En este atraco participaron los diputados federales y los senadores de Morena, así como sus aliados del Partido del Trabajo (PT ) y Verde Ecologista de México (PVEM), que aprobaron la iniciativa presidencial para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Entrevistado por buzos, Enrique Díaz Infante Chapa, director del Sistema Financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), dijo que, con la creación de este fondo, se incurrió en una serie de despropósitos entre los que destacan su ilegalidad y la inviabilidad financiera de este nuevo esquema pensionario.
La transferencia de recursos de las cuentas de ahorro para el retiro, sin el consentimiento de los trabajadores, constituye una expropiación de su patrimonio. Esta acción, según el experto, se efectuó sin la debida transparencia y sin considerar los derechos y deseos de los empleados. El director del CEEY señaló que, al parecer, la reforma tuvo “claros tintes electorales” y que, en su trasfondo, se oculta un pacto político entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con el que se busca aumentar la tasa de reemplazo en las jubilaciones del magisterio.
En la ejecución de este proyecto no se abordaron integralmente “las necesidades del sistema de pensiones ni se consideró su viabilidad a largo plazo”, apuntó el experto, quien agregó que se aprobó en el contexto del 117 Aniversario de la Huelga de Río Blanco.
Inicialmente, el proyecto que produjo el Fondo de Pensiones para el Bienestar pertenecía al paquete de 20 reformas que el Presidente difundió el cinco de febrero de este año, de las cuales 18 eran de carácter constitucional, incluida la pensionaria; pero como para su aprobación éstas requerían mayoría calificada, Morena optó por un “plan B”, es decir, mediante la reforma de leyes reglamentarias.
Y entre éstas se hallan las que regulan el funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para confiscar automáticamente los ahorros de los trabajadores de más de 70 años depositados e inactivos en su respectiva Administradora de Fondos para el Retiro (Afore).
“Entonces estamos hablando, aquí, de un rosario de ilegalidades, y todo con fines político-electorales, que responde a la petición del SNTE que es jubilarse con el 100 por ciento del último sueldo de los trabajadores, lo cual es insostenible”, explicó Díaz Infante.
Además, el Fondo no resolverá los problemas pensionarios existentes, ya que esta reforma únicamente atañe a los trabajadores cotizantes en una Afore; excluyendo a los empleados del ámbito informal, que representan 60 por ciento, que significa un nivel muy alto para la economía mexicana.
“En nuestro país existen más de 100 esquemas pensionarios en el sistema federal y los gobiernos estatales, en los que hay distintas reglas para jubilarse, tanto por edad como por tiempo de cotización y estos problemas de fragmentación tampoco se están resolviendo”, aclaró.
Entrevistado por buzos, Enrique Díaz Infante Chapa, director del Sistema Financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), dijo que, con la creación de este fondo, se incurrió en una serie de despropósitos entre los que destacan su ilegalidad y la inviabilidad financiera de este nuevo esquema pensionario.
La transferencia de recursos de las cuentas de ahorro para el retiro, sin el consentimiento de los trabajadores, constituye una expropiación de su patrimonio. Esta acción, según el experto, se efectuó sin la debida transparencia y sin considerar los derechos y deseos de los empleados. El director del CEEY señaló que, al parecer, la reforma tuvo “claros tintes electorales” y que, en su trasfondo, se oculta un pacto político entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con el que se busca aumentar la tasa de reemplazo en las jubilaciones del magisterio.
En la ejecución de este proyecto no se abordaron integralmente “las necesidades del sistema de pensiones ni se consideró su viabilidad a largo plazo”, apuntó el experto, quien agregó que se aprobó en el contexto del 117 Aniversario de la Huelga de Río Blanco.
Inicialmente, el proyecto que produjo el Fondo de Pensiones para el Bienestar pertenecía al paquete de 20 reformas que el Presidente difundió el cinco de febrero de este año, de las cuales 18 eran de carácter constitucional, incluida la pensionaria; pero como para su aprobación éstas requerían mayoría calificada, Morena optó por un “plan B”, es decir, mediante la reforma de leyes reglamentarias.
Y entre éstas se hallan las que regulan el funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para confiscar automáticamente los ahorros de los trabajadores de más de 70 años depositados e inactivos en su respectiva Administradora de Fondos para el Retiro (Afore).
“Entonces estamos hablando, aquí, de un rosario de ilegalidades, y todo con fines político-electorales, que responde a la petición del SNTE que es jubilarse con el 100 por ciento del último sueldo de los trabajadores, lo cual es insostenible”, explicó Díaz Infante.
Además, el Fondo no resolverá los problemas pensionarios existentes, ya que esta reforma únicamente atañe a los trabajadores cotizantes en una Afore; excluyendo a los empleados del ámbito informal, que representan 60 por ciento, que significa un nivel muy alto para la economía mexicana.
“En nuestro país existen más de 100 esquemas pensionarios en el sistema federal y los gobiernos estatales, en los que hay distintas reglas para jubilarse, tanto por edad como por tiempo de cotización y estos problemas de fragmentación tampoco se están resolviendo”, aclaró.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar se aprobó con 70 votos a favor, 43 en contra y dos abstenciones en el Senado.
