La persistente violencia y la inseguridad pública en el estado de Morelos han escalado a una crisis política que, además de obstaculizar las actividades institucionales ha generado la posibilidad de que el Senado de la República tome cartas en el asunto para declarar la desaparición de poderes en la entidad. Es tan grave la situación que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomó cierta distancia y exhibió públicamente al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Mientras el cinco de octubre transitaba por un accidentado camino de Axochiapan, Morelos, hacia Chiautla, Puebla, AMLO observó a dos habitantes de la región, Lorenzo y Giovanni, padre e hijo, tratando de cubrir un bache. Les dijo que esa tarea correspondía al gobierno local y criticó airadamente la “situación vergonzosa” de los caminos rurales de la entidad y convocó al gobernador Blanco a asumir sus responsabilidades.

Más tarde, el Presidente subió un video a su cuenta de Twitter en el que dijo: “Nos paramos para mandarle mensaje al gobernador de Morelos, que se atiendan estos caminos y a todos los gobernadores y presidentes municipales, estos son caminos estatales y nosotros vamos a procurar que estén bien las carreteras federales”. Al día siguiente, el seis de octubre, la Secretaría de Obras de las entidad anunció que por instrucciones del gobernador Blanco se procedería a arreglar la citada vía de Axochiapan.

Crisis institucional

El Poder Ejecutivo, encabezado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, mantiene un enfrentamiento con la oposición en el Legislativo, que ha llegado a tal grado que se ha discutido la posibilidad de instaurar un juicio político para demandar su remoción; incluso se ha convocado al Senado para que analice la eventual desaparición de poderes a propuesta de  un  grupo de legisladoras encabezado por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruíz.

Una confrontación similar sostiene Blanco con magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Poder Judicial local, a quienes por decreto redujo de 20 a 14 años su estancia en el puesto, periodo que había sido extendido por el pasado gobierno estatal que encabezó  Graco Ramírez. El Decreto 427 se convirtió en una manzana de la discordia que ha dividido al TSJ en dos bandos.

La senadora Lucía Meza Guzmán, militante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), exigió el dos de septiembre la intervención del Gobierno Federal para que se haga cargo de la seguridad pública ante la desbordante situación de violencia que enfrenta  Morelos. Ese día fueron masacrados a balazos cinco jóvenes en la estación de autobuses Estrella de Oro de Cuernavaca.

“Es urgente que el Gobierno Federal intervenga para frenar la espiral de violencia y los asesinatos que se cometen a diario en el estado de Morelos y que han generado temor social (…) no es posible que en menos de 72 horas se hayan registrado 22 asesinatos. Esta espiral de inseguridad ha empezado a generar incertidumbre, preocupación y temor entre los ciudadanos morelenses”, dijo la legisladora.

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Matías Quiroz Medina, comentó a este semanario que el gobernador Cuauhtémoc Blanco ha mostrado falta de oficio político e inexperiencia, rasgos que se suman a su falta de oriundez, identificación cultural y arraigo en la entidad. Pero lo más grave de todo –afirmó- es que se está dando “una lucha de poder al interior del gobierno para controlar la toma de decisiones del Ejecutivo”.

Cuauhtémoc Blanco “es un gobernador que no conoce sus responsabilidades; que a toda costa trata de matizar los temas de falta de resultados ante el Ejecutivo Federal y no se concentra en atender sus responsabilidades con los recursos que hay en el estado de Morelos. No vemos una estrategia en materia de seguridad, educativa, económica, social; entonces nos damos cuenta que está navegando por inercia natural y desde luego, esperando que la cuarta transformación y el licenciado López Obrador le hagan el milagro en Morelos. Esto lo convierte también en una nueva carga para el Presidente”, dijo Quiroz.    

Guerra interna

Los medios de comunicación locales han dado cuenta de las periódicas ausencias del gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien ha salido de vacaciones tres veces en este año. Una de las ausencias se debió a que viajó a Disneylandia y otra a que visitó Brasil, informó a buzos la diputada Rodríguez Ruíz, quien es coordinadora estatal del PT. Este hecho, según la legisladora, estaría alentando una disputa por el poder dentro de su gobierno.

Los dos grupos más fuertes en la administración local son encabezados por Pablo Ojeda Cárdenas, Secretario de Gobierno, apoyado por Ulises Bravo, medio hermano del gobernador Blanco, a quien el mandatario estatal habilitó como funcionario público, igual que a otros familiares y amigos cercanos, entre ellos, exfutbolistas como él. El otro grupo está liderado por José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobierno estatal.

Rodríguez Ruíz expresó a este semanario: “Hay una guerra que se tiene en el gobierno del estado con dos bandos, o tres, y por lo tanto, esto no lo permite avanzar. Así es que no hay una cabeza que pudiera sumar, que nos permitiera trabajar de manera coordinada. Tenemos un gobernador que se va de vacaciones constantemente, que permite que otros tomen su papel y que tomen decisiones, como su hermano Ulises Bravo”.

El 23 de octubre, Roberto Soto Castor, exenlace para Asuntos de Justicia Penal del pasado gobierno local encabezado por Graco Ramírez, denunció por presunto ejercicio abusivo de funciones (en términos llanos, nepotismo) al gobernador Cuauhtémoc Blanco, ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

El denunciante arguyó que Blanco habilitó como funcionarios públicos a personas con lazos familiares sanguíneos, entre los que destacan su medio hermano Ulises Bravo; Liu León Luna, compañera sentimental de éste, quien fue nombrada representante del gobierno de Morelos en la Ciudad de México. También figuran Carlos y Jaime Juárez López, tíos del gobernador, el primero designado  coordinador de la Oficina de la Gubernatura y el segundo director de Administración en la Comisión Estatal del Agua.  

Antiguos aliados e instituciones contra Blanco

El PT, que junto con Morena y el Partido Encuentro Social (PES) apoyó a Blanco en la elección de gobernador en 2018, se ha vuelto uno de sus opositores más críticos y su dirección estatal ha denunciado con reiteración su negligencia como gobernador, que está ocasionando una crisis integral en el estado.

En conversación con este semanario, la diputada Valentina Rodríguez aseveró que Blanco incumplió su ofrecimiento de garantizar contrapesos políticos en la entidad mediante una efectiva separación de poderes, ya que por conducto de su medio hermano Ulises Bravo lanzó una operación política para someter a cualquier precio a los poderes Legislativo y Judicial, lo cual ha generado una situación de ingobernabilidad, violencia y creciente inseguridad pública en la entidad.  

La legisladora afirmó que el de Blanco es un gobierno fallido y que el Senado de la República debe declarar la desaparición de poderes en Morelos. “Yo he sido de las diputadas que en el pleno lo he mencionado que debe haber una desaparición de poderes, hay un caos; existe un gobernador que quiere pisar y controlar todos los poderes de manera incluso poco inteligente. Hay un descontrol en el gobierno estatal, en el Poder Judicial y en el Congreso del estado”.

“La inconformidad social se manifiesta en diferentes sectores que están exigiendo que se les respeten sus derechos, grupos indígenas, sindicatos, transportistas, feministas, etcétera; aquí lo que se requiere es construir una verdadera democracia participativa y eso, cuando menos desde las alturas del poder, no lo están haciendo”, dijo a buzos José Martínez Cruz, presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM). 

El miércoles 30 de octubre, alrededor de dos mil personas realizaron una marcha en Cuernavaca para exigir al gobernador Cuauhtémoc Blanco que asuma sus responsabilidades y deje de ser un “florero” en la administración local. Demandaron que ponga un alto a la violencia y a la creciente inseguridad pública.

Gabriel Rivas Ríos, dirigente de la agrupación civil Gustavo Salgado Delgado, (nombre de un líder comunista local asesinado en 2015), declaró: “Le estamos pidiendo que nos atienda en audiencia el Gobernador para que nos explique quién está gobernando Morelos y qué están haciendo para cambiar las cosas, porque hasta el momento no vemos resultados en seguridad y tampoco en la Fiscalía General del Estado. Por eso hoy salimos a marchar para decirle a Blanco Bravo que se ponga a gobernar, que trabaje en favor de los morelenses como lo prometió en su campaña electoral”.

