El Comité Olímpico Internacional (COI) fue creado el 23 de junio de 1894 durante un congreso celebrado en la Sorbona, París, Francia; su principal impulsor fue Pierre de Coubertin, quien buscaba recuperar los Juegos Olímpicos de la Antigüedad y establecer competencias internacionales modernas; pero el COI no nació como una institución gubernamental, se constituyó como una organización independiente vinculada al movimiento deportivo internacional, como un ente con “autonomía del movimiento olímpico frente a los gobiernos”.

Por esta razón, el COI se define como “una institución de carácter privado” y aclara que “no es una dependencia ni un organismo público” y que “sus instalaciones son propiedad privada”. Tras la creación del COI, se desarrolló una estructura que necesitaba representantes en los distintos países; los Comités Olímpicos Nacionales que funcionaban como intermediarios entre el movimiento olímpico internacional y la estructura deportiva de cada país, que conservaban formalmente autonomía frente al Estado, pero mantenían relaciones económicas, políticas e institucionales con él.

La pregunta es: ¿puede una entidad que se financia con 80 millones de pesos en patrocinios privados, que decide quién representa a México en Juegos Olímpicos y que administra el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), realmente ser considerada un ente privado ajeno al interés público?

El carácter privado describe su naturaleza jurídica, pero no determina por sí solo la naturaleza pública o privada de todas sus funciones. Una organización puede ser jurídicamente privada y, simultáneamente, desempeñar funciones de evidente interés público, conviene analizar quién tiene el poder, toma las decisiones, financia el sistema y ante quién debe rendir cuentas.

El Comité Olímpico Mexicano (COM) actúa como una corporación privada que vende la imagen de los atletas y el orgullo nacional a las grandes empresas. El argumento aquí, sin embargo, es que el “deporte mexicano” se ha convertido en un activo comercial gestionado por una élite (la directiva del COM) que se beneficia de esta intermediación con el capital privado.

El Comité Olímpico puede estudiarse desde dos perspectivas: 1. El olimpismo surge para desarrollar el deporte, la educación, cooperación internacional y fraternidad entre los pueblos. 2. El ideal de amateurismo que predominó en el olimpismo inicial puede analizarse para competir sin recibir remuneración; éste era mucho más viable para personas con recurso suficientes y disponer de tiempo libre; porque para competir se necesita tiempo, alimentación, entrenamiento, viajes y recursos económicos; entonces, ¿puede plantearse igualdad deportiva cuando las condiciones sociales de los atletas son desiguales?

Las condiciones materiales donde se desarrolla el atleta también influyen en sus posibilidades de llegar al alto rendimiento. El atleta de élite es producto tanto de sus capacidades individuales como de las condiciones sociales, económicas e institucionales que permiten desarrollar tales capacidades. El rendimiento deportivo de élite no puede comprenderse exclusivamente como resultado del talento y esfuerzo individual; es también producto de las condiciones materiales, sociales, económicas e institucionales que posibilitan o limitan el desarrollo de esas capacidades.

El atleta de élite, especialmente de disciplinas sin cobertura mediática y sin condiciones materiales, sociales y económicas, se enfrenta a la incertidumbre laboral. Mientras el COM asegura acuerdos millonarios, muchos deportistas viven con becas precarias o dependen del apoyo de sus familias. Aquí es donde el carácter privado del COM se vuelve un escudo: como no es un organismo público, se exonera de la responsabilidad social que sí tendría una institución estatal.

Entonces, el COM se define como un ente privado para protegerse del escrutinio público: Como ente no-gubernamental, se libera de la transparencia y rendición de cuentas que se exige a una dependencia oficial y se declara autónomo ante el Gobierno Federal; sin embargo, esta autonomía resulta selectiva: el COM no duda en pedir recursos o apoyo al Estado cuando le conviene, pero, ¿quién debería decidir el futuro del deporte mexicano: los directivos de un “club privado” con intereses comerciales o los ciudadanos y sus atletas, que son quienes realmente portan la camiseta y pagan por los subsidios al deporte?