El gigante bancario de Estados Unidos (EE. UU.), Citigroup, anunció el 11 de enero de 2022 el retiro de su inversión en la banca de consumo (público en general) y empresarial en México, donde operaba desde 2001 con la marca Citibanamex, cuando adquirió Banamex en 12 mil 500 millones de dólares (mdd), cuyo precio actual se calcula en 15 mil 500 mdd.

La administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) minimizó la relevancia de este hecho para negar que se trate de una expresión de la desconfianza de los inversionistas hacia su controvertida política económica, que ha provocado una histórica salida de capitales de inversión.

Esta fuga de capitales de inversión ha sido de tal magnitud que, el pasado 11 enero, el Banco de México (Banxico) reportó que, al 31 de diciembre de 2021, los bonos gubernamentales vendidos se totalizaron en 1.63 billones de pesos, cifra menor a los 1.89 billones contabilizados en diciembre de 2020. Es decir, el año pasado salieron del país 257 mil 601 millones de pesos (mdp), mientras que en 2020 se fueron 257 mil 238 mdp.

El cierre de la marca Citibanamex y su retiro de la banca comercial en este marco económico no es un hecho aislado, pues se suma a la salida de la banca fiduciaria y privada de otros dos gigantes del sistema financiero internacional: las representaciones del alemán Deutsche Bank y el JP Morgan Chase, de EE. UU.

El siete de julio de 2021, Deutsche Bank y JP Morgan Chase formalizaron el cierre de sus oficinas de representación en México. El JP Morgan anunció su retiro de la banca privada (clientes con grandes capitales) el 11 de agosto de 2020, en tanto que el Deutsche Bank anticipó su retiro de las operaciones fiduciarias (fideicomisos) el 20 de octubre de 2020, las cuales traspasó al CIBanco. El banco estadounidense había llegado al país en 1972 y el Deutsche Bank en 1957.

Los directivos de JP Morgan esperaron hasta 2021 para confirmar su retiro de la banca privada; y de manera similar ahora lo hizo el Citigroup-Citibanamex, que informó que trasladaría sus clientes al banco BBVA.

El Banco Santander había anunciado, el 11 de mayo de 2021, su salida de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), al anticipar la cancelación de su suscripción al Registro Nacional de Valores y al listado de la BMV, marco donde había puesto a la venta las acciones representativas de su capital social. La operación quedó suspendida en junio de 2021, convirtiéndose en otra firma bancaria que está a la expectativa del rumbo de las condiciones económicas y financieras de México.

David Lozano Tovar, del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló a buzos: “La acción que tomó Santander es ejemplo de la desconfianza que hay. Dijeron: vamos a salirnos de la bolsa y vamos a ver qué es lo que pasa, si no hay condiciones, nos vamos, y todo esto lo ha querido minimizar el gobierno”.

El investigador explicó que las firmas bancarias, mayoritariamente extranjeras, que se mantienen a la expectativa de la situación económica y financiera, podrían migrar del país si no observan condiciones adecuadas para continuar con sus negocios.

Gran incertidumbre

La desconfianza está desalentando, incluso ahuyentando la inversión privada indispensable para impulsar el bajo crecimiento de la economía mexicana, como se evidenció durante el seminario Perspectivas Económicas 2022 organizado el siete de enero de 2022 por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

El analista en jefe de Citigroup para América Latina, Ernesto Revilla, destacó que el “choque a la confianza a la inversión que se vivió en México realmente se inició desde lo que llamamos el error de octubre de 2018, cuando se canceló el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, desde ahí la confianza de la inversión privada en México se ha mantenido muy castigada y no se ha recuperado a niveles previos”.

Aseguró que la desconfianza se ha ampliado con otras medidas aplicadas por el gobierno, como las enfocadas a apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex), –que el gobierno busca revitalizar como dominante del mercado y que, desde 2014, se hallaba abierto a la inversión privada– una empresa paraestatal que se ha convertido en un severo riesgo fiscal por la cantidad de recursos que se le están invirtiendo sin rentabilidad y sosteniendo un fallido plan de negocios.

“México requiere confianza para la inversión; la inversión es crucial, es lo que se necesita para crecer, y no hay inversión en México porque no hay perspectivas de crecimiento, y no hay perspectivas de crecimiento porque no hay inversión. Y ¿cómo salir de ese círculo vicioso? México necesita una narrativa de crecimiento que esté orientada hacia el futuro”, advirtió el analista en jefe de Citigroup.

