Durante las 52 semanas del año, buzos siguió puntualmente los acontecimientos más relevantes para presentar a sus lectores cada tema, empleando el instrumental de análisis más objetivo posible y, al mismo tiempo, independiente respecto de los poderosos intereses que imponen su línea a varios medios de comunicación.

Termina 2019, el primer año del gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” (4T); el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondiente al año que toca su fin, fue un presupuesto plagado de recortes al gasto destinado a los sectores populares: apoyo al campo, a la salud, vivienda y servicios. Esta aprobación, nada rara en el sexenio anterior, fue sorpresiva por no corresponder al discurso sostenido por el partido triunfante, que dio su espaldarazo al conjunto de medidas lesivas para la mayoría de los mexicanos. A principios de este año, buzos abordó la perspectiva económica para 2019 y para todo el sexenio, sobre la base de las tendencias publicadas por diversos estudios oficiales, independientes, análisis de especialistas y destacados investigadores universitarios. En general, dichos estudios emitieron pronósticos nada coincidentes con el optimismo de la 4T. No había ningún indicio –advirtió buzos– de que las tendencias persistentes, durante décadas, fueran a revertirse solo con la llegada del nuevo partido al poder.

Enero

Los estudios serios concluían que la economía mexicana estaba al borde del abismo; y no hay visos de que se haya alejado un poco de este peligro. Aún no quedaba atrás el mes de enero, cuando la tragedia ensombreció la alegría de los morenistas y llenó de recelo, dudas y desconfianza a los partidarios de la gobernadora constitucional electa de Puebla y su esposo, Rafael Moreno Valle. Las causas del accidente en que ambos perdieron la vida nunca fueron suficientemente conocidas y la población de aquella entidad nunca había repudiado tanto a un gobernador electo como a Miguel Barbosa quien, hace apenas dos meses, atribuyó la muerte de sus antecesores a la cólera divina.

En enero, la crisis de las universidades públicas del país externó sus dos problemas de siempre: las carencias presupuestales y la lucha por la autonomía. La nueva administración federal obligó a los rectores de nueve universidades en crisis financiera a firmar un convenio de fiscalización administrativa y académica, además de reducirles el financiamiento. Esgrimiendo como arma el combate a la corrupción, comodín del sistema, para justificar la asignación de un presupuesto insuficiente, condicionó los recursos acusando de mala administración y falta de transparencia a los directivos de universidades públicas que habían reclamado la atención a graves carencias económicas en sus centros de estudio desde hacía tiempo, obligándolos a aceptar la dramática reducción presupuestal y a permitir la injerencia del Estado en su vida interna.

Expertos en el tema, rectores y exrectores de esas nueve universidades, así como académicos y estudiantes, confiaron a este semanario su inconformidad ante tal política, asegurando que la crisis financiera en sus instituciones no se debe a la corrupción, sino al problema crónico de la asignación insuficiente de recursos para atender necesidades múltiples que requieren anualmente estos centros de educación superior.

No se despidió el primer mes sin que buzos abordara el tema que este gobierno eligió como centro de toda su actividad inicial y como bandera del sexenio: la guerra contra el huachicol; el tema de la corrupción parecía ceder el paso a este asunto, que pronto tendría trágicas consecuencias, al desembocar en la pérdida de decenas de vidas humanas; varios de los muertos eran gente humilde que nada tenía que ver con este ilícito y que fueron alcanzados por la explosión de oleoductos; el siniestro, que pudo evitarse, exhibió la ineptitud oficial y la impasibilidad del Ejército ante la tragedia, pues no se desalojó a la población en riesgo en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Febrero

