Cuatro de cada 10 médicos practicantes sufren agresiones verbales o amenazas de violencia física cuando realizan su servicio social en comunidades rurales, como lo evidencia una estadística que señala que, en 2021, seis mil de cada 34 mil de ellos recibieron intimidaciones del crimen organizado.

El viernes 15 de julio, Eric David Andrade Ramírez, médico pasante con 24 años de edad, partió a la localidad de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, a una hora de la capital de Durango, donde realizaba su servicio social en una clínica, a la que inesperadamente llegó un grupo de camionetas que trasladaban a dos individuos intoxicados por consumo de drogas.

A él le tocó atender a ambos pacientes; pero mientras canalizaba a uno de ellos, el otro discutió con él, sacó un arma de fuego y disparó varias veces; una de esas balas mató a Eric David, a quien solo faltaban dos semanas para concluir su servicio social.

Andrade Ramírez se desenvolvía en uno de los tres estados que comprenden el Triángulo Dorado, región montañosa donde colindan los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango y que por su difícil acceso resulta idónea para el cultivo de marihuana y amapola.

“Eric nunca manifestó alguna situación de riesgo o peligro, al contrario, siempre estaba muy contento porque le gustaba lo que hacía y era muy extrovertido”, contó a los medios de información locales su hermana Zujey Andrade.

Sin embargo, para los elementos del sector salud, las tres entidades son de amplio riesgo; apenas cuatro días antes del asesinato de Eric, las autoridades de Chihuahua habían reportado el homicidio de la médico anestesióloga Masiel Mexía Medina, en la comunidad de San Juanito, del municipio de Bocoyna.

La especialista trabajaba en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esa localidad; pero no fue ahí donde la mataron. El asesino le disparó en la madrugada del 11 de julio al interior de su propia casa; y Masiel Mexía Medina ya no pudo asistir a la graduación de preescolar de su hija de cinco años, prevista para el martes 12 de julio.

Los médicos alzan la voz

Luego de ambos asesinatos, las cinco organizaciones que conforman la Asociación Mexicana de Médicos en Formación (AMMF) lamentaron y condenaron los hechos: “la seguridad y las condiciones para realizar nuestras prácticas médicas han mermado y se carece de un plan para evitar desafortunados hechos como los sucedidos con el Dr. Eric; sin embargo, este hecho es uno más de muchos que se presentan cada día con mayor frecuencia. Como colectivo de médicos en formación alzamos la voz ante la poca atención por parte de las autoridades y exigimos, de manera urgente, atender nuestro llamado”, reclamaron en un comunicado.

El 27 de julio, cerca de 300 médicos pasantes respondieron a la convocatoria de la AMMF para exigir al Gobierno Federal y a Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud (SS), que brinden seguridad a los médicos.

En la manifestación pública realizada en el centro de la Ciudad de México (CDMX), los médicos hicieron varios reclamos con base en estas consignas pintadas sobre cartulinas: “La vocación no debería costarnos la vida”, “Nuestras familias esperan médicos, no cadáveres”, “Titulada, no enterrada”, “Aquí faltan los médicos asesinados”, “Salvo vidas, pero a mí me matan” y “No es falta de vocación, es falta de seguridad”.

En entrevista con buzos, Cinthia Flores, presidenta de la AMMF, reveló que son los médicos pasantes quienes acuden a zonas de más alto riesgo y prestan atención en las comunidades, sobre todo en áreas rurales; ya que en éstas no hay hospitales, clínicas, centros de salud equipados y medicamentos.

“No contamos con garantías para nuestra seguridad y muchas veces somos amenazados. En el caso de las mujeres somos acosadas, incluso violadas porque las médicos pasantes viven en los hospitales o clínicas a donde fueron enviadas con ninguna vigilancia o protección”. Explicó que los médicos pasantes enfrentan esta situación de abandono e inseguridad desde hace mucho tiempo.

