Este jueves tuve la oportunidad de participar como comentarista en la presentación del libro titulado Así no es, escrito en coautoría por la periodista Viri Ríos y el doctor Raymundo Campos, director del Centro de Economía de El Colegio de México. El evento tuvo lugar en la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo y fue organizado por la coordinación de la carrera de Economía. Comparto aquí algunas de las reflexiones ahí expuestas. 

Los autores hacen un excelente diagnóstico del legado social y económicamente destructor del neoliberalismo mexicano. Cuestionan mitos de la cultura neoliberal y colonialista imperante, como la falsa explicación de la derecha de que “los pobres lo son por flojos”. De los egresados de universidades, nos dicen. “… no es que los jóvenes actuales trabajen menos, sino que en muchas ocasiones ganan menos haciendo el mismo trabajo, sobre todo si tienen una licenciatura. Los jóvenes con licenciatura ganan 4% menos en 2023 que en 2005” (p. 37). Hoy perciben en promedio ocho mil 420 pesos mensuales. Y a renglón seguido: “El problema es que la mayoría de la gente termina trabajando en lugares donde no se necesitaban las habilidades que adquirieron en la licenciatura. De hecho, el 58% de los jóvenes con licenciatura trabaja en ocupaciones que no requieren título universitario”. 

Los autores abordan temas relevantes, como el racismo, y refuta la creencia muy popular de negar la propia pobreza y declararse “de clase media”. Como resultado de sus investigaciones afirman: “Entre las personas que apenas y alcanzan a satisfacer sus necesidades más mínimas, el 59% dice ser clase media (…) (pero) entre las personas que se perciben como clase media, el 81% en realidad no lo es”. En realidad, sólo 11% de la población es de clase media (MMIP, Método de Medición Integrada de la Pobreza). Y dedican gran atención a la desigualdad, expuesta con datos duros. 

Sobre el alto costo de la vivienda y la incapacidad de los más pobres para acceder a ella, específicamente sobre los jóvenes, dicen: “de 2005 a 2023, el valor de la vivienda ha aumentado en 225%, mientras que los salarios de las personas jóvenes sólo aumentaron en 19%” (p. 39). Y destacan el factor clasista: “la vivienda en México de facto sólo está disponible para hogares que pertenecen al 20% más rico del país…” (P. 40). Y sobre construcción de vivienda: “… el Estado ha creído que apoyar a empresas desarrolladoras de vivienda será suficiente para crear más vivienda para todos. Así no es. Por el contrario, las inmobiliarias se han enfocado a construir viviendas con las que puedan lucrar más, mientras la gente sigue sin casa (…) Sólo el 1.4% de la vivienda que se produjo durante 2023 en México fue económica, es decir, tuvo un costo menor a 372 mil pesos. El caso de la Ciudad de México es particularmente preocupante. La Sociedad Hipotecaria Federal estima que para satisfacer las necesidades de vivienda normales de la ciudad se requerirían al menos 11 mil viviendas adicionales al año. Otros estimados hablan de 50 mil. Sin embargo, en 2023 se construyeron sólo mil 701 viviendas en la Ciudad de México, y, de éstas, sólo dos fueron económicas. ¡DOS!” (p. 41-42). 

En lo económico, abordan temas como el gasto público que, contrariamente a lo comúnmente supuesto, es bastante bajo, según los estándares mundiales. Los autores advierten que el gasto público en México representa 21 por ciento del PIB, muy por debajo de otras regiones o agrupaciones de países: en la Unión Europea, 41.1 por ciento; en la OCDE, 33.3; en Medio Oriente y África del Norte, 27.9 (p. 67). Entre 21 países de América Latina (según CEPAL), porcentualmente: “Entre los países evaluados, México es el quinto con el menor gasto. El gobierno central mexicano tiene un gasto inferior al de países como Nicaragua, Colombia y hasta Bahamas”. 

Esto se desglosa en sectores específicos. Por razones de espacio, sólo ejemplifico con el gasto en salud. “Por ejemplo –dicen los autores– el tamaño del gasto en salud es una vergüenza de tamaño mundial. México gasta tres puntos del PIB en salud, esto es, la mitad de lo que debería gastar”. Uruguay gasta 7%; Colombia, 6.5; y El Salvador, 6.4% (p. 67). 