La lucha obrera pareció despertar con la huelga en las empresas maquiladoras de la ciudad de Matamoros, en el fronterizo estado de Tamaulipas, que atrajo el interés de la población mexicana. Los medios de comunicación intentaron silenciar y después procuraron distorsionar los hechos, especialmente en el ámbito local; líderes sindicales, patrones, autoridades laborales y funcionarios del Gobierno Federal presionaron por todos los medios a los obreros para que desistieran de su protesta; buzos captó directamente el sentir de los obreros en lucha, recogiendo de viva voz las denuncias de hechos conocidos hace mucho tiempo, pero que ahora se presentaban actualizados, mostrando con toda crudeza la injusticia y el atropello a los derechos laborales y humanos de quienes generan riqueza a empresas extranjeras en la frontera con Estados Unidos (EE. UU.) y en miles de maquiladoras más, esparcidas por todo el territorio nacional.

Hace más de medio siglo que las empresas maquiladoras iniciaron su expansión por todo el país; desde el principio, las condiciones laborales en ellas han sido las más desventajosas para los obreros. Las trasnacionales atropellan siempre los derechos elementales del trabajador, obligado a aceptar –ante la falta de opciones– los salarios fijados arbitrariamente, la falta de prestaciones y el desconocimiento de los términos en un contrato colectivo o individual, por citar algunas de las violaciones a los derechos laborales y humanos en este sector de la producción industrial, donde la necesidad, la ignorancia y el desconocimiento de la ley orillan a los obreros a aceptar estos empleos precarios. Fue una prueba de fuego, de la que no salió airoso este gobierno, que presume su carácter popular.

Tema central del análisis fue el asistencialismo, característica principal de la política de la 4T, que ha sustituido los programas sociales anteriores por transferencias monetarias directas. Con esta política, la administración morenista mostró no ser distinta a los gobiernos que han desfilado desde el último cuarto del Siglo XX y que han manifestado su decisión de combatir la creciente pobreza, es decir, la disminución de los ingresos para las mayorías.

El eje del combate actual contra la pobreza consiste, otra vez, en una política asistencialista, cuyos programas solo cambiaron de nombre pero, en esencia, tienen el mismo objetivo: paliar el fenómeno sin atacar sus causas. Estos programas sociales, con diferentes matices, consisten en la entrega de dinero en efectivo (o en tarjetas) a sus beneficiarios, a cambio de cumplir con requisitos elementales; y el destino de esos recursos ha sido, a final de cuentas, el consumo. Estudios serios de especialistas y organismos internacionales demostraron que estos créditos a fondo perdido, becas, pensiones a madres solteras y adultos mayores, apoyo a campesinos etc., han favorecido, principalmente, a los poseedores de bienes de primera necesidad, que venden productos almacenados; pero ninguno de estos subsidios resolvió nunca los graves problemas del desempleo masivo, la precariedad laboral, el bajo ingreso, el decreciente poder adquisitivo de la población y la profunda desigualdad que todo esto provoca.

En febrero, con asombrosa rapidez, se terminó el levantamiento del Censo de Bienestar, ordenado por el Presidente apenas resultara electo; ardua tarea, equivalente a la que requeriría elaborar el  Censo de Población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuya realización hubiera implicado la participación de una gran estructura de encuestadores, la implementación de una prueba piloto, la aplicación de una metodología científica para obtener datos precisos sobre muchos aspectos poblacionales. Se trataba de un proceso que llevaría muchos meses para concluirse satisfactoriamente, pero ninguna de estas características estuvo presente en el Censo de Bienestar que, entonces, se convirtió en un ejercicio improvisado que, dicho por especialistas en el tema, legisladores, funcionarios y directivos de asociaciones civiles, no tenía el objetivo de detectar la problemática social para atender las necesidades de las grandes mayorías y contribuir a su bienestar, como presumían sus promotores, sino la elaboración de un padrón de beneficiarios de los programas asistencialistas del nuevo gobierno, con el propósito de asegurar el voto para las próximas elecciones federales, a realizarse en 2021; así se explica la premura con que se efectuó.