Paulina Félix Guzmán, médica pasante, reportó a este semanario: “El hecho de que te envíen a zonas inseguras crea miedo entre nosotros; sabemos que muchas comunidades necesitan un médico y para eso nos hemos preparado por muchos años, para ello, para ayudar a la gente, para estar ahí; pero hoy, el Gobierno Federal no nos ofrece la seguridad que requerimos (…). Vemos cómo zonas peligrosas, comunidades y pueblos alejados de la Ciudad de México están especialmente dominadas por el crimen organizado, sobre todo lo referente a medicina legal está completamente dirigido por ellos; si no se investiga es porque el narcotráfico no lo permite”, denunció.

No hay estadísticas oficiales sobre el homicidio de trabajadores del sector salud porque se diluyen en el universo de los 82 asesinatos dolosos diarios que, en promedio, se cometen en el país, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sin embargo, desde el año pasado a la fecha, la prensa nacional ha registrado el asesinato de al menos 12 enfermeros, médicos pasantes y especialistas.

Una encuesta realizada por la AMMF reveló que cuatro de cada 10 médicos practicantes sufrieron agravios verbales; y que el año pasado, al menos seis mil médicos de 34 mil que realizaron su servicio social en comunidades alejadas denunciaron amenazas y agresiones del crimen organizado.

Además, una investigación del portal informativo Animal Político advirtió que, en 45 de los 50 municipios que concentran casi el 40 por ciento de los asesinatos, a diario se cometen delitos; y se percató de que “hay 948 municipios con algún déficit de médicos de 98 especialidades y subespecialidades; y que entre esas localidades figuran los 45 municipios catalogados por la administración de Andrés Manuel López Obrador como prioritarios en su estrategia de seguridad debido a su alta concentración de homicidios”.

Entre los municipios con más alta criminalidad y que también registran falta de personal médico, se encuentran Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; León, Guanajuato; Zamora, Michoacán; Cajeme, Sonora y Guadalajara, Jalisco. En todos estos lugares se necesitan, principalmente, médicos internistas, anestesiólogos, especialistas en cirugía general, urgencias médico quirúrgicas, ginecología y obstetricia y pediatría.

La mayoría de estos estados registran, asimismo, el mayor número de asesinatos por cada 100 mil habitantes. En 2021, las cinco entidades más inseguras fueron Baja California con 60.33 homicidios dolosos; Zacatecas, 58.44 homicidios; Chihuahua, 46.31; Sonora, 45.63 homicidios y Guanajuato con 38.72.

Sin seguridad ni infraestructura

Esta realidad adversa fue la que llevó a miles de médicos a organizar marchas y mítines en al menos 50 ciudades del país para exigir al Gobierno Federal que atienda no solo la falta de seguridad que padecen, sino que ponga atención real en el sector de la salud pública, pues se ha deteriorado drásticamente en los últimos años.

En la conferencia matutina del 19 de julio, el titular de la SS, Jorge Alcocer lamentó los asesinatos de los doctores Eric y Masiel, pero no se comprometió a intervenir para que las instancias de seguridad pública garanticen la vida de los médicos en zonas de más alto riesgo; y se limitó a decir que “lo que merece el pueblo es la atención a la salud y en eso no lo vamos a dejar”.

Sin embargo, es en esta área donde precisamente el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arrastra una de sus mayores deudas después de casi cuatro años de administración. Para la presidenta de la AMMF, Cinthia Flores, al no contar con los recursos necesarios para brindar atención sanitaria a gran parte del pueblo mexicano, los servicios de salud se están privatizando.

“En México sí hay médicos (actualmente se contabilizan 179 mil estudiantes de medicina en todo el país), pero son los recién egresados los que no encuentran empleo y es preocupante porque se ven obligados a trabajar en las farmacias particulares. No está mal que trabajen ahí, pero es parte de la privatización. Eso también es estar en contra de la salud que los mexicanos merecen; además debe haber infraestructura para realizar bien nuestro trabajo”, explicó la dirigente de la AMMF.

En el primer semestre de este año, el Gobierno Federal recortó 16 mil 46 millones de pesos (mdp) que la SS tenía asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para todo 2022, según el Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, difundido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el PEF 2022, la SS debió percibir 83 mil 17 mdp, pero en los primeros seis meses del año solo recibió 66 mil 970 mdp. El informe de la SHCP también evidencia que el IMSS recibió un aumento de 12 mil 468 mdp a su presupuesto; y que al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se le recortaron 21 mil 843 mdp. Es decir, el sector salud sufrió un recorte de 25 mil 421 mdp.