Carlos Capistrán, analista en jefe del Bank of América, destacó a su vez que “esta falta de inversiones es bastante grave; aparte de este problema, es el ruido que hay en la economía, hay mucha incertidumbre”, señaló para denunciar la enorme desconfianza que prevalece en el país.

El experto previó que la economía de México alcanzará un crecimiento económico de entre 1.8 y 2.5 por ciento en 2022, es decir, por abajo del 4.1 por ciento calculado en el Paquete Económico 2022 del Gobierno Federal, y mucho menor al seis por ciento que se anticipó para 2021, que cerró en cinco por ciento.

El doctor David Lozano reveló a este semanario que las firmas extranjeras, mayoritarias en el sistema bancario mexicano se hallan a la expectativa por la incertidumbre generada por el errático manejo económico y financiero del Gobierno Federal y el impacto económico de la pandemia.

“Hace seis meses, Citigroup, JP Morgan y otros le habían estado planteando al gobierno mexicano que si en México no había una certeza de para dónde iba a avanzar la reforma financiera que se ha anticipado, consideraban muy poco factible mantenerse en el país, porque ellos estimaban que pudieran tener menos oportunidades de crecimiento”.

El profesor de economía aseveró, asimismo, que el gobierno de AMLO optó por recuperar la confianza de los inversionistas; pero que lo está haciendo porque quiere terminar sus obras como el Tren Maya, Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía, sin considerar el fondo de los problemas financieros.

“No están arreglando la desconfianza financiera y se está abundando más. Pudiera ser que en algún momento se salgan de México otros bancos, que han insinuado que podrían hacerlo, como ScotiaBank y HSBC; sus presidentes habían señalado, a finales de 2020, que no veían condiciones para seguir en el país”, detalló.

Lozano explicó que, ante el cierre de Citibanamex, que fue anticipado de manera extraoficial a mediados de 2020, el gobierno esperaba que un grupo de inversionistas cercanos, como Ricardo Salinas Pliego, cabeza de grupo Salinas y dueño de Banco Azteca; así como Carlos Slim, titular de grupo Carso y propietario de banco Inbursa, pudieran hacerse cargo de Banamex para convertirlo, sobre todo, en el principal receptor de remesas de los trabajadores mexicanos en EE. UU.

Sin embargo –anotó Lozano– Salinas Pliego está chocando incluso jurídicamente con el gobierno de AMLO por el pago pendiente de dos mil 636 mdp en impuestos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en última instancia le ordenó liquidar mediante una sentencia emitida el 19 de enero de 2022. En tanto Slim, según el analista, ha salido mal librado con Inbursa.

Una de las seis firmas de mayor relevancia

El 26 de mayo de 2021, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) había ratificado a Citibanamex como uno de los seis bancos (de un total de 50 que operan en México) que concentran el 74.84 por ciento del total de activos del sistema bancario; y que al cierre de marzo de 2021 costaba 10 billones 952 mil mdp, por lo que su presencia es de vital importancia para la estabilidad del sistema financiero y la economía mexicana.

Enlistados según su tamaño en el sistema bancario, las seis firmas son: BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC y Scotiabank. Esta lista, elaborada por la CNBV, sigue las recomendaciones del internacional Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, cuyo objetivo radica en identificar a los bancos que, por su relevancia, cuya quiebra de uno o más de ellos pueden afectar severamente al sistema financiero de un país.

Debido a la importancia de estos seis bancos –todos extranjeros– se les exige mayor capitalización que a los demás, es decir, de manera adicional; al mínimo del 10.5 por ciento se les demanda 1.50 por ciento más, es decir, al menos el 12 por ciento de capitalización.

De acuerdo con el informe de la CNBV, BBVA tenía un índice de capitalización (ICAP) del 17.6 por ciento en el cierre de marzo de 2021; Santander, del 19.6 por ciento; Citibanamex, 16.5 por ciento; Banorte, 21.7 por ciento; HSBC, 14.8 por ciento; y Scotiabanck, 14.3 por ciento.

Al finalizar 2021, Citibanamex se había confirmado como el tercer banco más importante por su tamaño y su presencia en territorio nacional. La agencia internacional de calificación financiera Moody’s divulgó un análisis sobre su caso el 16 de enero de 2022, en el que fija la nota crediticia del banco a la baja tras el anuncio de su cierre; en tanto que, al término de noviembre de 2021, lo había ubicado como el tercer banco más grande de México, con el manejo del 12.9 por ciento de los depósitos en el país.

