Desde 2019, la Ciudad de México (CDMX) se mantiene entre las cinco entidades del país con más personas desaparecidas; y en los últimos seis años, sus gobernantes −Claudia Sheinbaum, Martí Batres y Clara Brugada− destacaron por “no hacer nada” para solucionar este grave problema social.

La actitud negligente de las autoridades en la capital del país y la cantidad de personas sin localizar motiva a las madres, padres y otros familiares a organizarse y realizar manifestaciones de protesta donde exhiben mantas y entregan volantes exigiendo justicia y la aparición de hijas, hijos y parientes.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación (Segob), en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el número de desaparecidos en la CDMX se multiplicó más de 13 veces en comparación con el sexenio anterior.

En ese mismo periodo, además, la capital de la República ocupó el cuarto lugar nacional con tres mil 655 desapariciones, cifra equivalente al 49 por ciento del sexenio anterior. Entre 2023 y 2024, las alcaldías de la CDMX con más incrementos fueron Iztapalapa, que pasó de 75 desapariciones a 318; Gustavo A. Madero de 104 a 238 y Cuauhtémoc de 65 a 230.

Un informe de la organización civil Causa Común reveló que esta tendencia al alza se conserva hoy cuando Sheinbaum encabeza el Gobierno Federal y la Jefa de Gobierno de la CDMX es Clara Brugada. 

Por ello, las cifras de desaparecidos resultan significativas, “están sobrepasando a las instituciones y las autoridades no hacen nada para detenerlas” , reveló Angelina Almeida Moreno, integrante del colectivo Ni una más Tamaulipas. 

“La verdad es que mis datos son más que alarmantes, son más que preocupantes. Lamentablemente, todos los días tenemos desaparecidos. El término real no debería ser desaparecidos, porque la gente en México no desaparece, porque aquí no hay magia, se los llevan; pero nos tienen que dar una etiqueta, como la etiqueta de víctimas.

“Esto está sobrepasando a todas las instituciones desde hace mucho tiempo; es meramente una simulación lo que hace la Fiscalía General de la República (FGR); lo que hacen las fiscalías de los estados y la propia Fiscalía de la CDMX; y lo que hace la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales”, denunció Angelina Almeida. 

La fundadora del colectivo, que desde hace nueve años busca a su esposo, quien fue detenido en Tamaulipas por la Secretaría de Marina (Semar) y hasta el momento se desconoce dónde está; la pareja se dedicaba a la venta de automóviles que traía de Estados Unidos a Tamaulipas

Entrevistada por buzos, la activista denunció que durante el proceso judicial se ha enfrentado a una serie de irregularidades; una de las más graves fue la entrega de una urna con los supuestos restos de su esposo; pero que en realidad pertenecían a más de dos personas; sin acta de defunción y una prueba de ácido desoxirribonucleico (ADN) hecha por una persona que no es perito en la materia, sino un trabajador más de la dependencia de nefrología.

“Mi esposo se llama Juan Sebastián Casino; nosotros somos originarios de la CDMX; por un negocio familiar que teníamos en Reynosa, veníamos él o yo a comprar refacciones y autopartes. Cuando él estaba en Reynosa ganaba unos pesos más, compraba y vendía aquí mismo en la zona fronteriza, debido a que los carros usados son más baratos.

“El vendió un Taurus y el cliente le dijo que lo compraba si hacían la prueba para calarlo, acudiendo al poblado de Díaz Ordaz. Él se fue a Díaz Ordaz, vendió el carro, se lo pagaron, pero no supo cómo regresarse. Una de sus trabajadoras y su hijo fueron por él, pero cuando iban llegando notaron que la Semar lo estaba subiendo a sus unidades y desde entonces no lo he vuelto a ver ni a saber nada de él”.

Almeida narró que durante nueve años le han cambiado las agencias de Ministerio Público (MP) varias veces; le han reportado que su marido falleció, que ya no debe buscarlo, vivir su duelo y regresar a la CDMX; pero ella afirma que no descansará hasta encontrarlo o que por lo menos se le haga justicia.

Otros colectivos y el suyo aseguran que las cifras de desaparecidos están aumentando nacionalmente y que las autoridades de procuración de justicia y judiciales se limitan a crear las carpetas de investigación, pero después no investigan ni se preocupan por brindar custodia a quienes buscan a sus familiares.

Colectivos sin ayuda

Las estadísticas elaboradas por los colectivos difieren de las oficiales y sus números son mayores. En la zona oriente del Estado de México (Edomex), por ejemplo, han contabilizado hasta 30 personas diarias, la mayoría mujeres, niños y adolescentes, comentó Juana Araceli Ávila Cholico, fundadora de la Asociación Civil Karina Sororidad.

“Son reportes de personas que han sido levantadas en camionetas, desaparecidas. Lo mismo se ha elevado el número de mujeres desaparecidas por sus maridos, que usan métodos más fuertes; es decir, cada vez son más sanguinarios. Además, las mujeres y los jóvenes son quienes más desaparecen”, explicó.

Para exhibir el problema, su colectivo ha creado varios recursos, entre los que destaca el más novedoso, consistente en la entrega de separadores para libros que distribuyen en las avenidas y plazas de la región.

