La consejera del INE, Carla Humphrey, reconoció que la violencia en México va en aumento, como lo demuestran los asesinatos de candidatos y políticos ocurridos en los últimos días en los estados de Zacatecas y Colima.

Sin duda, ya no hay pudor alguno por parte de los supuestos “transformadores” para hacer lo que les viene en gana con el Estado de Derecho, en este caso, con las leyes electorales.

Morena está provocando un daño de efectos incalculables; ha defraudado, en los hechos, la esperanza que la gente puso en un “gobierno de izquierda”.

Hasta ahora hay más de 100 homicidios en el estado; la incapacidad del gobierno para contener la ola de violencia está generando una profunda desconfianza en las instituciones y un sentimiento de desamparo entre los ciudadanos.

Debido a la decisión del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), de recortar presupuesto al sector de la ciencia, el Gran Telescopio Milimétrico (GTM) corre peligro de dejar de funcionar a partir del primero de septiembre.

Delitos como la extorsión, robos, homicidios y el cobro de piso se han incrementado en más del 100% en varios municipios del Edomex desde que comenzó la construcción del AIFA.

“Se viene fuerte y difícil; las expectativas son de crecimiento, pero no al nivel deseado, lo fuerte o pesado es con relación a un año que tendrá un proceso político, y eso hará ruido en las políticas públicas que aplicará el gobierno a presente y futuro”, reveló el doctor Samuel Bernal Lara.

La escalada de violencia en el estado continúa, pese a que se ha fortalecido la presencia de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército.

Si a López Obrador realmente le preocuparan los adultos mayores, garantizaría que la mayoría de los trabajadores tengan acceso a labores dignas, salarios justos y prestaciones sociales.

Los más afectados en la segunda fase de vacunación son los adultos mayores; es un derecho de los mexicanos la salud y la vida.

En marzo, Michoacán sumó 212 víctimas de homicidio doloso y se colocó en el cuarto lugar nacional, solo superado por Guanajuato, con 335 y Baja California (275). En lo que va del año se han cometido dos mil 944 asesinatos de este tipo.

Hay falta de voluntad política de los gobiernos federal, estatales y municipales, de encontrar a los desaparecidos; y revela, además, la extrema debilidad del sistema judicial mexicano.

Los hechos ocurrieron de manera aislada en los municipios de Mapastepec y VillaCorzo de la entidad chiapaneca

Hoy tenemos un país más enfermo, sumido en el abandono gubernamental, un escamoteo que se pretende ocultar con el reparto de tarjetas que ni de lejos resarcen la pérdida sufrida en la salud de los mexicanos ni en sus mayores gastos en ese rubro.

Las ayudas en dinero a una parte de la población son impuestos que pagan los trabajadores, son dinero del pueblo que se le regresa al pueblo. Nada hay que agradecer. Menos aún si se entiende que no acaban con la pobreza.