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Persistencia del abuso policial en Michoacán: el silencio gubernamental
En los últimos años, las prácticas abusivas de los cuerpos policiales han aumentado; el abuso no se limita al uso de la fuerza, también hay amenazas con impacto psicológico, según un estudio publicado en la Revista Mexicana de Sociología.
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La población de Michoacán desconfía mucho de las instituciones policiales de los tres niveles de gobierno por su falta de formación técnica, sus prácticas abusivas y actos de corrupción.

 

De 2021 a la fecha, el gobierno michoacano ha destituido a 551 elementos de la Guardia Civil del estado; y la administración municipal de Morelia hizo lo mismo con 73 policías auxiliares por su desempeño irregular en la preservación del orden público.

En el caso de la Fiscalía General del Estado (FGE), su titular no aclaró cifras sobre la cantidad de quejas ciudadanas, pero informó que sí las hay por el trato indebido que reciben de policías judiciales y agentes del Ministerio Público.

 

 

Un estudio de los especialistas Arturo Alvarado Mendoza y Carlos Silva Forné, publicado en la Revista Mexicana de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala: “el abuso policial puede abarcar distintas formas de mal comportamiento de los agentes policiales, desde su relación con el uso excesivo o brutal de la fuerza física en la realización de un arresto, pasando por detenciones arbitrarias, prácticas discriminatorias del tipo del profiling) detener o revisar a ciertos sujetos o grupos sociales por sus características raciales, étnicas, sexuales, políticas, de clase, etc.) o distintas formas de extorsión y corrupción”.

La investigación explica que el abuso no se limita al uso de la fuerza físicaya que también son abusivas las amenazas verbales y gestuales, cuyo mayor impacto es psicológico.

A pesar de la ausencia o debilidad en el monitoreo interno (estatal) y el externo de organizaciones civiles, es posible afirmar que, en los últimos años, las prácticas abusivas de los cuerpos policiales han aumentado en Michoacán.

Las frecuentes diferencias entre el alcalde moreliano Alfonso Martínez Alcázar, y el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, se han producido precisamente en el ámbito de la seguridad pública; ya que mientras el primero exige la depuración de la Guardia Civil, el segundo le reclama que “no politice” el problema y aclare las cifras delictivas que han bajado en la capital de Michoacán gracias a la presencia de la Guardia Civil.

El gobernador y el alcalde de Morelia han hablado y emitido sus diferentes “estrategias a favor de la seguridad de los ciudadanos, y desde que fueron elegidos, han demostrado que no tienen o no existe un plan en conjunto que los encamine a trabajar por la seguridad de los michoacanos al mismo tiempo, y no cada quien por su lado; ya que sólo se la pasan tirándose indirectas el uno al otro. “Como ciudadana, les pido que se pongan de acuerdo y trabajen a la par, que ya hagan algo por combatir todo lo que está mal con la policía; porque en quien menos confiamos, es en los policías”, reveló a buzos Yolanda Estrada, habitante de Morelia y empleada de una tienda de abarrotes en el centro de la ciudad.

 

 

Denuncias contra la Guardia Civil

En marzo de este año, el gobernador Ramírez Bedolla difundió que la depuración de la Guardia Civil se ha realizado paulatinamente mediante jubilaciones, defunciones, renuncias y despidos mediante la aplicación de sanciones por la comisión de irregularidades.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) anunció, el pasado 19 de septiembre, que se han incrementado las quejas contra los elementos de la Guardia Civil en Michoacán y la Policía Municipal de Morelia.

Marco Antonio Tinoco Álvarez, su titular, informó que, en 2022, se recibieron 14 quejas contra la Guardia Civil; y que durante este año se han contabilizado 54, es decir, se han triplicado.

“Hemos estado más alerta, y el sistema de alertas estatal aumenta (...) habría que hacer una reconsideración en torno a la profesionalización y perfil policiaco”, recomendó Tinoco.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, en los primeros días del pasado septiembre, informó que hasta agosto de 2023 se recibieron 33 quejas por acciones de violencia física, amenazas y agresiones verbales cometidas por policías de la Guardia Civil.

Entrevistado por buzos, Isaac Díaz González, presidente de la Asociación Amigos Empresarios de Michoacán (AAEM), expresó su inquietud por este hecho y agregó que el gobierno de Ramírez Bedolla debe certificar a los elementos de la Guardia Civil, como ya lo hizo la policía de Morelia; y denunció que cinco miembros de su agrupación han sido extorsionados por las policías.

“Cuando empezamos a ver que la policía de Morelia se certificaba, comenzamos a cuestionarnos las razones de la Guardia Civil para no hacerlo; y que es más que necesario que este proceso sea aplicado con controles de confianza, cursos y capacitaciones que apoyen y ayuden al policía a mejorar su trabajo”, agregó.

Con respecto a los abusos policiales sufridos por los empresarios de la AAEM, explicó: “por parte de la Guardia Civil hemos tenido tres casos, dos en mayo y otro en julio con el mismo modus operandi: llegaron, revisaron al señor, le pidieron su cartera, la abrieron y le sacaron el dinero para después llevarse su efectivo. El asaltante pertenece a la Guardia Civil y está muy bien identificado.