La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
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Señalar el ideal de estilo de vida de otras personas es fácil y condenar a las que tienen ideas “aspiracionistas” parece un mero pretexto para ocultar las cifras de la pobreza en México, que son alarmantes y se han profundizado en el actual Gobierno Federal. Pedir a la gente que se conforme o insistir que para vivir no se necesita mucho dinero, suena a hipocresía y a doble moral cuando la austeridad se pide y aplica a otros, menos a la familia; sobre todo en un país donde, de acuerdo con las cifras oficiales, el 43.3 por ciento de la población se halla en la pobreza. Sin embargo, tal estadística se queda corta frente a las estimaciones de estudiosos como Gerardo Esquivel, actual funcionario del Banco de México (Banxico) y economista cercano al Gobierno Federal, y el investigador Julio Boltvinik, quienes calculan que más del 80 por ciento de los mexicanos tienen alguna carencia que los ubica en una situación de supervivencia, es decir, en un estatus socioeconómico lindante en la mendicidad y en padecimiento del hambre. Pero no todas las familias en México la pasan igual, ya que hay algunas que viven en mansiones “grises” o en “palacios” con ascendencia virreinal.
Para propiciar que las familias mexicanas superen sus precarias condiciones, debe trabajarse en dos vertientes a la par. Por un lado hay que mejorar el aparato productivo y, por el otro, impulsar políticas públicas que aminoren la gran brecha de desigualdad que impera en el país. La escasa visión que el actual gobierno tiene para propiciar un desarrollo económico sostenido lo lleva al despilfarro de grandes recursos financieros del Estado a través de programas asistencialistas, cuyo objetivo real consiste en la compra de votos y conciencias y en obras de infraestructura “patito”. Pero, además, su política de brazos caídos y su estrategia sanitaria inconsistentes hicieron de la pandemia del Covid-19 un caldo de cultivo que ha terminado por rematar a la enferma economía mexicana.
Pues bien, y aunque éste no es el mes del testamento pero sí el día de la familia, en estos días, el Presidente se ha movido de su deseo de definir herencias políticas a la necesidad de lloriquear por los recientes ataques que su hijo Ramón recibió por haber vivido en la “casona gris” de Houston. Sin embargo, hay que advertir que este escándalo mediático es en realidad todo un circo que funciona para distraer a los mexicanos de asuntos de gran trascendencia para la vida pública del país, entre los que destaca la crisis económica de la mayoría de las familias mexicanas; o sea, como escribe don Eduardo Galeano, para los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los que tienen escasas oportunidades de salir adelante y para los que ese tipo de escándalos constituye un insulto.
Para estos mexicanos no hay herencias; y lo único que heredan a sus descendientes son deudas y problemas, porque su enorme pobreza y desigualdad provocan que los anhelos propios y de sus hijos queden solo en buenas intenciones. Nadie escapa a su realidad, mucho menos los hijos de nadie. El aniquilamiento y la destrucción que están dejando los morenistas resulta más que obvia. La austeridad franciscana, la sencillez y la vida honesta de la familia López es una farsa.
Ya se sabía: la sagrada familia no encabeza una transformación, sino a una pandilla de ladrones que roba abiertamente las arcas de la nación. Por ello, su parloteo sobre la lucha contra los corruptos suena cada vez más hueca, y tiene menos seguidores porque la mayoría de los ciudadanos espera resultados tangibles que cambien su complicada situación. Y aun cuando los empresarios favorecidos por el actual régimen, como Daniel Chávez, del Grupo Vidanta, “supervisor honorario del Tren Maya”, que sin perseguir ningún interés asegura haber empleado al hijo del Presidente, aunque salga en defensa propia a revelar sus miles de virtudes de buen samaritano, la contundencia de los hechos denunciados hacen que sus explicaciones salgan sobrando.
Al final, el Presidente y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) conforman la añeja clase política, practican la misma corrupción, su gobierno no ofrece ninguna variante; y sus resultados ni siquiera son aceptables. Los morenistas saben perfectamente esto y sospechan que pronto tendrán que pagar la factura por el destrozo nacional que están haciendo.
Pero volviendo a los herederos: lo que también deja entrever el escándalo, en el que actualmente está envuelto el hijo del Presidente, es que los juniors de los políticos y los magnates gozan de privilegios y se dan vida de reyes con el dinero mal habido de las corruptelas de sus padres, con los salarios de hambre que pagan a los obreros y con el sudor y la sangre del pueblo mexicanos. Por todo ello, ¿alguien en su sano juicio puede creer en la austeridad republicana de la familia López. No. No hay ninguna sorpresa, porque los hijos de Andrés Manuel López Obrador ahora son los juniors de la cuarta transformación (4T). Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus no fueron los primeros en exhibir la riqueza de los hijos del Presidente en Houston. Fueron ellos mismos, ya que como el Presidente lo declara, son los “fifís y los fantoches que gustan exhibir sus riquezas”. Porque es cierto que la riqueza, al igual que la pobreza, es difícil de ocultar. Ahora, los “López” son los nuevos ricos; y su estilo de vida mata los rollos sobre la austeridad e incorruptibilidad que, desde luego, nunca tuvieron.
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El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
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En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
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Escrito por Capitán Nemo
COLUMNISTA