integrar el Poder Judicial local, son algunos de los aspectos que incluye el sistema.
Si la Carta Magna no tiene el máximo valor, y si quien juró guardarla y aplicarla no lo hace, entonces la República está en sus peores días... Este debilitamiento sistemático puede llevarnos, incluso, a largo plazo, a un Estado fallido, advierten analistas.
La Secretaría de Educación estatal detalló que se trata de una suspensión provisional por mandato de los jueces, que piden a la dependencia acatar la medida cautelar otorgada.
Con tres votos en contra y uno a favor, la Sección Instructora determinó improcedente la solicitud de desafuero.
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Escrito por Redacción