En sus mantas alusivas plantearon que si el gobernador Blanco no puede, entonces que renuncie.

El retraimiento del Estado impulsa al crimen

El 25 de septiembre, durante el Seminario sobre Violencia y Paz organizado por El Colegio de México, el analista y académico Sergio Aguayo, expresó que en Morelos se está presentado “un retraimiento del Estado, una indiferencia a lo que está pasando y lo que está facilitando que avance el crimen organizado”. Luego dijo que las reuniones de las 9:00 en Morelos “no son tan exitosas porque para empezar el gobernador no se presenta”.

Aguayo refrendó también las versiones de analistas que observan una pugna entre grupos de poder en el interior del gobierno de Morelos, la cual está generando fuertes conflictos. “El estado se encuentra muy deteriorado y las cifras a las que he podido tener acceso marcan un deterioro muy serio (…) hay mucho desconcierto, hay miedo y me parece que el gobierno de la República tiene una responsabilidad de dar una respuesta política, jurídica e informativa”.

El presidente de la CIDHM, José Martínez Cruz, dijo a este semanario: “La inseguridad en Morelos se ha incrementado y actualmente está en uno de los puntos más altos; cada vez aparecen más víctimas de la violencia. Ha habido una cadena de acontecimientos, hemos estado presenciando crímenes atroces. Según cifras no oficiales, pero bastante confiables, más de mil 200 personas han sido asesinadas en lo que va del año. Es una cantidad enorme para un estado tan pequeño como Morelos. Estamos ante una situación totalmente inaceptable. Este gobierno planteó una crítica a los gobiernos anteriores en el sentido de que había complicidad con delincuentes, pero desafortunadamente no vemos cambio alguno. Sí vemos un panorama bastante negativo en las esferas del poder y, hay que decirlo, eso repercute en el conjunto de la sociedad”.

Entre tanto, las críticas que la diputada Tania Rodríguez ha hecho contra Blanco le han provocado una andanada de ataques políticos de la bancada de Morena en el órgano legislativo local, entre los que figura un intento por destituirla como presidenta de la Junta Política y de Gobierno (Jupogo). Para justificar las represalias, los morenistas argumentaron que Rodríguez no cumple los requisitos para permanecer en el cargo, por lo que demandaron un juicio político en su contra, como a su vez la diputada había demandado en contra del gobernador Blanco.

Con un grupo de compañeros de bancada, el nueve de octubre la coordinadora de Morena, Alejandra Flores Espinosa se presentó en las oficinas de la Jupogo para tomar posesión en sustitución de Tania Rodríguez, invocando el artículo 49 de la ley reglamentaria del Congreso de Morelos y una reunión de la comisión previa en la que resultó designada como nueva presidenta.

La maniobra, sin embargo, no prosperó. La petista Tania Rodríguez se dijo firme en la Jupogo, ya que fue electa legalmente, a diferencia de las acciones ilegales emprendidas por los morenistas, quienes apenas reunieron 12 votos, cuando el reglamento interno establece que deben ser al menos 14. La legisladora insistió en resaltar que sus cuestionamientos al gobierno de Blanco son la causa de la persecución política y las amenazas personales que está recibiendo.

Todo lo anterior evidencia que en Morelos se está configurando un Estado fallido en el que los poderes Ejecutivo, encabezado por Cuauhtémoc Blanco, el Legislativo y el Judicial actuán de manera descoordinada y conflictiva que perturba el funcionamiento normal de las instituciones, entre ellas, la administrativa, la procuración de justicia, la fiscalía general y los tribunales del fuero común.

Pero lo peor del caso se halla en el hecho de que Morelos enfrenta una violencia delictiva excepcional –como lo constatan los mil 200 muertos reportados en lo que va de este año, según la CIDHM– que pone en mayor riesgo la fragilidad institucional denunciada por la senadora de Morena Lucía Meza, el académico Sergio Aguayo, la dirigente petista local Tania Rodríguez y el activista de derechos humanos José Martínez.