Irak y Líbano son escenario de masivas protestas antigubernamentales contra la cleptocracia dominante y su vergonzosa dependencia hacia el exterior. Los reclamos pretenden transformar el status quo y sacudir a las élites locales que, presionadas, reconocen los señalamientos de sus conciudadanos y ofrecen concesiones aunque se aferran al poder.

El descontento de libaneses e iraquíes tiene profundas raíces en la añeja injerencia occidental e israelí, siempre ávida de los recursos estratégicos en esos estados del Medio Oriente. Se vislumbra que los árbitros en ese juego geopolítico serán Estados Unidos (EE. UU.), el movimiento de resistencia anti-israelí Hezbolá, Irán y Rusia.

El simultáneo estallido de protestas a mediados de octubre en Irak y Líbano sacudió la estructura de sus respectivos liderazgos políticos. El vigor de los manifestantes libaneses, que tomaron las calles de las principales ciudades, logró derrocar al gobierno del primer ministro Saad Hariri en solo tres días; rechazan la política económica, el endeudamiento, la desigualdad social y la política de occidentalización, y exigen un cambio real. En Irak, quienes protestan son las víctimas del sistema neocolonial y la represión de las cúpulas gubernamentales impuestas desde el exterior.

Pese al regocijo inicial de los manifestantes ante la dimisión de los gobernantes, queda claro que el futuro es complicado, porque el gran desafío consiste en transformar esos sistemas políticos, cuyas élites se han arraigado a poderes sectarios que no ofrecen perspectivas democráticas. Los ciudadanos temen que seguirán sufriendo los efectos de políticas diseñadas a miles de kilómetros de su realidad.

Líbano desigual

Desde su independencia, el llamado País de los Cedros ha vivido tensiones geopolíticas derivadas de su posición geográfica y compleja pluralidad político-religiosa. Entre 1975 y 1990 este pequeño Estado situado en costas del Mediterráneo experimentó graves crisis políticas que se tradujeron en una guerra civil y la invasión de su territorio por Israel. Tras esos años amargos, se diseñó un sistema político que mantiene un delicado equilibrio para evitar un nuevo estallido sectario y territorial.

La debilidad estructural, la falta de consenso en la agenda local y el servilismo de casi todos los actores políticos de Líbano son evidentes desde la ocupación territorial de Occidente e Israel en los años 70 del siglo pasado. El atraso político se evidencia también en la Constitución de 1926 que aún rige y se reformó en 1990; el presidente nombra al primer ministro y al gabinete, mientras que en la asamblea (Majlis), el poder se comparte entre 16 grupos religiosos y étnicos con expectativas propias.

Desde enero de este año, la inestable alianza gubernamental que gobierna Líbano tiene esta representación parlamentaria: La mayoría es del tándem chiita –musulmanes ortodoxos de Hezbolá y Amal, y los maronitas-cristianos– del presidente Michel Aoun (84 años). Les siguen los sunitas (musulmanes) liderados por el reciente exprimer ministro Saad Hariri y los drusos –cristianos– que representan la segunda fuerza de esa religión, y cuyo líder es Walid Jumblatt.

Este equilibrio político no se ha traducido en el desarrollo socioeconómico de los seis millones de libaneses. El uno por ciento más rico posee 40 por ciento de la riqueza y se asienta en Beirut, la capital más occidentalizada de la región y centro financiero-comercial. La mayoría libanesa sobrevive con pocos dólares al mes, mientras que sus representantes en el parlamento son multimillonarios.

Su Producto Interno Bruto (PIB) es de apenas 51 mil 844 millones de dólares; la deuda externa corresponde a 86 mil millones de dólares, equivalente a 150 por ciento del PIB, y lo ubica como el tercer país más endeudado del planeta. Además, sus servicios públicos son muy deficientes y su gabinete está acusado de corrupción.

Los primeros ministros anteriores (Hariri y Najib Mikati) amasaron su fortuna en las telecomunicaciones, mientras la población paga una de las tarifas telefónicas más altas en el mundo. En tanto, miles de libaneses pasan sin luz 12 horas diarias, viven en guettos oscuros y no tienen dinero para el médico, los hijos de los políticos usan autos deportivos italianos y se divierten en cabarets.

Por ello, cuando se anunció la tasa de 20 centavos de dólar diarios en el uso de WhatsApp, Facebook y Viber estalló el descontento. Hoy gran número de libaneses se manifiestan en las calles.

Revolución con micrófono

Desde el 17 de octubre, miles de libaneses salieron a las calles de Beirut, Trípoli del este, Sidón y Nabatieh (en el sur) para exigir un cambio de sistema político. Al grito de “Salida sin excepción de los funcionarios”, los manifestantes soportaron la presión, incluso tras la dimisión del primer ministro.

Su exigencia por un cambio en el sistema político llevó al cierre de bancos, comercios y escuelas. El cuatro de noviembre se convocó a una huelga general. En la víspera, convocados por redes sociales, miles de personas fluyeron por las calles y avenidas hacia la céntrica plaza de los Mártires.

