Familias desplazadas por la violencia en Sinaloa denuncian falta de alimentos, vivienda y seguimiento institucional, mientras exigen información sobre cómo se ejercerán los 75 millones de pesos (mdp) presupuestados para atenderlas durante este 2026.

Una mujer desplazada que llegó a Culiacán después de abandonar su comunidad había pasado ya por cuatro o cinco censos cuando recibió algunos apoyos: un catre y una despensa. El problema, contó después a quienes acompañan a las familias desplazadas, era dónde podría instalarse.

“Me dieron un catre y una despensa ¿A dónde pongo un catre si no tengo dónde vivir? Una despensa, ¿a dónde, si no tengo dónde cocinar?”, relató la activista Esmeralda Quiñones al recordar el testimonio de aquella mujer. 

Ésta es una de las miles de historias que han vivido las familias desplazadas que actualmente viven en Culiacán, Guasave, Mazatlán y demás cabeceras municipales. Algunas llegaron desde Tepuche, Badiraguato y otras comunidades afectadas por la violencia y terminaron instalándose en construcciones de madera y lámina alrededor del relleno sanitario de la capital sinaloense o en las periferias de los municipios cercanos a sus comunidades. 

Quiñones calcula que cerca de 180 familias desplazadas viven en la colonia Ampliación Bicentenario y las inmediaciones del basurón. Para algunas, recuperar plástico, aluminio, cartón y otros materiales entre los desechos se convirtió en su fuente de ingresos después de abandonar sus comunidades.

“Hay como 180 familias que llegaron aquí desde Tepuche, de Badiraguato y de varias partes. Llegaron a trabajar al basurón, pero éste ya no se da abasto, ya no alcanza para todos. La basura disminuye, pero la gente que trabaja ahí, aumenta”, explicó. Mientras estas familias buscan cómo sostenerse, durante 2026 existe un presupuesto público destinado específicamente a atender el desplazamiento forzado.

El Congreso de Sinaloa aprobó una bolsa de 75 mdp para acciones dirigidas a personas desplazadas. Sin embargo, representantes de esta población aseguran desconocer cómo se están utilizando los recursos y denuncian que durante meses han buscado atención de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides).

“Absolutamente nada sabemos. No nos han informado qué harán con ese recurso”, lamentó Esperanza Hernández Lugo, quien fue desplazada en 2012, junto a cientos de familias, del municipio de Sinaloa; y desde entonces acompaña a otras personas que debieron abandonar sus comunidades.

La pregunta sobre el destino de los recursos permanece mientras el desplazamiento continúa en diferentes regiones del estado y las necesidades de las familias abarcan alimentación, vivienda, empleo, servicios básicos y condiciones de seguridad para regresar a sus lugares de origen.

Familias que siguen saliendo

Esperanza Hernández conoce el desplazamiento desde hace más de una década, pero durante 2026 se encuentra con familias que apenas comienzan ese recorrido. En julio visitó el municipio de Choix en el norte del estado y documentó más de 100 familias que, de acuerdo con su recuento, habían abandonado sus comunidades. 

Así, habitantes de Agua Caliente de Baca y de rancherías cercanas se refugiaron inicialmente en la cabecera municipal. Para algunos, ese lugar tampoco representó el final del desplazamiento: continuaron hacia Los Mochis para buscar empleo en campos agrícolas.

Entre quienes abandonan sus comunidades, explicó Hernández, hay niñas, niños, adultos y personas mayores. “La mayoría se van porque ahí ya no tienen qué hacer ni cómo sobrevivir”, narró.

La salida de una comunidad significa también dejar las actividades de las que dependía el ingreso familiar. Quienes vivían de la agricultura, la ganadería o trabajos realizados en sus localidades, deben buscar nuevas fuentes de sustento en las ciudades.

Para las familias sin empleo estable, los apoyos alimentarios se convierten entonces en una de las primeras solicitudes. Sin embargo, Hernández denunció que, durante meses, algunas familias ya no reciben despensas. “En el tiempo que estuvo el anterior Secretario, no se dio ni una despensa. Ahora nos dicen que lo revisarán, que lo van a ver; pero seguimos igual”, lamentó.

En julio se revisaron los procedimientos disponibles en Compranet Sinaloa y no se localizaron licitaciones correspondientes a 2026, específicamente identificadas para comprar despensas destinadas a personas desplazadas. Tampoco aparecían instrucciones con ese objeto en el apartado correspondiente al sistema del Desarrollo Integral para la Familia Sinaloa.

La revisión no garantiza que se hayan adquirido o distribuido alimentos, ya que éstos pueden proceder de otras partidas, dependencias, existencias o mecanismos de adquisición. Hasta entonces, Sebides tampoco había informado cuántas familias estaban recibiendo despensas ni mediante qué recursos se financiaban. 

¿Cuántas comunidades necesitan atención?

El seguimiento de los 75 mdp produce otra pregunta: ¿cuántas familias desplazadas existen actualmente en Sinaloa? Los propios registros gubernamentales presentan variaciones.

Un análisis elaborado por Sibely Cañedo Cázarez, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa y especialista en desplazamiento forzado interno, identificó diferencias entre respuestas proporcionadas por Sebides mediante solicitudes de información.

