Cargando, por favor espere...

Espionaje gubernamental
En este sexenio se ha espiado ilegal y descaradamente a periodistas, opositores, líderes sociales y defensores de los derechos humanos, igual o más que con los gobiernos anteriores.
Cargando...

En campaña, López Obrador dijo que cuando gobernara este país se acabaría el espionaje gubernamental ilegal. Nada más lejos de la realidad hoy que es Presidente. En este sexenio se ha espiado ilegal y descaradamente a periodistas, opositores, líderes sociales y defensores de los derechos humanos, igual o más que con los gobiernos anteriores. El último caso conocido fue el del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos quien, en 2020, de acuerdo con una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, fue objeto de intervención telefónica con el programa Pegasus cuando investigaba la ejecución extrajudicial de tres personas por parte de las fuerzas armadas en Tamaulipas. El propio Presidente aceptó, en una conferencia mañanera, que dicha persona había sido espiada por su gobierno, aunque dijo que con él “no se realiza espionaje”, se hace “investigación” y “trabajo de inteligencia”, queriendo decir con esto que no había ninguna ilegalidad en ello, lo cual es falso.

Si bien el gobierno en turno pretende normalizar el espionaje y hasta le llama “inteligencia” para confundir a la población, intervenir las comunicaciones privadas está prohibido, en principio, pues cuando se realiza se afecta el derecho a la privacidad y a la protección de nuestros datos personales, derechos reconocidos y protegidos por nuestro sistema constitucional. El derecho a la privacidad es aquel que permite a las personas excluir o negar a otras el conocimiento de su vida privada, personal y familiar, o determinar en qué medida otros pueden conocerla. Así, nuestro domicilio, correspondencia y demás sistemas de comunicación privada están protegidos en contra de cualquier injerencia arbitraria del poder. El derecho a la protección de nuestros datos personales implica que cada persona pueda tener el control sobre los datos que lo identifican, determinar quién puede conocerlos así como quién tiene derecho a acceder a ellos, a pedir su rectificación, cancelación y a oponerse a que sean publicados.

Ahora bien, las comunicaciones privadas sí se pueden intervenir, fundamentalmente en dos casos. El primero, como parte de una investigación penal respecto de la comisión de algunos delitos, caso en el que se pueden intervenir las comunicaciones privadas de una persona (correo o telégrafo, teléfono alámbrico y móvil o a través de Internet) con la autorización de un juez federal, previa petición fundada y motivada de la autoridad ministerial, donde se señale el tipo de intervención a realizar, la persona a la que va dirigida y su duración (no puede ser mayor a seis meses). Dicha intervención no se autorizará cuando los asuntos investigados sean de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni las comunicaciones entre un detenido y su defensor; y el segundo, cuando existan amenazas a la seguridad nacional de acuerdo con el Artículo 5º de la Ley de Seguridad Nacional, por ejemplo, espionaje, terrorismo o actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada. Estas intervenciones a las comunicaciones se harán en los términos que la ley señale y siempre con autorización judicial, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ahora Centro Nacional de Inteligencia.

En el caso de Raymundo Ramos se verificó que no se encontraba en ninguno de los supuestos legales antes enunciados para intervenir sus comunicaciones; y mucho menos existía autorización judicial para hacerlo, con lo cual se evidencian dos cosas: la falsedad de las declaraciones del presidente López Obrador respecto de este caso concreto pues, como vemos, dicho espionaje no fue legal; y que el actual Gobierno Federal, que se dice diferente, espía ilegalmente a sus ciudadanos igual que los de antes, demostrando con ello, una vez más, su carácter autoritario.

Bajo ninguna circunstancia los mexicanos debemos normalizar estos agravios por parte del gobierno, pues tenemos derecho a vivir tranquilos, libres de acoso, chantaje, extorsión o persecución por parte del poder. Para ello es necesario que nuestros derechos sean respetados y el espionaje ilegal, realizado a conveniencia del gobierno, desaparezca. Así lo debemos exigir.


Escrito por Maribel Rodríguez

Abogada, especialista en Derecho Constitucional.


Noticia anterior
La ilusión del beisbol
Noticia siguiente
Llega la Semana Santa

Notas relacionadas

Trabajadores de Apoyo y Asistencia a la Educación del IPN, agrupados a la Sección 11 del SNTE-CNTE acusaron a las autoridades de esa casa de estudios de no pagarles la Medida del Bienestar.

El Juzgado Primero de Procesos Penales Federales, en Matamoros, Tamaulipas, absolvió al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por el delito de secuestro en contra de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Inegi asegura que los costos en la educación básica aumentaron.

Se prevé que este sábado 9 de diciembre el frente frío 16 abrace a la Ciudad de México con temperaturas de los 10 y 21 °C, y de 9 a 17 °C en domingo.

El exsecretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa, Simón Malpica Hernández, fue víctima de un grupo armado que le disparó al menos 12 veces.

En alianza con el Pacto Mundial México, la UNODC trabaja en la digitalización e implementación del “Marco de monitoreo y evaluación para el sector privado” que permitirá evaluar mecanismos anticorrupción en empresas.

En este encuentro los candidatos expondrán y defenderán su visión para la Ciudad de México.

La senadora Xóchitl Gálvez pidió al Ejecutivo Federal escuchar las demandas históricas que aquejan a los pueblos indígenas y que se les reconozca como sujetos de derecho público.

La contienda tuvo una participación de 50 por ciento del padrón conformado por 277 mil militantes.

Las lluvias también pusieron en riesgo la seguridad de los habitantes de Tlapa.

Los ingresos recibidos por sus familias se destinan al consumo básico, específicamente a la compra de alimentos.

Informes de la sociedad civil advierten que 30% de los homicidios dolosos en México es en contra de mujeres menores de 18 años; además, al mes unos 177 NNyA quedan en orfandad porque sus padres fueron asesinados.

Lla población en situación de pobreza laboral puede cubrir sólo 42.3 por ciento de la canasta alimentaria.

Para sostener su política asistencialista y sus obras emblemáticas, AMLO busca apoderarse del resto de los “activos financieros”, entre otros, los fondos para la seguridad social y la vivienda, que peligran seriamente.

El informe de la Oxfam México da una radiografía de la grave situación económica del país, revela muchas verdades apoyadas con información estadística de fuentes oficiales, sostiene la DNT.