Localizan un artefacto explosivo, armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico, además de pertenencias de los mineros.
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El bestial asesinato de dos luchadores sociales y de su hijo, un niño de apenas seis años, ha sacudido a la sociedad guerrerense y la indignación, así como la exigencia de justicia, se extiende por todo el país; de este horrendo crimen, de sus causas y de la denuncia y protesta generalizadas se ocupa buzos esta semana.
Guerrero no es la única entidad federativa donde ocurren atrocidades como la que se describe, pero ocupa uno de los primeros lugares en violencia, atropellos de las bandas criminales y desamparo oficial; el número de crímenes violentos y muertes es muy alto y las organizaciones delictivas controlan gran parte de aquel territorio.
Este sanguinario acto saca a la luz los extremos a que ha llegado la violencia, el grado de crueldad a que pueden llegar los criminales cuando se sienten impunes o libres de la acción de la justicia. El triple asesinato demuestra una vez más que la estrategia de seguridad de este gobierno es incorrecta y que sus resultados son negativos; también prueba lo que varios analistas han advertido: el peligro que representan los ataques sistemáticos del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), y más concretamente del Presidente de la República, contra toda persona u organización que se inconforme u oponga a su política.
La campaña de descalificaciones, insultos, persecución y condena desde quien tiene el mando del país deja inermes a quienes se atreven a expresar opiniones contrarias a la 4T, que se convierten en blanco de fanáticos e incondicionales del gobierno actual.
Es evidente que los múltiples ataques oficiales contra una organización legal y pacífica como el Movimiento Antorchista son pieza clave para entender el asesinato de la familia Hernández Martínez. En caso de que la autoridad responda al clamor ciudadano que exige justicia, la investigación y la detención de los culpables probablemente permitan descubrir consecuencias más graves de este discurso de odio de la 4T.
Mientras tanto, un efecto inmediato se ha desbordado incontenible: la denuncia que hacen miles de luchadores sociales de todo México, que exigen se castigue como corresponde a los autores de este brutal asesinato, que el gobierno morenista de Guerrero tiene el deber de investigar.
Dos causas de fondo tiene, pues, el espeluznante asesinato de Conrado Hernández, Mercedes Martínez y el pequeño Vladimir: la fallida estrategia contra la inseguridad y la prolongada e intensa campaña de odio contra cualquier opositor al Presidente y su partido.
La lucha ha comenzado y se extiende por todo el país; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la titular del gobierno guerrerense no había recibido a quienes reclaman audiencia y exigen su decisiva intervención.
Localizan un artefacto explosivo, armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico, además de pertenencias de los mineros.
Estas cifras oficiales llegan meses después del asesinato del alcalde Carlos Manzo en una plaza pública, durante los festejos de Día de Muertos.
El fallo acelera el proceso para que las víctimas reciban el dinero en sus cuentas bancarias.
El objetivo de esta operación fue el rescate de un paciente que forma parte de la tripulación de un buque ubicado en altamar.
El engaño ocurre en segundos tras retirar dinero del cajero. El delincuente finge encontrar billetes y convence a la víctima de entregar su efectivo; al final, solo deja papeles sin valor.
“Homicidio por agresión a la autoridad” y “muerte por enfrentamiento o en hospital”, son categorías que no están en el Código Penal, por lo que no se sabe si se investigan como homicidio.
Prevé su presencia en regiones montañosas del centro y norte del país debido a las temperaturas gélidas.
Desde 2024 la Fiscalía Especializada en Desaparición de Hidalgo ignoró las solicitudes de acceso a la información de la Red Lupa para elaborar su reporte.
En el caso del conflicto agrario de San Sebastián Teponahuaxtlán, se ha logrado la restitución de aproximadamente seis mil 300 hectáreas.
60 personas han sido detenidas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada y actos de corrupción.
Actualmente, la tarifa del transporte público es de 16.40 pesos en rutas urbanas y 9.90 pesos en Metro.
A pesar de la inyección presupuestal, la petrolera mexicana sigue presionando las finanzas del país: México Evalúa.
La medida podría constituir una violación a los derechos humanos.
A través del Comité contra la Desaparición Forzada, la ONU emitió la Acción Urgente 2220/2026 para la búsqueda de las personas desaparecidas.
La senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ironizó con la decisión de los diputados aún cuando existen temas pendientes.
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Escrito por Redacción