Víctor Vilchis/Jaime Mondragón/Luis Josué Lugo

Los vecinos de la colonia Condesa viven rodeados de parques arbolados, donde pueden correr al aire libre y hay áreas especiales para sus mascotas; además de que, en su entorno, tienen suficientes policías que los resguardan tanto en sus casas, departamentos, tiendas comerciales y múltiples sitios donde toman café o cerveza.

De una situación similar disfrutan los vecinos del centro histórico de Coyoacán, quienes pueden acudir al kiosco, visitar alguna tienda artesanal, recibir terapias de medicina alternativa, realizar sesiones de meditación, incluso practicar el ciclismo alternativo o deportivo.

Pero el hábitat de las colonias y pueblos de la alcaldía de Coyoacán contrasta mucho con el del centro, pues en éstos hay escasez de agua y otros servicios, según el Observatorio Nacional Ciudadano, la inseguridad pública va al alza y cada día hay más robos y asaltos.

La existencia de dos estatus habitacionales con diferencias demasiado contrastadas en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán provoca, por un lado, el desplazamiento de muchas familias con ingresos bajos y, por el otro, el aumento de las rentas de casas habitación.

“Antes yo vivía cerca del metro Copilco, luego me tuve que pasar a Copilco el Alto, y ahora terminé en Santo Domingo”, aseguró uno de los vecinos desplazados, en cuya experiencia está reseñado claramente el fenómeno urbano de la gentrificación.

Este cambio domiciliario se explica, sencillamente, por el hecho de que, en Copilco, el precio promedio de renta mensual oscila entre 10 mil 265 y 11 mil 805 y, en Santo Domingo, anda sobre los siete mil pesos, según la página especializada en vivienda propiedades.com.

Esta empresa informa, asimismo, que, en la alcaldía Cuauhtémoc, las rentas de casas habitación alcanzan precios de hasta 44 mil pesos mensuales, debido a su ubicación en el centro de la Ciudad de México (CDMX) y la dotación más eficiente de servicios urbanos.

Es decir, el desplazamiento vecinal de zonas céntricas a periféricas y el alza de rentas en las primeras se deben a las inequidades en la inversión pública de vivienda y a la mejor dotación de servicios urbanos, principalmente en los rubros de seguridad y áreas de recreación.

 Luis Alberto Salinas Arreortua, investigador del Instituto Nacional de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso a buzos que la gentrificación alude al desplazamiento de personas con ingresos bajos por cuenta de agentes inmobiliarios dedicados a comercializar casas habitación de alta rentabilidad.

Por su parte, Érika A. Alcantar García, quien aspira a un doctorado en urbanismo y es catedrática de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, señaló a esta revista que el concepto gentrificación fue acuñado, en los años 60 del siglo pasado, por una socióloga inglesa llamada Ruth Glass.

Y lo hizo, explica la arquitecta, con el propósito de denunciar el despojo de los barrios pobres de la ciudad de Londres a manos de empresas inmobiliarias, cuyo objetivo era aumentar los precios del suelo y los arrendamientos de casas habitación a personas de ingresos medios y altos.

Es decir, se trata de un fenómeno de elitización o aburguesamiento, precisa el especialista Ignacio Ortiz, donde un barrio pobre por sus características urbanas y arquitectónicas se vuelve atractivo para un sector de ciudadanos y las empresas inmobiliarias.

Es entonces cuando éstas desplazan a sus vecinos originarios o más recientes y se dedican a rehabilitar los edificios, las calles y las áreas comerciales y recreativas para cambiarles su fisonomía urbana y atraer a nuevos vecinos con el fin de rentar casas a precios muchos más elevados.

Para los estudiosos de este fenómeno, hay dos tipos de gentrificación: una ascendente y otra descendente. La primera se refiere a los casos en que el cambio de imagen urbana resulta positivo porque eleva la recaudación del impuesto predial, el precio del uso de suelo y la densidad poblacional.

En el caso de la gentrificación descendente, el resultado es negativo porque se traduce en un deterioro mayor del vecindario, en menor atención del gobierno local, el alza de los niveles de inseguridad y el abandono de viviendas, explica el investigador Jaime Sobrino, del Centro de Estudios Demográficos del Colegio de México (Colmex).

Lo más lamentable de la presencia de este fenómeno, advierte Salinas Arreortua, quien también hizo una estancia posdoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), es que se ha “venido agravando con el tiempo” y que cada vez hay más desplazamientos de gente pobre de las áreas urbanas más atractivas en las ciudades de México.

Los ricos se apoderan de las ciudades

Pero además del confinamiento de los desplazados pobres hacia las áreas periféricas de las ciudades más grandes del país, los aparentes beneficiarios de la gentrificación –los nuevos vecinos– quedan sujetos a las tiranías del mercado inmobiliario por las alzas continúas de rentas a casas habitación y el alto costo de los servicios comerciales.

En un reportaje publicado recientemente por Sara Cantera en El Universal, se constata esta consecuencia del “aburguesamiento” de algunas colonias de la CDMX, que anteriormente eran consideradas “populares”, como es el caso de la Doctores, Obrera, Tabacalera y Álamos. De acuerdo con los especialistas, uno de los principales factores de cambio del estatus urbano en estas áreas se debió a su ubicación.