El Censo de Bienestar se convirtió, así, en un instrumento de control electoral, en un mecanismo clientelar para garantizar la permanencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Presidencia y ampliar su poder, consiguiendo el triunfo en otros niveles de gobierno (estatal y municipal) y en todo el territorio nacional y es la continuación de la prolongada campaña transexenal que finalmente lo condujo a la Presidencia.

El combate a la pobreza prometido contrasta con el despido de miles de empleados públicos federales y estatales, de burócratas, acusados de ser aviadores o de ocupar puestos artificialmente creados, que sorprendió a buena parte de la población; los afectados pasaron a formar en las filas de los millones que constituyen el ejército industrial de reserva, disponible en cualquier momento para lo que se le ofrezca a la clase en el poder. La proporción en que la 4T contribuye al agravamiento del problema y, en consecuencia, a la pobreza en México, escandalizaría al más conservador de los analistas.

Marzo

Al cumplir sus primeros 100 días el nuevo gobierno, AMLO anunció el inicio de algunos de los proyectos esbozados durante su campaña electoral; varios de éstos provocaron la inconformidad y el rechazo de diferentes grupos, sectores y clases de la sociedad mexicana. Proyectos como la construcción de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía y el Tren Maya fueron duramente criticados; a pesar de ello, las propuestas presidenciales no encontraron oposición en el Congreso, donde Morena tiene la mayoría.

Durante sus primeros tres meses, la 4T alineó sus baterías hacia las organizaciones de la sociedad civil, agrediéndolas verbalmente; algunas le respondieron aprestándose para desarrollar una lucha tenaz y prolongada que hasta ahora persiste.

buzos entrevistó al líder nacional del Movimiento Antorchista (MAN), Aquilés Córdova Morán, por ser ésta una de las organizaciones más agredidas por el Presidente. Córdova Morán protestó contra los ataques, la difamación y el abuso de poder de que su organización fue objeto durante todo el año en cada evento al que acudía el jefe del Ejecutivo. La campaña para denigrar al MAN, sostuvo, es muy vieja y la forman dos aspectos: las fuerzas políticas (de izquierda y derecha) en busca de poder, de los cargos en todos los niveles de gobierno, que ven a Antorcha como un fuerte competidor; y los grupos de poder económico, que ven amenazados sus intereses ante la claridad de los planteamientos de Antorcha y el efecto que producen entre las masas. El líder de los antorchistas sostuvo que, a pesar de los ataques, calumnias, persecución y violencia, Antorcha se mantiene firme, unida y fuerte y ha sabido sortear los peligros.

Abril

En ocasión de la crisis en la industria de la construcción, sobre todo en lo que respecta a la vivienda de “interés social”, abordamos nuevamente el problema de la vivienda en México; analizamos la quiebra de algunas empresas inmobiliarias, que no fue de ningún modo casual, sino una fase a la que se llegó como efecto de las leyes económicas en la sociedad capitalista. Al tratar este aspecto, enfatizamos la demanda creciente de vivienda en México, incentivo para los dueños del capital, que desde hace mucho realizan grandes negocios en este sector. Al creciente rezago en la construcción de vivienda popular se suman problemas como la incapacidad de la población para adquirir una vivienda, su pérdida al no poder pagarla, el abandono de cientos de miles de casas de interés social, confiscadas para ser revendidas; el contubernio entre las instituciones de gobierno y el sector privado para producir casas, que finalmente convirtió los programas de beneficio social en un negocio redondo.

La derogación inmediata de la Reforma Educativa, que afectaba los intereses del magisterio y de toda la población, fue bandera electoral de AMLO; gracias a ella, consiguió el apoyo de organismos “de izquierda”, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Esta organización, adherida a Morena, le atrajo un buen número de votos, a cambio de la cancelación total de aquella Reforma Educativa y la aprobación de una “nueva”, no tan diferente de la anterior, por cierto. El Presidente y todo su partido quedaron entrampados por sus promesas, pactos y compromisos difíciles de cumplir; la Reforma Educativa fue “abrogada” y una nueva, en esencia idéntica, vino a sustituirla. Todo está ahora en paz. Elba Esther Gordillo, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue liberada por la 4T y sus bienes e influencia política le fueron devueltos.

