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Exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) alertaron sobre las consecuencias negativas que traería la reducción del financiamiento público contemplada en la propuesta de Reforma Electoral presentada por el Gobierno Federal.

Advirtieron que la reducción del financiamiento público limitará la capacidad operativa de los partidos para llevar a cabo campañas y actividades políticas.

Mauricio Huesca, exconsejero del IECM y Javier Santiago Castillo, exconsejero del INE, coincidieron en que el recorte del 50 por ciento a las prerrogativas afectaría especialmente a los partidos pequeños y de oposición.

En entrevista para buzos, el exconsejero Mauricio Huesca explicó que, al disminuir los recursos disponibles, los partidos minoritarios perderían capacidad para representar a sus electores y mantener su presencia en la vida política del país.

Además, advirtió sobre el riesgo de permitir el ingreso de recursos de procedencia ilícita. "Sin una fiscalización adecuada, aumentaría la probabilidad de que organizaciones criminales, incluyendo al narcotráfico, intervengan en la política nacional", afirmó Huesca.

En ese contexto, propuso modificar el esquema actual de asignación de recursos. Explicó que aproximadamente el 70 por ciento del financiamiento público se distribuye según la fuerza electoral de cada partido, mientras que sólo el 30 por ciento se reparte de manera equitativa entre todas las fuerzas políticas. Esto beneficia principalmente al partido con mayor número de curules, dejando a las demás agrupaciones con una proporción mucho menor de los recursos.

Huesca insistió en que una reducción de recursos generaría graves consecuencias para los partidos con menor representación, al restringir sus actividades ordinarias y de campaña. Esta situación facilitaría la infiltración de fondos ilegales, provenientes de actores que buscarían influir en las decisiones políticas o legislativas mediante la cooptación de candidatos o dirigentes.

“Una empresa refresquera buscaría beneficios a cambio del uso del agua; una cigarrera presionaría para obtener regulaciones favorables; el narcotráfico influiría para asegurar rutas y protección; incluso algunas iglesias intentarían imponer sus ideas mediante financiamiento a partidos”, ejemplificó. También, aseguró que todos los poderes fácticos tendrían motivos para intervenir en el proceso democrático.

Por su parte, Javier Santiago subrayó que las fuentes de financiamiento ilícito podrían incluir gobiernos extranjeros, grupos del crimen organizado, empresas con intereses económicos en el Congreso, medios de comunicación, instituciones religiosas, entre otros actores con intenciones de intervenir en la política nacional.

Ambos especialistas concluyeron que la reducción de recursos a los partidos representa un tema delicado que requiere una evaluación profunda sobre sus implicaciones en la democracia mexicana. Huesca insistió en la necesidad de revisar el mecanismo de distribución de prerrogativas, en lugar de aplicar un recorte general.