La población de Michoacán desconfía mucho de las instituciones policiales de los tres niveles de gobierno por su falta de formación técnica, sus prácticas abusivas y actos de corrupción.

De 2021 a la fecha, el gobierno michoacano ha destituido a 551 elementos de la Guardia Civil del estado; y la administración municipal de Morelia hizo lo mismo con 73 policías auxiliares por su desempeño irregular en la preservación del orden público.

En el caso de la Fiscalía General del Estado (FGE), su titular no aclaró cifras sobre la cantidad de quejas ciudadanas, pero informó que sí las hay por el trato indebido que reciben de policías judiciales y agentes del Ministerio Público.

Un estudio de los especialistas Arturo Alvarado Mendoza y Carlos Silva Forné, publicado en la Revista Mexicana de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala: “el abuso policial puede abarcar distintas formas de mal comportamiento de los agentes policiales, desde su relación con el uso excesivo o brutal de la fuerza física en la realización de un arresto, pasando por detenciones arbitrarias, prácticas discriminatorias del tipo del profiling) detener o revisar a ciertos sujetos o grupos sociales por sus características raciales, étnicas, sexuales, políticas, de clase, etc.) o distintas formas de extorsión y corrupción”.

La investigación explica que el abuso no se limita al uso de la fuerza física, ya que también son abusivas las amenazas verbales y gestuales, cuyo mayor impacto es psicológico.

A pesar de la ausencia o debilidad en el monitoreo interno (estatal) y el externo de organizaciones civiles, es posible afirmar que, en los últimos años, las prácticas abusivas de los cuerpos policiales han aumentado en Michoacán.

Las frecuentes diferencias entre el alcalde moreliano Alfonso Martínez Alcázar, y el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, se han producido precisamente en el ámbito de la seguridad pública; ya que mientras el primero exige la depuración de la Guardia Civil, el segundo le reclama que “no politice” el problema y aclare las cifras delictivas que han bajado en la capital de Michoacán gracias a la presencia de la Guardia Civil.

El gobernador y el alcalde de Morelia han hablado y emitido sus diferentes “estrategias a favor de la seguridad de los ciudadanos”, y desde que fueron elegidos, han demostrado que no tienen o no existe un plan en conjunto que los encamine a trabajar por la seguridad de los michoacanos al mismo tiempo, y no cada quien por su lado; ya que sólo se la pasan tirándose indirectas el uno al otro. “Como ciudadana, les pido que se pongan de acuerdo y trabajen a la par, que ya hagan algo por combatir todo lo que está mal con la policía; porque en quien menos confiamos, es en los policías”, reveló a buzos Yolanda Estrada, habitante de Morelia y empleada de una tienda de abarrotes en el centro de la ciudad.

Denuncias contra la Guardia Civil

En marzo de este año, el gobernador Ramírez Bedolla difundió que la depuración de la Guardia Civil se ha realizado paulatinamente mediante jubilaciones, defunciones, renuncias y despidos mediante la aplicación de sanciones por la comisión de irregularidades.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) anunció, el pasado 19 de septiembre, que se han incrementado las quejas contra los elementos de la Guardia Civil en Michoacán y la Policía Municipal de Morelia.

Marco Antonio Tinoco Álvarez, su titular, informó que, en 2022, se recibieron 14 quejas contra la Guardia Civil; y que durante este año se han contabilizado 54, es decir, se han triplicado.

“Hemos estado más alerta, y el sistema de alertas estatal aumenta (...) habría que hacer una reconsideración en torno a la profesionalización y perfil policiaco”, recomendó Tinoco.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, en los primeros días del pasado septiembre, informó que hasta agosto de 2023 se recibieron 33 quejas por acciones de violencia física, amenazas y agresiones verbales cometidas por policías de la Guardia Civil.

