México se ubicó por debajo de la mayoría de los países del continente, superando únicamente a Haití, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela.
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El bestial asesinato de dos luchadores sociales y de su hijo, un niño de apenas seis años, ha sacudido a la sociedad guerrerense y la indignación, así como la exigencia de justicia, se extiende por todo el país; de este horrendo crimen, de sus causas y de la denuncia y protesta generalizadas se ocupa buzos esta semana.
Guerrero no es la única entidad federativa donde ocurren atrocidades como la que se describe, pero ocupa uno de los primeros lugares en violencia, atropellos de las bandas criminales y desamparo oficial; el número de crímenes violentos y muertes es muy alto y las organizaciones delictivas controlan gran parte de aquel territorio.
Este sanguinario acto saca a la luz los extremos a que ha llegado la violencia, el grado de crueldad a que pueden llegar los criminales cuando se sienten impunes o libres de la acción de la justicia. El triple asesinato demuestra una vez más que la estrategia de seguridad de este gobierno es incorrecta y que sus resultados son negativos; también prueba lo que varios analistas han advertido: el peligro que representan los ataques sistemáticos del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), y más concretamente del Presidente de la República, contra toda persona u organización que se inconforme u oponga a su política.
La campaña de descalificaciones, insultos, persecución y condena desde quien tiene el mando del país deja inermes a quienes se atreven a expresar opiniones contrarias a la 4T, que se convierten en blanco de fanáticos e incondicionales del gobierno actual.
Es evidente que los múltiples ataques oficiales contra una organización legal y pacífica como el Movimiento Antorchista son pieza clave para entender el asesinato de la familia Hernández Martínez. En caso de que la autoridad responda al clamor ciudadano que exige justicia, la investigación y la detención de los culpables probablemente permitan descubrir consecuencias más graves de este discurso de odio de la 4T.
Mientras tanto, un efecto inmediato se ha desbordado incontenible: la denuncia que hacen miles de luchadores sociales de todo México, que exigen se castigue como corresponde a los autores de este brutal asesinato, que el gobierno morenista de Guerrero tiene el deber de investigar.
Dos causas de fondo tiene, pues, el espeluznante asesinato de Conrado Hernández, Mercedes Martínez y el pequeño Vladimir: la fallida estrategia contra la inseguridad y la prolongada e intensa campaña de odio contra cualquier opositor al Presidente y su partido.
La lucha ha comenzado y se extiende por todo el país; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la titular del gobierno guerrerense no había recibido a quienes reclaman audiencia y exigen su decisiva intervención.
México se ubicó por debajo de la mayoría de los países del continente, superando únicamente a Haití, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela.
La creación de empleos aumentó, pero el número de patrones afiliados hiló 20 meses a la baja.
La falta de recursos económicos es uno de los principales factores por los que persiste el acceso limitado a alimentos saludables.
Siete entidades concentraron el 50.6 por ciento del total nacional de homicidios dolosos, lo que representa a 798 víctimas en enero pasado.
La iniciativa tiene como objetivo destacar el papel fundamental que desempeñan las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, este documento comenzará a ser requerido a partir del próximo 17 de marzo.
El tiempo dedicado al cuidado de menores de 0 a 5 años en el hogar es aproximadamente el doble en las mujeres en comparación con los hombres.
“No es un día de foquitos que se ven muy bonitos”, señalaron, al insistir en que el foco debería estar en la crisis de violencia.
Las jóvenes de 15 a 19 años concentran el mayor número de mujeres desaparecidas en el país.
El proceso de publicación de los archivos de Epstein ha generado críticas hacia el Departamento de Justicia debido a fallas en la edición y revisión del material.
El esquema busca incentivar a los gobiernos deudores a liquidar sus obligaciones eliminando las sanciones acumuladas por el retraso en los pagos.
El organismo nacional destacó que las autoridades estatales “omitieron el procesamiento técnico de las evidencias, sin asegurar, adecuadamente el sitio”.
El proyecto en el Golfo de México contará con una inversión de 10 mil 400 millones de dólares y producción prevista para 2028.
Autoridades reportan la afectación de 16 sitios turísticos en ambas entidades.
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Escrito por Redacción