Además, durante los primeros cuatro meses de 2019, la violencia superó las cifras de los últimos sexenios; aumentaron escandalosamente los homicidios, crímenes sangrientos y la inseguridad en general; tal vez este periodo se asemeje a alguno de los más violentos de la era de Felipe Calderón, con todo y la guerra que éste desencadenó. Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo actual insistió en proclamarse “dueño de su silencio” y en culpar a los corruptos gobiernos anteriores, mientras su ineficiente administración se paralizaba ante la masacre de Minatitlán, donde fueron asesinadas 14 personas en una fiesta de cumpleaños.

Mayo

En un acto de extralimitación de sus funciones, y sin reparar en que se trataba de un atropello a la necesidad de que cada uno de los Poderes compense a los otros dos para lograr un gobierno equilibrado, AMLO envió al Congreso un “memorándum” donde se contenía la “nueva” Reforma Educativa, que no es más que el cumplimiento de una promesa de campaña a los grupos de poder del magisterio que impulsaron su candidatura. Sin mayor discusión, y aprovechando su mayoría, Morena y sus aliados aprobaron el texto enviado por el Presidente.

La mayoría de los contratos de obra pública fueron entregados, en el primer trimestre de 2019, a un selecto grupo de empresas, como un claro ejemplo de incongruencia política de la 4T, que basó su campaña proselitista en la denuncia de la corrupción y la opacidad de gobiernos anteriores. Al inicio de la administración actual, la adjudicación directa de las obras públicas benefició a poderosos empresarios privados, que se encargarán de construir, vender bienes o prestar servicios al gobierno, pasando incluso por encima de las leyes y reglamentos vigentes establecidos y renunciando a la posibilidad de que el Estado opte por la mejor elección.

Junio

A punto de cumplirse los primeros seis meses del año, la esencia neoliberal del nuevo gobierno dio continuidad al sistema de sus antecesores. La política aplicada en el sector de la salud pública lo confirma, pues se acentuó la acelerada tendencia a la privatización de los servicios de salud y la decadencia del IMSS y del ISSSTE, faltos de infraestructura, equipo, materiales y recursos humanos. Con los nuevos recortes promovidos en aras de una mal entendida “austeridad republicana”, la crisis en los hospitales públicos, de todos los niveles, se agudizó hasta el extremo de suprimir importantes servicios a millones de derechohabientes. Esta política desencadenó una gran inconformidad, no solo de la población en general, sino entre el personal médico y los trabajadores de la salud. Directivos y dirigentes sindicales de este sector, médicos y enfermeras, se manifestaron contra la política del actual gobierno neoliberal, privatizadora y contraria al interés nacional, denunciando la violación a sus derechos laborales y las amenazas de despido contra el gremio.

EE. UU. orientó su guerra comercial contra nuestro país, amagando con imponer paulatinamente gravámenes a todas las importaciones mexicanas, comenzando por el cinco por ciento, en caso de no ver satisfecha su demanda de control fronterizo; este emplazamiento fue parte de toda una estrategia basada en un profundo conocimiento de la situación interna de nuestro país, su debilidad social, la problemática económica, el deterioro del prestigio y del apoyo del pueblo mexicano a las políticas del gobierno actual. Como Donald Trump esperaba, la respuesta del jefe del Ejecutivo mexicano fue timorata, pues intentó convencer al principal enemigo de los pueblos del mundo, de que debe respetar la “sagrada” amistad, la justicia y los derechos humanos. Con esto se evidenció la falta de una estrategia económica frente a los chantajes del vecino del norte.