Entrevistado por buzos, Isaac Díaz González, presidente de la Asociación Amigos Empresarios de Michoacán (AAEM), expresó su inquietud por este hecho y agregó que el gobierno de Ramírez Bedolla debe certificar a los elementos de la Guardia Civil, como ya lo hizo la policía de Morelia; y denunció que cinco miembros de su agrupación han sido extorsionados por las policías.

“Cuando empezamos a ver que la policía de Morelia se certificaba, comenzamos a cuestionarnos las razones de la Guardia Civil para no hacerlo; y que es más que necesario que este proceso sea aplicado con controles de confianza, cursos y capacitaciones que apoyen y ayuden al policía a mejorar su trabajo”, agregó.

Con respecto a los abusos policiales sufridos por los empresarios de la AAEM, explicó: “por parte de la Guardia Civil hemos tenido tres casos, dos en mayo y otro en julio con el mismo modus operandi: llegaron, revisaron al señor, le pidieron su cartera, la abrieron y le sacaron el dinero para después llevarse su efectivo. El asaltante pertenece a la Guardia Civil y está muy bien identificado.

“Otro de los casos ocurrió a unos familiares de un miembro de la asociación, para ser más específicos a la pareja de su hija y a la hija del socio. Ellos cuentan que iban caminando cuando se acercaron los policías preguntándoles: ¿a dónde se dirigen?, expresando que los iban a revisar. Ellos procedieron a hacer lo que los policías les pedían, y pasó lo mismo, le quitaron la cartera al chico, le sacaron el dinero de su cartera, le quitaron el celular; y la chica, al ver eso, le dijo al policía que qué le pasaba, que por qué hacía eso; entonces el policía la agarró, la golpeó y los dejó ahí tirados. Ellos se dieron cuenta que eran de la policía de la Guardia Civil”, añadió Díaz González, quien es arquitecto.

El dirigente empresarial puntualizó que estos casos son muy parecidos a uno que recientemente se “viralizó” en las redes sociales; en las imágenes se observa cómo un chico, que camina durante la noche en el centro de Morelia, es detenido por policías, revisado, despojado de su cartera y celular, golpeado y atropellado por la patrulla tripulada por los mismos policías ladrones. La víctima sufrió varias lesiones, entre ellas una que lo dejó sordo de un oído.

Descontento y frustración

Las deficiencias, la falta de armamento y los abusos de las corporaciones policiacas en Morelia se han denunciado desde hace al menos 10 años; se han atribuido a sus bajos sueldos, que también propician su colusión con las bandas del crimen organizado.

Sobre las denuncias contra la policía municipal de Morelia por abuso de autoridad, Torres Piña informó que, durante este año, se han extendido 29 quejas, algunas por lesiones, amenazas y otros tipos penales que están en proceso de integración.

“Es importante relacionar las diferentes responsabilidades que se tienen y no se puede permitir que se genere este tipo de situaciones. Debe haber sanción a estos elementos y continuar con las investigaciones para deslindar cualquier responsabilidad”, denunció el funcionario; y el titular de la CEDH explicó que casi todos los incidentes “continúan en investigación” y que tardarán entre seis u ocho meses en esclarecerse.

Por este tipo de dilaciones, el líder de la AAEM, Díaz González, entrevistado por buzos señaló: 

“En lo particular, esta situación me hace sentir con frustración y descontento. El país está pasando por una etapa parecida a la época de la Revolución; a título personal, llevando el pulso de los empresarios, hemos transitado por diferentes procesos en materia de industria donde he encontrado que el abuso policial crece cada día… 

“Es la oportunidad de las dos autoridades para sentarse de nuevo y platicar. Queremos que la sociedad civil sea testigo de que se puede trabajar en conjunto; quizá están entrampados con programas electorales, con elecciones, y esto se vuelve un factor donde los ciudadanos quedan en un fuego cruzado entre gobierno y policías. Pienso que deben hacer ya un pronunciamiento de trabajo en conjunto y ver que no es por el bien de ellos, ni de sus partidos, sino por el bien de la sociedad, porque ellos están para eso, para darnos el mejor de los servicios”, concluyó.

Alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar

El mismo estado de ánimo prevalece entre los morelianos y cuando algunos de los habitantes de la capital del estado tienen oportunidad de comentar algo al respecto, afirman que están cansados de las malas prácticas de los elementos de seguridad, porque cuando son requeridos para algún servicio, “tardan mucho tiempo en llegar”.

“Aquí lo curioso es que los hechos de abuso policial más conocidos se han dado en Morelia, por parte de la Guardia Civil. A mí como ciudadano me queda claro que hay patrullas y que hay policías, porque se ve a cada rato que pasan por todos lados. Alfonso presume a su policía y vemos lonas de los elementos por toda la ciudad; el problema no es ése, es qué están haciendo los policías de Morelia cuando la Guardia Civil está haciendo de las suyas.

“¿Dónde están la policía de Morelia y la Guardia Civil cuando se necesitan? Si marcamos al 911 y pedimos una patrulla, tardan muchísimo en llegar. ¿Tardan porque andan patrullando otros lados?, ¿porque están esperando a que la situación se enfríe? ¿Les da miedo llegar o por qué cuando se necesitan no están? Yo sí quiero hacer un llamado al gobernador y a Alfonso para decirles que estamos cansados de sus discursos.

“En la policía no confiamos los ciudadanos; y a pesar de eso sé que no todos son malos, muchos hacen muy bien su trabajo y se los aplaudo y reconozco; pero es su trabajo; nadie nos aplaude cuando trabajamos bien, y eso deben entenderlo todos. Trabajo es trabajo y como policías tienen una obligación y deben cumplirla”.

Las propuestas de cambio

“Politizar un tema que concierne solucionar a las autoridades es una costumbre que tenemos en México cuando una de las aristas o los ejes de gobierno falla y es carne de rapiña para los adversarios políticos. En el trienio anterior, cuando Morena ostentó la autoridad municipal de Morelia, también ocurrieron múltiples episodios de abuso policial por la falta de capacitación o, en su defecto, el poco tacto que han tenido muchos de sus mandos para concientizar a los policías sobre la alta responsabilidad que tienen frente al ciudadano. Ello no significa que se justifique el actuar de la autoridad actual o, en su defecto, que se ‘perdone’ el hecho o se deje en el olvido porque, siempre, un abuso de autoridad de la policía debe ser observado desde la perspectiva de los derechos humanos y, a su vez, por el área operativa, para corregir y atender las formas y protocolos de actuación”, abundó José Alberto Guerrero Baena en un análisis publicado en El Sol de Morelia.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, firmaron, el dos de mayo, un convenio de coordinación institucional para reforzar las acciones en materia de seguridad pública y consolidar una agenda conjunta de trabajo en materia de prevención, atención y disminución de los delitos del fuero común.

“Es la primera vez en la historia que un acuerdo como éste se da sin imponer nada, sino estableciendo las bases de la coordinación y colaboración plena. La construcción de la paz y la justicia es una obligación que nos compete a todos los órdenes de gobierno”, advirtió el mandatario estatal, quien además destacó que el fortalecimiento de las áreas de seguridad en Morelia se efectuará con respeto absoluto a la autonomía municipal.

Y aseguró que, a través del Fondo de Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), aumentó la cantidad de policías, la certificación y el equipamiento con recursos sostenibles, porque el gobierno municipal de Morelia accedió a 113.6 millones de pesos (mdp), de los cuales 75 mdp fueron destinados a la policía municipal.

El alcalde de Morelia, por su parte, destacó que los tres niveles de gobierno lograron coordinarse para concretar un plan de trabajo conjunto que brinde mejores resultados en las acciones de seguridad pública de la capital michoacana.

Sin embargo, hasta ahora, las labores conjuntas del gobernador y el alcalde de Morelia no han brindado los resultados esperados por los ciudadanos; y las denuncias de abusos policiales se suman a las carpetas de investigación sin aclarar si los elementos implicados están cumpliendo sus castigos o han sido separados de los cargos.