• Más presupuesto a las Normales Rurales, menos dinero a las mafias académicas”: estudiantes demandan a la Cámara de Diputados aprobar el 8% del PIB en educación, para el Presupuesto de Egresos 2022.
• Acceso universal, democratización de las instituciones educativas, derechos estudiantiles y pleno reconocimiento del modelo del normalismo rural, temas pendientes en la Ley General de Educación Superior.

Representantes de la Central de Estudiantes Universitarios de la UNAM, la Federación de Estudiantes de Nayarit, del Movimiento Estudiantil Espartaco de Puebla y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, exigimos a las Comisiones de Presupuesto y de Educación, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, que se destine 8% del PIB a la educación, y 1% para la educación superior y ciencia y tecnología, tal como lo establece al artículo 119 de la Ley General de Educación.

Anunciamos el inicio de un proceso de consulta y elaboración, desde los estudiantes, de una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación Superior, para que se garantice verdaderamente el acceso universal a la educación superior, se reconozcan los derechos estudiantiles, especialmente el de asociación, y se mandate la democratización de las estructuras de gobierno de las instituciones escolares. También es indispensable mejorar las condiciones de permanencia, por ejemplo, a través de la construcción de casas del estudiante, dormitorios, comedores y la disponibilidad de transporte seguro. Esto, en un contexto de crisis sanitaria y económica en México que ha obligado a, según el INEGI, 5.3 millones de alumnos, de entre 3 y 29 años, abandonar su formación durante el ciclo escolar 2019-2020.

En ese sentido, impulsaremos, a través de la reforma legislativa mencionada, el reconocimiento a los 5 ejes del normalismo rural y el etiquetado de sus recursos correspondientes, garantizando la existencia jurídica de las Escuelas Normales Rurales, plasmada hoy en el artículo 31 de la Ley General de Educación Superior, gracias a la movilización de la Confederación de Estudiantes de México a finales del 2020. Destaca la necesidad del etiquetado de los recursos, ya que los gobiernos de las entidades federativas suelen desviar su aplicación hacia otros proyectos, o terminan en el subejercicio.

Por otra parte, nos pronunciamos porque el presupuesto dirigido a las Universidades sea gestionado democráticamente y se traduzca en mejoras reales a las condiciones de estudio y trabajo de toda la comunidad de esas instituciones, además de combatir los actos de corrupción cometidos por integrantes de las burocracias universitarias. Tal es el caso de los 31 investigadores de la asociación civil denominada “Foro Consultivo del Conacyt”, imputados por la Fiscalía General de la República, por delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre los que se encuentra Enrique Cabrero Mendoza, ex Director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM desde el 8 de septiembre pasado.

Solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación, fiscalizar el ejercicio del presupuesto asignado en 2021 a las Universidades Autónomas del país y a las autoridades de las Escuelas Normales Rurales. La autonomía no debe significar impunidad, el cogobierno estudiantil es garantía de transparencia.

Finalmente, hacemos un llamado a asistir a la marcha del próximo sábado 2 de octubre, que partirá a las 16:00 horas, de la plaza de Tlatelolco al Zócalo capitalino. A 53 años del genocidio contra el movimiento estudiantil y popular de 1968, nuestra consigna es, por una reforma universitaria y normalista con memoria histórica, transformemos la educación superior en beneficio de la clase trabajadora.