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El extensionismo en México
Extensionismo rural debe promover cambios en los sistemas productivos, contribuir a abrir oportunidades, promover el acceso a mercados, mejorar la seguridad alimentaria y generar oportunidades de ingreso al sistema financiero.
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El concepto de extensionismo ha cambiado a lo largo de la historia. Se ha formado considerando la pobreza rural y su condición multidimensional, la necesidad de vincular a las universidades con su entorno y la necesidad de dar “difusión predefinida de tecnologías, información y consejos, con el fin de promover conocimientos”. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el extensionismo rural debe promover cambios en los sistemas productivos, contribuir a abrir oportunidades, promover el acceso a mercados, mejorar la seguridad alimentaria, generar oportunidades de ingreso al sistema financiero, mitigar la vulnerabilidad ambiental y la representatividad política y social de los más vulnerables. En este sentido, el extensionista, según la FAO, debe desarrollar las capacidades, crear redes de confianza, disminuir costos de transición y mejorar oportunidades de inserción a mercados y otros espacios a beneficiarios.

Para cumplir esto es necesaria la participación de científicos, profesores, estudiantes y productores, así como un esquema que permita el intercambio de conocimientos de estos actores, de tal forma que los temas de investigación estén acordes a las necesidades del sector productivo y, en especial, de los pequeños productores.

Respecto a México, surge la pregunta obligada de si nuestro país puede hacer esto que la FAO ha definido como necesario para hacer extensionismo. Tratando de contestar, debemos decir que las universidades, a raíz de la globalización, tuvieron una mayor posibilidad de relacionarse con el entorno debido a los procesos de “flexibilización, tanto en las economías como al interior de la organización universitaria” debido a un cambio en las políticas del Estado. Asimismo, debemos considerar que el número de personas dedicadas a la investigación en un país desarrollado es mucho mayor en comparación con un país en desarrollo como lo es México; condición que facilita el desarrollo de un programa de extensionismo siendo esta condición un fallo estructural de la sociedad. Además, hay que tener en cuenta que un incremento en el presupuesto para investigación no lleva necesariamente a una mayor vinculación, debido al número de científicos formados con anterioridad. Otro aspecto importante es la precarización de las condiciones para llevar a cabo la investigación en varias de las instituciones mexicanas.

Además de las generalidades planteadas anteriormente, debemos recordar que la ciencia y sus aportes tecnológicos no son imparciales y están marcados por la lógica, prioridades e intereses dominantes en el sistema que los cobija y, particularmente, por quien los financia.

En México, la política de extensionismo no ha beneficiado a los pequeños productores, sino a los medianos y grandes. Esto se debe, según Santos-Chávez (2019) a que el extensionista difunde los avances científicos sin considerar las condiciones sociales y económicas del productor. Pero, ¿eso es culpa del extensionista? Puede que en algún porcentaje sea cierto. Sin embargo, los servicios de extensionismo son brindados, en muchas ocasiones, por instituciones privadas contratadas por los gobiernos y, por tanto, utilizan recursos públicos para desarrollar los proyectos. Esta situación sugiere que no es culpa del extensionista, sino del objetivo trazado en el proyecto o bien, del proyecto en sí mismo, pues ocurre también que los proyectos relacionados con el extensionismo “buscan mitigar” cierta carencia social sin considerar todas las condiciones socioeconómicas del productor, condenando al fracaso el proyecto.

Los escasos recursos destinados a la investigación y el extensionismo son otro factor importante. México invierte un porcentaje muy bajo del valor total de la producción agrícola, 0.03 por ciento, lo que contrasta, por ejemplo, con Costa Rica, pues este país invierte el 0.45 por ciento del valor de su producción agrícola.

Este bajo financiamiento limita el alcance de los programas e impide la vinculación de la investigación, el desarrollo de las tecnologías y las necesidades de los pequeños productores. 

 


Escrito por Bryan Alexis Domínguez López

Colaborador


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