Para la integración del Fondo de Pensiones para el Bienestar, inicialmente se planteó un fondo de 64 mil millones de pesos (mdp) provenientes de la venta de activos, una medida que Infante Chapa calificó de “irresponsable”, ya que cualquier gasto corriente, como el pago de pensiones, debe estar respaldado por ingresos recurrentes, no por recursos extraordinarios.
Advirtió también que la falta de financiamiento sostenible podría llevar a una situación crítica, con la que se desviarán recursos de áreas vitales como salud, seguridad, educación e infraestructura urbana básica, comprometiendo el desarrollo de las generaciones futuras.
“Existe un problema de fragmentación y sostenibilidad muy fuerte. En 2015, el actuario Francisco Miguel Aguirre calculaba que, a nivel federal, el pasivo actuarial pensionario era de 120 por ciento del PIB, se ha ampliado la cobertura y a la fecha se ha aumentado el monto, por lo que cálculos de la Unidad de Pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que, para 2070, estas obligaciones equivaldrán a 305 por ciento del PIB. Actualmente estamos llegando a 5.3 por ciento en pensiones y al final del sexenio se proyecta que la cifra aumentará a siete por ciento.
“Dicha situación es alarmante, porque de continuar así, se le restará a la salud, a la educación y a la infraestructura, rubros en los que apenas se destina 2.9, 3.1 y 2.6 por ciento del PIB anual respectivamente. Esto comprometerá muchísimo la viabilidad del próximo gobierno, el crecimiento influyente y, por consiguiente, la movilidad social”.
Necesaria una reforma fiscal progresiva
A estos señalamientos, Infante Chapa sumó la falta de una reforma fiscal que acompañe la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar e insistió en que una reforma pensionaria sin medidas fiscales adecuadas es irresponsable desde el enfoque hacendario.
“El Fondo de Pensiones del Bienestar no resuelve los problemas de fragmentación, sostenibilidad y desigualdad que se viven en el sistema de pensiones. En el CEEY nos hemos pronunciado porque se arranque desde una ley macro y un instituto nacional de pensiones; para lo que es necesario que se comience haciendo un inventario de todos los modelos de pensiones que se tienen en el país y que se hagan evaluaciones actuariales.
“Además, debe acompañarse de una reforma fiscal que atienda el planteamiento de que paguen más los que más tienen. Es decir, que la recaudación de impuestos recaiga en las personas que tengan propiedades inmobiliarias, a través del pago de predial; también de los que tienen automóviles, con el pago de las tenencias, incluso de los que tienen trabajo con el pago del Impuesto Sobre la Renta, ampliándose los escalafones de contribución para garantizar que paguen realmente los que más tienen; también tendrían que hacerse modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal para que esta reforma se pudiera operar y que existan capacidades a nivel local de recaudación. Esto no es fácil, pero sería más justo”, advirtió.
AMLO proyectó que será el próximo 1° de mayo cuando su gobierno delimite los procedimientos prácticos con los que funcionará el fondo.
La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados inicialmente aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar con 19 votos a favor y 10 en contra. El Fondo tomará los recursos de cuentas de Afores de personas con 70 años y más que se encuentran inactivas para financiar las pensiones de los trabajadores del IMSS que ganan el salario promedio o menos y que comenzaron a cotizar a partir de 1997; solamente ellos podrán retirarse con 100 por ciento de su último salario.
A decir de especialistas del sector financiero, el Fondo podría concentrar hasta 40 mil mdp como resultado de la extracción de los recursos por alrededor de cuatro millones de cuentas inactivas de las Afores pertenecientes a trabajadores mayores de 70 años.
Destacaron que, de los nueve millones de cuentas inactivas, las de los trabajadores de más de 70 años representan una proporción importante y que la Afore XXI Banorte es la administradora con el mayor número de cuentas inactivas, con 232 mil, que en conjunto suman casi cuatro mil mdp.
El Infonavit administra alrededor de 2.5 millones de cuentas inactivas de titulares que han alcanzado los 70 años y su transferencia será de aproximadamente cuatro mil 500 mdp.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar recibirá recursos financieros del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, los de la liquidación de Financiera Nacional del Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y de la venta de terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Están incluidos, asimismo, los adeudos de entidades públicas con el IMSS e ISSSTE y el Sistema de Administración Tributaria, así como 25 y 75 por ciento de las supuestas utilidades de entidades paraestatales como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, respectivamente.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar será administrado por la SHCP y supervisado por el Banco de México (Banxico), según su reglamento interno. Su promoción y creación formal se produjo en la Cámara de Diputados y el 26 de abril fue aprobada por el Senado a pesar de las advertencias de los legisladores de oposición, quienes denunciaron su improcedencia legal y exigieron a sus colegas oficialistas que “devuelvan el dinero a sus legítimos propietarios”.
El senador de Morena César Cravioto reconoció que la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar “no es la solución de fondo”, pero auguró que el remedio vendría en el próximo sexenio si es que la candidata oficialista Claudia Sheinbaum gana las elecciones del próximo dos de junio.
Con la aprobación en el Senado, el dictamen fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que se active. Se espera que en 60 días se definan sus reglas de operación y que, después de ese lapso, las Afores empiecen a transferirle los ahorros no reclamados.