Kristóbal Meléndez, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), informó a buzos que los problemas económicos ocasionados por la pandemia están causando estragos en el mundo y que, en un marco de inestabilidad, no solo los bancos sino también empresas en general están ajustando sus negocios, incluso saliendo de los mercados para colocarse en otros que consideran más redituables.

“No hay suficiente liquidez en el mercado. No nada más se están vendiendo estas grandes corporaciones; habrá que ver que incluso hay gente que está vendiendo su casa porque las condiciones son adversas, porque no tienen los mismos recursos para un nivel de vida que tenían anteriormente. Hay una gran cantidad de nuevos pobres que generó la pandemia”, comentó.

La mano de BlackRock

La principal base financiera de Citigroup es Blackrock, el fondo de inversión más grande y poderoso del mundo, cuya cabeza internacional más visible es Larry Fink, con quien AMLO se reunió el cinco de marzo de 2020 en Palacio Nacional, a modo de supuesta amistad con él y confiando que le había expresado su interés por invertir en el país.

Blackrock “es uno de los grupos financieros más importantes del mundo. Me expresó su confianza en México y agradecí su decisión de invertir en nuestro país”, reveló AMLO.

Pero Blackrock no inició operaciones en México en 2020, sino que desde 2008 invierte en varias empresas del país que cotizan en la bolsa de valores y, desde 2015 lo hace destacadamente en la industria del petróleo, particularmente en el Golfo de México, donde posee instalaciones y ductos que, hasta 2014, habían sido de Pemex.

Las inversiones petroleras con financiamiento de BlackRock derivaron de la reforma constitucional energética de 2013-2014, con la que se abrió el mercado de la energía a la iniciativa privada y se redujo la participación de Pemex en este sector, lo que el Presidente busca revertir con otra reforma con el fin de que la paraestatal recupere su preponderancia de otros años, lo que es abiertamente criticado por empresas nacionales e internacionales, en particular las estadounidenses.

Citigroup operaba inversiones de Blackrock de tal forma que, el 24 de septiembre de 2018 había asumido por completo el negocio de productos bancarios de renta fija, renta variable y activos múltiples, con base en la inyección de 34 mil mdd.

Ernesto Torres Cantú, director general de Citibanamex, declaró en aquella ocasión que ambas firmas estaban fortaleciendo su relación institucional con base en la que BlackRock ofrecería mayores productos financieros a los 21 millones de clientes de Citibanamex, banco que cuenta con mil 500 sucursales en México.

El nueve de marzo de 2020, cuatro días después de su reunión con Fink, el Presidente anunció, en su conferencia matutina, que Blackrock estaba interesado en invertir en el desarrollo del Tren Maya, una de sus obras públicas prioritarias. “Nos va a apoyar porque se está viendo a México como un país para la inversión. Ellos están invirtiendo en Pemex y tienen también interés en invertir en el Tren Maya, en algún tramo”, refirió textualmente.

Se abrió una licitación pública con el objetivo de captar inversión privada para el tramo cinco del Tren Maya; pero en ella solo participó un grupo empresarial encabezado por la marca local de Blackrock Infraestructura II. Finalmente, el dictamen declaró desierta la licitación y el Gobierno Federal rechazó la inversión propuesta por BlackRock alegando falta de garantías financieras.

AMLO ha intentado modificar lo dispuesto en la reforma constitucional energética de 2013-2014, que liberó los mercados y abrió espacios para la inversión privada en los sectores eléctrico y petrolero para devolver preponderancia a la CFE y a Pemex, actitud que, de acuerdo con analistas, ha generado desconfianza y expresiones de protesta de inversionistas extranjeros, entre los que destacan los estadounidenses, que han demandado la intervención del presidente Joseph Biden para que exija al gobierno mexicano el cumplimiento no solo de la reforma legal de 2013-2014, que les abrió espacios de inversión en México, sino también el del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), expedido originalmente en 1994 y actualmente llamado T-MEC.

Mientras tanto, el Presidente ha enviado iniciativas al Congreso de la Unión enfocadas a revertir los términos de las leyes petrolera y eléctrica, que son nivel secundario y están supeditadas a lo dispuesto en la Constitución. Aquéllas han sido aprobadas por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados –los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM)–; pero fueron suspendidas por jueces del Poder Judicial porque contradicen lo dispuesto sobre el libre mercado en la Constitución.