En febrero de 2026, la Secretaría reportó dos mil 189 familias desplazadas entre septiembre de 2024 y enero de 2026, periodo correspondiente al recrudecimiento de la violencia en el estado.

Tres meses después, otra respuesta contabilizó tres mil 619 familias desplazadas acumuladas hasta abril, pero únicamente mil 171 correspondían al periodo iniciado en septiembre de 2024. Esto significa que mil 18 familias ya no aparecieron en el registro correspondiente al episodio reciente de violencia.

Una explicación, según advierte Cañedo, son los retornos realizados por decisión de las propias familias. Sin embargo, la investigadora revela que no existe un seguimiento sistemático que permita conocer cuántas regresaron, bajo qué condiciones lo hicieron y si permanecen nuevamente en sus comunidades.

También existe población que nunca llega a los registros. “Muchas personas no se acercan a las autoridades, ya sea por miedo, porque la misma dinámica de la violencia provoca que las personas quieran estar más de manera anónima y no exponerse”, destacó.

Cañedo identifica además el denominado desplazamiento silencioso o “gota a gota”: familias que no abandonan una localidad durante un éxodo colectivo, sino que salen gradualmente conforme cambian las condiciones de seguridad.

“Hay personas que resisten, que se van quedando; pero que después, por la misma dinámica, se tienen que ir, pero ya lo hacen de manera más personal, con bajo perfil”, precisó. Sin embargo, la especialista estima que en Sinaloa la cifra de familias desplazadas podría acercarse a cuatro mil, además de aquellas que permanecen afuera de los registros.

Por ejemplo, en Choix se observa esa diferencia. Mientras uno de los reportes oficiales contabilizaba apenas dos familias desplazadas recientemente en el municipio, Esperanza Hernández aseguró haber identificado más de 100 durante sus recorridos. “No hay un censo real desde que empezó esta situación de los pleitos de ahí a la fecha”, sostuvo.

La ausencia de una cifra estable también interviene en la planeación de los recursos: para distribuir apoyos, establecer programas de vivienda o calcular necesidades alimentarias, debe conocerse cuántas personas necesitan atención y dónde se encuentran.

Del desplazamiento al basurón

En Culiacán, algunas familias encontraron un sitio para establecerse junto al relleno sanitario, mejor conocido como el basurón. Esmeralda Quiñones cuenta que no todas llegaron en las mismas condiciones.

Hay quienes ya poseían familiares en la ciudad, alguna propiedad o recursos para rentar una vivienda. Otras abandonaron sus comunidades sin documentos personales, empleo ni un lugar donde quedarse.

“No toda la gente salió desplazada de la misma forma. Hay personas que llegaron teniendo una casa en Culiacán o un trabajo; pero hay quienes llegaron sin saber leer ni papeles para trabajar, sin casa ni nada”, sentenció. Para estas últimas, el basurón se convirtió simultáneamente en lugar de trabajo y espacio alrededor del cual instalarse.

Quiñones asegura que, desde diciembre de 2025, buscó reuniones con Sebides para solicitar atención. El Ayuntamiento de Culiacán llevó, en algunas ocasiones, apoyos alimentarios y existe un comedor comunitario; pero la activista señala que los compromisos de autoridades estatales para acudir directamente a censar a las familias no se concretaron.

“Quedaron muy formalmente de avisarnos cuándo vendrían; pero no contestan. Nomás como que quisieron que nos fuéramos del Palacio, pero no traen ningún apoyo ni acercamiento con las familias desplazadas”, relató.

En 2026, representantes de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) visitaron el asentamiento y realizaron un registro de alrededor de 200 familias desplazadas de Culiacán y Badiraguato.

El acercamiento ocurrió después de que algunas familias ya habían participado en censos estatales. “Una señora fue censada cuatro o cinco veces, pero no la han ayudado”, narró Quiñones.

La repetición de registros también generó resistencia entre habitantes que necesitan dejar sus actividades laborales para acudir a reuniones. “En la última reunión que tendríamos, la gente ya no quiso bajar del trabajo, ya no quiere perder su tiempo, porque saben que solamente son palabras”, denunció.

La versión del gobierno de Sinaloa sobre la atención a las familias es distinta. A principios de agosto, Yeraldine Bonilla Valverde, entonces gobernadora interina, aseguró que Sebides mantenía presencia en diferentes municipios y estaba distribuyendo apoyos.

“Sebides se encuentra en todo el estado haciendo entrega de despensas, de cobijas y catres. Hemos estado en toda la entidad repartiendo despensas y las otras atenciones que se han necesitado, no solamente de los desplazados, sino también de las comunidades donde se requiere algún apoyo del gobierno del Estado”, declaró la Gobernadora y aseguró además que el Gobierno mantenía mesas de trabajo con personas desplazadas.

“Tenemos mesas de trabajo con ellos. Solicitaré al Secretario que se reúna con ellos nuevamente, como lo hemos hecho cada mes”, agregó. Durante ese encuentro, no precisó cuántas familias desplazadas recibían despensas ni en cuáles comunidades habían sido distribuidas.