Como una consecuencia de esta tímida respuesta, Trump amenazó nuevamente con aranceles si no se detenía la caravana de migrantes. Una comisión negociadora, encabezada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, acudió a negociar con el magnate presidente; a su regreso, AMLO expresó su regocijo por los resultados, como si se tratara de un verdadero éxito diplomático: EE. UU. retiraba su amenaza; a cambio, el flujo de migrantes centroamericanos se frenaría utilizando a la Guardia Nacional, que se movilizó a la frontera sur para construir un muro humano.

Julio

El primero de julio, AMLO cumplió su primer año después del triunfo electoral de 2018. En un evento en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), al que convocó a miles de militantes de su partido, el Presidente rindió su Primer Informe –para él el tercero– donde destacó sus promesas cumplidas, entre ellas la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, la conversión de Los Pinos en recinto cultural, la puesta en marcha de la venta de flotillas de vehículos y aviones, entre los que destacó el avión presidencial, que aún no ha sido vendido, así como la reducción de salarios de funcionarios de primer nivel, incluido el suyo. 

También tomó protesta a 10 mil integrantes del nuevo cuerpo de seguridad: la Guardia Nacional (GN), que sustituyó a la Policía Federal. La meta, según indicó, es que al concluir el sexenio, este cuerpo de seguridad cuente con 100 mil elementos, conformados por policías, civiles, soldados y marinos, hecho que generó inconformidad entre el propio Ejército, la Policía y Marina. Ante estas declaraciones, elementos de la Policía Federal rechazaron integrarse a la GN e iniciaron protestas y bloqueos, ya que las prestaciones eran mucho menores en la GN que las que percibían en la PF. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad de Protección Ciudadana (SPC), confirmó que se quitaría la bonificación, porque ya no habría operativos y rechazó represalias o acciones que pudieran afectar salarios, prestaciones o antigüedad laboral, así como solicitar la renuncia a los uniformados.

El 10 de julio, en una carta que difundió mediante redes sociales, Carlos Urzúa renunció a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y acusó al Gobierno Federal de tomar decisiones en política pública sin el suficiente sustento. Urzúa denunció que el gobierno de AMLO le impuso funcionarios sin conocimiento de la Hacienda Pública, pero cercanos al Presidente, a los cuales calificó como personajes influyentes con evidentes intereses que no coincidían con los de la nación. AMLO presentó a Arturo Herrera Gutiérrez como nuevo titular de la dependencia. Dos semanas después de la renuncia, Citibanamex difundía que el crecimiento económico del país se estancó durante el primer trimestre del año y, para el segundo, se esperaba una disminución de 0.1 por ciento, lo que ya anticipaba una recesión económica, la peor en una década.

El 24 de julio, a puerta cerrada y en una sede alterna instalada en el ayuntamiento de Rosarito, diputados del Congreso de Baja California aprobaron una reforma –considerada por la oposición como anticonstitucional– para ampliar el periodo de gobierno de dos a cinco años del entonces gobernador electo Jaime Bonilla. Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Morena desecharon, “por improcedente”, el exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para rechazar la modificación a la Constitución local. Diversas voces también rechazaron la “Ley Bonilla”. Ciudadanos, miembros de la oposición y empresarios exhortaron a los legisladores locales y al gobierno de Baja California a respetar la Constitución local, que establecía el periodo de mandato del Ejecutivo en dos años.

Mientras tanto, del otro lado del país, en Tabasco, se inició la discusión de la “Ley Garrote”, que fue aprobada el 29 de julio. El pleno del Congreso de Tabasco discutió la iniciativa para sancionar hasta con 20 años de cárcel a quienes bloqueen las vías de comunicación, impidan realizar obra pública en la entidad, y realicen manifestaciones con marchas.