“Los repartiremos en los semáforos cuando esté el alto, en rojo. No haremos bloqueos ni afectaremos el tránsito ni en las carreteras. Las leyendas irán en los separadores para que los ciudadanos volteen a ver a algún indigente, a niños que anden vendiendo, o que realizan alguna actividad en la calle, porque seguramente es gente secuestrada; mujeres que también han sido sacadas de sus hogares y pueden estar en peligro por trata”, detalló Ávila Cholico.

En entrevista con este semanario, la activista advirtió que la búsqueda de su hija fue muy larga, porque el esposo fue quien la asesinó y repartió dinero para que la culparan a ella y a sus otros hijos y hermanos de la víctima.

Además, le quitaron la custodia de sus nietas, trataron de meterla a la cárcel a ella, y uno de sus hijos fue culpado y detenido por el supuesto robo de mil pesos, acusación también fabricada, pero no lograron detenerla porque su hijo se declaró culpable para que no la detuvieran y fue sancionado con cinco años de cárcel.

“Hoy sólo le quedan 20 días a mi hijo para que quede libre, luego de haber acudido con diversas autoridades y mencionar que después de ser víctimas, ahora éramos delincuentes, culpables y posiblemente detenidos”, denunció la activista.

Actualmente, los colectivos de padres buscadores están impulsando la propuesta para que sus integrantes entren a los albergues y centros de apoyo para revisar si entre los huéspedes se hallan sus familiares, y ahora únicamente se les permite ver las listas de quienes se encuentran en esos lugares.

Ávila Cholico explicó que muchos desaparecidos pierden la memoria o son personas de la tercera edad que no recuerdan o dan sus nombres y apellidos equivocados.

Otros métodos para difundir sus demandas y denuncias son la colocación de grandes lonas. El pasado ocho de marzo, instalaron varias en la carretera México–Texcoco, a la altura de la avenida Peñón-Texcoco. 

La activista hizo un llamado a las autoridades federales y locales para buscar otras formas de sensibilizar a los ciudadanos, como la imparticiòn de cursos al personal de los ministerios públicos para que aborden adecuadamente a las víctimas y eviten comentarios penosos hacia las personas buscadoras de familiares desaparecidos.

“Deben estar preparados para tratar a las víctimas, y todavía siguen revictimizándolas, pues cuando acuden a reportar a alguna persona desaparecida, siempre escuchan comentarios como: ʻse fue con el novio o la novia’ o ʻestán escondidos’”.

Diez años sin conocer su paradero

El abogado Josué Molina Rodríguez tenía 31 años cuando fue secuestrado en su propio automóvil durante el día, frente a testigos y en una plaza pública. En el ejercicio de su profesión, nunca defendió ni estuvo ligado a casos involucrados con el crimen organizado. 

“No hubo movilización… no había cámaras dónde se pudiera ver quién o quiénes se lo llevaron”, informa su hermano, quien no ha dejado de buscarlo un solo día desde hace 10 años.

“En Guerrero, a diario desaparecen personas; y esas desapariciones no están ligadas a actividades de mafiosos, organizaciones criminales, como es el caso de mi hermano, que no andaba en malas compañías”, lamenta David Molina Rodríguez.

El vocero del colectivo Guadalupe Rodríguez insiste en que, a una década sin saber de su hermano, se desconoce su paradero, al igual que el coche en el que se transportaba la tarde en que se lo llevaron.

“Él no tenía nexos con nadie y tampoco estaba resolviendo o trabajando en algún caso especial por su labor como abogado. La desaparición ocurrió dentro de su automóvil, fue reportado al 911, único lugar donde se podía reportar en esos años a los desaparecidos, sin ningún resultado hasta el momento”.

David Molina responsabiliza a las autoridades del estado de Guerrero y al Gobierno Federal de impedir la búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, en 2023 su colectivo encontró 44 fosas clandestinas, y en 2024 solamente les permitieron trabajar en 12 de ellas.

“Nos limitaron las búsquedas. El gobierno no hace lo necesario para resolver este delito, menos lo hace el Ministerio Publico, que no realiza ninguna actividad para recuperar los cuerpos o ir a buscarlos, porque saben que esas tareas son hechas por nosotros”.

Molina afirmó que no recibe ayuda económica ni con personal para la localización de sus familiares, los peritos y demás personal del MP que carece de preparación para los estudios forenses.

“Con nuestros propios recursos buscamos a nuestros hijos, hermanos, hermanas, madres y padres. Con apoyo de un dron, mi colectivo está haciendo la búsqueda. Hemos encontrado varias fosas y nosotros recuperamos los cuerpos de los desparecidos. Hay una mala preparación del personal que trabaja en los MP porque nadie nos apoya en la búsqueda”, dijo.

“Llega el día del cumpleaños de nuestros familiares, pasan los días y las noches y nos preguntamos dónde está, qué está haciendo o en qué condiciones vivirá. Mi hermano, dejó tres hijos y diariamente preguntan por él”, lamentó a buzos.