Y concretan. “En México sólo hay una cama de hospital por cada mil habitantes (…) los países de nuestro nivel de ingreso suelen tener tres veces más (…), y en América Latina y el Caribe se tienen dos veces más camas que en nuestro país (…) En cuanto a equipo, México tampoco está bien. De una batería de 28 indicadores de recursos médicos que deberían estar disponibles en el sector público, México sólo cuenta con 12 de ellos (OMS, 2021). Nos faltan equipos para llevar a cabo trasplantes de riñón o diálisis. Esto significa que nuestro país tiene un sistema de salud pública menos abastecido que el 75% de los sistemas públicos del mundo” (pp. 67-68). Y el número de médicos y enfermeras, es insuficiente. 

Y abordan las consecuencias clasistas: “… el acceso a la salud es un privilegio de quien puede pagarla. El 39% de la población mexicana no tiene acceso a salud si se enferma y el 64% de la que presenta problemas de salud recibe tratamiento en consultorios privados o de farmacias. Estas últimas son particularmente problemáticas porque tienen médicos incentivados a sobremedicar a los pacientes. Y el problema es cada vez mayor: en 2018, sólo el 48% de la población que presentaba problemas de salud se atendía en consultorios o farmacias. Así, cada vez más familias tienen que pagar de su bolsa la salud que reciben. En promedio, cada hogar mexicano gasta cinco mil 381 pesos al año en salud, un incremento del 30% con respecto a 2018. Entre las familias más pobres, específicamente entre el 10% con menores ingresos de la población, el gasto en salud aumentó 75% en el mismo periodo” (pp. 68-69). Después de esta aterradora descripción, analizan la educación, que omito comentar, por razones de espacio. 

Abordan también la correlación entre crecimiento económico y reducción de la pobreza, el régimen fiscal y el aumento al salario mínimo. Sobre esto último, los autores reconocen, de entrada, el incremento al salario aplicado en esta administración, pero no dejan de advertir que, para que una familia de tamaño promedio no se encontrara en la pobreza, “el salario mínimo en las zonas urbanas debería ser de al menos 516 pesos diarios (…) Para cumplir con lo que dicta nuestra Constitución, el salario mínimo de la frontera debería aumentar 38% y el del resto del país 107% (…) México tiene el salario mínimo más bajo de la OCDE, incluyendo a países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Rumania. En 2022, el salario mínimo de México representaba dos terceras partes del salario mínimo de Brasil, el segundo más bajo de la OCDE” (p. 158). 

Estudian, asimismo, y critican, los bajos impuestos a las empresas. “… todavía muchas personas consideran que, para que la inversión empresarial llegue al país, es necesario que el gobierno les subsidie todo, les dé exenciones fiscales muy generosas y les pague una buena cantidad de sus onerosas cuentas. Que se les ponga toda la mesa (…) Así, no sorprende que con frecuencia el gobierno considere que la mejor forma de atraer inversión es dándoles todo tipo de subsidios y reducciones fiscales a las empresas. En México hay incentivos fiscales para todo (…) De hecho, entre las principales recomendaciones que hace el Banco Mundial para atraer mayor inversión, no se encuentra reducir los impuestos” (pp. 137-138). 

Como resultado de sus investigaciones, los autores citan, en orden decreciente, la “Importancia que dan los inversionistas a distintos factores para invertir”: 1) Talento y capacidades, 2) Estabilidad macroeconómica, 3) Estabilidad política, 4) Ámbito legal y regulatorio, 5) Tamaño del mercado, 6) Infraestructura, y 7) Bajos impuestos, más otros menos importantes. Como conclusión sobre la inversión, plantean: “Más aún, cuando apoye a una empresa, el gobierno debe obtener algo concreto a cambio (…) El gobierno no debe servir a los intereses privados, sino al revés. No podemos tener inversiones públicas donde, si todo sale bien, sólo gana el sector privado y donde, si todo sale mal, sólo pierde el gobierno” (p. 146). 

En suma, la obra en comento es un análisis multifacético que exhibe lo más atrasado del capitalismo mexicano (permítaseme decirlo con mis propias palabras). En mi opinión –y de esta conclusión no hago responsables a los autores, sino que asumo toda la responsabilidad– se describe aquí el efecto acumulativo de la acción depredadora del neoliberalismo, pero no sólo como una realidad pasada, sino de plena actualidad. El gobierno saliente no modificó, en su esencia, esta situación, correctamente descrita en el libro, que sigue esperando una solución de raíz.