Agosto

Luego de una controvertida elección, de acusaciones sobre la entrega del partido a Morena y de la renuncia de varios militantes priistas –entre ellos José Narro y Beatriz Pagés–, Alejandro Moreno ganó la presidencia del PRI. La jornada estuvo marcada por una baja participación, pero Alejandro Moreno se alzó con el triunfo en la elección para dirigente nacional del PRI, con una ventaja de 83 por ciento, al contabilizarse 59.5 por ciento de las seis mil 140 casillas instaladas. En entrevista para buzos, la directora de la revista Siempre y exmilitante priista, Beatriz Pagés, señaló “el PRI es víctima de un doble delito. Por un lado, se ha convertido en rehén de un grupo de priistas, de cúpulas, que evidentemente se apoderaron del PRI desde hace mucho tiempo, quienes imponen candidaturas y evidentemente quieren imponer a Alejandro Moreno. Pero también ha sido asaltado desde afuera. El PRI ha sido asaltado por la Presidencia de la República para influir en la vida interna del partido y también para contribuir a que Alejandro Moreno sea el presidente del PRI”.

Los hospitales tienen desabasto de medicamentos, lo que limitó aún más la atención a los pacientes. Por esta razón, hubo diversas protestas, tanto en los hospitales, como en avenidas. Uno de los más representativos fue el bloqueo de unos 50 padres de familia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quienes exigieron al Gobierno Federal solución al desabasto de tratamientos oncológicos, que afecta a niños con cáncer en el Hospital Infantil “Federico Gómez” y el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Los padres de familia portaron pancartas donde se leía: “Hay dinero para los ninis, pero no para quimioterapias y medicamentos”, “los papás de niños con cáncer le exigimos al Gobierno Federal el abasto de Metotrexato”.

Lejos de atender el asunto, AMLO culpó a las farmacéuticas de la falta de medicamentos. “Son tres empresas y son las que tienen ahora las campañas éstas de que se están muriendo los niños, porque no hay medicinas para el cáncer, pues claro que están molestos porque tenían una mina de oro y ya se les acabó”, aseguró.

El 27 de agosto, la GN, cuerpo que vendría a mejorar la seguridad de país, se enfrentó a migrantes varados en Chiapas. La crisis migratoria en la frontera sur de México alcanzó su punto culminante en esos días; migrantes africanos que mantenían una protesta frente a las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, se enfrentaron con elementos de la Policía Federal y la Guardia Nacional; el saldo fue de un uniformado y más de una decena de extranjeros heridos. La organización Pueblo sin Fronteras difundió una grabación donde se aprecia a los policías golpeando con escudos, puños y toletes a hombres y mujeres que exigían a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) un salvoconducto para salir de México y continuar su camino hacia EE. UU.

Septiembre

El primero de septiembre, al rendir su Primer Informe de Gobierno, AMLO aseguró que la transformación comienza a hacerse realidad, “en práctica cotidiana”, y aseveró que sus detractores están “moralmente derrotados”. Una vez más, los calificó de conservadores y utilizó un discurso de confrontación, “están nerviosos e incluso fuera de juicio”, añadió. A este Primer Informe de Gobierno de la 4T acudieron a Palacio Nacional gobernadores, legisladores, empresarios, entre ellos, Carlos Slim, Carlos Salazar y Antonio del Valle, quienes fueron intermediarios en el acuerdo con la CFE y empresas nacionales y extranjeras, para garantizar el transporte del gas natural por los próximos 20 años. En dicho informe, el mandatario resaltó los avances en el combate a la inseguridad; sin embargo, los resultados fueron cuestionados por diversos sectores, pues la violencia se incrementó, hubo un nulo crecimiento en la economía y aumentó la pérdida de empleos.

El 18 de septiembre, los mexicanos volvieron a ser testigos de un nuevo saqueo al patrimonio histórico de la nación, al ser subastadas en Europa 95 obras prehispánicas. Las 95 piezas precolombinas fueron subastadas en un millón 200 mil euros. El Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitó la cancelación de la subasta, que realizó la casa de pujas parisina Millon, pero nadie recogió la solicitud. Cerca de 26 millones de pesos (mdp) recaudó la subasta que ofertó, en Francia, entre otras piezas, una estatuilla en piedra volcánica de la diosa Chalchiuhtlicue, la joya más costosa en la subasta y que fue vendida por 377 mil euros, es decir, ocho millones 27 mil 187 pesos.