Luis Alberto Salinas, autor del conocido ensayo La gentrificación en el contexto latinoamericano, explica que, al margen del compartimiento genérico en las rentas domiciliarias y cambios colaterales otorgados, los barrios gentrificados dependen de sus propias características locales y que, por lo mismo, las consecuencias de su transformación son distintas, como se evidencia en la Roma, Santa María la Ribera y Doctores.

Esto se debe a que, en ciertas colonias o barrios, el incremento de precios en comercios dedicados a satisfacer las necesidades de consumo básico es mayor debido al impacto económico que otros espacios de consumo –bares, centros nocturnos o tiendas de marca– que “no están dirigidos necesariamente a la población residente” sino a personas de ingresos más altos que visitan esas áreas.

Este fenómeno preocupante es ostensible, afirma el investigador, en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán, donde la acusada concentración de los servicios de movilidad, oferta cultural y comercial se han vuelto contra sus actuales residentes.  “¿Quién va a poder habitar esos lugares? Solo las clases medias y altas”, apuntó el especialista.

La doctora Érika A. Alcantar explicó a buzos que esta situación –el incremento en los precios de los productos de consumo básico, cuya oferta está dirigida a la población no residente– se debe a las políticas neoliberales de los gobiernos locales que, en todo momento, han favorecido a los proyectos habitacionales de las empresas inmobiliarias.

Según estimaciones de airbnb.com, la renta de una casa habitación por una noche en la colonia Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, oscila entre 250 y mil pesos y en la colonia Gertrudis Sánchez, de la alcaldía Gustavo A. Madero, es de 113 pesos por noche y de tres mil 400 por mes, de acuerdo con trovit.com.

Según la autora del artículo El urbanismo popular en México. Elementos para una historia pendiente, estas diferencias se deben a la ubicación de las áreas y a la oferta de servicios urbanos y comerciales. A modo de ejemplo advirtió que mientras en una zona gentrificada, una taza de café puede costar 70 pesos y un corte de pelo 350, en colonias de alcaldías como Iztapalapa o Milpa Alta, un café cuesta 20 y un corte de cabello 50 pesos.

“Estos proyectos, que suelen ir encubiertos por el discurso de la revitalización o el rescate de los barrios, en realidad no son otra cosa que el despliegue estratégico de medidas y acciones que permiten la especulación y el enriquecimiento de inversionistas, constructores, financieros y funcionarios públicos”, explica el jurista Rodrigo Gutiérrez, especializado en estos temas.

Además, afirma que la CDMX es una de las ciudades más caras en el arrendamiento de casas y hay personas que invierten hasta el 60 por ciento de sus ingresos en este gasto. Este costo, de acuerdo con la empresa Princewatherhouse Coopers (Pwc), resulta mayor al de ciudades como París, Singapur, Manhatan, Nueva York o Los Angeles. Gutiérrez sostiene que las inmobiliarias aumentan año con año los precios de las rentas y el suelo.

Con base en datos publicados en los sitios inmobiliaria.com y propiedades.com, este semanario elaboró un cuadro comparativo de los precios de renta vigentes entre 2007 y el inicio de este año.

El discreto encanto de la gentrificación

El fenómeno de la gentrificación no solo incluye prácticas de coacción económica sino, en algunos casos, como lo denuncia el abogado Gutiérrez, se recurre a los desalojos violentos con apoyo de autoridades civiles y judiciales. Según la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, entre 2010 y 2015 se produjeron en la ciudad 8.6 desalojos diarios, en los que los jueces utilizaron el eufemismo “lanzamiento”. 

Este tipo de desplazamientos forzados, explica el especialista Salinas, aportan una lectura diferente del fenómeno urbano que está ocurriendo en la CDMX, el cual, dentro del contexto de la permanente expansión urbana, hay un crecimiento de la desigualdad y la segregación social notoriamente evidente en la periferia del área metropolitana de la capital de México.

De acuerdo con el análisis del doctor Salinas, los proyectos inmobiliarios de la CDMX del pasado reciente han estado vinculados, sólidamente, con los gobiernos de la llamada “izquierda” mexicana y con las políticas neoliberales implementadas nacionalmente. Sus consecuencias socioeconómicas se exhiben por la mayor desigualdad en las poblaciones populares de la capital de la República.

Uno de los actores políticos más sobresalientes de la gentrificación en la CDMX, según denuncias periodísticas como la de Mario Maldonado en El Universal y Erika A. Alcantar en su artículo Los imaginarios del turismo: el caso de los pueblos mágicos, fue el exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera quien utilizó, de manera sistémica, a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para despojar de sus predios a muchos ciudadanos y ofrecérselos a las grandes empresas inmobiliarias, con la justificación de que éstas mejorarían el entorno urbano de la ciudad.

Sin embargo, detrás de este argumento, de acuerdo con el analista de la página realstatedepropiedades.com, Leonardo González, se movió el propósito del gobierno “izquierdista” de Mancera, en torno a convertir a la capital de México en una marca comercial para beneficiar a varias compañías inmobiliarias, mediante aumentos en el precio del suelo y la construcción de desarrollos habitaciones privados.