Rita Tirado López, integrante de la colectiva Periferia Subversiva, reconoció que la organización ha tenido conocimiento de entregas gubernamentales; aunque, alertó, las familias con las que mantienen contacto, reportan todavía diversas necesidades.

También cuestionó el funcionamiento de las mesas para personas que viven lejos de las ciudades y no poseen recursos para trasladarse. “Estas mesas de diálogo no tienen ningún sentido, porque las personas desplazadas no tienen medios para para ir a las mesas, ¿con qué recursos? Ni siquiera dan viáticos”, aseveró.

Regresar tampoco resuelve el desplazamiento

Las necesidades documentadas no corresponden únicamente a quienes permanecen fuera de sus comunidades. En Concordia existen familias que regresaron a la sierra después de desplazamientos anteriores y que, durante 2026, enfrentaron nuevamente restricciones para movilizarse debido a la violencia.

Roque Vargas, representante de familias retornadas de Chirimoyos, identificó problemas en Santa Lucía, Potrerillos, La Petaca, Chirimoyos y El Palmito. En otras comunidades, como Pánuco, Copala, Chupaderos, La Guásima, El Magistral, San Juan de Jacobo, Agua Caliente de Jacobo, Santa Catarina, Los Naranjos, Las Iguanas y Palmillas también se reportaron afectaciones relacionadas con hechos violentos y emigración de habitantes.

En las comunidades donde permanecen familias, el aislamiento redujo las posibilidades de trasladarse para trabajar o comprar alimentos. “Hay gente que no tiene ni maíz ni frijol. Yo tengo gallinas y estoy regalando el huevo que producen a las familias que no tienen nada, porque no pueden comprármelos. Hay muchos niños que se están alimentando muy mal”, reportó Vargas.

Organizaciones civiles que anteriormente llevaban medicamentos, ropa, calzado y otros artículos suspendieron sus recorridos debido a las condiciones de seguridad. Periferia Subversiva acopió, durante aproximadamente cinco meses, donaciones que no podía trasladar a la sierra. Vargas pidió suspender las visitas para evitar exponer a quienes participaban en las entregas.

La situación plantea otra dimensión para los programas dirigidos a la población desplazada: existen familias fuera de sus comunidades; pero también personas que retornaron y todavía requieren alimentación, seguridad y condiciones para permanecer.

Vivienda: el pendiente después de la emergencia

Cuando una familia no puede regresar, la atención ya no resuelve dónde dormirá o qué comerá durante los primeros días. La vivienda aparece entre las principales solicitudes de las personas desplazadas en Sinaloa.

Sibely Cañedo señala que durante años, las respuestas gubernamentales se concentran principalmente en apoyos inmediatos. “Generalmente, los apoyos son paliativos; les dan despensas, a veces cobijas o enseres domésticos”, enumeró.

Estos apoyos atienden necesidades específicas, pero las políticas para desplazamiento también contemplan soluciones relacionadas con retorno, reubicación, reasentamiento y recuperación de condiciones de vida.

En Mazatlán, organizaciones que acompañan a la población desplazada recuerdan que, durante la administración estatal anterior fueron construidas alrededor de 55 viviendas en el fraccionamiento Cvive.

José Carlos González Alarcón, presidente de Mexican Human Rights, estimó que posteriormente no han identificado nuevos proyectos habitacionales dirigidos a esta población. “Hasta ahorita no tenemos casas”, reveló. Y otra posibilidad fue planteada desde programas federales.

El Gobierno de Sinaloa había anunciado que familias desplazadas podrían incorporarse a las acciones de vivienda desarrolladas por el Gobierno Federal. Sin embargo, a un año de tales anuncios, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no registraba solicitudes del gobierno estatal para destinar viviendas específicamente a poblaciones desplazadas.

El acceso mediante ese organismo también depende de requisitos de derechohabiencia, por lo que no todas las familias desplazadas pueden ingresar por esa vía.

Mientras se definen tales alternativas, algunas resuelven por cuenta propia dónde vivir: rentan, recurren a familiares, construyen en asentamientos irregulares o permanecen en espacios provisionales. Es en ese punto donde el testimonio recogido por Esmeralda Quiñones vuelve: recibir un catre resuelve la falta de una cama solamente cuando existe un lugar dónde colocarla.

Una bolsa de 75 millones y familias que siguen esperando

El presupuesto aprobado para 2026 contempla 75 mdp para atender el desplazamiento forzado interno. Las necesidades documentadas abarcan distintos momentos: la emergencia alimentaria después de abandonar una comunidad, el registro como persona desplazada, el acceso a empleo, la vivienda, los servicios; y, para quienes regresan, condiciones que permitan permanecer en sus localidades.

Desde julio, representantes de las familias desplazadas han pedido información sobre cómo se distribuyen esos recursos. Diputadas del Partido Revolucionario Institucional también solicitaron públicamente que el gobierno estatal informara sobre su ejercicio y reactivara apoyos que, según los testimonios recogidos, ya no llegaron a algunas familias. “Simplemente queremos saber en qué se está gastando”, cuestionó la diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles.