En su último tramo de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “abanderadoˮ de la transparencia y la honestidad, ha intensificado su dominio sobre el Poder Legislativo e intenta debilitar al Poder Judicial para mantener la opacidad en la administración de los recursos en algunas dependencias federales, programas sociales y obras públicas.

El bloqueo deliberado al funcionamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo constitucional autónomo, evidencia la estrategia morenista que, si prospera, según organizaciones civiles y especialistas, provocaría un retroceso de al menos 50 años en la rendición de cuentas acerca del uso del dinero público y en la protección de los datos personales de los mexicanos.

En su conferencia matutina del 28 de abril de 2023, un día antes de que terminara el periodo de sesiones del Senado, cuando debía elegirse a los consejeros que, desde hace más de un año, faltan en el INAI, el Presidente declaró que esta institución autónoma debe desaparecer porque “no sirve para nada”.

El mandatario afirmó, además, que las funciones del INAI debían trasladarse a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un organismo contable al que la Constitución General de la República de los Estados Unidos Mexicanos no otorga la atribución de garante del acceso a la información gubernamental y de la protección de datos personales.

En obediencia a la línea marcada por AMLO, el 29 de abril, la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y las de sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) omitieron el segundo intento de elegir, en el Senado de la República, a los tres comisionados faltantes en el INAI.

Días antes, el 18 de abril de 2023, AMLO había esgrimido el mismo argumento con que siempre busca desacreditar a las instituciones autónomas que escapan a su control político: que deben ser eliminadas porque “gastan mucho” y que ese dinero debe ser enviado a los programas sociales de entrega monetaria, cuyo uso electoral ha sido denunciado por los partidos de oposición, organizaciones civiles y especialistas.

En esa misma fecha, los legisladores morenistas y sus aliados promovieron otro suceso parlamentario irregular e inédito en el país, según explicaron especialistas: en una improvisada sesión, aprobaron “al vapor” 20 reformas legales promovidas por AMLO, mismas que la oposición buscará revertir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Defensa legal contra el sabotaje

Al cierre de esta edición, la Comisión Jurídica del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), integrado por los 33 organismos garantes de la transparencia nacional y estatal, esperaba que el Consejo Nacional del SNT aprobara su proyecto de lineamientos para que el INAI sesione en breve; pues permanece inmovilizado desde el 1° de abril de 2023 debido a la falta de tres de sus siete comisionados.

El 27 de marzo de 2023, la dirección general de Asuntos Jurídicos del INAI interpuso un recurso de Controversia Constitucional ante la SCJN por la dilación en el nombramiento de los comisionados faltantes que debía hacerse originalmente desde el año pasado, a más tardar el 1° de abril de 2022.

El INAI reclamó la omisión del Senado que inhabilita a su pleno para sesionar y le impide cumplir su mandato constitucional “afectando los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, en perjuicio de todas y todos los mexicanos”, los que están protegidos por los artículos 6° y 16° de la Constitución.

El INAI solicitó la intervención del Poder Judicial para exhortar al Senado a que efectúe la elección de los tres comisionados faltantes. Y, por separado, el dos de mayo de 2023, Celia Quintero Rico, jueza decimoséptima de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional tras el recurso legal presentado por Francisco Ciscomani Freaner, integrante del Consejo Consultivo del INAI, contra las omisiones de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores, con mayoría de Morena, por no elegir a los comisionados faltantes del INAI.

La juzgadora fijó un plazo de 48 horas al Senado para demostrar que ya había cumplido con la suspensión definitiva otorgada desde marzo de 2023 mediante la organización de la elección de los dos comisionados del INAI que en ese momento faltaban.

En cuanto al recurso expedido el dos de mayo de 2023, Quintero Rico fijó las 9:45 horas del nueve de mayo de 2023 para una “audiencia incidental”, para que el Senado presentara el informe sobre el cumplimiento del mandato judicial para elegir a los comisionados faltantes, que son tres desde abril de 2023. Pero el Senado lo desacató.

En su reporte Volver a los años 70: El sabotaje de AMLO y Morena al INAI, fechado 25 de abril de 2023, la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) explica cómo el Presidente y Morena han procurado inmovilizar al INAI para ocultar información oficial sobre el uso del erario.

Leonardo Núñez, analista político y director de la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI, reveló que las acciones presidenciales están haciendo retroceder al país 50 años en materia de transparencia y rendición de cuentas públicas. Es decir, cuando la opacidad era tal que impedía saber el desempeño del gobierno.

“No hay otra forma de llamarlo. Éste es un sabotaje a la transparencia que nos recuerda que es posible volver al pasado. El autodenominado ‘gobierno más transparente de la historia’ resultó ser más de lo mismo; pero en verdad más de lo mismo que vivimos hace medio siglo”, enfatizó.

Núñez reclamó que hacia el final de este sexenio “nada se sabe, nada se informa” sobre la verdadera situación de las llamadas obras magnas; aunque los datos conocidos evidencian sobrecostos y opacidad en la asignación de contratos a privados, y cita los casos sobre la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La enorme y grave opacidad

Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de la organización civil Ethos, informó a buzos que, desde un principio, en el actual gobierno se vislumbró que “la transparencia no es algo que le interese. En Ethos advertíamos que la rendición de cuentas estaba perdiendo fuerza”, aclaró.

Precisó también que, según análisis de las organizaciones civiles especializadas, durante el último año del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la oficina de la Presidencia de la República recibió 63 recursos de revisión (que impulsa el INAI cuando una autoridad se niega indebidamente a emitir la información solicitada por un ciudadano) y que “durante el primer año de AMLO (2019), esa misma oficina acumuló 486 recursos de revisión.

“Fue como la primera bandera roja que nos indicaba que la Presidencia de la República se estaba negando a dar información que debería ser pública; desde ahí empezamos con estas banderas rojas, estas señales, que nos han llevado, desafortunadamente hoy en día, a tener la situación que tenemos en el INAI (...) a dar pasos hacia atrás; a retroceder en lo que habíamos avanzado en cuanto a la transparencia”, señaló.

El problema generado en torno al INAI se difunde justo al final del sexenio, expuso la especialista de Ethos: “creemos que es sumamente conveniente para gobiernos que quieren mantener ciertas prácticas clientelares o ciertas prácticas que ya rayan en temas de corrupción; es conveniente estar en la opacidad cuando hay una elección muy cercana (2024), en la que se pueden usar estos programas sociales o que se destinen recursos hacia obras altamente redituables políticamente”.

Toledo reportó a este semanario que, debido a la opacidad oficial, no se sabe con claridad cómo se gastan los recursos públicos; qué resultados están teniendo los programas sociales; como van las obras públicas, quienes son los contratistas, los beneficiarios de las compras de bienes y servicios públicos, etc.

En este mismo contexto se ubica la insólita aprobación extramuros de las 20 reformas legislativas la noche del 29 de abril, en un patio del antiguo domicilio del Senado, la “casona de Xicoténcatl”, ubicada en el Centro Histórico, que fue utilizada como sede alterna del Senado sin previa declaratoria legal; ya el salón de plenos oficial está localizado en el Paseo de la Reforma esquina con Insurgentes Centro.

Los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y del Grupo Plural, habían tomado la tribuna en protesta por la omisión de Morena sobre la elección de los tres comisionados para el INAI.

En la inusitada sesión de solo cinco horas, los legisladores morenistas y sus aliados declararon reformadas 18 leyes secundarias y dos de la Constitución; de manera “exprés”, sin ajustarse a los trámites legales, sin analizar ni discutir ni dictaminar las iniciativas de las comisiones, con votaciones en un solo acto, entre otras irregularidades denunciadas por especialistas y legisladores de oposición.

Una de las reformas constitucionales consistió en prohibir que los deudores de pensión alimentaria participen en elecciones; y la otra que autoriza disminuir de 21 a 18 años la edad para competir por una diputación federal y de 35 a 25 años para ser secretario del Gobierno Federal.

Entre las modificaciones a las leyes secundarias, destaca la propuesta a la Ley de Aviación Civil y Aeropuertos para autorizar al Ejército a operar una línea aérea; las que desaparecieron el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insab) y la Financiera Rural; y la del reemplazo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CNHCT).

Al cierre de esta edición, las bancadas opositoras se preparaban para interponer recursos legales ante la SCJN para que se anule esa sesión y las reformas declaradas por Morena y sus aliados, envueltas en un desaseo parlamentario y jurídico fuera de lo común.

Los ardides legaloides de AMLO

En torno al intento del Presidente de aniquilar al INAI, José Luis Espinosa Piña, especialista en derecho y analista político, explicó a buzos que el mandatario no tiene facultades legales para decretar la eliminación de una institución autónoma de tipo constitucional como ésta; y Morena y sus aliados tampoco cuentan con los votos suficientes en el Congreso de la Unión para modificar la Constitución.

“Ante la imposibilidad política de AMLO de desaparecer por decreto el INAI, como sí pudo desaparecer fideicomisos (cerca de 100, como el destinado a atender las emergencias naturales) y sí puede desaparecer algún área del Poder Ejecutivo por decreto; en este caso el INAI no puede por tratarse de un organismo constitucional autónomo.

“Como no puede hacerlo, busca un ardid, una trampa, un recurso, y es hacer inoperante al INAI al no tener el suficiente número de comisionados en activo; es un recurso vil y bajo”, aseveró Espinosa Piña.

“Los órganos autónomos, como el INAI, están previstos en la Constitución; por lo tanto, solamente podrían desaparecer si el Congreso hace una reforma constitucional con ese fin; pero, como muchos mexicanos sabemos, para que se pueda reformar la Constitución se requieren dos terceras partes de los votos de las cámaras de diputados y senadores, más la mitad más uno de los 32 congresos de los estados. Morena y sus aliados PT, PVEM y PES no alcanzan a llenar este requisito”.

El académico agregó: “la primera obligación de toda autoridad, de todo gobernante, es cumplir con la Constitución; y ése fue el juramento que hizo AMLO y el que hicieron los diputados y senadores: cumplir y hacer cumplir la Constitución.

“Al Artículo 6° constitucional, que habla de la libertad de expresión, se le agregó en 2002 un apartado A que habla del derecho de acceso a la información; esto fue una exigencia de años, de décadas, hasta que un grupo de mexicanos la impulsaron y se dio su creación”, detalló el especialista.

El originalmente denominado Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) fue creado mediante una reforma a la Constitución publicada el 11 de junio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación; en 2014, otra reforma amplió sus facultades y creó un sistema nacional de transparencia que incluía a las 32 entidades del país; además de que cambió de nombre a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Para inmovilizar al INAI, el Presidente vetó la elección de dos comisionados el 16 de marzo de 2023: Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, quienes habían sido aprobados por los senadores de Morena, PT, PVEM y PES, argumentando que no destacaron en la selección en el Senado, cuyo periodo de sesiones terminó el 29 de abril, sin repetirse la elección.

Rafael Luna, uno de los apoyados por morenistas y aliados, era inelegible como comisionado porque había recibido una sanción administrativa en 2016 al incurrir en un conflicto de interés cuando se desempeñaba como director general de Seguridad Pública en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), administrada entonces por el hoy coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal.

Según el mecanismo constitucional, después del veto presidencial debió realizarse una segunda vuelta electiva, que se debe efectuar al inicio del periodo de sesiones del Congreso, el 1° de septiembre de 2023. Pero nuevamente, el titular del Poder Ejecutivo vetó a los electos. En una tercera votación, el Presidente ya no tendría esa posibilidad y los electos serían aprobados por el Senado; pero ahora no queda claro cuándo sucedería esto.

El plazo legal para aprobar a los comisionados venció el 1° de abril de 2022, cuando faltaban dos de los siete integrantes del pleno porque habían cumplido sus siete años de trabajo. El pleno del INAI pudo sesionar con cinco de los siete comisionados; pero llegó abril de 2023 y otro comisionado terminó su gestión, Francisco Javier Acuña, con lo que ahora son tres faltantes en el pleno de siete.

Por ello, únicamente quedan cuatro: la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, y los comisionados Norma Julieta del Río Venegas, Josefina Román Vergara y Adrián Alcalá Méndez, quienes legalmente ya no pueden sesionar porque deben al menos hacerlo cinco.

Organizaciones civiles defensoras de los derechos a la información y de expresión emitieron un pronunciamiento el 29 de abril de 2023, en el que decenas de periodistas y organizaciones civiles rechazan los ataques del Presidente contra el INAI.

“Los constantes amagos del Ejecutivo Federal contra el INAI, que van desde proponer su desaparición a que otros organismos absorban sus funciones, se profundizan con una campaña de desinformación que solo conviene a unos cuantos, a los poderosos que tienen algo que esconder”.

“Esto ocurre en un contexto en el que las negativas de entregar información solicitada son cada vez más recurrentes y se abusa de la reserva de la información (declararla secreta) por parte de las instituciones públicas”, reclaman.