En esa revuelta popular no violenta se manifestaron miembros de todas las clases sociales y edades, reunidos en torno a la música. El impacto fue tal que las televisoras privadas locales (LBC, Al Jadeed y MTV) cedieron su tiempo a entrevistas sin censura, y por horas permanecieron en el sitio de las protestas.

Una mujer describió su incapacidad para pagar la cirugía que necesita su hija y otros preguntaron: “¿Cuánto dinero tienen nuestros políticos en bancos suizos?” Y corearon: “¡Queremos que regrese nuestro dinero!”. Empleados de las empresas pertenecientes a un exprimer ministro denunciaron que nunca recibieron los bonos prometidos.

Al cabo de tres semanas, la revuelta sin líderes visibles –lo que incomoda mucho a Occidente– se afirmó con la contundencia y la claridad de sus demandas, precisó el analista de QQWSAT, Eyad Abu Shakra.

Otros manifestantes reclamaron a los funcionarios: “¿Alguna vez has pagado tarifas de teléfono?”. O corearon: “¡Que se jodan los políticos!”. En tanto que las mujeres desafiaron al ministro de Educación: “¡Tráiganos a sus hijos, les enseñaremos revolución!”, describió el analista Habib Battah.

El presidente Aoun admitió que “no es fácil combatir la corrupción porque está anclada en el Estado desde hace décadas y solo desaparecerá con grandes esfuerzos que ya realizamos”. Y aunque prometió formar un nuevo Ejecutivo que efectúe la “transición de un sistema sectario a un Estado civil”, lejos del reparto de poder con base en la pertenencia religiosa, los libaneses le reclamaron el retraso en la formación de ese gobierno.

Pese a este compromiso, su yerno y ministro de Relaciones Exteriores, Gebran Bassil, desafió a los manifestantes al reunir a militantes de su partido, la Corriente Patriótica Libre (CPL), sobre la carretera que lleva al palacio presidencial de Baabda. Ahí pidió que “en lugar de bloquear calles corten el camino a los corruptos y a quienes no votan a favor de las leyes”.

El extraño tacto de Washington

Es obvio el interés geopolítico de EE. UU. en Líbano. Sin embargo, tras los enfrentamientos del 30 de junio, Washington asumió la posición neutral de “no politizar” la investigación de los sucesos.

Para algunos analistas se trató de un gesto favorable hacia Hezbolá –grupo al que Washington e Israel clasifican de terrorista y cercano a Siria e Irán– porque mantiene contactos discretos. Ese movimiento nació para combatir la ocupación israelí de 1982 y en 2006 resistió una violenta ofensiva de 33 días contra el ejército sionista.

No obstante, los libaneses conocen bien la naturaleza imperial. El enviado de Donald Trump para Asuntos del Medio Oriente, David Satterfield, llegó a Beirut en marzo de 2019. Se difundió que apoya a Israel para controlar la frontera marítima con Líbano y los territorios ocupados por palestinos, los campos de petróleo y gas que hay en alta mar. Por tanto, el líder del Parlamento libanés, Nabih Berri, advirtió que el objetivo de EE. UU. consiste en crear divergencias entre las fuerzas políticas.

Resulta paradójico que, aunque Hezbolá tiene mayoría en el gobierno libanés, el Pentágono mantenga su ayuda bélica a ese país. Por eso, en septiembre pasado, la periodista Shoshana Bryen preguntó: “¿Por qué EE. UU. entrena y equipa al ejército de Líbano?”. Diríamos ¡Por negocio!

Entre 2005-2018 esa ayuda costó dos mil 300 millones de dólares, más mil 200 millones adicionales para que Líbano “sea una democracia plena”. El gobierno de Barack Obama duplicó su venta de armas entre 2016-2017 y con Trump, tres mil soldados fueron entrenados. El complejo industrial militar de EE. UU. ganó 16 millones de dólares con la compra de misiles de precisión guiados por láser y seis drones, según Israel Noticias.

Este año,  EE. UU. dotó a Líbano con equipos valorados en 14.3 millones de dólares (dispositivos de visión nocturna, radios, aviones, telecomunicaciones, helicópteros, municiones) para aumentar “considerablemente la capacidad de combate contra extremistas violentos” del país, reveló Bryen con base en un documento del Departamento de Estado.

Hasta ahora, todo indica que Trump resiste la tentación de intervenir en Líbano, y aprovecha las contradicciones internas para mantener su influencia y colosales ventas de armas a ese país. Además, tiene en el terreno a su super-protegido Israel que busca desestabilizar con incursiones armadas y ataques de drones sobre las posiciones de Hezbolá.

La prensa corporativa acusa a Siria e Irán por esta crisis y oculta la ocupación israelí, así como la corrupción pública. En un  inédito acto de congruencia informativa, la BBC destacó que el embajador iraní en Líbano, Mohammad Jalal, ofreció ayuda a ese país (desde electricidad hasta medicamentos y protección ante el agresor) que no es otro más que Israel.