Luego de las manifestaciones por el quinto aniversario luctuoso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente responsabilizó a los “conservadores” por el vandalismo registrado en la manifestación. AMLO aseveró que los encapuchados participantes en la marcha para recordar a los 43 jóvenes no eran anarquistas ni radicales, sino provocadores que, con su organización, manchan los movimientos legítimos, como el de los familiares de los normalistas. “Debe hacerse valer la legalidad, tiene que respetarse la ley, pero sin usar la fuerza, porque por eso son provocadores. Imagínense, 100, 50 que nos tienen aquí, hablando del tema, logran su propósito; si se reprime, se les hace el caldo gordo”.

Octubre

En octubre se registró una de las crisis de seguridad más graves de la historia de México. El día 15, en el municipio de Aguililla, Michoacán, fue emboscado por hombres armados un convoy de elementos de la policía de aquella entidad. Como resultado de la agresión 13 agentes fueron muertos y nueve resultaron heridos. 24 horas después, en distintos municipios de Guerrero, se registró una ola de asesinatos y ataques a camionetas de transporte público, según informaron autoridades estatales; el saldo fue de 15 personas asesinadas. Solo dos días después, el 17 de septiembre, Culiacán se convirtió en zona de guerra. En medio de una balacera que dejó varios muertos y vehículos quemados, fue detenido Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, por elementos del Ejército. Las huestes del narco no se dejaron intimidar y repelieron el operativo militar con mayor fuerza, aterrorizando por horas a la capital de Sinaloa. Ante el escenario de horror, el gobierno de AMLO negoció con el grupo de narcotraficantes y liberó a Guzmán pocas horas después de haberlo detenido.  Aprovechando la coyuntura, el presidente norteamericano, Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que “Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva” para declararle la guerra a los cárteles de la droga, a lo que el Presidente de México respondió que “gracias, pero no”. 

La Cámara de Diputados aprobó las reformas constitucionales que hacen posible la revocación de mandato del presidente AMLO, con lo que se abrió la posibilidad de que la imagen del Presidente vaya impresa en la boleta electoral durante las elecciones intermedias de 2021. La oposición advirtió que este mecanismo en realidad es un instrumento para afianzar en el poder al Presidente y a su partido. 

A finales del mes, mientras se manifestaba frente a Palacio Nacional, un nutrido grupo de presidentes municipales provenientes de todo el país fue reprimido por el Gobierno Federal, quien ordenó el empleo de gas lacrimógeno para dispersar la protesta. Los manifestantes pedían un diálogo, durante la “mañanera”, de AMLO para que se les aumentara en un 10 por ciento el monto asignado en el Proyecto de PEF. Pero en respuesta recibieron gases pimienta y lacrimógeno que los obligaron a dispersar su protesta.

Noviembre

Luego de los disturbios, la suspensión de asambleas, las denuncias y la inconformidad generalizada dentro de Morena, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó anular el proceso interno para renovar la dirección nacional de Morena. Las peleas internas hicieron imposible que se desarrollara el proceso de elección para presidente de su partido. La presidenta nacional, Yeidckol Polevnsky suspendió de inmediato las asambleas que se debían realizar; los magistrados federales anularon el proceso; candidatos, grupos y seguidores de base exigieron que se convocara nuevamente para renovar la dirigencia nacional de ese instituto político. Es lo mismo que ocurre al interior de los otros partidos, no parece haber diferencia: ésa es la lucha interna por el timón, y desde luego, por administrar las jugosas prerrogativas que provienen del Estado; los hechos confirman la naturaleza idéntica de Morena con los partidos de oposición.