Desapariciones invisibles

Los colectivos ciudadanos surgen por la falta de apoyo del Gobierno Federal, los estatales, municipales y el de la CDMX, que se desentienden de acciones efectivas para difundir ese delito.

En la capital de la República se limitan a hacer un recorrido en las calles o por los pasillos del Sistema de Transporte Colectivo STC-Metro, donde los familiares colocan los reportes de extravío con las fotografías de sus hijos, padres, hermanos y sobrinos.

Las redes sociales también se han visto rebasadas no sólo por los colectivos sino también por los familiares de los desaparecidos, que dejan sus números telefónicos con la esperanza de que algunos aporten pistas sobre noticia de sus familiares.

“El ánimo cae, especialmente por falta de recursos, por el nulo apoyo de la autoridad. Sin embargo, ya con los demás integrantes de otros colectivos empezamos de nuevo”, reconoce Angelina Almeida e informa que cooperan para el transporte y comida cuando son citados a salir a otros estados o a acompañar a los familiares cuando son citados por el MP.

Además, en el caso de la capital, los recursos financieros asignados a la Comisión de Búsqueda este año apenas aumentaron cuatro por ciento y ascienden solamente a 23.7 millones de pesos (mdp), cantidad aprobada por el Congreso capitalino mediante el conjunto de aspectos económicos del GCDMX-2025. El aumento fue únicamente de 900 mil 889 pesos respecto al de 2024.

En la capital del país desaparecieron más de seis mil personas en el sexenio anterior (2018-2024); y desde el 16 de mayo de 2024 hasta hace unos días se habían reportado mil 469 desaparecidos, la mayoría tenían menos de 18 años y el mayor número eran niñas.

Las alcaldías con más desaparecidos son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Venustiano Carranza. Los diputados de oposición en el Congreso local han exigido al gobierno de la CDMX que se atienda la crisis de desaparecidos, pero no ha efectuado ninguna medida. 

La diputada Claudia Pérez, del Partido Acción Nacional (PAN), hizo un llamado urgente a las autoridades correspondientes para destinar más recursos a la búsqueda de personas desaparecidas y el apoyo a madres buscadoras.

“Las cifras de desapariciones en la CDMX son alarmantes. No podemos seguir ignorando el dolor de estas mujeres que buscan a sus hijos y familiares sin apoyo del gobierno. No se les puede dejar solas”, demandó.

La coordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tania Larios Pérez, denunció por su parte que en la CDMX se desconocen las cifras reales de desaparecidos, por lo que no descartó que el número es mucho mayor al manejado oficialmente.

Luisa Gutiérrez, también legisladora del PAN, recordó que, desde el inicio del sexenio anterior, el entonces presidente borró tajantemente programas y acciones que mejoraban la vida de las mujeres no sólo en la CDMX, sino en el país.

Citó especialmente la eliminación de las estancias infantiles, los albergues para mujeres violentadas, las escuelas de tiempo completo, así como varios programas sociales que apoyaban a este sector de la población.

A principios de febrero de este año, el diputado Federico Chávez Semerena presentó un punto de acuerdo para exigir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que informe cuántas personas desaparecidas se han encontrado y qué indagatorias se han hecho en fosas clandestinas.

Recordó que las fosas halladas recientemente en la alcaldía Xochimilco fueron localizadas por madres buscadoras y no por las autoridades correspondientes; y demandó hacer públicas las estadísticas de la fiscalía capitalina, pero sin el “maquillaje” al que suelen someterlas los morenistas. 

Sí, sin alterarlas, enfatizó, “porque a veces dicen que son gente que desapareció de su casa, que están evadiendo la ley, o no se logra acotar si fue sobre la delincuencia en ese delito, o que no regresan a sus domicilios porque se han ido por voluntad propia”.

Sin embargo, Chávez Semerena lamentó la respuesta de las autoridades capitalinas, que aseguran que en la capital de la República “todo va y está muy bien y que no existe un aumento de personas desaparecidas, cuando los hallazgos de fosas por los colectivos dicen lo contrario. 

“Se registra mucho movimiento en Xochimilco, pero insisto: no tenemos estadísticas ni números de desaparecidos para contar con cifras y darle seguimiento a los mismos”. 

Un proyecto que fracasó

Cabe destacar que a seis años de activada, la Ley General para Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas (LGBIPD) se ha convertido en un fracaso; además, durante su gestión gubernamental, AMLO desestimó la magnitud de la tragedia y aceleró el deterioro de las instituciones que debieron enfrentarla, denuncia la organización civil Causa Común.

De hecho, el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) no funciona y tanto sus comisiones estatales y las fiscalías no realizan sus labores por falta de recursos o por la acumulación de casos sin resolver.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha incumplido sus tareas para desarrollar en tiempo y forma los registros y programas para enfrentar la crisis forense; y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se ha convertido en comparsa del Gobierno Federal en detrimento de la rectoría técnica y el liderazgo que el SNB debería tener.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tan solo en sus primeros 100 días, el gobierno de Claudia Sheinbaum acumuló más de cuatro mil personas desaparecidas; cifra que crece diariamente sin ningún indicio de resolución seria que amerita el drama de las desapariciones, escribió Causa Común en su último informe difundido en febrero reciente.