Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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Desde una de las zonas más marginadas de la Sierra de Hidalgo, en agosto de este año, Nazaret Bautista Lara emprendió el camino para realizar un sueño: comenzar sus estudios a nivel bachillerato y luego avanzar al de nivel universitario; un sueño que muy pocos jóvenes, cuyas familias sufren la miseria y la pobreza, pueden realizar, salvo aquellos que se encuentran con una verdadera oportunidad como la que brinda la Universidad Autónoma Chapingo. Tal fue el caso de Bautista Lara, quien era becada interna, es decir, tenía derecho a sus estudios y a hospedaje dentro del internado de la propia Universidad.
La joven estudiante de 15 años fue reportada como desaparecida el pasado 19 de diciembre y, lamentablemente, el día 23 de diciembre fue encontrada muerta dentro de la misma institución, en los campos experimentales de la Universidad.
De acuerdo con declaraciones de sus maestros y compañeros de clases, la joven era introvertida y se dedicaba por completo a sus estudios; incluso, el reporte escolar es que no reprobó ninguna materia en su primer semestre. La única opción que quedaría para explicar esta tragedia es que fue víctima de la inseguridad que ahí prevalece y que es responsabilidad inmediata de la autoridad universitaria, además de nulas acciones o un plan de seguridad para contrarrestarla.
El fenómeno no es nuevo. Alumnos y maestros ya antes habían alertado que en el interior de la Universidad hay mucha inseguridad; incluso, ahora, tras la llegada del nuevo rector el 8 de agosto de este año, que dicho sea de paso fue impulsado por Morena y en especial por el propio titular de la SADER, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, las cosas en el interior de la universidad no se alcanzan a percibir bien. Durante su campaña, José Solís Ramírez, rector de la Universidad, prometió que uno de los problemas que atacaría de inmediato sería el de la inseguridad universitaria, y en estos cuatro meses ha habido asaltos, robos, violaciones y, ahora, un lamentable asesinato.
Y aunque este jueves 26 de diciembre, el rector calificó el caso de Nazaret como un caso de feminicidio, además de asegurar en sus declaraciones que “nadie, en ningún lugar, puede arrebatarle la vida, sueños e ilusiones a ninguna persona", la verdad es que está muy lejos de dar una respuesta contundente al hecho, tanto para asegurar a los familiares de la joven que habrá justicia, como para que los estudiantes que ahí seguirán cursando su bachillerato o universidad, tengan plena tranquilidad sobre su seguridad.
La inseguridad es un problema grave que vivimos en todo el país, y la UACh no se escapa de esta realidad. El presidente López Obrador prometió resolverlo, pero, lejos de ello, se ha ahondado más y minimiza los datos y los hechos. En Chapingo, tanto en el interior del campus como en las inmediaciones, la inseguridad genera temor y desconfianza. Por ejemplo, no existe vigilancia en los campos, hay robo de cosechas y herramientas, incluso se habla de que hay asaltos con violencia a alumnos cuanto estos realizan sus prácticas y cuando reciben su beca. Una de las razones es que los torniquetes de entrada son mero adorno y no hay una identificación rigurosa de la gente que entra; falta iluminación en varios lugares de la Universidad y eso incrementa la inseguridad; además, el equipo de vigilancia es muy viejo y solo sirven en tiempo real y no como archivo y la coordinación que se da con los organismos de seguridad del gobierno municipal o estatal es muy deficiente.
Hoy el caso de Nazaret no es un hecho aislado y demanda atención inmediata de la Rectoría de la Universidad: primero, porque es un caso que sucede en el interior de la Universidad y que deja ver deficiencias en torno a la seguridad de los jóvenes estudiantes, tanto internos como externos; segundo, porque es un rector que tiene unos cuantos meses y, por su cercanía con la 4T, se ve que seguirá los mismos pasos: dejar que la inseguridad incremente; tercero, también deja ver ineficiencia al no ponerse de acuerdo con la autoridad de Texcoco, gobernada por Morena, para armar un verdadero plan de seguridad en las inmediaciones de la Universidad. Ojalá y el caso lamentable de Nazaret sirva para que el rector José Solís tome cartas en el asunto por el bienestar de los estudiantes y por el prestigio de esa casa de estudios.
No hay ninguna duda de que la Universidad Autónoma Chapingo se ha caracterizado por tener un modelo único en el país: popular, nacionalista y comprometido con los sectores más desprotegidos de México, con los más pobres, principalmente con los jóvenes provenientes del campo y de entidades más marginadas como Oaxaca, Puebla, Chiapas e Hidalgo; ante esto, las becas, el internado, los comedores, la atención médica y otros servicios son indispensables para los jóvenes que ahí cursan sus estudios. Es necesario y urgente que se esclarezcan los hechos y que pongan en acción, de una vez por todas, el Plan de Seguridad Universitaria que hace años está en el tintero.
Dicho sea de paso, al interior de la Universidad hay voces que aseguran que Solís Ramírez no lleva ni cinco meses en el cargo y no sabe qué hacer con la Rectoría; por ejemplo, los grupos políticos que lo apoyaron, y que no fueron atendidas sus "pretensiones", ahora se encuentran más que enojados; eso sin contar que el rector tampoco tiene el apoyo del Consejo Universitario... ¿Pa’ dónde va entonces esa Rectoría? Solo es pregunta.
El clímax no político...
Y hablando de Universidades, se sabe que existe un panorama oscuro para las universidades públicas del país para 2020; y es que la reducción del Presupuesto, crecimiento de hasta un 300 por ciento en la matrícula y personal docente, desorden en el sistema de pensiones, incumplimiento en el sistema de financiamiento sobre todo de los gobiernos estatales, tienen en crisis financiera y a punto del colapso a casi la tercera parte de las Universidades Públicas Estatales del país.
En México hay 34 universidades estatales públicas que atienden a 1.2 millones universitarios y forman parte del sistema público de educación superior junto con la UNAM, IPN y la UAM. De ellas, 11 están en situación financiera crítica; hay que esperar a ver cuál es el grito educativo para enero del próximo año. Por el momento, querido lector, es todo.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).