Hoy día, esa opción no ha variado mucho en manos de la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien concertó con las constructoras, las inversiones anuales de 35 mil millones de pesos dentro del Convenio para el Fortalecimiento de la Normatividad en Materia de Edificación, el cual estará vigente hasta 2024.

Y aunque Sheinbaum afirmó que este acuerdo no involucra a las inmobiliarias y que en breve promovería una ley de edificación –no obstante que el 27 de noviembre de 2019 el Congreso local eliminó su facultad para presentar leyes preferentes– el periodista Mario Maldonado reportó que la Jefa de Gobierno cuenta con el apoyo de la Presidencia de la República en gran parte de sus proyectos de gobierno para la CDMX.

O sea que el proceso de gentrificación continuará en la capital de México y en las demás grandes áreas metropolitanas de la República, sin que haya posibilidad de que los mexicanos pobres tengan posibilidades de escapar al desplazamiento forzado de sus barrios o colonias originales y su confinamiento en las zonas marginales y periféricas.

Sin embargo, de acuerdo con los especialistas consultados por buzos, estos mexicanos aún cuentan con algunas alternativas para enfrentar su marginalidad emergente y buscar solución a sus problemas. En el caso de los vecinos que hoy experimentan alzas en sus costos de vida, tanto vecinales como comerciales, su única opción es buscar nuevos entornos.

Por ejemplo, Salinas afirma que el encarecimiento de los servicios en zonas, como la Condesa, deja a la gente sin la posibilidad de pagar todo lo que la zona ofrece y se ve en la necesidad de buscar un área donde sus recursos alcancen. De acuerdo con este investigador, quien asimismo es autor del artículo Gentrification in Spain and Latin America: a Critical Dialogue, esta decisión es favorecida, además, por el hecho de que la “idea del barrio” ya fue borrada como fórmula de identidad social y cultural comunitaria.

Respecto a este problema en específico, el jurista Gutiérrez lamenta la pérdida de los barrios urbanos porque la mayoría fueron construidos a lo largo de la historia, con el esfuerzo colectivo de muchas personas y expresiones culturales eminentemente comunitarias. ¡Y todo para favorecer el negocio de las empresas inmobiliarias que operan en contubernio con gobiernos locales y estatales!

Por su parte el asambleísta José Tomás Huerta, líder de la Asamblea de los Pedregales de Coyoacán, denunció que con la creación de nuevas edificaciones en esa región del sur capitalino –entre ellas el proyecto “Quiero casa”, que se construirá en la calle Aztecas 215– habrá repercusiones severas para sus habitantes originales, porque aumentarán las rentas, el precio del suelo y los servicios de luz, agua y gas, entre otros.

Para enfrentar estos efectos, el propio Huerta y Tamara Velázquez, influidos por la reciente promulgación de una ley adoptada a finales de 2019 por el Parlamento de Berlín, Alemania, que fijó en 9.80 euros el tope a las rentas domiciliarias y las congeló para los próximos cinco años, buscan nuevas alternativas de lucha política y social para frenar el amago de los propietarios inmobiliarios.

Velázquez propone, además, una mayor fiscalización anticorrupción en las empresas inmobiliarias, la imposición de un impuesto adicional a éstas para crear fondos de vivienda de interés social.

Con respecto a esta propuesta, el experto Luis Alberto Salinas sugiere la creación de procesos mixtos de saneamiento, como ocurrió después de los sismos de 1985, cuando se desarrolló un programa de renovación habitacional popular “tanto para mantener a residentes originales, como para atraer a colonos de otros sitios, que al comprar o rentar pagaran parte del costo de construcción”.

La maestra Érika Alcantar destacó, por su lado, la importancia de que la mayoría de las propuestas para enfrentar la gentrificación, que afecta hoy a la mayor parte de los sectores pobres de América Latina, sean respaldadas por organizaciones sociales masivas para que cuenten con la fuerza política necesaria frente a inversionistas y gobiernos.

La especialista recordó que la organización ciudadana es la mejor alternativa de solución al problema de los desplazamientos forzados, como se demostró en la CDMX tras el sismo de 1985, ya que, en un periodo muy breve, los damnificados de colonias populares, como la Guerrero, Lagunilla y Doctores, entre otras, pudieron reconstruir sus viviendas sin permitir que se les desalojara de ellas.

Otra muestra ejemplar de resistencia popular masiva al embate de las grandes empresas, precisó la experta, se ofrece en la supervivencia de “las tienditas” de barrio ante la competencia de oligopolios, como Oxxo, en gran parte de las ciudades de México; el freno a la entrada de empresas de gaseras en Coyoacán (Avenida Aztecas) y los juicios que pueblos originarios de Ecuador y Argentina, han ganado a poderosas trasnacionales como Chevron y Monsanto.

Por ello no fue casual que el escritor uruguayo Eduardo Galeano, de cara a los graves deterioros que la globalización económica neoliberal traen al mundo, haya dicho: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.