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Ciudad de México.- A pesar de que el Ramo 23 fue cancelado por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que existía corrupción y “moches”, la actual administración también opera programas sociales sin reglas de operación, es decir en la más absoluta discrecionalidad, el más claro ejemplo es “Jóvenes Construyendo el Futuro,” afirmó Ana Elena Fierro, de México Evalúa durante la presentación del estudio “Ramo General 23, de la discrecionalidad al abuso”.
Puntualizó que la discrecionalidad no se acabo, únicamente se esta “transformando” en los programas sociales que no cuentan con reglas de operación, es decir están entregando subsidios sin las garantías necesarias, que a fin de cuentas son recursos públicos. Además, el Ramo 23 existía por una razón, y si el gobierno actual encontró irregularidades, están bien pudieron subsanarse con una mayor vigilancia y operatividad desde el legislativo.
En coordinación con Mexicanos contra la Corrupción, el estudio “Ramo General 23, de la discrecionalidad al abuso”, presentado por María Amparo Casar y elaborado por Ricardo Alvarado, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Dentro de las recomendaciones a las que concluyó el estudio destacan el hecho de que si bien es necesario contar con un fondo flexible para atender contingencias, “este debe tener limitaciones plasmadas en la ley que establezcan montos máximos e involucren al legislativo en caso de ser necesario destinar mayores recursos a ciertas eventualidades”.
Además, el gobierno federal debe contar con un fondo para atender contingencias, es razonable que exista la posibilidad de que la federación pueda apoyar a las entidades federativas ante eventualidades económicas. Sin embargo, este fondo debe estar también regulado estableciendo parámetros y mecanismos de rendición de cuentas posteriores.
Amparo Casar señaló el Ramo 23 ha tenido un uso discrecional del presupuesto federal, el cual se fue incrementando en un 35 por ciento durante el ultimo sexenio. Según la investigación, en el gobierno de Felipe Calderón, los municipios mas beneficiados con recursos de este ramo fueron los gobernador por alcaldes panistas, ya en el periodo del presidente Enrique Peña Nieto, también se presentaron casos en la que las entidades más beneficiadas fue donde gobernaba el PRI.
“La ultima palabra lo tiene Hacienda, si bien los diputados definen a donde van los recursos, Hacienda los utiliza como zanahoria o garrote para castigar o beneficiar a los Estados o municipios”, destacó la presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción.
Riesgoso dar al Ejecutivo manejo total de los recursos
María Amparo Casar, advirtió que será un riesgo si la Cámara de Diputados da facultades al presidente Andrés Manuel López Obrador de aplicar discrecionalmente los ahorros presupuestarios a programas del Plan Nacional de Desarrollo, o en su caso al “destino que por decreto determine el titular del ejecutivo”.
Y es que la Cámara de Diputados aprobará el artículo 61 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. “Si llegase a aprobarse realmente es una especie de suicidio de los diputados en términos de lo que la Constitución los faculta”, destacó en entrevista tras presentar el estudio “Ramo General 23: de la discrecionalidad al abuso”.
Aunque dijo que no duda de la honestidad del presidente, si enfatizó que “como dicen los federalistas: ‘aún si los hombres fueran ángeles deben tener reglas’”. Desde su punto de vista, el Poder Legislativo estaría abdicando a su facultad de distribuir el uso y destino de los recursos públicos como lo establece nuestra Carta Magna.
“Simplemente darle esa discrecionalidad, no dudo de la honradez del presidente de la República para gastarlo, pero por eso se hacen marcos jurídicos. Porque hoy es un gobernante con buenos propósitos y otro día no los tienen. Y por lo tanto debes prever reglas en las leyes que se sigan y vayan cerrando los márgenes de discrecionalidad”, concluyó.
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Y en esta sociedad “democrática”, asediada por la irracionalidad y el autoritarismo, los delitos oficiales son “la corrupción” y el “enriquecimiento ilícito”.
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Escrito por Trinidad González .
Reportero. Estudió la maestría en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.