La falta de recursos ha provocado la carencia de médicos, medicamentos y la mala infraestructura de los hospitales, clínicas y centros de salud en todo el país. Hay estadísticas que evidencian el empeoramiento de la situación debido a la política de austeridad y “pobreza franciscana” aplicada por AMLO (buzos 1041).

“La gente se enoja; y se entiende: viene a consulta porque se siente mal pero se le atiende lento y no se le proporciona el medicamento. Le echan la culpa al hospital y a los doctores, pero la verdad es que no es culpa nuestra. Aquí no surten casi los medicamentos; y las plazas que abrieron para los especialistas solo ofrecen trabajo por tres días a la semana y con un sueldo miserable. Los médicos generales están peor porque a ésos solo les pagan cinco mil 600 pesos a la quincena; por eso nadie quiere venir a las comunidades”, denunció Rosa Díaz, médico general en Tecomatlán, un municipio en el sur de Puebla.

Y continuó: “Aquí solo hay un médico en la consulta general, pero tenemos que ver a 48 pacientes diarios, que es la meta que fija la Secretaría; no nos damos abasto. Ya ni siquiera nos mandan médicos pasantes porque dice la Secretaría que como somos un hospital comunitario, no los necesitamos; como ellos no ven la demanda y están allá en sus escritorios haciendo reglas de operación e imponiéndonos trabas; pero ninguna de esas nuevas reglas que puso AMLO para el sector salud ha resuelto el problema. Que se vengan a dar una vuelta acá a los hospitales, a las comunidades, para que vean cómo está la cosa en realidad”.

Desde hace ocho meses no le han surtido insulina glargina al hospital comunitario de Tecomatlán y, en general, los medicamentos para los diabéticos e hipertensos llegan a cuenta gotas. Les surten limitadamente antibióticos como ceftriaxona, cefalexina, cefuroxima y amoxicilina, que son básicos para el tratamiento de infecciones; y en cuanto a los analgésicos, prácticamente solo les llega paracetamol; lo mismo sucede con el material de curación y el quirúrgico.

“Ni siquiera contamos con oxitocina para atender a las mujeres embarazadas o en trabajo de parto, que son prioridad para todos los hospitales del país”, denunció la doctora.

El pasado 19 de julio, el colectivo Cero Desabasto reveló, durante una manifestación en las afueras de la SS que, en los tres primeros meses de este año, el IMSS negó más recetas a sus derechohabientes que en todo 2019. “En 2022, más del 25 por ciento de la demanda de los medicamentos no se ha surtido efectivamente y la población en mayor situación de vulnerabilidad ha tenido afectaciones no solo en su salud sino también en su bolsillo”.

En su informe Radiografía del Desabasto: Informe de Transparencia en Salud 2017-2021, Cero Desabasto evidenció, con base en datos del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (Indicas), que instituciones de salud como el IMSS, ISSSTE y los sistemas de salud de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las secretarías de Defensa y Marina, ya no surtieron 24 millones de recetas a sus derechohabientes.

“De acuerdo con datos del Indicas, la población sin seguridad social, que se atiende en unidades de la SS, IMSS-Bienestar o Insabi, sigue siendo la más afectada y el porcentaje de surtimiento de medicamentos en unidades de primer nivel tiene una tendencia a la baja. Las unidades rurales de la SS en el tercer cuatrimestre de 2021 tenían un 80 por ciento de surtimiento; y en el primer cuatrimestre de 2022, éste bajó a 73 por ciento. Por otro lado, a inicios de 2021, el IMSS-Bienestar tenía un 74 por ciento de surtimiento y en el primer cuatrimestre de 2022 cayó a un 71 por ciento, el más bajo de los últimos seis años”, informa el texto publicado por el colectivo en su página web.

La AMMF denuncia: “somos miles de médicos y médicas que llevamos años esperando plaza de trabajo después de años de estudio. No faltan médicos, faltan oportunidades. Somos personas que necesitan comer, dormir y seguridad. No es que los médicos no quieran ir a regiones remotas. Los médicos queremos trabajar, simplemente necesitamos condiciones para poder ayudar a la gente”.