Apenas iniciado el mes, México registró otro ataque violento: 10 miembros de la familia LeBarón, entre ellos siete niños, fueron emboscados y asesinados en Bavispe, Sonora, en los límites con Chihuahua. Los integrantes de la familia mormona pidieron la ayuda del gobierno norteamericano para que interviniera ante la ola de violencia en México. En una semana, decenas de agentes del FBI habían llegado a territorio nacional para colaborar en las investigaciones; y dos semanas después, durante una entrevista con el periodista estadounidense BIll O’Reilly, el presidente Trump advirtió que denominaría a los cárteles mexicanos como terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas, lo que le daría al gobierno de EE. UU. poder para introducir su ejército en territorio mexicano, so pretexto de atacar de manera efectiva las drogas que fluyen hacia EE. UU., aunque días después se desdijo. Al mismo tiempo que enfrentaba las amenazas de Trump, el gobierno de México otorgó asilo político a Evo Morales, tras el golpe de Estado que sufrió el presidente de Bolivia el 12 de noviembre. Marcelo Ebrard explicó que el asilo se dio después de que Morales aceptara el ofrecimiento del Gobierno de AMLO.

Antes de comenzar el segundo año de gobierno, la 4T aprobó su segundo PEF, esta vez para 2020; los recortes a renglones relacionados con las necesidades básicas de la población desataron la inconformidad, la movilización y la exigencia de amplios sectores sociales, exigencias que no tuvieron ningún efecto sobre un gobierno reacio a modificar un ápice las partidas recortadas. Luego de dos semanas de plantón frente al Palacio Legislativo, los campesinos y diversos sectores sociales inconformes se fueron con las manos vacías, pues sus peticiones no fueron nunca escuchadas; por el contrario, de madrugada y en una sede alterna improvisada en Santa Fe, los diputados de Morena y sus aliados conciliaron y aprobaron el PEF 2020 sin aceptar ninguna reserva de los grupos opositores. El partido hegemónico decidió cuánto, cómo y dónde se aplicarán los seis billones de pesos previstos para el gasto 2020. La característica más notoria de la estrategia presupuestaria de este gobierno fue el recorte a renglones básicos que consideran necesidades apremiantes; escasa inversión pública que afectará el nivel de empleo; disminución de las partidas destinadas al sistema de salud pública, a la educación media superior y superior y para apoyar a los sectores y grupos sociales más vulnerables, lo que implica recortar incluso lo destinado a sus propios programas emblemáticos, demostrándose, así, que los ingresos programados, que el Presidente anunciara triunfalmente hace un año, no tenían fundamento real.

Diciembre

AMLO cumple su primer año de gobierno. No toda la población mexicana, y probablemente no todos sus electores, creyeron que, durante el presente sexenio, y menos durante su primer año, el gobierno de la 4T fuera a erradicar problemas de magnitud tan grande, como la pobreza, la corrupción de los funcionarios de gobierno, la inestabilidad económica, el crimen organizado, la delincuencia en general, etc. Pero es indudable que una gran parte del pueblo confió en que su realidad cambiaría, para bien, con Andrés Manuel. Los programas se implementaron; las reformas a la Constitución, a las instituciones y a las dependencias menudearon, pero no llegaron los cambios esenciales esperados: salud, educación, agricultura, ciencia y tecnología, por mencionar algunos aspectos de la vida pública, han empeorado. La economía continuó en declive; la delincuencia alcanza ya niveles más altos que en sexenios anteriores; las denuncias de corrupción se vuelven hoy contra quienes abanderaban el combate contra esta plaga. Las conferencias “mañaneras” diarias pronto dejaron de ser solo un espacio para la propaganda oficial y se convirtieron en escenario de situaciones chuscas, indignantes y vergonzosas; está fresco aún el recuerdo de algunas frases de AMLO, como ésa de “yo tengo otros datos”, con la que pretendía rebatir, sin pruebas, la alusión a cifras desfavorables a su imagen de gobernante invicto. Pero los “otros datos” del Presidente nunca llegaron.